Petra Torres Meza

Expediente 610/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
610/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
11/10/2022

Partes del expediente

  • Petra Torres Meza

Actuaciones

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, once de octubre de dos mil veintidós. Agréguense a los autos el oficio y anexo de cuenta que remite el Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito; en atención a su contenido, se provee: Téngase recibido el testimonio de la ejecutoria pronunciada en el recurso de queja 279/2022. Destrúyase el legajo de copias certificadas que remite, por ser innecesarias. Acúsese recibo; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo y notifíquese a las partes el contenido de la resolución que se acompaña al oficio de cuenta, de la que se advierte que se declaró infundado el recurso de queja de que se trata. En consecuencia, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que en el presente asunto se desechó la demanda y se declaró infundado el recurso de queja interpuesto, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado el presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Notifíquese.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por el autorizado en términos amplios de la parte quejosa, por el que interpone recurso de queja contra el proveído que desechó de plano la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 101 de la ley de la materia, hágase del conocimiento de la superioridad que es cierto que este juzgado emitió la determinación recurrida. Con fundamento en el artículo 100 de la Ley de Amparo, mediante oficio que al efecto se gire al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, hágase de su conocimiento en vía de informe justificado, que se pone a su disposición la consulta del expediente electrónico relativo a este asunto a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; remitiéndole para tal efecto el original del escrito de expresión de agravios y una copia de éste para el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a dicho órgano colegiado. Por tanto, se instruye a la analista jurídico de la adscripción, a fin de que permita la disponibilidad y acceso al expediente electrónico dentro del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.) Notifíquese.

  3. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinticuatro de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por la quejosa Petra Torres Meza, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de dieciocho de mayo de dos mil veintidós, en atención a su contenido se provee: En primer lugar, el artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano judicial que conozca del juicio de amparo indirecto, examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano, por lo cual se procede a determinar la procedencia o no del juicio. Para lograr tal propósito es preciso recurrir a los escritos de demanda y aclaratorio, interpretados en conjunto como un todo, a efecto de establecer el acto que se controvierte y demás presupuestos procesales que hacen, en caso de actualizarse, procedente el juicio. Luego, de los ocursos inicial y aclaratorio de demanda, se advierte que, como antecedentes del acto reclamado, la parte promovente refiere, bajo protesta de decir verdad, para lo que aquí interesa, lo siguiente: 1.- Que con motivo de la disolución del vínculo matrimonial entre el que fuere su esposo Salome Rivera Donjuan, por convenio validado por el Juzgado Mixto de Primera Instancia de Santa María del Rio, en el juicio 289/2014, de su índice, se estableció que la aquí quejosa tendría la disposición de los derechos de los bienes agrarios de las tierras de uso común en el Ejido el Palmarito, ubicado en el municipio de Santa María del Río, San Luis Potosí. 2.- El veintinueve abril de dos mil veintidós, le fue notificada a la parte quejosa, una orden de desalojo de una superficie de tierras de uso común, emitida por el Comisariado Ejidal del citado Ejido El Palmarito, ubicado en el municipio de Santa María del Río, San Luis Potosí. Actuación esta última que constituye el acto reclamado. En ese sentido, la quejosa refiere reclamar, la determinación de la Mesa del citado Comisariado Ejidal, tendiente a privarla de su derecho a utilizar las tierras de uso común que aduce, le fue otorgado por el Juzgado Mixto de Primera Instancia de Santa María del Rio, en el juicio 289/2014, de su índice. De acuerdo al contenido del invocado artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, se advierte que, para los efectos del juicio de control constitucional, autoridad responsable es aquélla que actuando como un ente de hecho o de derecho en una relación de supra a subordinación con un particular, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar actos que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita aquellos que produzcan similares efectos que violentan la esfera del gobernado. Sentado lo anterior, debe decirse, por otra parte, que la relación entre el Estado y su súbdito es de supra a subordinación, pues la misma surge entre dos entes ubicados en una posición distinta; esto es, emana por una parte, entre el Estado como persona jurídico política a través de sus órganos y facultades de autoridad; y por otra, el gobernado, destacando que aquél desempeña, frente a éste, la autoridad soberana propia del ius imperium. En ese orden de ideas, cabe precisar que para que se estime que un acto u omisión es desplegado por una "autoridad", requiere de los siguientes atributos: que sea unilateral, esto es, no requiere la aprobación del gobernado; imperativo en razón de que se impone al particular contra su voluntad y coercitivo porque su inobservancia daría lugar a imponer alguna sanción prevista en la ley; luego entonces, si la actividad desplegada no reúne tales características, no puede válidamente considerarse que se esté en presencia de un acto de autoridad. De ahí que el comisariado es el órgano de representación y ejecución de los acuerdos de asamblea de una comunidad agraria y tiene conferidas por la ley diversas facultades; sin embargo, ello no significa que deba considerársele una autoridad agraria, pues su carácter de órgano representativo y de ejecución, son respecto de la comunidad y hacia su interior, respectivamente, de manera que se trata de cuestiones entre particulares sin imperio, ni coerción. Esto es, que de acuerdo con el criterio del Máximo Tribunal del país, para que un acto pueda reputarse proveniente de una autoridad agraria o, incluso, de un particular, además de crear, reconocer, modificar o extinguir algún derecho, debe ser imponible y ejecutable, aun contra la voluntad de los gobernados; lo que en el caso de los actos del comisariado ejidal no acontece, pues no se advierte en la ley, dispositivo alguno que le otorgue esa facultad de imperio, sino únicamente, se insiste, de representación del ejido y de ejecución de los acuerdos de asamblea. Por tanto, debe decirse que el comisariado ejidal no tiene el carácter de autoridad, pues como quedó de relieve, únicamente es un órgano de representación y ejecución de los acuerdos de asamblea de un ejido. En el caso, como se adelantó, Petra Torres Meza reclama la orden de desalojo de las tierras de uso común emitida por el Comisariado Ejidal del Núcleo Agrario "El Palmarito", Santa María del Río San Luis Potosí, misma que le fue notificada el veintinueve de abril del año en curso, actuación que no encuadra en los referidos casos de excepción. Por tanto, resulta indudable y notoria la improcedencia del juicio de amparo indirecto que promueve ante este juzgado de Distrito Petra Torres Meza, al actualizarse las causa de improcedencia a que se refiere la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 5°, fracción II y 217, también del referido ordenamiento legal; por lo que, con fundamento en l dispuesto por el artículo 113 de la ley invocada, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de que se trata. Sin que sea óbice a lo anterior el hecho de que la parte quejosa de igual forma señale como autoridades responsables al Tribunal Unitario Agrario del Vigésimo Quinto Distrito, Actuario adscrito a dicho Tribunal y Policía Municipal de Santa María del Río, San Luis Potosí, dado que a las citadas autoridades las señala con el carácter de ejecutoras; es decir, sus actos los hace derivar de los emitidos por el Comisariado Ejidal del Núcleo Agrario "El Palmerito", Santa María del Río San Luis Potosí. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, dieciocho de mayo de dos mil veintidós. Téngase recibido y agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar, el oficio de cuenta signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, del que se advierte que la superioridad acusa recibo de las constancias remitidas por este juzgado y que se admitió el recurso de revisión interpuesto contra la sentencia de amparo, el cual fue registrado con el expediente 204/2022. Notifíquese.

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