Petra Jacobo Correa

Expediente 716/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 15 actuaciones registradas, la última del 25 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
716/2018
Año
2018
Actuaciones
15
Última actuación
25/09/2018

Partes del expediente

  • Petra Jacobo Correa

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado de autos, se advierte que mediante oficio y anexos signado por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad (fojas 109 a 111), manifestó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la cual, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por auto de catorce de agosto del año que transcurre (foja 112), se dio vista a la parte quejosa con el referido oficio y anexos, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer expresión alguna, este juzgado de distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este juzgado federal procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: ***Así pues, mediante resolución dictada en el presente sumario de amparo el cinco de junio del año actual (fojas 58 a 80), se determinó por una parte sobreseer y, por otra, conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en los términos siguientes: En esa tesitura, se concede la protección de la Justicia de la Unión solicitada para los efectos de que: a) Los artículos 23, fracción VIII, así como 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, que prevén, respectivamente, el refrendo alcoholes y los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit, sean desincorporados de la esfera jurídica de la amparista, tanto en el presente como en el futuro. b) En consecuencia, el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit devuelva las contribuciones erogadas por el amparista con fundamento en las disposiciones anteriores en el comprobante de depósito de la institución bancaria Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, en la cuenta con referencia 29991, realizado el diez de abril de dos mil dieciocho, exceptuando algún descuento o estímulo que respecto de tal pago que se haya hecho al quejoso; asimismo, a la cantidad que deba entregarse se incluirá la actualización fiscal correspondiente. De lo anterior se colige, que el acto que debía realizar la autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaria de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, para cumplir con dicho fallo protector, es el siguiente: A) Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el numeral 23, fracción VIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho; esto es, en relación con los preceptos 11, 12 y 13 de la citada ley, para que las autoridades responsables no aplicaran en el presente y ni en el futuro, tales preceptos legales; y B) Devolver las contribuciones erogadas por la amparista en el comprobante de depósito de la institución bancaria Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, en la cuenta con referencia 29991, realizado el diez de abril de dos mil dieciocho, exceptuando algún descuento o estímulo que respecto de tal pago se haya hecho la quejosa; asimismo, tal cantidad deberá ser debidamente actualizada. Luego, a través del oficio y anexo presentado por la autoridad responsable Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas (fojas 109 a 111), informó a este juzgado federal la forma en que dio cumplimiento al fallo protector, pues de dicho comunicado se advierte que devolvió a la parte quejosa la cantidad de $5,425.79 (cinco mil cuatrocientos veinticinco pesos 79/100 moneda nacional) por medio de cheque el siete de agosto del presente año (foja 110), con motivo de la inconstitucionalidad de los artículos aplicados materia de reclamo y que la cantidad se encuentra debidamente actualizada. Se dice lo anterior, dado que si tenemos que al monto de $5,428.79 (cinco mil cuatrocientos veintiocho pesos 79/100 moneda nacional), se le resta la comisión bancaria de $3.00 (tres pesos 00/100, moneda nacional), nos da como resultado la cantidad de $5,425.79 (cinco mil cuatrocientos veinticinco pesos 79/100 moneda nacional), numerario que debía ser actualizado, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit. Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el diez de abril y el siete de agosto de dos mil dieciocho, la autoridad responsable devolvió las contribuciones reclamadas en su totalidad a través del cheque 0596; por lo que el periodo de actualización comprende del mes de marzo a junio del año que transcurre. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de junio de presente año entre el índice para el mes de marzo de dos mil dieciocho (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de marzo del presente año fue 131.987; y para el mes de junio 132.282. De la división de dichos factores se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.00223. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de $5,437.58 (cinco mil cuatrocientos treinta y siete pesos 58/100, moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $11.79 (once pesos 79/100, moneda nacional). En ese sentido, se advierte que la ejecutoria en análisis se encuentra cumplida en sus términos, pues la autoridad devolvió a la quejosa la cantidad total de $5,425.79 cinco mil cuatrocientos veinticinco pesos 79/100 moneda nacional). No pasa inadvertido que el monto que la autoridad responsable debía devolver a la quejoso era de $5,437.58 (cinco mil cuatrocientos treinta y siete pesos 58/100, moneda nacional); sin embargo, éste reintegró la diversa de $5,425.79 cinco mil cuatrocientos veinticinco pesos 79/100 moneda nacional), es decir, omitió reintegrar la cantidad de $11.79 (once pesos 79/100, moneda nacional), pero dicha cantidad no tiene relevancia económica para considerar que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, pues dada la magnitud de la diferencia a nada práctico conduciría reintegrarla. Lo anterior, en razón de que los gastos administrativos que realizarían tanto las autoridades responsables a fin de obtenerla, así como los que efectué el quejoso, a fin de entregar dicho monto, serían mayores al beneficio de reintegrar el numerario referido. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la ley de la materia, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos décimo primero, párrafo último y vigésimo segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Juzgado Federal determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de amparo por una parte se sobreseyó y, por otra, se concedió el amparo y protección de la justicia federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado de autos, se advierte que mediante oficio y anexos signado por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad (fojas 109 a 111), manifestó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la cual, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por auto de catorce de agosto del año que transcurre (foja 112), se dio vista a la parte quejosa con el referido oficio y anexos, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer expresión alguna, este juzgado de distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este juzgado federal procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: ***Así pues, mediante resolución dictada en el presente sumario de amparo el cinco de junio del año actual (fojas 58 a 80), se determinó por una parte sobreseer y, por otra, conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en los términos siguientes: En esa tesitura, se concede la protección de la Justicia de la Unión solicitada para los efectos de que: a) Los artículos 23, fracción VIII, así como 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, que prevén, respectivamente, el refrendo alcoholes y los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit, sean desincorporados de la esfera jurídica de la amparista, tanto en el presente como en el futuro. b) En consecuencia, el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit devuelva las contribuciones erogadas por el amparista con fundamento en las disposiciones anteriores en el comprobante de depósito de la institución bancaria Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, en la cuenta con referencia 29991, realizado el diez de abril de dos mil dieciocho, exceptuando algún descuento o estímulo que respecto de tal pago que se haya hecho al quejoso; asimismo, a la cantidad que deba entregarse se incluirá la actualización fiscal correspondiente. De lo anterior se colige, que el acto que debía realizar la autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaria de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, para cumplir con dicho fallo protector, es el siguiente: A) Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el numeral 23, fracción VIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho; esto es, en relación con los preceptos 11, 12 y 13 de la citada ley, para que las autoridades responsables no aplicaran en el presente y ni en el futuro, tales preceptos legales; y B) Devolver las contribuciones erogadas por la amparista en el comprobante de depósito de la institución bancaria Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, en la cuenta con referencia 29991, realizado el diez de abril de dos mil dieciocho, exceptuando algún descuento o estímulo que respecto de tal pago se haya hecho la quejosa; asimismo, tal cantidad deberá ser debidamente actualizada. Luego, a través del oficio y anexo presentado por la autoridad responsable Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas (fojas 109 a 111), informó a este juzgado federal la forma en que dio cumplimiento al fallo protector, pues de dicho comunicado se advierte que devolvió a la parte quejosa la cantidad de $5,425.79 (cinco mil cuatrocientos veinticinco pesos 79/100 moneda nacional) por medio de cheque el siete de agosto del presente año (foja 110), con motivo de la inconstitucionalidad de los artículos aplicados materia de reclamo y que la cantidad se encuentra debidamente actualizada. Se dice lo anterior, dado que si tenemos que al monto de $5,428.79 (cinco mil cuatrocientos veintiocho pesos 79/100 moneda nacional), se le resta la comisión bancaria de $3.00 (tres pesos 00/100, moneda nacional), nos da como resultado la cantidad de $5,425.79 (cinco mil cuatrocientos veinticinco pesos 79/100 moneda nacional), numerario que debía ser actualizado, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit. Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el diez de abril y el siete de agosto de dos mil dieciocho, la autoridad responsable devolvió las contribuciones reclamadas en su totalidad a través del cheque 0596; por lo que el periodo de actualización comprende del mes de marzo a junio del año que transcurre. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de junio de presente año entre el índice para el mes de marzo de dos mil dieciocho (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de marzo del presente año fue 131.987; y para el mes de junio 132.282. De la división de dichos factores se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.00223. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de $5,437.58 (cinco mil cuatrocientos treinta y siete pesos 58/100, moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $11.79 (once pesos 79/100, moneda nacional). En ese sentido, se advierte que la ejecutoria en análisis se encuentra cumplida en sus términos, pues la autoridad devolvió a la quejosa la cantidad total de $5,425.79 cinco mil cuatrocientos veinticinco pesos 79/100 moneda nacional). No pasa inadvertido que el monto que la autoridad responsable debía devolver a la quejoso era de $5,437.58 (cinco mil cuatrocientos treinta y siete pesos 58/100, moneda nacional); sin embargo, éste reintegró la diversa de $5,425.79 cinco mil cuatrocientos veinticinco pesos 79/100 moneda nacional), es decir, omitió reintegrar la cantidad de $11.79 (once pesos 79/100, moneda nacional), pero dicha cantidad no tiene relevancia económica para considerar que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, pues dada la magnitud de la diferencia a nada práctico conduciría reintegrarla. Lo anterior, en razón de que los gastos administrativos que realizarían tanto las autoridades responsables a fin de obtenerla, así como los que efectué el quejoso, a fin de entregar dicho monto, serían mayores al beneficio de reintegrar el numerario referido. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la ley de la materia, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos décimo primero, párrafo último y vigésimo segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Juzgado Federal determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de amparo por una parte se sobreseyó y, por otra, se concedió el amparo y protección de la justicia federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó. **

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, CATORCE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el oficio de cuenta presentado por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad y anexos que acompaña, mediante el cual informa el cumplimiento dado al fallo protector; consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con el referido oficio y anexos, para que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga, en relación con dicho cumplimiento, apercibida que de no hacer manifestación dentro del lapso concedido, este órgano jurisdiccional, con apoyo en la ejecutoria de mérito y demás elementos con que se cuenta en el presente juicio de amparo, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector, sin tomar en consideración las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea. En catorce de agosto de dos mil dieciocho, se da cuenta a la Juez con el oficio signado por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad y anexos que acompaña. Registro 21374.- CONSTE. TEPIC, NAYARIT, CATORCE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el oficio de cuenta presentado por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad y anexos que acompaña, mediante el cual informa el cumplimiento dado al fallo protector; consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con el referido oficio y anexos, para que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga, en relación con dicho cumplimiento, apercibida que de no hacer manifestación dentro del lapso concedido, este órgano jurisdiccional, con apoyo en la ejecutoria de mérito y demás elementos con que se cuenta en el presente juicio de amparo, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector, sin tomar en consideración las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante el secretario Josué Jesús Gaona Ortiz, que autoriza y da fe. Doy fe.- MIRG

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, SEIS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el oficio de cuenta signado por Delegada de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad y anexo que acompaña, a través del cual, en cumplimiento al proveído de diecinueve de julio de la presente anualidad (foja 102), en el que se le requirió a efecto de que diera cumplimiento a la sentencia dictada en el presente juicio; sin embargo, informa que se agotó la chequera con la que libera los pagos correspondientes para dar cumplimiento a las ejecutorias dictadas y a su vez, solicitó una nueva al banco Institución Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander (México), Sociedad Anónima, como lo justifica con la documental que exhibe; en consecuencia, para estar en condiciones de dar total cumplimiento al fallo protector, necesita una prórroga; por tanto, con fundamento en el artículo 193 de la Ley de Amparo, agréguense a sus autos el comunicado de mérito, para los efectos legales correspondientes En ese tenor, tal y como lo peticiona la autoridad oficiante de conformidad con el arábigo citado en el párrafo que antecede, se le concede una prórroga por el plazo de QUINCE DÍAS, contados a partir del día siguiente al en que quede hecha la notificación del presente proveído, a efecto de que la responsable de mérito, esté en condición de acatar la ejecutoria dictada en autos de manera cabal; en la inteligencia de que subsiste el apercibimiento de multa decretado mediante auto de veintinueve de junio del año que transcurre (fojas 96 y 97).

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