Pizzas Trevi, S.A.
Expediente 848/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 848/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 25/08/2021
Partes del expediente
- Pizzas Trevi, S.A.
Actuaciones
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTICINCO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que la parte quejosa dentro del término legal concedido, no se inconformó en contra del proveído de veintinueve de julio de dos mil veintiuno, mediante el cual se desechó de plano por notoriamente improcedente su demanda de amparo; consecuentemente, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98 de la Ley de Amparo y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el mismo QUEDA FIRME para todos sus efectos legales procedentes. En consecuencia, una vez que obren agregadas las constancias de notificación del presente proveído, sin previo acuerdo, ARCHÍVESE el presente expediente como asunto totalmente concluido. En acatamiento al Artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de destrucción, dado que se desechó el presente juicio de amparo; una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTINUEVE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la demanda de amparo promovida por SOCORRO MARGARITA SAAIB COSÍO, quien se ostenta de Administradora Única de la persona moral denominada PIZZAS TREVI, S.A.; contra actos de CFE Suministrador de Servicios Básicos, Empresa Productiva Subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, División Comercial Jalisco, Zona Tepic, con sede en esta Ciudad, y otras autoridades. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 848/2021, que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado; asimismo, con fundamento en los artículos 1, 3, 4, 13, 21, 22, 25 y 35 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deba digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado. En el entendido de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12 del diverso Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. Ahora, del examen integral del escrito de demanda, se advierte que este juicio es improcedente y, por tanto, debe desecharse, como se verá a continuación. En primer término, es importante analizar el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este juzgado federal advierte que la parte quejosa reclama dos actos: 1. De CFE Suministrador de Servicios Básicos, Empresas Productiva Subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, División Comercial Jalisco, Zona Tepic, y CFE Distribución Jalisco, Zona Tepic, Empresa Productiva Subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, reclama la orden de corte del servicio de energía eléctrica, la cual se llevó a cabo el veintisiete de julio de dos mil veintiuno, en el inmueble ubicado en Avenida Insurgentes 1189 Oriente, de esta ciudad de Tepic, Nayarit. 2. De la Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo Administrativo, Civil y de Trabajo y de Procedimientos Federales del Estado de Nayarit, reclama la negativa de concederle la suspensión dentro del Amparo Directo que por su conducto fue presentado ante la negativa de admisión de una demanda de juicio oral mercantil. Ahora bien, respecto del primer acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, que establecen: 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; 5. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. De la interpretación sistemática de dichos preceptos legales, se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no provengan de autoridad. En el entendido de que de conformidad con el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, el concepto de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo es la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Ahora, resulta menester precisar que el concepto de autoridad responsable debe concebirse, fundamentalmente, por exclusión de los actos de particulares. Lo anterior es así, ya que la naturaleza, antecedentes y evolución del juicio de amparo apuntan a sostener que éste sólo procede contra actos de autoridad y por virtud de lo establecido en el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, también procede excepcionalmente, en contra de particulares, siempre y cuando, éstos realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En ese contexto jurídico, resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de otro, para lo cual es ideal atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario, administrativo y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso-administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y por ello, la Constitución reconoce una serie de derechos humanos como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Además, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución General de la República. En esas condiciones, es evidente que para definir el concepto de autoridad responsable es necesario tomar en cuenta la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. Apoya lo anterior la Jurisprudencia 2a./J.164/2011 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1089, Tomo XXXIV, correspondiente al mes de septiembre de dos mil once, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". Aunado a lo anterior, con relación a lo que debe entenderse por autoridad responsable, cabe destacar que tal calidad no únicamente le asiste a los entes que dentro de sus facultades se encuentra la del imperio, es decir, de hacer respetar por medio de la fuerza pública sus propias determinaciones, sino que comprende también a todas aquellas que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas concretas en perjuicio del particular y de una manera imperativa. Sirve de sustento a lo anterior, por identidad jurídica, la tesis aislada de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación tomo tres, segunda parte, página trece, materia común que dice: "AUTORIDADES RESPONSABLES EN EL JUICIO DE AMPARO. CUALES DEBEN CONSIDERARSE COMO TALES. La autoridad responsable en el juicio de amparo es el órgano estatal de facto o jure, investido con facultades o poderes de decisión o ejecución, cuyo ejercicio crea, modifica o extingue situaciones generales o concretas de hecho o jurídicas, con trascendencia particular y determinada de una manera imperativa; en otros términos, señala el artículo 11 de la Ley de Amparo, que es autoridad responsable la que dicta u ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado. Por tanto, se considera que un Juez de Distrito, por el hecho de haber concedido la libertad bajo fianza al inculpado, dentro del incidente de suspensión del juicio indirecto que promovió en contra de la sentencia que confirmó el auto de formal prisión decretado en su contra, no debe ser considerado como autoridad responsable en el juicio de amparo directo, pues no cae en su ámbito competencial la ejecución de la sentencia reclamada y, por tanto, el juicio con respecto a dicha autoridad es improcedente y debe ser sobreseído con fundamento en los artículos 166, fracción III, 73, fracción XVIII, y 74, fracción III, de la Ley de Amparo. En el caso, como se precisó en párrafos que anteceden, la parte quejosa señaló como autoridades responsables a CFE Suministrador de Servicios Básicos, Empresas Productiva Subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, División Comercial Jalisco, Zona Tepic, y a CFE Distribución Jalisco, Zona Tepic, Empresa Productiva Subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, y el acto que les reclama consiste en el corte en el suministro de energía eléctrica en el inmueble ubicado en Avenida Insurgentes 1189 Oriente, de esta ciudad de Tepic, Nayarit. Bajo dichas premisas, es indudable que CFE Suministrador de Servicios Básicos, Empresas Productiva Subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, División Comercial Jalisco, Zona Tepic, y CFE Distribución Jalisco, Zona Tepic, Empresa Productiva Subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, no pueden ser consideradas como autoridades responsables para los efectos del juicio de amparo indirecto, toda vez que no actúan en forma unilateral, imperativa y coercitiva. Es así, pues el acto que la quejosa les reclama, consiste en el corte en el suministro de energía eléctrica al inmueble que señala de lo que se infiere que se reclama un acto derivado del contrato de suministro de energía eléctrica, celebrado con la Comisión Federal de Electricidad, es decir, se relaciona directamente con las obligaciones y derechos que nacen de un contrato de suministro de energía como se observa de la lectura integral de la demanda, más no con aspecto sociales, colectivos y sectoriales de la industria eléctrica nacional derivados de la aplicación del Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y de la Ley de la Industria Eléctrica; por lo que no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, sino que deriva de una empresa productiva del Estado, que en la prestación del servicio de suministro de energía eléctrica actúa como un particular que se rige por el derecho mercantil. Sirve de sustento a lo anterior consideración, la jurisprudencia 2./J.156/2017 10, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 336, Libro 50, Enero de 2018, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son del siguiente tenor: COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. CONTRA LOS ACTOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CELEBRADO BAJO LA VIGENCIA DE LA LEY DEL SERVICIO PÚBLICO RELATIVA PROCEDE LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL. De la interpretación de los artículos 1049 y 75, fracciones V y XXV, del Código de Comercio deriva que el servicio de suministro de energía eléctrica proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad a los particulares tiene origen en un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial traducido en una relación de coordinación y, en consecuencia, las controversias suscitadas entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica o con motivo de éste, celebrado bajo la vigencia de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, deben ventilarse y decidirse en la vía ordinaria mercantil. De igual forma, es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 2./J. 30/2018 10. sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 532, Libro 53, Abril de 2018, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA ACTOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA. La interpretación teleológica del régimen jurídico especial que tutela esa actividad de la empresa productiva del Estado, lleva a considerar que su objetivo es garantizar que el servicio se preste, ello en un sistema de libre competencia. De ahí que no la ejerce en un plano de supra a subordinación porque el contrato de adhesión no somete arbitraria y unilateralmente la voluntad de los contratantes a las condiciones de la empresa; máxime que su contenido es verificado por la Comisión Reguladora de Energía y la Procuraduría Federal del Consumidor para asegurar que no contenga cláusulas leoninas, abusivas o inequitativas para el contratante, mientras se protege la actividad comercial de la sociedad. En esa virtud, tales actos, incluido el corte del suministro en términos del contrato, forman parte de esa relación comercial y la vía procedente para dirimir lo relativo es la ordinaria mercantil. Sin que esto impida que cuando la empresa realice actos que vulneren derechos humanos fuera de lo estipulado y aceptado por las partes, o cuando aplique normas que se estimen inconstitucionales, se le pudiera señalar como autoridad responsable. Cuestión que deberá ser analizada en cada caso concreto por el juzgador de amparo. De ahí que la demanda de amparo indirecto resulta ser improcedente respecto del acto reclamado que se analiza, debido a que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridades, y las señaladas por la quejosa no tienen ese carácter, ni siquiera el acto que les reclama es un acto que pueda considerarse para la procedencia del amparo. Por otra parte, en cuanto al segundo acto reclamado a la Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo Administrativo, Civil y de Trabajo y de Procedimientos Federales del Estado de Nayarit, consistente en la negativa de concederle la suspensión dentro del Amparo Directo que por su conducto fue presentado ante la negativa de admisión de una demanda de juicio oral mercantil, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo. El artículo antes citado dispone: ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas; Conforme a lo establecido por el artículo transcrito, el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado haya sido emitido en los juicios de amparo o en su caso para dar cumplimiento a una ejecutoria dictada en uno diverso juicio. Es claro que a través del juicio de amparo no puede someterse a examen la regularidad de los actos emitidos por los órganos jurisdiccionales que conocen de dicho medio de control de la constitucionalidad, sino que ello debe tener lugar, en vía de agravio, al interponer el recurso correspondiente contra la resolución dictada por el juzgador de amparo. En el caso que nos ocupa, la parte quejosa, reclama la negativa de concederle la suspensión dentro del Amparo Directo que por su conducto fue presentado ante la negativa de admisión de una demanda de juicio oral mercantil. Lo anterior, toda vez que en el capítulo de hechos de su escrito de demanda, dicha quejosa manifiesta que la citada autoridad responsable, por auto de veintiuno de julio del año en curso, desechó la demanda a juicio mercantil oral que planteó, e inconforme con dicha determinación juicio de amparo directo, por lo que la Juez Primero de Distrito de Amparo en Materia Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, en auto de veintitrés de junio de dos mil veintiuno, proveyó sobre la demanda de amparo y negó la suspensión solicitada. De lo anterior se advierte que la Juez responsable al proveer en relación a la suspensión del acto reclamado solicitada en la demanda de amparo directo actúa como auxiliar de la Justicia Federal, por lo que tal acto se estima emitido en el trámite de un juicio de amparo, motivo por el cual no es impugnable a través del juicio de amparo. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2./J. 107/2015 10. emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 41/2015, visible en la página 453 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, del contenido siguiente: JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LOS ACTOS EMITIDOS POR LA RESPONSABLE CON MOTIVO DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. En la jurisprudencia 2./J. 4/90, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación durante la vigencia de la Ley de Amparo abrogada, determinó que el juicio de garantías inicia con la presentación de la demanda ante el órgano jurisdiccional; tal criterio se confirmó en el artículo 170, fracción I, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, conforme al cual, para efectos de esa ley, el juicio inicia con la presentación de la demanda. En ese sentido, de la interpretación integral de los preceptos legales que rigen el trámite del juicio de amparo directo en ambas legislaciones, deriva que los actos emitidos por la autoridad responsable en torno a la presentación de la demanda relativa forman parte del procedimiento del juicio de amparo directo, por lo cual la responsable funge con carácter de auxiliar de la Justicia Federal en los actos inherentes, tales como la recepción del libelo, el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado, el emplazamiento al o a los terceros perjudicados y la remisión de la demanda al tribunal competente para su conocimiento; sin que pueda estimarse que los actos dictados dentro del juicio de amparo directo violen derechos fundamentales. Por ello, contra esos actos resulta improcedente el juicio de amparo indirecto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción IX del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor. Así, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del numeral 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 5, fracción II, y la diversa prevista en la fracción IX del referido artículo 61, lo procedente es DESECHAR DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de amparo promovida por SOCORRO MARGARITA SAAIB COSÍO, quien se ostenta Administradora Única de la persona moral denominada PIZZAS TREVI, S.A., por su manifiesta e indudable improcedencia, en atención a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de la Materia. Como lo solicita la parte quejosa, se le tiene como autorizados para oír y recibir notificaciones de su parte, a THOTH ALDRIN LOMELÍ AGUILAR y YAZMÍN IREYDA ARCINIEGA, en términos del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo. En atención a lo que solicita, en el sentido de que se le autorice la consulta vía electrónica del juicio de amparo en que se actúa, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se autoriza su firma electrónica con el nombre de usuario THOTHLOMELI, para la consulta del expediente en esa vía. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 30 y 31 de la Ley de Amparo, se autoriza a los actuarios judiciales de la adscripción, a efecto de que durante la tramitación del presente sumario, realicen las notificaciones correspondientes a la parte quejosa vía electrónica, sujetándose a las reglas y términos establecidos en los aludidos preceptos legales, para que surtan los efectos legales procedentes. En aras de una pronta impartición de justicia, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo dispuesto en el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su arábigo 2, se habilitan días y horas inhábiles al Actuario Judicial de la adscripción, a fin de que proceda a llevar a cabo la diligencia ordenada en el presente auto NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit · 14,980 expedientes
- Piedad Pelayo Zavalza771/2017
- Pilar Guadalupe Ramírez Hernández726/2021
- Pilar Sandoval Zurita80/2023
- Pilar Sandoval Zurita1500/2019
- Pina Homérida Rosas Figueroa1711/2019
- Pio Salvador Sánchez Quiñonez688/2021
- Placida Vera Nolasco1945/2022
- Plutarco Damian Silva2229/2022
- Porfirio Barrios Vázquez1050/2023
- Porfirio Barrios Vázquez220/2023
- Porfirio Castañeda Barreras504/2022
- Porfirio Gallardo González120/2020