Petra Imelda García Morales

Expediente 653/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 11 actuaciones registradas, la última del 30 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
653/2018
Año
2018
Actuaciones
11
Última actuación
30/07/2018

Partes del expediente

  • Petra Imelda García Morales

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, TREINTA DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante oficio y anexos recibidos en este Juzgado Federal el veintiocho de junio del año en curso, el Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, con residencia en esta ciudad, informó el cumplimiento al fallo protector (fojas 67 a 69). En relación con lo anterior, por acuerdo de veintinueve de junio de dos mil dieciocho (foja 70), se dio vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que surtiera efectos la notificación respectiva manifestara lo que a su interés legal conviniera y se les apercibió que de no hacer manifestación alguna en dicho plazo, este Órgano Jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el precepto 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Así pues, mediante resolución dictada en el presente sumario de amparo el dieciocho de junio de dos mil dieciocho (fojas 58 a 62), se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclamó a las responsables, para los efectos siguientes: ".emitan la respuesta que corresponda congruente a la petición que les fue formulada de forma inmediata, en reparación de la violación al derecho de petición que tutela la Constitución Federal a favor de todo gobernado, en el entendido de que se encuentran en plenitud de jurisdicción de determinar lo que conforme a derecho corresponda, ya que esta resolución no tiene el alcance de obligarlas a pronunciarse en determinado sentido." Sentencia que por auto de doce de julio de dos mil dieciocho, causó ejecutoria (fojas 71). Empero anticipadamente, el Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, con residencia en esta ciudad, el veintiocho de junio del año en curso, emitió el acuerdo respectivo en relación con los escritos que le fueron presentados por la parte quejosa el ocho y quince de febrero del año en curso, siendo notificada por la responsable el cuatro de junio del presente año (fojas 67 a 69). Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la solicitante del amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de la materia vigente; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del arábigo 196 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En ese tenor, en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en su punto Vigésimo Primero, fracción I, del Capítulo Quinto, prevé que en los Juzgados de Distrito son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuentan con cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el dicho acuerdo; en ese sentido, se establece que el juicio en que se actúa, se ubica en la hipótesis prevista en el Capítulo Quinto, Apartado Vigésimo Primero, fracción IV, en virtud de que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, no existen documentos originales exhibidos por las partes y no se tramitó incidente de suspensión, aunado a que carece de relevancia documental, acorde a lo establecido en el ordinal 11 del citado Acuerdo; por lo tanto, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno que corresponda, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia dictada, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, TREINTA DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante oficio y anexos recibidos en este Juzgado Federal el veintiocho de junio del año en curso, el Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, con residencia en esta ciudad, informó el cumplimiento al fallo protector (fojas 67 a 69). En relación con lo anterior, por acuerdo de veintinueve de junio de dos mil dieciocho (foja 70), se dio vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que surtiera efectos la notificación respectiva manifestara lo que a su interés legal conviniera y se les apercibió que de no hacer manifestación alguna en dicho plazo, este Órgano Jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el precepto 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Así pues, mediante resolución dictada en el presente sumario de amparo el dieciocho de junio de dos mil dieciocho (fojas 58 a 62), se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclamó a las responsables, para los efectos siguientes: ".emitan la respuesta que corresponda congruente a la petición que les fue formulada de forma inmediata, en reparación de la violación al derecho de petición que tutela la Constitución Federal a favor de todo gobernado, en el entendido de que se encuentran en plenitud de jurisdicción de determinar lo que conforme a derecho corresponda, ya que esta resolución no tiene el alcance de obligarlas a pronunciarse en determinado sentido." Sentencia que por auto de doce de julio de dos mil dieciocho, causó ejecutoria (fojas 71). Empero anticipadamente, el Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, con residencia en esta ciudad, el veintiocho de junio del año en curso, emitió el acuerdo respectivo en relación con los escritos que le fueron presentados por la parte quejosa el ocho y quince de febrero del año en curso, siendo notificada por la responsable el cuatro de junio del presente año (fojas 67 a 69). Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la solicitante del amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de la materia vigente; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del arábigo 196 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En ese tenor, en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en su punto Vigésimo Primero, fracción I, del Capítulo Quinto, prevé que en los Juzgados de Distrito son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuentan con cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el dicho acuerdo; en ese sentido, se establece que el juicio en que se actúa, se ubica en la hipótesis prevista en el Capítulo Quinto, Apartado Vigésimo Primero, fracción IV, en virtud de que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, no existen documentos originales exhibidos por las partes y no se tramitó incidente de suspensión, aunado a que carece de relevancia documental, acorde a lo establecido en el ordinal 11 del citado Acuerdo; por lo tanto, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno que corresponda, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia dictada, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DOCE DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el comunicado de cuenta suscrito por el Delegado de las autoridades responsables denominadas Síndico, Secretario y Tesorero, todos del Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, a través del cual por las razones que expone manifiesta el impedimento que tiene para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; aunado a ello, solicita se requiera a la parte quejosa o a cualquiera de sus autorizados para que acuda antes las oficinas de la Tesorería de dicha municipalidad, en un horario de nueve a las quince horas de lunes a jueves, a entregar la documentación necesaria para determinar la validez de las transferencias bancarias a fin de estar en posibilidad de proceder a la expedición de los recibos oficiales correspondientes y dar cumplimiento a la concesión de amparo; en consecuencia, agréguese a los presentes autos el libelo de cuenta para los efectos legales correspondientes. Asimismo, hágase del conocimiento del promovente que el fin que se persigue en el presente caso es que se restituya el goce del derecho humano violado al disidente; por tanto, en estricto acatamiento a los efectos de la sentencia de amparo, la responsable ejecutora Tesorero del Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, deberá restituir la cantidad erogada con motivo de los preceptos declarados inconstitucionales; esto es, se encuentra obligada a realizar las gestiones necesarias para dar debido cumplimiento a la sentencia concesoria de amparo. Máxime que, en ejecutoria de cuatro de septiembre de dos mil quince, dictada en los autos del recurso de inconformidad número 18/2015, el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, determinó, entre otras cosas, que la autoridad recaudadora es la encargada de llevar a cabo la devolución del monto equivalente a la contribución fiscal reclamada en el juicio; por tanto, en atención a ésta, debe: a) Devolver a la parte quejosa la cantidad establecida en la sentencia amparadora; b) Poner a su disposición el numerario a entregar y c) Notificarle que ha quedado a su disposición la cantidad respectiva para que desde ese momento esté en aptitud de recibirla. Por tanto, con fundamento en los numerales 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase al ente responsable de referencia, para que dentro del plazo de CINCO DÍAS, contados a partir de su notificación, dé cumplimiento total al fallo protector concedido en autos, esto es, acredite haber devuelto la cantidad total que la quejosas pagó el trece de mayo de dos mil dieciséis, en los términos precisados en la sentencia pronunciada el tres de noviembre de dos mil dieciséis (fojas 630 a 665), misma que se emitió en los términos siguientes: ".que vuelvan las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación de garantías, en virtud de que las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones y Predios Urbanos y Rústicos para el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, las cuales son el factor para calcular la base del tributo en análisis, violan el principio de proporcionalidad tributaria. Ello, porque la base del impuesto no refleja el valor comercial o de mercado de los inmuebles; por ello, el efecto de la declaratoria de inconstitucionalidad consiste en que, la Tesorería Municipal del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, devuelva la cantidad total que la quejosa pagó el trece de mayo de dos mil dieciséis, (correspondiente a los ejercicios fiscales dos mil catorce y dos mil quince), por concepto de impuesto predial respecto del predio con cuenta predial U038495, con clave catastral 20-041-01-003-025-000, ubicado en el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, por constituir el primer acto de aplicación en perjuicio de la disposición tildada de inconstitucional, la que deberá ser debidamente actualizada como si se tratara del pago de lo indebido; a excepción, de las actualizaciones, actualizaciones de rezago, recargos, recargos de rezago o bien, por diversos impuestos no reclamados en el juicio que nos ocupa, en caso de existir. Por ende, los efectos de la protección constitucional abarcan en lo presente y en lo futuro, mientras no sea modificada la mecánica del tributo. [.] Asimismo, dicha concesión comprende a las autoridades denominadas Presidente Municipal, Síndico, Secretario, Tesorero y Jefe del Departamento de Catastro Municipal del VIII Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, quienes participaron en la elaboración y autorización de las tablas declaradas inconstitucionales dentro del presente juicio de garantías.". Apercibida que de no hacerlo con causa justificada, se le impondrán los apercibimientos decretados en autos.

  4. Principal

    Abierta la audiencia. El secretario da lectura de la demanda de amparo (fojas 14-21), del informe justificado rendido por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Unitario Agrario Distrito Cincuenta y Seis, con residencia en esta ciudad, en sustitución del magistrado responsable (fojas 130-132) y de las demás constancias que obran en los presentes autos. A lo que la juez determina. Téngase por hecha la relación de constancias que antecede para los efectos legales conducentes; asimismo, se tienen por emplazados a los terceros interesados Cornelia Rubí Jaimes, Enrique Lorenzana Rubí, Genaro Parra Covarrubias, así como a la Asamblea General de Ejidatarios del núcleo de población ejidal de Sayulita, Nayarit, por conducto de su Comisariado Ejidal (presidente, secretario y tesorero), respectivamente (fojas 139, 142, 145, 184, 187, 330-331). En el periodo de pruebas. El secretario da cuenta a la juez con la documental que la parte quejosa adjuntó a su escrito de demanda, así como con las diversas documentales ofrecidas por la tercera interesada Cornelia Rubí Jaimes; y, con la remitida la autoridad responsable, en apoyo a su informe con justificación, consistente en la copia certificada del juicio agrario 674/2004 de su índice. A lo que la juez provee. Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas, admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las probanzas referidas por las partes procesales citadas, las cuales serán tomada en consideración al momento de resolver el presente juicio de amparo. En el periodo de alegatos. El secretario da cuenta con los vertidos por los terceros interesados Cornelia Rubí Jaimes y Genaro Parra Covarrubias, respectivamente (fojas 193-195, 206-211, 226-228). A lo que la titular determina: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por realizadas las manifestaciones de los terceros interesados referidos y se da por concluida la presente etapa, por lo que al encontrarse debidamente integrado el expediente y no habiendo diligencia pendiente por desahogar, se levanta la presente acta en términos del referido numeral 124 de la ley de la materia, firmando los que en ella intervinieron y se declaran vistos los autos para dictar sentencia. DOY FE. LA JUEZ LIC. ISAURA ROMERO MENA EL SECRETARIO LIC. JOSUÉ JESÚS GAONA ORTIZ. Josué

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