Pilar Ivonne Sánchez Tarinda y Otros.
Expediente 916/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 916/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 30/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Pilar Ivonne Sánchez Tarinda y Otros.
Actuaciones
- Principal
IV... C. A... Agréguese el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con auto inserto de veintiocho de septiembre del año en curso, dictado en el amparo indirecto 892/2021 de su índice, del que se advierte que aceptó la competencia planteada y admitió la demanda de amparo promovida por Pilar Ivonne ..., Sandra Erika Sánchez Núñez, Guillermina Romero Mejía, María Yasmín Rodríguez Luna, Bertha Gabriela Ibáñez Ahumada y Adriana Pineda Garduño, en representación de la menor de edad de iniciales B.R.S, J.I.R.S., J.E.C.S., M.A.C.S.,R.A.V.R.; D.M.V.R., A.B.I, G.A.B.I; y X.I.P. En ese sentido, toda vez que en este cuaderno de antecedentes no existe diligencia ni trámite pendiente que realizar; se ordena su archivo definitivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. En cumplimiento al artículo 20, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, este expediente no es de relevancia documental, se considera susceptible de destrucción, una vez transcurridos más de seis meses a partir del día de la fecha, procederá este Juzgado Federal a su destrucción, conforme a los lineamientos que establece el acuerdo en cuestión.
- Principal
IV... Naucalpan de Juárez, Estado de México; veintidós de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por ..., en representación de la menor de edad de iniciales B.R.S, J.I.R.S., J.E.C.S., M.A.C.S., R.A.V.R.; D.M.V.R., A.B.I, G.A.B.I; y X.I.P., cuyos nombres se omiten en atención a los puntos 9 y 10, capitulo III de las Reglas de Actuaciones Generales contenidas en el Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a niños, niñas y adolescentes, elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a efecto de resguardar la privacidad de los menores; contra actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades, regístrese su ingreso en el libro de gobierno con el número 916/2021-IV. Ahora, del estudio integral del escrito de demanda, se aprecia que los quejosos señalan como actos reclamados: La omisión de aplicar de manera congruente con el mandato presidencial de acudir a clases presenciales a partir del treinta de agosto del año en curso, la política nacional de vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19 en México y dejar de ordenar que respecto a los niños de 12 a 18 años, se aplique la vacuna BioTech, Pfizer a los quejosos con sus dos dosis. La omisión de llamar, informar y notificar a los quejosos de manera urgente e inmediata el lugar, horario y fecha en que se le aplicaran las dosis de la vacuna autorizada. La discriminación sin sustento ante el derecho a la vida, a un desarrollo integral en la medida de lo posible y salud con violación del interés superior de la niñez. Todos los efectos y consecuencias de las omisiones reclamadas que se traducen materialmente en el hecho de que la quejosa no haya recibido aún la vacuna contra la enfermedad COVID-19 y su variante delta. IMPROCEDENCIA DE SUSPENSION DE PLANO La parte quejosa solicita la suspensión de plano, bajo el argumento de que se pone en riesgo la vida de los menores de edad; sin embargo, a criterio de este órgano de control constitucional los reclamos no corresponden a alguno de los supuestos previstos por el numeral 126 de la ley de la materia, como son los actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el diverso 22 de la Constitución Federal, a saber: penas de muerte, mutilación, infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales, así como la incorporación forzosa al ejército, armada o fuerza aérea nacionales. Se afirma lo anterior, pues lo que se combate es la omisión de aplicar la vacuna BioNTech, Pfizer contra el virus Covid-19, así como de informar y/o notificar el lugar, horario y fecha en que se aplicarán las dos dosis, a los menores quejosos, ante la entrada al ciclo escolar 2021-2022; que califican como discriminatoria. En efecto, si bien constituye un hecho notorio la existencia de lo que se ha identificado como la "tercera ola", de la pandemia provocada por el virus Sars-CoV2 (covid-19) e incluso la existencia de diversas variantes del virus, entre ella la denominada como "delta" y que se han identificado contagios entre diversos grupos etarios, entre ellos, aquel en que se ubican los menores quejosos, lo cierto es que, dicha circunstancia no revela que resulte inminente que ellos vayan a resultar contagiados, trayendo como consecuencia una afectación a su salud o a su vida; aunado a que tampoco se advierte que los menores se encuentren en alguna situación de vulnerabilidad que expongan su salud gravemente, máxime como se advierte de los antecedentes que se narran gozan de un estado de salud de excelencia sin enfermedad o comorbilidad alguna. Lo señalado, tomando en consideración que el Estado Mexicano, a través de los órganos y dependencias competentes en materia de salud, ha implementado y dado a conocer una serie de medidas encaminadas a hacer del conocimiento de la población en general, la forma de evitar el contagio del virus SARS-CoV2 (COVID 19) en sus distintas variantes. Aunado a que, acorde con la definición del Diccionario de la Real Academia Española, una vacuna es: "un preparado de antígenos que, aplicado a un organismo, provoca en él una respuesta de defensa". Por ello, el único impacto posible que pudiera tener el reclamo es que, durante la implementación de la Política nacional de vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención del COVID-19 en México -la cual se encuentra en curso-, los menores peticionarios no cuenten con un beneficio clínico que podría aminorar la transmisión del virus o sus consecuencias; sin que ello se pueda considerar un peligro inminente relacionado con la privación de la vida. En similares condiciones el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en su resolución de veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, emitida en la Q.A. 183/2021, sostuvo: "En la especie, la parte quejosa reclamó, en esencia, la omisión de considerar a los niños y adolescentes de doce a diecisiete años en la Política nacional de vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención del COVID-19 en México, al considerar que contravienen sus derechos a la salud y a la vida, y le confieren un trato discriminatorio respecto de otros grupos de personas, al no estar comprendido para la aplicación de la vacuna. Si se toma en consideración que, acorde con el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, una vacuna es un preparado de antígenos que, aplicado a un organismo, provoca en él una respuesta de defensa, resulta que su aplicación constituye un mecanismo preventivo del contagio del virus multicitado; de ahí que las consecuencias de su falta de aplicación solo podrían tener por efecto no acceder a un beneficio clínico. En ese contexto no se satisface alguno de los supuestos contenidos en el artículo 126 de la Ley de Amparo que permita el trámite de la suspensión de plano, toda vez que el único impacto posible que pudieran tener los actos reclamados es no contar, durante la implementación de la Política nacional de vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención del COVID-19 en México, la cual se encuentra en curso, con un beneficio clínico que podría aminorar la transmisión del virus o sus consecuencias, sin que ello se pueda considerar un peligro inminente relacionado con la privación de la vida de la parte quejosa. Aun cuando no se desconoce la situación sanitaria que impera en el país, lo cierto es que la posibilidad que existe de contraer el virus SARS-CoV2 no conlleva indefectiblemente a la pérdida de la vida y, por tanto, como se indicó, no se actualiza alguno de los supuestos contenidos en el artículo 126 de la Ley de Amparo."... Tampoco se considera que el asunto, pudiera ubicarse en la posibilidad de otorgar de oficio, la medida cautelar, en términos de lo dispuesto en la fracción II del artículo 127 de la Ley de Amparo, del cual se advierte que la o el juez de distrito ordenará la apertura del incidente de suspensión, de oficio y sujetará el procedimiento al trámite previsto para suspensión a instancia de parte, cuando, en lo que interesa, se trate de algún acto que, si llegara a consumarse, haría físicamente imposible restituir a la parte quejosa en el goce del derecho reclamado, hipótesis que tampoco se actualiza, ya que, si bien se trata de un amparo promovido a favor de menores de edad y se aduce que el acto reclamado se relaciona con una violación al derecho a la salud, cierto es que dichas circunstancias resultan insuficientes para considerar la procedencia del otorgamiento de la medida de manera oficiosa, pues no se tiene dato alguno que revele que si a los quejosos no se les incluye en el programa de vacunación nacional a través de la medida cautelar, podría generar la pérdida de su derecho fundamental a la salud y a la vida, lo que sin duda, resultaría físicamente imposible de restituir. En esas condiciones, por no advertirse alguna circunstancia particular extraordinaria que justifique un trato distinto, ya que tampoco se advierte que los accionantes se encuentren en alguna situación de vulnerabilidad que exponga su salud gravemente, es por ello que resulta improcedente conceder la suspensión de plano solicitada de los actos reclamados. En otro orden de ideas, se estima necesario analizar las hipótesis establecidas en el artículo 37 de la Ley de Amparo, para fijar la competencia de los jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda: a) Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) Cuando el acto puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, será competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda; y, c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Como se aprecia, el precepto aludido contiene reglas de competencia basadas propiamente en la posibilidad de ejecución material del acto reclamado, de tal suerte que si éste es susceptible de ser ejecutado será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción haya de efectuarse tal ejecución; y para el caso de que el acto reclamado no requiera de ella materialmente, lo será aquél en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Ahora bien, en el caso concreto, los solicitantes de amparo señalaron como actos reclamados esencialmente, la falta de vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19 en México y dejar de ordenar que respecto a los niños de 12 a 18 años se aplique la vacuna BioTech, Pfizer con sus dos dosis. Así las cosas, se pone de manifiesto que este Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, carece de competencia legal por razón de territorio, para conocer de la litis constitucional, toda vez que como ya se citó, de la lectura integral de la demanda se evidencia que el acto reclamado lleva inmersa una ejecución material fuera de la jurisdicción de este órgano, pues de llegar a realizarse se ejecutará dentro de los límites territoriales de los municipios de Toluca y Xonacatlán, Estado de México. Lo anterior es así, ya que constituye un hecho notorio para este órgano jurisdiccional que la implementación de la "Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención del COVID-19 en México" publicado el once de mayo de dos mil veintiuno, así como la "Guía Técnica para la Aplicación de la Vacuna BTN 162B12 PFIZER/BIONTECH contra el virus SARS-COV-2" entre otros aspectos, establece que la población en México deberá acudir, atendiendo a dichos lineamientos, a los módulos establecidos por las autoridades sanitarias, dependiendo del lugar en donde se encuentre su domicilio particular y con ello poder recibir la vacuna correspondiente. Además, atendiendo al eje de priorización de la vacuna -comportamiento de la epidemia-, y que cada entidad federativa tiene diversas epidemias dentro de sus alcaldías, municipios colonias, localidades, barrios, etc; contagios locales que dependen también de diferentes factores siendo el más importante en términos epidemiológicos la densidad poblacional componente para la inoculación, eje de priorización para apoyar y enfocar esfuerzos específicos para lograr recuperar actividades socioeconómicas específicas, como es la actividad escolar presencial en entidades federativas con menor riesgo estimado. Ahora, del escrito de demanda se advierte que los solicitantes de amparo tienen sus domicilios en los municipios de Toluca y Xonacatlán respectivamente en el Estado de México, por tanto es evidente que los actos reclamados -aplicación de la vacuna-, como ya se citó llevan inmersa una ejecución material la cual se llevará a cabo en los límites territoriales de dichos municipios, mismos que se encuentran fuera de la jurisdicción de este Juzgado. Por tanto, la competencia para conocer del asunto por razón de territorio conforme a lo previsto por el artículo 37 de la Ley de Amparo, corresponde al Juez de Distrito que ejerce jurisdicción en el lugar en donde viven los menores de edad de iniciales B.R.S, J.I.R.S., J.E.C.S., M.A.C.S., R.A.V.R., D.M.V.R., A.B.I, G.A.B.I, y X.I.P; es decir a los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca. Por todo lo anteriormente expuesto, en términos de lo dispuesto en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios y de los juzgados de Distrito, este Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México, declara carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por ..., en representación de los menores de edad de iniciales B.R.S, J.I.R.S., J.E.C.S., M.A.C.S., R.A.V.R., D.M.V.R., A.B.I, G.A.B.I, y X.I.P; contra actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades, debiéndose remitir la demanda original y anexos, las copias de traslado y la transcripción de esta resolución al Juez de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca en turno, en favor de quien se declina la competencia. Fórmese con copia de la demanda de amparo y de esta determinación el cuaderno de antecedentes respectivo, y solicítese al Juez de mérito el acuse de recibo del expediente e informe a este Órgano Jurisdiccional lo que tenga a bien proveer. CONSULTA Y NOTIFICACIONES ELETRÓNICAS De conformidad con el numeral 3 de la Ley de Amparo, que reglamenta la posibilidad para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales, sea de forma impresa o electrónica, mediante el empleo de las tecnologías de la información, y en virtud de que se encuentra registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, bajo el nombre de usuario "VHFJG", se le autoriza consultar vía internet las actuaciones del presente juicio de amparo. Asimismo, en términos de lo dispuesto en los artículos 26, fracción IV, 30, fracción II, 31, fracciones II y III, de la ley de la materia, en relación con el artículo 9 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta y las subsecuentes notificaciones consideradas de carácter personal se le practicarán vía electrónica, en el entendido que el promovente queda obligado a ingresar al Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de la ley de la materia, en un plazo máximo de dos días a partir de que este juzgado la envíe; de no hacerlo así se tendrá por hecha la notificación. En otro orden de ideas, se tiene por autorizadas en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que señala, siempre que tenga debidamente registrada su cédula profesional en el "Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito", en caso contrario únicamente en términos de la última parte del segundo párrafo del citado numeral y del diverso 24, párrafo segundo, de la propia normatividad....
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