Petra Millán Ortíz

Expediente 1961/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1961/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
20/01/2023

Partes del expediente

  • Petra Millán Ortíz

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, veinte de enero de dos mil veintitrés. Estado procesal de autos Visto el estado procesal de los autos, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja, dentro del término legal contra la determinación de nueve de enero de dos mil veintitrés, por la que se desechó de plano la demanda de amparo; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado estado. Archivo Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Destino del expediente En acatamiento al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como, el diverso arábigo 8.1.2 numeral 4 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, ambos ordenamientos establecen las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, una vez que transcurran tres años de archivado este expediente es susceptible de destrucción, ya que se desechó la demanda y carece de relevancia documental. ***

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, nueve de enero de dos mil veintitrés. Intégrese el oficio signado por la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Nueve, por medio del cual da observancia al requerimiento de veintisiete de diciembre de dos mil veintidós; en ese sentido, ténganse por satisfecha la petición formulada; y, déjese sin efectos el apercibimiento con que se le conminó. ACTO RECLAMADO En la especie la parte quejosa reclama de las autoridades responsables: Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca Estado de México: La resolución de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, dictada en los autos del expediente número 540/2020, del índice del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, por la cual se declaró incompetente para conocer de la demanda promovida por la aquí quejosa. Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Nueve Toluca Estado de México: El auto de trece de octubre de dos mil veintidós, emitido en el expediente 1094/2022 de la estadística del Tribunal citado, por la cual se pronunció competente para conocer del expediente número 540/2020, del índice del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México. DESECHAMIENTO Sentado lo anterior, se advierte que respecto del acto reclamado citado en el arábigo 1 se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción VIII, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. . Artículo 107. El amparo indirecto procede: . VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto." Ahora bien, la interpretación en sentido contrario de este último artículo y fracción, permite concluir que cuando el acto de autoridad que determine inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto no es el definitivo, el juicio de amparo será improcedente. En efecto, ya sea que una autoridad o tribunal se declare incompetente para conocer de un determinado asunto, o bien, que ello sea consecuencia de la formulación de una cuestión competencial, en cualquier caso existe un trámite que debe llevarse a cabo dentro del procedimiento o juicio e incluso, existen medios de defensa ordinarios que deben agotarse (cuando estén previstos) y no será hasta que la primera de las condiciones se actualice o, en su caso, se interpongan y se resuelvan los recursos correspondientes cuando podrá considerarse que el acto de que se trata es definitivo y por ende, ponderar si produce una afectación personal, real y directa en la esfera de derechos del interesado, lo que se actualizará, en el caso a examen, hasta que la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando el órgano requerido se inhibe en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria) y es en ese momento, en que emerge la afectación personal y directa a la esfera jurídica de derechos de la parte interesada. Así, debe considerarse que conforme a lo previsto en el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, es esa última decisión la que resulta susceptible de ser impugnada, por ser en la que se producirá la afectación personal y directa a la esfera de derechos del gobernado. Ello, en una cuestión de competencia están involucradas al menos dos autoridades y cada una de ellas puede determinar si acepta o rechaza la competencia que le fue planteada por la otra; además, el hecho de que el precepto legal en examen expresamente no lo determine así, no significa que sea posible impugnar cada una de las decisiones que las autoridades van tomando en el trámite de esas cuestiones, porque ello implicaría asumir una interpretación que no es congruente con los principios rectores del juicio de amparo contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni así tampoco con uno de los fines que previó el legislador en la reforma en materia de amparo, que tiene que ver, precisamente, con la necesidad de no obstaculizar el desarrollo de los procedimientos. Así, cuando una de las partes en un procedimiento tiene la pretensión de que sea una determinada autoridad u órgano jurisdiccional el que conozca del asunto y no otra, la afectación se produce cuando la autoridad correspondiente llega a la determinación de que es competente y acepta la competencia declinada, o bien, acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto. Esto es, en la cuestión de competencia por declinatoria, cuando la autoridad correspondiente considera que, efectivamente, no es competente, emitirá una declaratoria y en el caso de la inhibitoria, si la autoridad o tribunal que no está conociendo del asunto estima que sí es competente, solicitará a la que conozca de aquél que se inhiba. No obstante, la declaratoria o la solicitud en uno u otro caso no constituyen aún determinaciones susceptibles de impugnarse a través del juicio de amparo indirecto, ya que ello se estaría supeditando a un acto cuya afectación no se ha materializado, porque las decisiones mediante las cuales una autoridad declina competencia a favor de otra, o requiere a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto, no tiene como consecuencia forzosa la aceptación de la competencia, sea por declinatoria o inhibitoria, porque bien podría darse el caso de que se rechace aquélla y será hasta en ese momento cuando se produzca una afectación personal y directa a la esfera de derechos del gobernado. En conclusión, será hasta ese momento cuando la incidencia en los derechos de los gobernados cobre una especial relevancia, con independencia de que la incompetencia sea por razón de la vía, del fuero, de la materia o del territorio, ya que si bien alguna de ellas podría traer como consecuencia que un procedimiento o juicio se tramite no sólo por una autoridad incompetente sino con base en reglas distintas a las del fuero al que originalmente corresponde. En consecuencia, para que se actualice el supuesto de procedencia previsto en el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, es necesario que el acto de autoridad en el que se decline o inhiba la competencia, produzca una afectación real y actual en la esfera jurídica del interesado, lo que acontecerá cuando tal acto sea definitivo, es decir, cuando la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta o bien la rechace y no antes. Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia 17/2015, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, Tomo I, libro 21, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, agosto de dos mil quince, décima época, con número de registro 2009721, del rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas." De igual forma apoya lo anterior, la tesis aislada VII.2o.C.65K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, página 2417, Tomo III, libro 72, Noviembre de dos mil diecinueve, décima época, con número de registro 2021060, del rubro y texto siguientes: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PARA ESTABLECER LA DEFINITIVIDAD DE LOS ACTOS QUE DETERMINAN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA PARA LA PROCEDENCIA DE AQUÉL, ES NECESARIO QUE EL TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA SE PRONUNCIE SOBRE LA COMPETENCIA DECLINADA A SU FAVOR. Conforme al criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación contenido en la tesis jurisprudencial P./J. 17/2015 (10a.), de título y subtítulo: "AMPARO INDIRECTO, PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).", sólo puede ocasionarse una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado, siempre y cuando la determinación que declina o inhibe la competencia o el conocimiento de un asunto sea definitiva. En ese sentido, si el Juez de primera instancia se declara incompetente para conocer del asunto y deja a salvo los derechos de las partes para que los hagan valer en la vía y forma correspondientes e inconforme con esa determinación el actor interpone recurso de apelación y la Sala responsable determina modificar esa resolución para el efecto de que los autos del juicio se remitan al tribunal administrativo correspondiente, ello actualiza la posibilidad de un conflicto competencial, lo que le quita el carácter de definitiva a la decisión reclamada, porque el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa como órgano jurisdiccional autónomo tiene la facultad de negarse a aceptar la competencia declinada en su favor. En conclusión, es necesario que el tribunal administrativo efectúe su pronunciamiento sobre la competencia, pues ello otorga el carácter definitivo necesario para la procedencia del juicio de amparo indirecto, conforme a la fracción VIII del artículo 107 de la Ley de Amparo." De lo expuesto se obtiene que la resolución reclamada no constituye el acto definitivo para la procedencia del juicio de amparo biinstancial a que se refiere el artículo 107, fracción VIII, de la ley de la materia, es decir, aquél en que la autoridad a favor de la cual se declina la competencia la acepta, pues, a través de la resolución reclamada únicamente la autoridad responsable determinó carecer de competencia. Por tanto, para que se pueda considerar que dicho acto lesiona la esfera jurídica de la parte quejosa, debe materializarse una afectación real lo cual ocurrirá cuando la autoridad correspondiente acepte la competencia declinada. En tales condiciones, se actualiza el supuesto de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción VIII, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. Luego, por cuanto hace al acto consistente en el auto de trece de octubre de dos mil veintidós, emitido en el expediente 1094/2022 de la estadística del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Nueve de Toluca Estado de México, por la cual se pronunció competente para conocer del expediente número 540/2020, del índice del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México; se advierte que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV, en relación con los diversos numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo, que se analiza oficiosamente, en términos de lo dispuesto por el diverso numeral 62 de la ley de la materia en cita. Las porciones normativas de referencia establecen textualmente lo que sigue: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.) Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: (..) Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta sus efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. En primer lugar, se estima pertinente establecer que dicha causal se traduce en la oportunidad de promover el juicio de derechos fundamentales, el cual será improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquéllos contra los que no se promueva el juicio dentro de los plazos que se señala el citado numeral 17 de la Ley de Amparo, es decir, en el término de quince días, el cual se computará de acuerdo con tres supuestos distintos de conformidad con el artículo 18 de la ley de la materia: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; b) Desde el día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que el quejoso se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. De lo anterior se establece que, para que surta efectos la disposición indicada en el inciso a), es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento en contra del promovente del amparo, notifique a éste, dentro de ese propio procedimiento, la resolución o determinación que se señale como acto reclamado, pues sólo de esa manera el término de quince días que el artículo 17, de la ley de la materia vigente, concede para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente en que le surta efectos la notificación mencionada. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), tomando en cuenta que la actualización de los mismos implica que la parte quejosa tenga de manera fortuita conocimiento de los actos reclamados, o bien, al promover la demanda de amparo se ostente como sabedor de los mismos, es lógico pensar que en esos casos no existe una notificación formal de los actos reclamados conforme a la ley que los rige, sino más bien su conocimiento surge de manera fortuita, lo que justifica que el término de quince días mencionado deberá computarse a partir del día siguiente al en que el quejoso tenga conocimiento de los actos reclamados o se ostente sabedor de los mismos, y no a aquel en que surta efectos la notificación conforme a la ley del acto reclamado, pues, como ya se vio, el propio artículo 17, de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, le da un tratamiento especial cuando exista notificación formal por parte de la autoridad responsable hacia el quejoso respecto del acto reclamado. Ahora bien, en el caso que nos ocupa, la parte quejosa se ubica en la hipótesis indicada en el inciso c), es decir, para contabilizar el término de quince días que establece el artículo 17, de la Ley de Amparo vigente, para la presentación de la demanda de amparo, se debe contar a partir del día siguiente a aquél en que el quejoso se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Lo anterior es así, toda vez que del contenido de las constancias remitidas por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Nueve Toluca Estado de México se advierte que por auto de trece de octubre de dos mil veintidós tuvo por recibido el expediente número 540/2020 del índice del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, registrándolo bajo el diverso 1094/2021 de su estadística, y, previo a su admisión, requirió a la parte actora aquí quejosa, para que en el término de ocho subsanara diferentes tópicos de su escrito, el cual fue notificado a través de rotulón el dieciocho siguiente. Asimismo, por escrito presentado el cuatro de noviembre de dos mil veintidós, la aquí quejosa intentó desahogar las prevenciones realizadas por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Nueve Toluca Estado de México, en auto de trece de octubre anterior, documentales a las cuales se le otorga valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por tratarse de documentos públicos expedidos por una autoridad en ejercicio de las atribuciones que le asigna la ley. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, localizable en el Apéndice de 1995, materia común, Tomo VI, página 153, registro digital 394182, con el rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Bajo esa tesitura, resulta indiscutible que la parte quejosa contaba con el plazo de quince días para presentar su demanda de amparo, conforme a lo establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo, a partir del día siguiente a aquél en que se ostentó sabedor de los actos reclamados, en términos de lo previsto en el artículo 18 del ordenamiento legal en cita; siendo este, cuando menos desde el cuatro de noviembre de dos mil veintidós, data en que presentó su escrito de desahogo ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Nueve Toluca Estado de México. Por tanto, es evidente que el plazo para combatir el acto reclamado transcurrió en exceso, sin contar los días inhábiles que ocurrieran en dicha dilación temporal. En esas condiciones, si la quejosa tuvo pleno conocimiento el cuatro de noviembre de dos mil veintidós del acto reclamado, en atención a que ingresó su escrito de desahogo en esa data, y la demanda que dio origen al presente juicio de amparo de cuenta fue presentada el veintiséis de diciembre de dos mil veintidós, a través del Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, el plazo de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de la materia, transcurrió del ocho al veintiocho de noviembre ambos de dos mil veintidós, resulta inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues, aquélla se promovió en forma extemporánea respecto del referido acto reclamado, ya que el mismo se encuentra consentido tácitamente. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 14, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 11, del Tomo VI, Parte Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del año mil novecientos noventa y cinco, Quinta Época, materia común, con número de registro 393970, que establece: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil, y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala.". En consecuencia, al actualizarse las causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción VIII, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo y la diversa contemplada en el multicitado, fracción XIV, en relación con los diversos numerales 17 y 18 de la ley de la materia, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo promovida por ********************, en términos de lo dispuesto por la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo, en virtud de ser notoriamente improcedente. SE LEVANTA RESERVA Ahora bien, del estado de autos, se advierte que en proveído de cuatro de enero pasado, se reservó proveer en torno a las manifestaciones asentadas por la parte quejosa con relación a la prevención de veintisiete de diciembre de dos mil veintidós, hasta en tanto el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Noveno con residencia en Toluca, Estado de México remitiere las constancias que le fueron solicitadas. En consecuencia, se levanta la reserva decretada y se provee: Con relación al usuario, no se acuerda favorable toda vez que ******************** no cuenta con registro en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y respecto a la fecha que manifiesta tuvo conocimiento del acto reclamado, dígase que deberá estarse a lo acordado en líneas precedentes.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, cuatro de enero de dos mil veintitrés. Intégrese el escrito signado por la quejosa ********************, por medio del cual desahoga la prevención realizada el veintisiete de diciembre de dos mil veintidós, en ese sentido, ténganse por satisfecho el requerimiento formulado; y, déjese sin efectos el apercibimiento con que se le conminó. Atento a ello, se reserva acordar lo conducente hasta en tanto el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Noveno con residencia en Toluca, Estado de México remita las constancias solicitadas en el referido auto. **

  4. Principal

    Toluca, Estado de México, veintisiete de diciembre de dos mil veintidós. RADICACIÓN Vista la demanda que promueve *****, por propio derecho, con fundamento en el numeral 112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número 1961/2022-I-B. PREVENCIÓN Ahora bien, del análisis de la demanda de amparo, se advierten inconsistencias en su contenido, que impiden a este órgano federal resolver lo que en derecho corresponde. Por tanto, previo a acordar lo conducente, con fundamento en los artículos 108, fracciones IV y V y 114, fracciones I y IV, de la Ley de Amparo, requiérase a la promovente del amparo para que dentro del plazo de cinco días, contados a partir de su legal notificación, y bajo protesta de decir verdad, realice lo siguiente: Precise la fecha en que tuvo conocimiento de los actos que por esta vía reclama, toda vez que precisa lo siguiente: "Fecha en que se notificó el acto reclamado: no se me notifico personalmente." No es óbice que la promovente haya cumplido con algunos de los apartados relativos; sin embargo, omitió colmar los requisitos legales a que se hace mérito, máxime que como está planteada la demanda, puede válidamente deducirse que son datos que tiene a su alcance; por tanto, hágase hincapié que los anteriores resultan indispensables para fijar la litis constitucional en el presente juicio y así poder resolverlo con apego a derecho. APERCIBIMIENTO Apercibido que de no cumplir con la prevención formulada en el plazo indicado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114, párrafo penúltimo de la legislación de la materia, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. REQUERIMIENTO DE CONSTANCIAS No obstante lo anterior, en aras de una justicia pronta y expedita, con fundamento con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero de la Ley de Amparo y el diverso 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de la materia, requiérase al Tribunal Unitario Agrario del Distrito Noveno con residencia en Toluca, Estado de México, para que dentro del término de tres días, a partir de su legal notificación, realice lo siguiente: Remita copia certificada del auto y/o resolución por el cual aceptó la competencia dentro del expediente ******************** de su índice. Así como la notificación realizada a ********************del auto y/o resolución señalada con anterioridad. Con el apercibimiento, que en caso de ser omiso a dichos requerimientos, o no manifestar su imposibilidad para tal efecto, con fundamento en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá a la persona física que ostente el cargo una multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización. Para el caso de que la autoridad requerida, se encuentre gozando de periodo vacacional correspondiente; comisiónese al actuario judicial de la adscripción para que, precisamente en el día en que ésta reanude sus labores, entregue el oficio respectivo, sin necesidad de ulterior acuerdo, mismo que deberá quedar bajo su resguardo y más estricta responsabilidad, hasta en tanto sea entregado a su receptor. DOMICILIO Por otro lado, de conformidad con lo establecido por los numerales 30 y 31 de la Ley de Amparo, así como en el artículo 61 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo de las áreas administrativas y órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, en aras de favorecer una justicia pronta y expedita, a través del uso de medios digitales, se requiere a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días, computado legalmente, designe un usuario debidamente registrado en el registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para efecto de oír y recibir notificaciones. En caso de no contar con un usuario registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de manera extraordinaria y conforme a lo establecido el artículo 257, fracción I del referido Acuerdo General, en el mismo término, deberá proporcionar un número telefónico, a fin de establecer comunicación procesal y realizar las notificaciones a las que les recaiga el carácter personal por este medio, apercibido que de ser omiso al respecto, se le tendrá como domicilio para oír y recibir notificaciones las listas que se publican en el portal de Internet del Poder Judicial de la Federación. Cabe señalar que el usuario de referencia se obtiene de la siguiente forma: INSTRUCCIONES PARA LA CREACIÓN DE USUARIO ELETRÓNICO. Primeramente deberá ingresar a la siguiente dirección electrónica: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/juicioenlinea/Usuario/Registro Una vez ahí, colocará los datos correspondientes, leer, y aceptar el aviso de privacidad, posteriormente dar clic en el botón "registrar usuario". **** Hecho lo anterior, el sistema enviará un correo a la dirección electrónica proporcionada mismo que deberá confirmarse. **** Una vez confirmado el correo electrónico el sistema corroborará la correcta creación del usuario. **** Se exhorta a las partes a transitar al juicio en línea. Por otro lado, por cuanto hace a su solicitud de tenerle como domicilio para oír y recibir notificaciones el correo electrónico que proporcionó, no ha lugar de proveer favorable, ya que no cumple con los requisitos establecidos en los artículos 30 y 31 de la Ley de Amparo. AUTORIZADOS Por otra parte, en relación a las personas que designa como autorizados; con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, dígase que éstos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. EXPEDICIÓN DE COPIAS Desde este momento se autoriza a las partes la obtención de impresiones con firma criptográfica, sin que medie petición al respecto, atendiendo el derecho fundamental contenido en el artículo 17 Constitucional. CONSULTA DE EXPEDIENTE Por otra parte, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo de las áreas administrativas y órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, así como en el Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se requiere a las partes, para que al consultar en los dispositivos electrónicos, eviten alterar las actuaciones que integran el expediente físico y electrónicamente, así como, afectación en los equipos de cómputo, en las constancias y/o alteración en las determinaciones, con el apercibimiento que de hacerlo, se dará vista al Agente del Ministerio Público de la Federación, para que proceda a la investigación de hechos conforme lo prevé el artículo 211 Bis 1, del Código Penal Federal. EXHORTO A LAS PARTES Se exhorta a las partes, para que se transite de la tramitación del expediente físico hasta la actuación electrónica, obligadas a llevar a cabo la presentación de promociones y/o recursos por la misma vía, de modo que el presente juicio de amparo pueda continuar tramitándose digitalmente como "juicio en línea" a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación.

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