Petra Torres Meza
Expediente 609/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 5 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 609/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 11/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Petra Torres Meza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, once de octubre de dos mil veintidós. Agréguense a los autos el oficio y anexo de cuenta que remite el Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito; en atención a su contenido, se provee: Téngase recibido el testimonio de la ejecutoria pronunciada en el recurso de queja 280/2022, de su índice. Destrúyase el legajo de copias certificadas que remite, por ser innecesarias. Acúsese recibo; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo y notifíquese a las partes el contenido de la resolución que se acompaña al oficio de cuenta, de la que se advierte que se declaró infundado el recurso de queja de que se trata. En consecuencia, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que se desechó la demanda constitucional, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Asimismo, en razón de que en el presente expediente obra un documento que por sus características debe ser devuelto a su oferente, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 21 del precitado Acuerdo General, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, comparezca a recogerlo, previa razón de recibo que se deje en autos, y hecho lo anterior, sin ulterior acuerdo, devuélvanse los autos al archivo; en la inteligencia que de no recoger dichos documentos, podrán ser destruidos junto con el expediente. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Notifíquese; hágase personalmente a la parte quejosa.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, ocho de junio de dos mil veintidós. Téngase recibido y agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar, el oficio de cuenta signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, del que se advierte que la superioridad acusa recibo de las constancias remitidas por este juzgado y que se admitió el recurso de queja interpuesto contra el auto por el que se desechó la demanda de amparo, el cual fue registrado con el expediente 280/2022. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el ocurso de cuenta signado electrónicamente por Luis Alberto Suárez Castillo autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, por el que interpone recurso de queja contra el proveído que desechó de plano la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 101 de la ley de la materia, hágase del conocimiento de la superioridad que es cierto que este juzgado emitió la determinación recurrida. Con fundamento en el artículo 100 de la Ley de Amparo, remítase al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, en turno, copia certificada de la totalidad de constancias que integran el presente expediente, así como el original del escrito de expresión de agravios y una copia de éste para el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a dicho órgano colegiado e infórmese sobre la materia de la queja. En la inteligencia de que la copia respectiva deberá obtenerse del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, toda vez que el referido medio de impugnación fue interpuesto vía electrónica.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinticuatro de mayo de dos mil veintidós. Agréguense a los presentes autos el escrito aclaratorio de cuenta signado por la quejosa Petra Torres Meza, mediante el cual desahoga el requerimiento que le fue formulado en autos; en consecuencia, se provee: En primer lugar, el artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano judicial que conozca del juicio de amparo indirecto, examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano, por lo cual se procede a determinar la procedencia o no del juicio. Para lograr tal propósito es preciso recurrir a los escritos de demanda y aclaratorio, interpretados en conjunto como un todo, a efecto de establecer el acto que se controvierte y demás presupuestos procesales que hacen, en caso de actualizarse, procedente el juicio. Luego, de los ocursos inicial y aclaratorio de demanda, se advierte que, como antecedentes del acto reclamado, la parte promovente refiere, bajo protesta de decir verdad, para lo que aquí interesa, lo siguiente: 1. Que con motivo de la disolución del vínculo matrimonial entre el que fuere su esposo Salome Rivera Donjuan, por convenio validado por el Juzgado Mixto de Primera Instancia de Santa María del Rio, en el juicio 289/2014, de su índice, le fue concedido el derecho de aprovechamiento de tierras de uso común, así como del uso y disfrute de un solar urbano, en el Ejido "El Palmarito", ubicado en el municipio de Santa María del Río, San Luis Potosí. 2. El veintinueve de abril de dos mil veintidós, se hizo del conocimiento de la quejosa, una orden de desalojo promovida por el Comisariado Ejidal del citado Núcleo Agrario "El Palmarito", ubicado en el municipio de Santa María del Río, San Luis Potosí. Actuación esta última que constituye el acto reclamado. En ese sentido, los actos reclamados, los hace derivar de las determinaciones emitidas por la Mesa del Comisariado Ejidal del Ejido "El Palmarito", Santa María del Río, San Luis Potosí, tendientes a desalojar a la quejosa de la morada conyugal en la que habita y su ejecución por parte de las autoridades señaladas como ejecutoras. De acuerdo al contenido del invocado artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, se advierte que, para los efectos del juicio de control constitucional, autoridad responsable es aquélla que actuando como un ente de hecho o de derecho en una relación de supra a subordinación con un particular, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar actos que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita aquellos que produzcan similares efectos que violentan la esfera del gobernado. Sentado lo anterior, debe decirse, por otra parte, que la relación entre el Estado y su súbdito es de supra a subordinación, pues la misma surge entre dos entes ubicados en una posición distinta; esto es, emana por una parte, entre el Estado como persona jurídico política a través de sus órganos y facultades de autoridad; y, por otra, el gobernado, destacando que aquél desempeña, frente a éste, la autoridad soberana propia del ius imperium. En cambio, cuando la relación surge entre dos o más sujetos físicos o entes jurídicos, dentro de su condición de gobernados, jurídicamente se está en presencia de una relación de coordinación, la cual puede ser de naturaleza privada, sujeta al derecho privado o socioeconómica, regulada bajo el derecho social. En ese orden de ideas, cabe precisar que para que se estime que un acto u omisión es desplegado por una "autoridad", requiere de los siguientes atributos: que sea unilateral, esto es, no requiere la aprobación del gobernado; imperativo en razón de que se impone al particular contra su voluntad y coercitivo porque su inobservancia daría lugar a imponer alguna sanción prevista en la ley; luego entonces, si la actividad desplegada no reúne tales características, no puede válidamente considerarse que se esté en presencia de un acto de autoridad. Esto es, que de acuerdo con el criterio del Máximo Tribunal del país, para que un acto pueda reputarse proveniente de una autoridad agraria o, incluso, de un particular, además de crear, reconocer, modificar o extinguir algún derecho, debe ser imponible y ejecutable, aun contra la voluntad de los gobernados; lo que en el caso de los actos del comisariado ejidal no acontece, pues no se advierte en la ley, dispositivo alguno que le otorgue esa facultad de imperio, sino únicamente, se insiste, de representación del ejido y de ejecución de los acuerdos de asamblea. Por tanto, debe decirse que el comisariado ejidal no tiene el carácter de autoridad, pues como quedó de relieve, únicamente es un órgano de representación y ejecución de los acuerdos de asamblea de un ejido. En el caso, como se adelantó, Petra Torres Meza reclama la orden de desalojo emitida por el Comisariado Ejidal del Núcleo Agrario "El Palmerito", Santa María del Río San Luis Potosí, misma que le fue notificada el veintinueve de abril del año en curso, actuación que no encuadra en los referidos casos de excepción. Por tanto, resulta indudable y notoria la improcedencia del juicio de amparo indirecto que promueve ante este juzgado de Distrito Petra Torres Meza, al actualizarse las causa de improcedencia a que se refiere la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 5°, fracción II y 217, también del referido ordenamiento legal; por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la ley invocada, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de que se trata. Sin que sea óbice a lo anterior el hecho de que la parte quejosa de igual forma señale como autoridades responsables al Tribunal Unitario Agrario del Vigésimo Quinto Distrito, Actuario adscrito a dicho Tribunal y Policía Municipal de Santa María del Río, San Luis Potosí, dado que a las citadas autoridades las señala con el carácter de ejecutoras; es decir, sus actos los hace derivar de los emitidos por el Comisariado Ejidal del Núcleo Agrario "El Palmerito", Santa María del Río San Luis Potosí. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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