Pilar Amalia Ruiz Bámaca
Expediente 1631/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1631/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 12/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Pilar Amalia Ruiz Bámaca
Actuaciones
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a doce de enero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito signado por la quejosa ***, por medio del cual solicita la devolución de las documentales que acompañó a su escrito inicial de demanda de amparo, autorizando para recogerlas a **. Atento a lo anterior y aun cuando en auto de cinco de enero de dos mil veintitrés (fojas 39 a 42), se proveyó respecto de la innecesaria devolución de los documentos a la parte quejosa, atendiendo a la solicitud que antecede, se ordena devolver los documentos que anexó a su escrito de demanda, previa copia que se deje de los mismos en el presente juicio de amparo, para constancia. Notifíquese.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a cinco de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo legal de cinco días, dentro del que la parte quejosa pudo recurrir en queja el auto de veintiuno de diciembre de dos mil veintidós (fojas 22 a 36), que desechó la demanda de garantías, sin que hiciera manifestación alguna; con fundamento en el artículo 97 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al citado ordenamiento legal, se declara que dicha determinación HA CAUSADO ESTADO. Hágase las anotaciones correspondientes en el libro de control electrónico de este juzgado, y con base en lo establecido por el numeral 214 de la ley en la materia, se ordena el archivo de este asunto como totalmente concluido, en virtud de no existe actuación pendiente por realizar. En cumplimiento al artículo 21, fracción d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en relación con el Capítulo 8, punto 8.1.2 apartado 4 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se indica que el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, además, no tiene relevancia documental, ni se encuentra en los supuestos previstos en el artículo 15 del referido Acuerdo General. Lo anterior, pues en el caso: I) se desechó por improcedente la demanda de amparo, II) la demanda que forma este juicio no está vinculado a determinar la constitucionalidad de resoluciones referente a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, III) no se ocupa de resoluciones impugnadas ante organismos públicos internacionales, IV) tampoco a conflictos laborales colectivos, patrimonio histórico, arqueológico y artístico V) ni se trata de materia agraria o se encuentre ligado a una jurisprudencia o tesis aislado de los Tribunales de Circuito. Entonces, este expediente, al ser destruible, se conservará por el término de tres años en el "archivo de trámite" a que se refieren los artículos 8, fracción I, y 9 del citado Acuerdo General, contados a partir de que se ordenó el archivo como asunto concluido, y una vez concluido dicho plazo, dentro de los siguientes treinta días deberá procederse a su destrucción, hecho lo anterior, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo establece el penúltimo párrafo del artículo 21 del referido Acuerdo General. Se ordena estampar el sello correspondiente en la carátula del expediente, atendiendo a lo establecido en el presente acuerdo, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 35 del acuerdo en comento. INNECESARIA DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS. Por otra parte, no pasa inadvertido que en proveído de veintiuno de diciembre de dos mil veintidós, se recibieron diversos documentos que ofertó la quejosa como medios de pruebas; sin embargo dichos documentos no se encuentran catalogados como documentos originales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, al tratarse de instrumentos notariales, copias simples y certificadas de instrumentos notariales, impresiones, así como recibos de pagos de servicios. Notifíquese.
- Principal
(AVISO DE NOTIFICACIÓN).- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LA LISTA DE ACUERDOS QUE SE PUBLICA EN LOS ESTRADOS EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 27, INCISO C), Y 29, AMBOS DE LA LEY DE AMPARO, A LA PARTE QUEJOSA, LA SIGUIENTE DETERMINACIÓN: Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a veintiuno de diciembre de dos mil veintidós. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ***, contra el acto del Subdelegado de Prestaciones y el Notificador ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado ***, con sede en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Control Electrónico y registrar bajo el número de juicio de amparo 1631/2022 IX-A. DESECHAMIENTO Del análisis integral de la demanda de amparo, este Juzgado advierte que el acto reclamado es: El oficio número ***, de dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, expedido por el Subdelegado de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en el cual se negó a la quejosa la pensión por viudez que solicitó como concubina del extinto ****. Al respecto, este Juzgado Federal estima que dicho acto es notoriamente improcedente como se advertirá en líneas siguientes. Para determinar la improcedencia del juicio es necesario analizar si los actos reclamados se sitúan en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la Ley de la Materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable; esto es, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara; el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En armonía con lo anterior, es aplicable la tesis 2a.LXXI/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVI, julio de 2002, Novena Época, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". En ese sentido, como se asentó con antelación, la parte quejosa en el presente juicio, reclama esencialmente el oficio ***, de dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, signado por el Subdelegado de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en el cual se negó a la aquí quejosa Pilar Amalia Ruiz Bámaca, la pensión por viudez que solicitó como concubina del extinto Tomás Ramos Medina. En ese tenor, quien ahora resuelve estima que contra el citado acto reclamado, se actualiza de forma notoria e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1o., fracción I y 5o., fracción II, todos de la Ley de Amparo; preceptos que disponen: (...) En consecuencia, al no haber agotado ese medio de defensa ordinario, la parte quejosa transgrede el principio de definitividad que rige al juicio de amparo; pues dicho acto puede ser confirmado, revocado o nulificado mediante el medio de defensa ordinario invocado. Además, se estima de mayor beneficio, que desde este momento se decrete la improcedencia del juicio constitucional, y no hasta la sentencia; pues de lo contrario, únicamente traería como consecuencia el retraso para que la parte quejosa pueda hacer valer sus derechos en la instancia conducente y ante la autoridad competente, siendo que en este momento aún pudiera estar dentro del término legal para realizarlo. Debe decirse que los criterios jurisprudenciales que se han invocado a lo largo de este fallo, no se oponen a la Ley de Amparo vigente, por lo que se aplicaron con sustento en el artículo sexto transitorio de dicha legislación actual. Sobre la base de lo antes expuesto, lo procedente es DESECHAR LA DEMANDA DE GARANTÍAS promovida por ***, con fundamento en el artículo 113, con relación a la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, correlacionado con el artículo 5, fracción II del mismo ordenamiento. Cabe destacar que la determinación de desechar la demanda de derechos fundamentales, no irroga perjuicio alguno a la parte quejosa, pues el derecho a la pensión es imprescriptible, por lo que, en atención al principio elemental de la ciencia jurídica, consistente en que las acciones duran el mismo tiempo que los derechos de donde dimanan, se considera que es también imprescriptible la acción por medio de la cual se tutela el estricto cumplimiento de ese derecho, motivo por el que, en todo caso, podrá promoverse en cualquier tiempo la demanda en la cual se impugne la resolución definitiva en la que se niegue la pensión solicitada. (...) Háganse las anotaciones respectivas en el libro de control electrónico y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). DOMICILIO De conformidad con lo señalado en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y 26 de la Ley de la Materia, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por la parte quejosa en el escrito inicial de demanda. AUTORIZADOS. Se tiene como autorizados de la parte quejosa, en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ***, toda vez que sus cédulas profesionales no se encuentran registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales y Juzgados de Distrito, que establece el Acuerdo General 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el entendido que una vez que se cumpla con tal requisito, podrán solicitar que se acuerde lo conducente.
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