Petra Chávez Mendoza

Expediente 920/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
920/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
19/10/2021

Partes del expediente

  • Petra Chávez Mendoza

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento con el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales con relación al punto 8.1.2, en su numeral 4 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez transcurridos tres años a partir de este acuerdo, pues se trata de un expediente el cual desecho la demanda de amparo.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, seis de octubre de dos mil veintiuno. DESAHOGA PREVENCIÓN. Agréguese el escrito de la quejosa ***********, por el cual desahoga la prevención realizada en proveído de veintiocho de septiembre del año en curso. DESECHAMIENTO En la especie, del ocurso de cuenta se advierte que la quejosa reclama el acuerdo de ocho de septiembre de dos mil veintiuno emitido en la causa penal **** del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Valle de Bravo, Estado de México, por medio del cual se negó su solicitud de llevar a cabo la diligencia de restitución provisional del inmueble materia de la litis, decretada en resolución incidental de ocho de marzo de dos mil diecinueve. Atento a lo anterior, del estudio integral de la demanda, se advierte que en la especie se actualiza la causal de improcedencia, establecida en los artículos 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." De lo anterior, se observa que la regla a fin de que se actualicen los supuestos de la fracción XVIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, es que en contra del acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa que pueda nulificar, modificar o revocar el acto reclamado. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente, que en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal. Ello es así, porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses existe el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Lo anterior, porque si se pasan por alto estas consideraciones derivadas del principio de definitividad, las partes afectadas por actos judiciales no tendrían la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, pues de lo contrario, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades de la administración pública, lo cual no es permitido conforme a la técnica del juicio constitucional. De ahí la importancia de que las partes interesadas, antes de acudir al juicio constitucional, deban agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que la ley que rija el acto reclamado prevea para tal efecto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 447, visible en la página 297, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995 que establece: "RECURSOS ORDINARIOS. El hecho de no hacer valer los procedentes contra un fallo ante los tribunales ordinarios, es causa de improcedencia del amparo que se enderece contra ese fallo" Así también, apoya a lo anterior la jurisprudencia 573, visible en la página 515, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000 que establece: "RECURSOS ORDINARIOS. AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTÍAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO. La circunstancia de que el medio de defensa ordinario que tenga por efecto confirmar, revocar o modificar el acto reclamado no suspenda la ejecución de éste, sólo es atendible tratándose de amparos en que se reclamen actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, según lo establece el artículo 73 fracción XV de la Ley de Amparo. En cambio, la literalidad del artículo 73 fracción XIII de la invocada ley permite concluir que tratándose de resoluciones judiciales, o de tribunales administrativos o del trabajo, basta que la ley que rige el acto determine la procedencia de algún recurso o medio de defensa, para que el afectado deba agotarlo en forma previa al ejercicio de la acción constitucional; de ahí que no sea atendible que la interposición del recurso ordinario o del medio de defensa respectivo suspenda o no la ejecución del acto reclamado, sino que invariablemente debe agotarse, para dar cumplimiento al principio de definitividad que determina la procedencia del juicio constitucional." En ese orden, para que se actualice la causa de improcedencia en análisis, es menester que se satisfagan los siguientes requisitos: a) Que el acto reclamado emane de una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. b) Que dicho acto pueda ser revisado de oficio o proceda en su contra algún recurso o medio de defensa legal. c) Que por virtud de esa revisión oficiosa, recurso o medio de defensa, el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o nulificado. d) Que puedan suspenderse sus efectos, sin exigir mayores requisitos que los señalados en la Ley de Amparo. A continuación, se abordará el estudio para determinar si previamente a la promoción del juicio de amparo contra actos que se rijan por el Código de Procedimientos Penales del Estado de México (abrogado pero aplicable), debe agotarse el recurso de revocación previsto en el artículo 404 del citado ordenamiento. Artículo 404. Son revocables por el órgano jurisdiccional los autos que haya dictado y contra los cuales no proceda el recurso de apelación, así como los que se dicten en segunda instancia antes de la sentencia. En atención al artículo transcrito se evidencia que contra del auto reclamado en la presente vía procede el recurso de revocación, de conformidad con lo establecido por el artículo 404 del Código de Procedimientos Penales del Estado de México (abrogado pero aplicable), pues el acto aquí reclamado es un acuerdo emitido dentro de la causa penal ****** del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Valle de Bravo, Estado de México, misma que se encuentra en etapa de instrucción, por medio del cual se negó su solicitud de llevar a cabo la diligencia de restitución provisional del inmueble materia de la litis, decretada en resolución incidental de ocho de marzo de dos mil diecinueve. Por tanto, al no ubicarse la parte quejosa en alguno de los supuestos de excepción al principio de definitividad, y al tener el carácter de ofendida en la causa de origen (parte), está obligada a agotar el recurso de revocación en contra del acto reclamado. De ahí que se estime que no se cumplió con el principio citado necesario para estar en aptitud de acudir ante la autoridad judicial de amparo para el estudio de la legalidad o ilegalidad del acto reclamado. Por tanto, procede desechar de plano la demanda intentada por la quejosa.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, cinco de octubre de dos mil veintiuno. Intégrese el escrito signado por el Juez en Materia Penal Adscrito al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Valle de Bravo, Estado de México, por medio del cual remite el informe y las constancias solicitadas en el proveído de veintiocho de septiembre pasado. Atento a ello, se reserva acordar lo conducente hasta en tanto la quejosa ********** desahogue la prevención formulada en el auto de referencia.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México, veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno. RADICACIÓN Y ANOTACIONES. Vista la demanda promovida por ************, con fundamento en el diverso numeral 112 de la legislación en comento, regístrese bajo el número 920/2021-IIB. PREVENCIÓN. Previo a acordar lo conducente respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, con fundamento en los artículos 108, fracciones IV y V, en relación con el diverso 114, fracción I, de la Ley de Amparo, requiérase a la promovente para que, dentro del plazo de cinco días, contados a partir de su legal notificación, cumpla con lo siguiente: Abunde bajo protesta de decir verdad, en los antecedentes del acto que por esta vía impugna y que dieron origen al mismo; esto es, narre de manera clara, concreta y cronológica los acontecimientos más relevantes suscitados en la causa penal 26/2012, que sirvan de sustento para poder evidenciar la situación actual de dicho sumario, incluso posteriores al ocho de septiembre de dos mil veintiuno, fecha de la emisión del acto que por ésta vía reclama; y, Deberá informar el estado procesal que a la fecha guarda la causa penal **/2012. Requerimientos que se efectúan, debido a que como está planteada la demanda no se está en condiciones de determinar la procedencia para estudiar el acto que tilda de inconstitucional. APERCIBIMIENTO. Se apercibe a la promovente que de no cumplir con lo requerido en el término señalado, con apoyo en el artículo 114, penúltimo párrafo, de la ley de la materia, se tendrá por no presentada la demanda de garantías. COPIAS PARA DESAHOGO. De cumplir el primero de los apercibimientos, de conformidad con el artículo 108, fracción I y 114 fracción III, de la Ley de Amparo, deberá exhibir las copias necesarias del ocurso en que desahogue la prevención de mérito, en términos de lo que establece el numeral 110 de dicha normatividad. REQUERIMIENTO DE CONSTANCIAS Con independencia de lo anterior, a fin de evitar dilaciones procesales, requiérase al Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Valle de Bravo, Estado de México, para que en el plazo de veinticuatro horas: Informe el estado procesal de la causa penal **/2012 de su índice; asimismo, comunique a éste juzgado, si la ofendida aquí quejosa Petra Chávez Mendoza ha interpuesto algún recurso en contra del auto de ocho de septiembre de dos mil veintiuno, dictado en la citada causa penal, adjuntado copia certificada de las constancias con las cuales sustente su dicho. Con el apercibimiento que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior, se le impondrá a la persona física que ostente el cargo de su titular una multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización, conforme a lo dispuesto en los ordinales 237, fracción I y 259 de la ley de la materia. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Conforme lo establecido por el numeral 26, fracción III, en relación con el 29, ambos de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la quejosa las listas que se fijan en los estrados de este Juzgado por así haberlo solicitado. Por otra parte, en relación a las personas que designa como autorizados; dígase que esto se avala en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. JUICIO EN LÍNEA (ACUERDO GENERAL 21/2020) Por otra parte, conforme a lo dispuesto por el artículo 22, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a la parte quejosa para que haga uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación para la tramitación del sumario mediante el esquema de juicio en línea. NOTIFICACIÓN ESPECIAL A LAS PARTES Asimismo, hágase del conocimiento de las partes que el instrumento que regirá la actividad de este órgano jurisdiccional hasta el treinta y uno de octubre de dos mil veintiuno o hasta que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal lo determine, será el Acuerdo General 9/2021. CORREO ELECTRÓNICO Y NÚMERO TELEFÓNICO Por otra parte, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tiene como "medio de comunicación alterno" (no procesal) el correo electrónico y teléfono proporcionado por la parte quejosa, a saber, joseluisremigio@yahoo.com.mx y 5518144879. CONSULTA FÍSICA DEL EXPEDIENTE Ahora, en caso de que alguna de las partes opte por revisar el presente asunto físicamente, indíquese que para ello, deberán cumplir con lo establecido en los artículos 3°, 4°, 5°, 6° y 7°, del capítulo II, del acuerdo general 21/2020; preceptos que en síntesis hacen referencia a la forma en que los justiciables, podrán acudir a los órganos jurisdiccionales a fin de desahogar cualquier clase de diligencias (desahogo de audiencias, comparecencias, revisión de expedientes como en el caso); sin embargo, para tal fin deberán generar su código QR y agendar la cita respectiva conforme a los lineamientos allí establecidos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHABILES. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles.

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