Perla Puac Lopes

Expediente 48/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 9 actuaciones registradas, la última del 22 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
48/2021
Año
2021
Actuaciones
9
Última actuación
22/04/2021

Partes del expediente

  • Perla Puac Lopes
  • Ministerio Público Federal Adscrito al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas; veintiuno de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo legal de diez días, dentro del que la parte quejosa pudo recurrir en revisión la sentencia definitiva dictada el veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, en este juicio de garantías sin haberlo hecho; por tanto, con fundamento en el artículo 86 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al citado ordenamiento legal, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. En tal virtud, comuníquese lo anterior a las responsables; háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este juicio como asunto concluido, en los siguientes términos. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo sobreseído, y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el penúltimo párrafo del citado numeral. 2. Depurar el cuaderno original del incidente de suspensión derivado de este juicio de amparo, ya que se actualiza la hipótesis del artículo 18, fracción I, inciso a), del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse concedido la suspensión provisional, así como la definitiva de los actos reclamados. 3. Una vez concluido el proceso de depuración, transferir el original del incidente de suspensión a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, tal y como lo dispone el último párrafo del artículo 18, y 27 del mencionado Acuerdo General.

  2. Incidental

    Vista la certificación de cuenta, de la que se desprende que en esta propia fecha dentro del juicio de amparo del cual deriva este incidente de suspensión, se ordenó el archivo como asunto totalmente concluido en los siguientes términos. 1. De conformidad con el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; este expediente es DESTRUÍBLE en un plazo de tres años, pues se trata de un juicio de amparo en el que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo; además, no tiene relevancia documental, ni se encuentra en los supuestos previstos en el artículo 15 del referido Acuerdo General. 2. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; consérvese el expediente en el "archivo de trámite" a que se refieren los artículos 8, fracción I, y 9 del Acuerdo General invocado, y una vez que transcurran tres años a esta fecha y dentro de los treinta días siguientes, procédase a su destrucción y remítase el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación. El cuaderno original del incidente de suspensión (en el que se concedió la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados), se considera como DEPURABLE, en términos de lo dispuesto en el artículo 18, inciso a) del citado Acuerdo General, en relación con el Capítulo 7, punto 7.5, apartado 1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, por tanto, consérvese el expediente en el "archivo de trámite" a que se refieren los artículos 8, fracción I, y 9 del Acuerdo General invocado, y una vez que transcurran tres años a esta fecha y una vez concluido dicho plazo, dentro de los siguientes noventa días, se deberá depurar, conservando la demanda, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación; las resoluciones recurridas; así como el presente proveído en que se acuerda su archivo como asunto concluido, acorde a lo previsto en el penúltimo párrafo del numeral 18 en mención. Terminado el proceso de depuración, se deberá solicitar la transferencia del cuaderno original del incidente de suspensión, a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, tal y como lo dispone el último párrafo del artículo 18 del acuerdo normativo en mención. Hágase constar en la carátula del cuaderno original del incidente de suspensión, la leyenda "DEPURABLE", de conformidad con lo dispuesto por el aludido numeral 35 del citado Acuerdo archivístico, para efectos de su transferencia.

  3. Principal

    Visto, para resolver, el juicio de amparo número 48/2021, promovido por ********************; y, RESULTANDO: PRIMERO. Mediante escrito recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, el diez de febrero de dos mil veintiuno, que por razón de turno conoció este Juzgado, ********************, demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos de las autoridades que a continuación se indican: 1.- Director Comercial del Comité del Agua Potable y Alcantarillado de esta ciudad. 2.- Departamento de Rezagos de COAPATAP, con sede en esta población.. Consistentes de manera destacada en: "1.- El cobro excesivo de ADEUDOS, MULTAS, RECARGOS POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, del suministro del agua potable y los cortes masivos ordenados por la autoridad responsable y ejecutada por el DEPARTAMENTO DE REZAGOS DE COAPATAP de esa dependencia de gobierno municipal de esta ciudad de Tapachula de Córdova y Ordoñez Chiapas. 2.- Así como el pago de recolección de basura, y el pago de bomberos que obran en el recibo de agua potable, de manera indebida.". SEGUNDO. En acuerdo de once de febrero de dos mil veintiuno (fojas 11 a 16), se admitió la demanda de que se trata y se solicitaron de las autoridades responsables sus informes justificados; se dio la intervención correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y se señaló día y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional; y, enseguida se pasa a dictar la sentencia que en derecho corresponde y, CONSIDERANDO: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y 48 y 51, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 32/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veinticinco de noviembre de dos mil veinte (relativo a la creación denominación e inicio de funciones del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en Tapachula, así como su competencia, jurisdicción territorial, domicilio, reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los juzgados de Distrito en el Estado y residencia indicados), mismo que reforma el similar 3/20131 (relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito); por tratarse de una demanda de amparo en materia penal promovida contra actos de autoridades que residen dentro de la circunscripción territorial en que se ejerce jurisdicción. SEGUNDO. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de establecer lo relativo a la certeza de los actos de autoridad reclamados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar en qué consisten aquéllos, atendiendo a la integridad de la demanda, con la finalidad de una impartición de justicia. Al respecto se cita la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 255 del Semanario 1 Diario Oficial de la Federación de quince de febrero de dos mil trece. Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIX, Abril de 2004, página 255, registro digital: 181810, Novena Época, del rubro y texto: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Este órgano jurisdiccional precisa que la parte quejosa reclama: "1.- El cobro excesivo de ADEUDOS, MULTAS, RECARGOS POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, del suministro del agua potable y los cortes masivos ordenados por la autoridad responsable y ejecutada por el DEPARTAMENTO DE REZAGOS DE COAPATAP de esa dependencia de gobierno municipal de esta ciudad de Tapachula de Córdova y Ordoñez Chiapas. 2.- Así como el pago de recolección de basura, y el pago de bomberos que obran en el recibo de agua potable, de manera indebida.". TERCERO. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Es cierto el acto reclamado a las autoridades señaladas como responsables, no obstante que al rendir su informe justificado hayan negado la existencia del mismo, en virtud que, ambos, manifiestan que la inconforme tiene un adeudo de nueve meses por consumo de agua y descarga de drenaje, de ahí que se insista que el acto reclamado resulte existente. Es aplicable al caso, por analogía la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 391 del Tomo XIV, Julio de 1994 del Semanario Judicial de la Federación Octava Época, con el rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y además expongan razones o circunstancias de las que se desprenden que esos actos sí existen, pues en ese caso lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe". Así también, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE TENERSE POR CIERTA, AUN CUANDO LA NIEGUEN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, SI DEL INFORME RESULTA LO CONTRARIO". La certeza de los actos reclamados se robustece con documental consistente en la copia simple del recibo con folio ********************, número de contrato ********************, correspondiente a la vivienda ubicada en ********************, expedido a su nombre por el Comité del Agua Potable y Alcantarillado de esta ciudad, mismo que acompañó a su demanda, en la que se precisa un adeudo de nueve (09) meses que ascienden a la cantidad de $1,651.50 (un mil seiscientos cincuenta y un peso 50/100 M.N), por concepto de rezago, consumo de agua, descarga de drenaje, recargos y bomberos. Por ende, al no existir prueba en contrario, resultan ciertos los actos reclamados. CUARTO. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN: Inconforme con la actuación combatida, la quejosa planteó sus conceptos de violación, los cuales no se transcriben, habida cuenta que para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias de amparo su transcripción resulta innecesaria. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". De igual forma, la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS". Ahora bien, la solicitante del amparo en sus conceptos de violación, formulados en el escrito inicial de demanda, los que serán examinados en su conjunto a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, de conformidad con el artículo 76 de la Ley de Amparo, en esencia, sostiene lo siguiente: Que el acto reclamado es violatorio de los artículos 14, 16 constitucionales, que establecen que nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales y, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal de procedimiento. Los conceptos de violación hechos valer por la quejosa resultan esencialmente fundados y suficientes para otorgar el amparo solicitado, por los motivos que a continuación se exponen: El artículo 16 constitucional, en lo que aquí interesa, establece: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento [...]". De conformidad con el numeral transcrito, se aprecia que todo acto de molestia, además de que debe ser dictado por autoridad competente, debe también constar por escrito y contener la debida motivación y fundamentación; debiendo entenderse por motivación, la obligación que tiene toda autoridad de expresar en forma precisa, las circunstancias especiales, razones particulares y causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; y por fundamentación, el señalamiento exacto del precepto legal aplicable al caso, debiendo existir una adecuación entre los motivos aducidos y la aplicación de la hipótesis normativa. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia I.4o.A. J/43, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA GARANTÍA Y SU FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA Y COMUNICAR LA DECISIÓN". Asimismo, en la tesis VI.1o.232 K10, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro: "ACTOS DE AUTORIDAD. DEBEN CONSTAR POR ESCRITO Y ESTAR FUNDADOS Y MOTIVADOS". Ahora bien, debe decirse que los actos de molestia, pese a constituir afectación a la esfera jurídica del gobernado, no producen los mismos efectos que los actos privativos a que se refiere el diverso artículo 14 constitucional, que son aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, cuya emisión se autoriza solamente a través del cumplimiento de determinados requisitos, como son, la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido, que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado. En efecto, los actos de molestia sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, y son autorizados por el artículo 16 de la Ley Suprema, siempre y cuando preceda mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia legal para ello, en donde ésta funde y motive la causa legal del procedimiento. Así, para dilucidar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto de autoridad impugnado como privativo, es necesario precisar si verdaderamente lo es y, por ende, requiere del cumplimiento de las formalidades establecidas por el artículo 14, o si es un acto de molestia y por ello es suficiente el cumplimiento de los requisitos que el artículo 16 exige. Para efectuar esa distinción debe advertirse la finalidad que con el acto se persigue, esto es, si la privación de un bien material o inmaterial es la finalidad connatural perseguida por el acto de autoridad, o bien, si por su propia índole tiende sólo a una restricción provisional. Ilustra lo anterior, la Jurisprudencia P./J. 40/9611, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCION". En el caso concreto, la parte quejosa señala como acto reclamado el cobro excesivo de la cantidad de $1,651.50 (un mil seiscientos cincuenta y un peso 50/100 M.N), por concepto de rezago, consumo de agua, descarga de drenaje, recargos y bomberos respecto del recibo con número de folio ********************, contrato ********************, correspondiente a la vivienda ubicada en ********************, expedido a su nombre por el Comité del Agua Potable y Alcantarillado de esta ciudad, con apercibimiento de corte y/o suspensión de los servicios contratados. Dicha actuación atribuida a las autoridades responsables, encargadas de prestar los servicios de agua potable y alcantarillado, al no implicar la privación de un bien material o inmaterial, habida cuenta que únicamente tiene por objeto informar al usuario de la existencia de un adeudo y apercibirlo que en caso de no liquidarlo los servicios se verán temporalmente interrumpidos, sin llegar a constituir aún la determinación de un crédito fiscal exigible a través del procedimiento administrativo de ejecución a que se refiere el artículo 159 de la Ley de Aguas para el Estado de Chiapas, constituye un acto de molestia; de ahí que deba satisfacer las exigencias del artículo 16 constitucional, esto es, además de constar por escrito, ser emitida por autoridad competente y contener la debida fundamentación y motivación. Ciertamente, las referidas autoridades al rendir su informe justificado, que como fue visto en párrafos que anteceden contiene una manifestación del origen del adeudo determinado; sin embargo, dicha documental, por su propia naturaleza, no constituye una comunicación dirigida a la quejosa como usuario de los servicios contratados, sino un medio de comunicación interna empleado entre dos áreas distintas del propio ente para fortalecer la colaboración institucional, que en el caso concreto sirvió para rendir el informe justificado solicitado en el presente asunto, por lo que su emisión, inclusive, fue posterior a la presentación de la demanda. Luego, si bien las responsables pretendieron justificar la constitucionalidad del acto reclamado con los datos que obran en sus archivos, aportando al sumario una especie de informe interno que da cuenta de la existencia del mismo, lo cierto es que no lograron demostrar que dicha actuación conste por escrito, lo que de suyo impide conocer si proviene de autoridad competente y se encuentra debidamente fundada y motivada. Dicho proceder restringe el derecho de la quejosa a ejercer una adecuada defensa, pues más haya de haberse enterado del monto adeudado, como refiere, desconoce por completo las circunstancias especiales, razones particulares y causas inmediatas que llevaron a la responsable a concluir que existen saldos pendientes en la facturación del predio de su propiedad y que esa situación traerá consigo el corte y/o suspensión del servicio, lo que no solamente es contrario al precepto constitucional examinado, sino a la propia Ley de Aguas para el Estado de Chiapas que en su artículo 155 establece que el organismo operador podrá proceder a la suspensión de los servicios, entre otros casos, por falta de pago de dos o más recibos, previo apercibimiento por escrito al usuario omiso, respetando su derecho de audiencia. Por lo anterior, ya que las responsables, lejos de probar que emitieron alguna resolución por la que haya explicado a la quejosa el origen del adeudo, los cálculos realizados, el plazo para liquidar y las consecuencias del incumplimiento -que en el particular se estiman indispensables dada la especial situación que guarda la cuenta de la peticionaria de amparo-, pretendió suplir la ausencia de aquella con una manifestación de motivos que hasta antes de la presentación de la demanda de amparo no había realizado, y desde luego, tampoco había comunicado al peticionario. De ahí la afirmación de que la quejosa se encuentre en estado de indefensión frente al acto reclamado, pues aun cuando su existencia es innegable, al no constar por escrito se torna arbitraria, por cuanto no es posible impugnarlo de forma eficaz si no se conocen a ciencia cierta las razones que lo soportan, que en el particular, según la propia documentación exhibida por las responsables, involucran una serie de cuestiones que deben ser hechas del conocimiento de la quejosa de forma pormenorizada para que sólo de esa forma esté en aptitud de defenderse. En relatadas condiciones, es de concluirse que la actuación combatida transgrede los derechos fundamentales del quejoso reconocidos en el artículo 16 de la Constitución General de la República y, consecuentemente, de diversos usuarios de la toma doméstica del servicio de agua potable. QUINTO. EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR. Al resultar esencialmente fundados los conceptos de violación examinados, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión para el efecto de que las autoridades responsables: Se abstengan de requerir a la quejosa ********************, el pago de la cantidad de $1,651.50 (un mil seiscientos cincuenta y un pesos 50/100 M.N), por concepto de rezago, consumo de agua, descarga de drenaje, recargos y bomberos, respecto del recibo con número de folio ********************, contrato ********************, correspondiente a la vivienda ubicada en ********************, así como de llevar a cabo el corte y/o suspensión de los servicios contratados, sin previamente haber cumplido con los requisitos que marca el artículo 16 de la Constitución General de la República para la emisión de todo acto de molestia, es decir, hacerlo por escrito dirigido al quejoso, proveniente de funcionario competente, que funde y motive la causa de ese proceder. Concesión de amparo que se hace extensiva a los actos atribuidos a la autoridad ejecutora, por no haberse reclamado por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hizo depender de los actos reclamados a la ordenadora, respecto de los cuales se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia VI.2o. J/338, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE. NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS". SEXTO. PUBLICACIÓN DE LA SENTENCIA. Conforme al circular número CTAIPPDT1/2011, emitida por la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos personales del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. SÉPTIMO. CAPTURA DE SENTENCIA. Con fundamento en el Acuerdo General 29/20072, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, captúrese el día de su publicación esta sentencia, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Por lo anteriormente expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 73, 74, 75, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, contra actos del Director Comercial del Comité del Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula y Departamento de Rezagos de COAPATAP, ambas con sede en esta ciudad, conforme a los argumentos y consideraciones vertidas en el considerando cuarto de la presente resolución, y para los efectos precisados en el diverso considerando quinto. SEGUNDO. Publíquese la presente determinación en el Sistema Integral de Seguimiento del Expediente (SISE), acorde con lo ordenado en los dos últimos considerandos de esta resolución.

  4. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los autos se advierte que se encuentra transcurriendo el término a que se refiere el artículo 117, párrafo segundo de la Ley de Amparo, durante el cual debe hacerse del conocimiento de las partes el contenido de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables Director Comercial y Jefa de la Oficina de Rezagos del Comité de Agua potable y Alcantarillado de Tapachula, por sus siglas (COAPATAP), ambas con residencia en esta ciudad, agregado mediante proveído de cuatro de marzo de dos mil veintiuno (foja 41). En consecuencia, se difiere la audiencia de ley, y se fijan las CATORCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo su desahogo.

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