Petra Bustamante Méndez

Expediente 476/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
476/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
18/05/2017

Partes del expediente

  • Petra Bustamante Méndez

Actuaciones

  1. Principal

    MESA IV-B "... Vistos los autos y la certificación que antecede; se advierte que, en la especie, mediante proveído de veintiocho de abril del presente año (fojas 25 a 28), se desechó la demanda de garantías promovida, el cual se notificó a la parte promovente el nueve de mayo del presente año (foja 34); como esa determinación no fue recurrida por la parte legitimada para hacerlo, a través del recurso de queja y dentro del término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo; con fundamento en el normativo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por reenvío del numeral 2° de la Ley citada, se declara que dicho auto ha causado estado. Por tanto, archívese el presente asunto como concluido, el cual se estima carece de relevancia documental; por lo que transcurridos más de seis meses, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a su destrucción, ello de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Hágase las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo..."

  2. Principal

    MESA IV-B "... Vista la razón suscrita por la Actuaria adscrita a este Juzgado, donde manifiesta las razones que le impidieron llevar a cabo la notificación personal a la parte quejosa del proveído de veintiocho de abril del año en curso, en consecuencia, hasta en tanto la parte quejosa no señale nuevo domicilio... hágase la correspondiente notificación a la parte quejosa, así como las subsecuentes, mediante lista de acuerdos..."

  3. Principal

    MESA IV-B "... Vista la demanda de amparo promovida por PETRA BUSTAMANTE MÉNDEZ, contra actos del Secretario de Vialidad y Transporte del Estado de Oaxaca, con sede en Oaxaca de Juárez. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el juicio de amparo indirecto 476/2017. Ahora bien, con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, procede examinar si en el caso existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En el caso, la quejosa reclama la falta de contestación al escrito de petición de fecha trece de marzo de dos mil diecisiete y recibido el dieciséis del mismo mes y año, con número de folio 1703556, en la Secretaría de Vialidad y Transporte; ocurso donde solicitó la implementación de operativos que atiendan la ilegal invasión de las áreas de trabajo y ruta del sitio Soledad Asociación Civil, de la población de Bajos Chila Mixtepec, Juquila, Oaxaca, la infracción o en su caso la detención y puesta a disposición de la autoridad competente, coordinarse ante la autoridad municipal correspondiente a efecto de resolver la problemática planteada, intervención oportuna, así como audiencia con la responsable para tratar el asunto que se menciona; petición efectuada por el Presidente, Secretario y Tesorera de la Mesa Directiva del Sitio Soledad Asociación Civil, de la población de Bajos Chila Mixtepec, Juquila, Oaxaca. Ahora bien, se estima que contra dicho acto se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos preceptos legales 5° fracción I, 6°, del mismo cuerpo de leyes, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley (.)" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. "Artículo 6°. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta ley lo permita." De los transcritos preceptos legales, se advierte lo siguiente: a) El juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte de la persona a quien afecte la norma general o el acto reclamado. b) El juicio de amparo se puede promover directamente por la parte afectada, por su representante, y por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal. Conforme al contenido de las anteriores hipótesis normativas, se aprecia que la legislación reguló en el artículo 6º, tanto la legitimación activa en la causa, como la legitimación activa en el proceso, e incluso la personalidad. La legitimación procesal deriva de las normas que establecen quiénes pueden ser partes en un proceso, esto es, por legitimación procesal activa se entiende la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio o de una instancia. A esta legitimación se le conoce con el nombre de en el proceso y se produce cuando el derecho que se cuestionará en el juicio, es ejercitado por quien conforme a derecho está en aptitud para hacerlo valer, o bien, porque cuenta con la representación legal de dicho titular, por ende, los sujetos legitimados son aquéllos que en el proceso pueden asumir la figura de actores del derecho de contradicción. En tanto, que la legitimación en la causa se identifica con la vinculación de quien invoca un derecho sustantivo que la ley establece en su favor, y que hace valer mediante la intervención de los órganos jurisdiccionales cuando ese derecho es violado o desconocido; es decir, es la afirmación que hace el actor, el quejoso, el demandado o el tercerista, de la existencia de un derecho sustantivo, cuya aplicación y respeto pide al órgano de justicia, por encontrarse frente a un estado lesivo. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA. CONCEPTO. Por legitimación procesal activa se entiende la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio o de una instancia. A esta legitimación se le conoce con el nombre de ad procesum y se produce cuando el derecho que se cuestionará en el juicio es ejercitado en el proceso por quien tiene aptitud para hacerlo valer, a diferencia de la legitimación ad causam que implica tener la titularidad de ese derecho cuestionado en el juicio. La legitimación en el proceso se produce cuando la acción es ejercitada en el juicio por aquel que tiene aptitud para hacer valer el derecho que se cuestionará, bien porque se ostente como titular de ese derecho o bien porque cuente con la representación legal de dicho titular. La legitimación ad procesum es requisito para la procedencia del juicio, mientras que la ad causam, lo es para que se pronuncie sentencia favorable." (Jurisprudencia 2a./J. 75/97, publicada en la página 351, Tomo VII, Enero de 1998, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 196956, De lo antes señalado, se advierte que, la legitimación en el proceso, es un presupuesto procesal, pues se refiere a la capacidad de las partes para ejecutar válidamente actos procesales y, por tanto, es condición para la validez formal del juicio. En este orden de ideas, la hipótesis normativa prevista en el artículo 6º de la Ley de Amparo, relativa a que el juicio de amparo se puede promover directamente por la parte afectada, por su representante, y por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, adopta el concepto de la legitimación procesal activa, pues ya se dijo que esta última consiste en una potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación de un juicio; y en el juicio de amparo, tal potestad legal corresponde desde luego a la parte directamente afectada, a los representantes legales del quejoso, al defensor cuando el acto reclamado deriva de un procedimiento penal, y a cualquier persona en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. Asimismo, permite establecer que el juicio de amparo indirecto no puede promoverse por persona distinta de aquella a quien perjudique el acto reclamado, o que no sea su representante legal o su defensor, si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal o que no se ubique en el supuesto del artículo 15 de la Ley de Amparo. En el caso, la promovente Petra Bustamante Méndez, manifiesta ser concesionaria del servicio público de alquiler de taxi en la población de Bajos de Chila Mixtepec, Juquila, Oaxaca y pertenecer como socio al sitio Soledad, Asociación Civil. Ahora, se duele de la falta de contestación al escrito de petición de fecha trece de marzo de dos mil diecisiete y recibido el dieciséis del mismo mes y año, con número de folio 1703556, por parte de la responsable Secretaría de Vialidad y Transporte; petición efectuada por el Presidente, Secretario y Tesorera de la Mesa Directiva del Sitio Soledad Asociación Civil, de la población de Bajos Chila Mixtepec, Juquila, Oaxaca. Sin embargo, si la demanda de amparo que dio origen a este juicio la presentó la quejosa por propio derecho, resulta claro no estaba legitimada para promover ni aun como socio de la Asociación que dice pertenecer, pues la petición que reclama la efectuó el Presidente, Secretario y Tesorera de la Mesa Directiva del Sitio Soledad Asociación Civil, de la población de Bajos Chila Mixtepec, Juquila, Oaxaca, quienes son los legalmente facultados para reclamar en esta vía la falta de respuesta a su escrito. Así las cosas, no es dable reconocer a la ocursante legitimación procesal para instaurar la presente demanda de amparo por su propio derecho. Sirve por identidad jurídica la jurisprudencia siguiente: "AMPARO INDIRECTO EN MATERIA MERCANTIL. EL AUTORIZADO POR LAS PARTES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1069, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, NO ESTÁ FACULTADO PARA PROMOVERLO A NOMBRE DE SU AUTORIZANTE. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo en la tesis de jurisprudencia de rubro: "AMPARO DIRECTO EN MATERIA MERCANTIL. EL AUTORIZADO POR LAS PARTES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1069, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, NO ESTÁ FACULTADO PARA PROMOVER AQUEL JUICIO A NOMBRE DE SU AUTORIZANTE.", que para formular la demanda de amparo es necesario que la petición provenga de quienes figuran como quejosos (o sus representantes legales o apoderados), pues al ser los titulares de la acción, son los únicos legitimados para decidir qué actos son los que les ocasionan perjuicio y de qué forma se lesionan sus garantías individuales o derechos humanos, conforme al principio de instancia de parte agraviada que rige en el juicio de amparo, acorde con los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4o. de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, y 5o., fracción I, y 6o. de la Ley de Amparo vigente desde el 3 del mismo mes y año; de ahí que el quejoso no pueda sustituirse por un autorizado designado en los términos amplios que prevé el artículo 1069, párrafo tercero, del Código de Comercio, porque incluso de los artículos 13 de la Ley de Amparo abrogada y 11 de la vigente, se advierte que dicha autorización surte efectos sólo para atender procesalmente el juicio mercantil de origen. Tales consideraciones sustanciales que fueron analizadas desde la perspectiva del trámite del juicio de amparo directo, al resolver la contradicción de tesis 135/2013, resultan de aplicación extensiva, en lo conducente, al caso del juicio de amparo indirecto, ya que en relación con la personalidad de quien promueve el juicio constitucional, la legislación de la materia establece reglas generales que permiten utilizar la solución de aquella contradicción. En consecuencia, en el amparo indirecto en materia mercantil, la demanda debe provenir directamente de quien figura como quejoso o de su representante legal o apoderado, calidades que no se surten respecto del autorizado conforme al artículo 1069, párrafo tercero, del Código de Comercio." (Jurisprudencia 1a./J. 108/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, página 327, Décima Época, registro ius 2005035). En esas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos preceptos legales 5° fracción I, 6°, del mismo cuerpo de leyes, se desecha de plano la demanda de amparo. No pasa inadvertido para este juzgador que en la demanda de amparo la quejosa no firma sino huella digital, lo que daría pauta a requerir su ratificación, sin embargo, dado el sentido de la determinación a ningún fin practico conduciría requerir, en virtud de que prevalecería el mismo sentido. Se tiene como domicilio de la parte peticionaria de amparo, para oír y recibir notificaciones, el que indica; y por autorizados en los términos que refiere, a María Cricelda Vásquez Antonio, Rogelio Soto Manuel y Luis Joaquín Carreño Ríos. De conformidad con el numeral 21, párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. Finalmente, con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, con apoyo en el precepto 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, mismo que entró en vigor el cinco de abril de dos mil cuatro, hágaseles saber el derecho que tienen para oponerse a la publicación de sus datos personales, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo; en el entendido de que la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos, tomando en cuenta, si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en el artículo 13, fracción IV de la ley antes citada; de ser así, a la versión pública de la sentencia ejecutoria, de las demás resoluciones públicas y, en su caso, de los documentos contenidos en el expediente que no sean reservados o confidenciales, se suprimirán los datos personales de las partes, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional respectivo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE..." (SE NOTIFICA POR ESTRADOS AL QUEJOSO, EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE 08 DE MAYO DE 2017. CONSTE.)

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