Pilar Guadalupe Ramírez Hernández

Expediente 726/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 13 actuaciones registradas, la última del 28 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
726/2021
Año
2021
Actuaciones
13
Última actuación
28/07/2022

Partes del expediente

  • Pilar Guadalupe Ramírez Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTIOCHO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Agréguese a sus autos para que surtan sus efectos legales conducentes, el oficio suscrito por la Administradora Postal de Correos, con sede en esta ciudad, por medio del cual informa que la pieza postal MA012537777MX, que contenía el oficio 1277-VI, dirigido al Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia (DIF) de Bahía de Banderas, fue entregada a su destinatario el veintitrés de junio del año en curso, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. En esa tesitura, y vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que las partes dentro del término legal concedido, no se inconformaron en contra del proveído de treinta de mayo de dos mil veintidós, en el que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo fuera de audiencia; consecuentemente, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso d), 86 de la Ley de Amparo y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el mismo QUEDA FIRME para todos sus efectos legales procedentes. En consecuencia, una vez que obren agregadas las constancias de notificación del presente proveído, sin previo acuerdo, ARCHÍVESE el expediente como asunto concluido. Luego, con fundamento en el artículo 21 inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; que prevé que son susceptibles de destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en el antepenúltimo y penúltimo párrafo, del citado precepto; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Órgano Jurisdiccional determina que el presente expediente es destruible. Se dice lo anterior, ya que se ubica como se dijo en el inciso a, del arábigo 21, del citado Acuerdo General, pues en el presente juicio de garantías se sobreseyó, carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de destrucción. Sin que sea el caso pronunciarse sobre el incidente de suspensión, toda vez que no se tramitó el mismo. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTIUNO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales procedentes el oficio de cuenta, signado por el Administrador Postal de Correos, mediante el cual remite copia certificada del acuse de recibo de la pieza postal MA012537777MX, correspondiente al oficio 1277-VI, de treinta de mayo de dos mil veintidós, dirigido al Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia (DIF), de Bahía de Banderas, Nayarit, a través del cual se hace de su conocimiento que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio; no obstante, del acuse de recibo de referencia en modo alguno se advierte la fecha de recepción del citado oficio por parte de la autoridad en cita. En esas condiciones requiérase a la aludida oficina postal, para que dentro del término de tres días, contados a partir del en que quede debidamente notificada del presente proveído, informe la fecha de recepción de la pieza postal en comento por la autoridad referida. Apercibido que de no hacerlo sin causa justificada, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 236, fracción I, en relación con el numeral 259 de la Ley de Amparo en vigor, se hará acreedor a una multa por la cantidad de cincuenta Unidades de Medida y Actualización, de conformidad a lo que prevé el artículo 260 de la Ley de la Materia, en relación con los ordinales segundo y tercero transitorios del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el entendido, que conforme al decreto constitucional mencionado, el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, será equivalente al que tenga el salario mínimo general vigente diario para todo el país y hasta que se actualice dicho valor conforme al procedimiento previsto en el artículo quinto transitorio del citado decreto. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, CATORCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Agréguese a sus autos, únicamente para que obre como corresponda el oficio de cuenta, signado por el Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en Bucerías, Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, mediante el cual devuelve sin diligenciar el despacho 68/2022, enviado con la finalidad de emplazar al tercero interesado Manuel Elisea Hernández; sin que sea necesario hacer mayor pronunciamiento respecto a su contenido, esto en virtud de que mediante proveído de treinta de mayo del año en curso, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes de los que se advierte que hasta esta fecha no se ha obtenido el acuse de recibo del oficio 1277-VI de treinta de mayo de dos mil veintidós, dirigido al Sistema Integral para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), con sede en Bahía Banderas, Nayarit; consecuentemente, requiérase al Administrador Postal de la ciudad de Tepic a fin de que, dentro del término de tres días, contado a partir del en que quede notificado del presente proveído, remita a este Juzgado Federal el acuse de recibo de referencia, o en su defecto la copia certificada correspondiente del mismo, el cual fue depositado en esa administración el ocho de junio de dos mil veintidós, quedando registrado con la pieza postal MA012537777MX, o informe los motivos que le impiden hacer lo anterior; bajo apercibimiento que de no cumplir con lo anterior dentro del plazo concedido, se le aplicará MULTA de cien Unidades de Medida de Actualización, de conformidad a lo que prevé la fracción I del artículo 237 de la Ley de Amparo, en relación con los ordinales segundo y tercero transitorios del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el entendido, que conforme al decreto constitucional mencionado, el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, será equivalente al que tenga el salario mínimo general vigente diario para todo el país y hasta que se actualice dicho valor conforme al procedimiento previsto en el artículo quinto transitorio del citado decreto. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, TREINTA DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales procedentes el oficio de cuenta, signado por el Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en Bucerías, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, y anexos que acompaña, a través del cual remite copia certificada de la sentencia de veintitrés de mayo de dos mil veintidós, dictada en el expediente familiar 712/2020 de su índice; documental a la que se le concede valor probatorio pleno, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo aplicable por disposición expresa de su artículo 2º de éste último ordenamiento legal, al provenir de una autoridad jurisdiccional.Ahora bien, del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que la quejosa PILAR GUADALUPE RAMÍREZ HERNÁNDEZ, de manera destacada reclamó en el presente juicio de la autoridad Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en Bucerías, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, la omisión de tomar las acciones necesarias en atención al interés superior del menor, tendientes a que el juicio 712/2020 de su índice no quedara inactivo, así como la omisión de la autoridad responsable el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), de realizar el estudio psicológico y socioeconómico a la actora aquí quejosa Pilar Guadalupe Ramírez Hernández y al demandado aquí tercero interesado Manuel Elisea Hernández, ordenado en dicho expediente.Luego, de las constancias que previamente acompaño la citada responsable a su informe, se aprecia que dichos estudios ya se llevaron a cabo, puesto que con fecha seis de octubre de dos mil veintidós fue practicado a Pilar Guadalupe Ramírez Hernández y Manuel Elisea Hernández (parte actora y demandada en el juicio de origen), el estudio psicológico realizado por la licenciada en psicología Angélica Yuriria González Rodríguez, adscrita al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), con sede en Bahía de Banderas. Asimismo les fue practicado el estudio consistente en investigaciones de trabajo social de fecha uno de octubre de dos mil veintiuno, realizado por la licenciada en trabajo social Karina de la Cruz Ortega Madero, adscrita a dicha institución, esto, con posterioridad a la presentación de la demanda -veintinueve de junio de dos mil veintiuno-, cuya omisión agraviaba a la parte inconforme. Además, en el oficio de cuenta se advierte que la autoridad en cita remite la sentencia de veintitrés de mayo de dos mil veintidós que dictó en el juicio de controversias del orden familiar 712/2020 de su índice. Por tanto, en el presente caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, la que se aborda a su estudio en este momento procesal, por ser manifiesta e indudable, en atención a lo que dispone la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a/J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Tomo XVII, visible en la página 386, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, marzo de dos mil tres, Novena Época, de rubro que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Dicho precepto legal y fracción invocadas, disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Efectivamente, en el presente juicio opera la causal de improcedencia invocada, toda vez que la autoridad responsable el veintitrés de mayo del año en curso, dictó sentencia definitiva en el Juicio de Controversial del Orden Familiar 712/2020 de su índice; procedimiento en el que previamente fueron realizados los estudios psicológicos y socioeconómicos, cuya omisión de realizarlos reclamaba la parte quejosa, de lo que se colige que han cesados los efectos de los actos reclamados; lo que trae como consecuencia, que se actualice la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia número 2ª./J.59/99, visible en la página 38, del Tomo IX, Junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que literalmente dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el atoramiento de la protección de la Justicia Federal". Y, la jurisprudencia número 2ª./J.9/98, visible en la página 210, Tomo VII, Febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". En esas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia invocada, este Juzgado Federal procede a SOBRESEER en el juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. Luego, en virtud de lo anterior, se deja sin efecto la fecha señalada para la audiencia constitucional fijada para las once horas con treinta y seis minutos del uno de julio de dos mil veintidós. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA QUEJOSA.

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