Petra Azamar Hernandez

Expediente 225/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 26 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
225/2020
Año
2020
Actuaciones
26
Última actuación
16/11/2021

Partes del expediente

  • Petra Azamar Hernandez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 26.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos y certificación de cuenta se aprecia que el plazo de tres días concedido a la parte quejosa, para que se manifestara respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, trascurrió en su integridad, en consecuencia, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo de la Ley de Amparo vigente, procede a resolver, de oficio, si de acuerdo con las constancias que existen en el sumario, dicha ejecutoria se encuentra o no cumplida. En el caso, mediante sentencia de treinta de noviembre de dos mil veinte, donde se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Petra Azamar Hernández, para que la autoridad responsable Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado, con sede en Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca, realizara lo siguiente: 1. Requerir a la parte condenada (ejecutor de gasto), para que en el plazo de quince días cubra el monto de la obligación derivada del laudo con cargo a su presupuesto. 2. Vencido dicho plazo, sin respuesta del ejecutor de gasto; la junta debe requerir a la condenada para que en tres días justifique que su presupuesto de egresos carece de partida para el pago de laudos o que la partida respectiva se agotó, previa demostración del monto de la partida y el destino del numerario; con apercibimiento que de no hacerlo, se ordenará a la Auditoría Superior del Estado para que imponga la sanción que corresponda en términos de los artículos 86 y 87 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 3. Hecha la justificación anterior; la junta deberá requerir al condenado para que en el plazo de tres días realice la adecuación presupuestaria necesaria para el pago del laudo, sin afectar el cumplimiento de los programas prioritarios aprobados en el Presupuesto de Egresos. 4. Vencido dicho plazo, sin respuesta del ejecutor de gasto; la junta debe requerir a la condenada para que en tres días justifique la imposibilidad para realizar la adecuación presupuestaria; con apercibimiento que de no hacerlo, se ordenará a la Auditoría Superior del Estado para que imponga la sanción que corresponda en términos de los artículos 86 y 87 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 5. Hecha la justificación anterior; la junta requerirá al ejecutor de gasto para que en el plazo de tres días, presente un programa de cumplimiento de pago, sin afectar los objetivos y metas de los programas prioritarios; sin perjuicio de que el resto de la obligación sea pagado en ejercicios fiscales subsecuentes conforme a dicho programa. 6. Vencido dicho plazo, sin respuesta del ejecutor de gasto; la junta debe requerir a la condenada para que en tres días justifique la imposibilidad para presentar el programa de cumplimiento de pago; con apercibimiento que de no hacerlo, se ordenará a la Auditoría Superior del Estado para que imponga la sanción que corresponda en términos de los artículos 86 y 87 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 7. Hecha la justificación anterior; la junta deberá requerir al Titular del Poder Ejecutivo, para que se solicite a la Legislatura del Estado, la expedición de un decreto especial que autorice la erogación para el siguiente ejercicio fiscal. El diecisiete de diciembre de dos mil veinte, causó ejecutoria la sentencia y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable. 1) Por oficio remitido por la autoridad responsable Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado, con sede en Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca, acordado el trece de enero de dos mil veintiuno, informó que el deudor Ayuntamiento Municipal de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca y la quejosa Petra Azamar Hernández, celebraron un convenio de pago del laudo del expediente laboral 253/2011, aprobado en audiencia de quince de diciembre de dos mil veinte, donde convinieron en que el Municipio deudor realizar un pago mensual por la cantidad de treinta y ocho mil doscientos noventa y cinco 08/100 M.N (38,295.08); por doce meses. 2) Por oficio y anexos, acordados el veintiséis de abril de dos mil veintiuno, la junta responsable informó que el demandado Ayuntamiento Municipal de San Juan Bautista Tuxtepec, exhibió copia certificada de la entrega de cheques a favor de la actora aquí quejosa Petra Azamar Hernández, correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre de dos mil veinte, enero, febrero y marzo de dos mil veintiuno, cada uno por la cantidad de treinta y ocho mil doscientos noventa y cinco 08/100 M.N (38,295.08); se le tuvo cumpliendo con las mensualidades primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta. 3) Por oficio y anexos acordados en proveído de dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, la junta responsable, informó y acreditó que el Ayuntamiento deudor entregó a favor de la actora aquí quejosa Petra Azamar Hernández, un cheque correspondiente al mes de abril de dos mil veintiuno, por la cantidad de treinta y ocho mil doscientos noventa y cinco 08/100 M.N (38,295.08), cumplió con la séptima mensualidad. 4) Por oficio y anexos acordados en proveído de treinta de junio de dos mil veintiuno, la junta responsable, informó y acreditó que el Ayuntamiento deudor, entregó a favor de la actora aquí quejosa Petra Azamar Hernández, un cheque correspondiente al mes de mayo de dos mil veintiuno, por la cantidad de treinta y ocho mil doscientos noventa y cinco 08/100 M.N (38,295.08), cumplió con la octava mensualidad. 5) Por oficio y anexos acordados en proveído de veinte de julio de dos mil veintiuno, la junta responsable, informó y acreditó que el Ayuntamiento deudor, entregó a favor de la actora aquí quejosa Petra Azamar Hernández, un cheque correspondiente al mes de junio de dos mil veintiuno, por la cantidad de treinta y ocho mil doscientos noventa y cinco 08/100 M.N (38,295.08), cumplió con la novena mensualidad. 6) Por oficio y anexos acordados en proveído de nueve de agosto de dos mil veintiuno, la junta responsable, informó y acreditó que el Ayuntamiento deudor, entregó a favor de la actora aquí quejosa Petra Azamar Hernández, un cheque correspondiente al mes de julio de dos mil veintiuno, por la cantidad de treinta y ocho mil doscientos noventa y cinco 08/100 M.N (38,295.08), cumplió con la décima mensualidad. 7) Por oficio y anexos acordados en proveído de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, la junta responsable, informó y acreditó que el Ayuntamiento deudor, entregó a favor de la actora aquí quejosa Petra Azamar Hernández, los cheques correspondiente a los meses de agosto y septiembre de dos mil veintiuno, por la cantidad de treinta y ocho mil doscientos noventa y cinco 08/100 M.N (38,295.08), cumplió con la decimoprimera y decimosegunda mensualidad, completando las doce mensualidades, como se acordó en el convenio celebrado entre las partes actora y demandada, aprobado en audiencia de quince de diciembre de dos mil veinte, por la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado, con sede en Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca. Documentos con los cuales se dio vista a la parte quejosa en proveído veintisiete de octubre de dos mil de dos mil veintiuno. En consecuencia, la comparación de los efectos contenidos en la ejecutoria de amparo con el cumplimiento que realizó la responsable, revela que se cumplió en su totalidad con dicha ejecutoria sin excesos ni defectos. Por ende, con fundamento en el artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo vigente, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo. El suscrito se encuentra facultado para analizar el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, de conformidad con la jurisprudencia siguiente: CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. EL SECRETARIO ENCARGADO DEL DESPACHO DEL JUZGADO DE DISTRITO POR VACACIONES DEL TITULAR, ESTÁ FACULTADO PARA PRONUNCIARSE SOBRE EL ACATAMIENTO DE LA EJECUTORIA PROTECTORA, POR SU CARÁCTER URGENTE. Hechos: Uno de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, al analizar si el pronunciamiento sobre el cumplimiento de una sentencia de amparo puede estimarse como un auto de trámite o una resolución de carácter urgente y, en consecuencia, si el secretario encargado del despacho del Juzgado de Distrito por vacaciones de su titular está facultado para decidir sobre el particular, sostuvo que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43 y 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dicho secretario está facultado para pronunciarse sobre el cumplimiento de las sentencias que conceden la protección de la Justicia Federal, habida cuenta que de los artículos 192, 193 y 196 de la Ley de Amparo se desprende que el juzgador debe dictar las medidas necesarias para que tales ejecutorias se cumplimenten a la brevedad para resarcir el quebranto al orden público derivado de los actos declarados inconstitucionales, de lo que se sigue que el pronunciamiento sobre su debido acatamiento constituye una resolución de carácter urgente; en cambio, el otro tribunal contendiente determinó que atendiendo a lo previsto en los preceptos legales en cita, la declaratoria de cumplimiento o incumplimiento de una ejecutoria de amparo no puede estimarse como un acuerdo de trámite, dado que puede derivar en la imposición de una multa a las autoridades responsables e incluso en su destitución y consignación, ni tampoco como una resolución urgente, tan es así que es legalmente factible ampliar el plazo concedido inicialmente a las responsables para acreditar su acatamiento, de lo que se sigue que el secretario encargado del juzgado por vacaciones del titular carece de atribuciones para resolver al respecto. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el secretario encargado del despacho del Juzgado de Distrito por vacaciones del titular está facultado para pronunciarse sobre el cumplimiento de las sentencias de amparo, en tanto es menester que al concluir el plazo concedido a las autoridades responsables para demostrar su acatamiento o al fenecer el plazo de la vista otorgada a la parte quejosa y a la parte tercero interesada con las constancias relativas, se determine si los deberes impuestos en el fallo protector se encuentran satisfechos para, en su caso, dictar las medidas necesarias para conseguirlo, máxime que la urgencia de la decisión no radica exclusivamente en los posibles daños que se podrían ocasionar al agraviado en caso de que la sentencia no se ejecute de inmediato, sino también en lograr el objetivo del juicio de amparo, el cual estriba en restituir al quejoso en el goce del derecho fundamental violado a la brevedad posible, a fin de evitar que el retraso en la ejecución de la decisión torne nugatoria la protección de la Justicia Federal. Justificación: En el dictamen a la iniciativa de la Ley de Amparo en vigor, se precisó que la ejecución de las sentencias que conceden la protección de la Justicia Federal constituye una parte toral del juicio de amparo, en tanto que su objetivo es restituir al quejoso en el pleno goce del derecho vulnerado con el acto declarado inconstitucional; por tal razón se estimó necesario implementar medidas que permitan lograr su eficaz y oportuno cumplimiento, habida cuenta que las dilaciones o fallas en su ejecución podrían anular sus efectos restitutorios. Lo que se corrobora al tener en cuenta que el derecho de acceso a la justicia que se tutela en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conlleva para los órganos jurisdiccionales el deber de garantizar la efectividad de los recursos y los medios de defensa, lo que de suyo implica asegurar la debida ejecución de sus decisiones sin dilaciones indebidas o innecesarias. En efecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostiene que de acuerdo con el principio de efectividad de los recursos o medios de defensa previsto en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios, lo que puede ocurrir, por ejemplo, al verificarse cualquier situación que configure un cuadro de denegación de justicia, como sucede cuando se incurre en retardo injustificado en la decisión, o en la ejecución de la misma. Incluso, el artículo 25, numeral 2, inciso c), de la Convención establece la obligación del Estado de garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso, lo que significa que la responsabilidad estatal no termina cuando las autoridades competentes emiten la decisión o sentencia porque se requiere, además, que el Estado garantice los medios para ejecutar dichas decisiones definitivas. Luego, es claro que en tratándose del juicio de amparo, es indispensable que la ejecución de la reparación al derecho violado, esto es, el cumplimiento del fallo protector, se realice sin dilaciones indebidas o injustificadas, pues de lo contrario se tornaría ilusorio y lo dotaría de ineficacia, en detrimento del acceso a la tutela jurisdiccional efectiva.( Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital: 2023104, Instancia: Segunda Sala, Undécima Época, Materias(s): Común, Tesis: 2a./J. 22/2021 (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 1, Mayo de 2021, Tomo II, página 1891, Tipo: Jurisprudencia) Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como concluido, el cual se estima carece de relevancia documental; por lo que éste expediente, será conservado en el archivo de este órgano jurisdiccional durante tres años y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su depuración correspondiente, ello de conformidad con el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Hágase las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes y en el libro de Gobierno respectivo. NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese los oficio y anexos de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado, donde en relación al cumplimiento del fallo protector del presente juicio de garantías, en el expediente laboral ********************; informa y acredita que el demandado Ayuntamiento Municipal de San Juan Bautista Tuxtepec, entregó a favor de la actora aquí quejosa ******************** dos cheques correspondiente los meses de agosto y septiembre de dos mil veintiuno, por la cantidad de treinta y ocho mil doscientos noventa y cinco 08/100 M.N (38,295.08), cada uno, correspondientes a las mensualidades once y doce; de acuerdo al convenio, aprobado en audiencia de quince de diciembre de dos mil veinte, donde se precisó el cumplimiento del laudo en doce mensualidades de treinta y ocho mil doscientos noventa y cinco 08/100 M.N (38,295.08) cada una, las cuales ya se cumplieron, por lo que la junta responsable tuvo por cumplido el laudo y archivó el asunto como concluido. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa por el plazo de tres días, con las constancias de cuenta, en el entendido que deberá correrse traslado con dicha constancia que se anexa y así asentarse expresamente en la notificación respectiva, y una vez transcurrido dicho plazo, díctese acuerdo respecto del cumplimiento de la ejecutoria de amparo, como lo dispone dicho artículo. NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY. Lo provee y firma electrónicamente, el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca Fidel Gallegos Figueroa, con el Secretario, Marcos Rodrigo Sánchez Díaz, quien autoriza y da fe.EGS

  3. Principal

    MESA I A "... Agréguese el oficio de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado, donde comunica en relación al cumplimiento del fallo protector del presente juicio de garantías, en el expediente laboral 253/2011; mediante el cual informa que: 1) impuso multa al perdidoso Ayuntamiento Municipal de San Juan Bautista Tuxtepec, por la cantidad $8,962.00 M. N. (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos, cero centavos, moneda nacional), por no acreditar haber realizado los pagos correspondientes a los meses de agosto y septiembre de dos mil veintiuno, cada uno por la cantidad de treinta y ocho mil doscientos noventa y cinco 08/100 M.N (38,295.08); de acuerdo al convenio, aprobado en audiencia de quince de diciembre de dos mil veinte; 2) requirió nuevamente al demandado Ayuntamiento Municipal de San Juan Bautista Tuxtepec, el pago correspondiente a los meses de agosto y septiembre de dos mil veintiuno, cada uno por la cantidad de treinta y ocho mil doscientos noventa y cinco 08/100 M.N (38,295.08); en consecuencia se tiene a la junta responsable en vía de cumplimiento. Ahora bien, con independencia de lo anterior, en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la junta responsable para que dentro del plazo de tres días siguientes a la legal notificación del presente auto; 1) exhiba las constancias de donde acredite las gestiones realizadas ante la autoridad recaudadora a fin de hacer efectivo el cobro de la multa impuesta ayuntamiento deudor, y se cumpla con el objetivo del medio de apremio impuesto; 2) remita las constancias de notificación del requerimiento realizado Ayuntamiento Municipal de San Juan Bautista Tuxtepec; asimismo, una vez que el citado Ayuntamiento realice los pagos correspondientes a las mensualidades de agosto y septiembre dos mil veintiuno, lo informe a este órgano jurisdiccional, debiendo acreditarlo con las documentales correspondiente; o bien una vez trascurridos los plazos otorgados para cubrirlos, le haga efectivo el apercibimiento de multa con la que le conminó al citado ayuntamiento perdidoso. Apercibida que de no cumplir o informar el impedimento legal que tenga para ello, con fundamento en el artículo 192 citado, en relación con el diverso 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de cien días calculados al valor inicial diario de la unidad de medida y de actualización (UMA), que asciende a un monto de OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS, CERO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL ($8,962.00 M. N.)."

  4. Principal

    MESA I A "... Agréguese el oficio y anexos de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado, donde comunica en relación al cumplimiento del fallo protector del presente juicio de garantías, en el expediente laboral 253/2011; mediante los cuales informa y acredita que requirió al demandado Ayuntamiento Municipal de San Juan Bautista Tuxtepec, los pagos correspondientes a los meses de agosto y septiembre de dos mil veintiuno, cada uno por la cantidad de treinta y ocho mil doscientos noventa y cinco 08/100 M.N (38,295.08); de acuerdo al convenio, aprobado en audiencia de quince de diciembre de dos mil veinte; en consecuencia se tiene a la junta responsable en vía de cumplimiento. Ahora bien, con independencia de lo anterior, en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la junta responsable para que dentro del plazo de tres días siguientes a la legal notificación del presente auto, informe si el Ayuntamiento realizó los pagos correspondientes a las mensualidades de agosto y septiembre dos mil veintiuno, lo informe a este órgano jurisdiccional, debiendo acreditarlo con las documentales correspondiente; o bien una vez trascurridos los plazos otorgados para cubrirlos, le haga efectivos los medios de apremio respectivos, lo cual deberá comunicar a este Juzgado. Apercibida que de no cumplir o informar el impedimento legal que tenga para ello, con fundamento en el artículo 192 citado, en relación con el diverso 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de cien días calculados al valor inicial diario de la unidad de medida y de actualización (UMA), que asciende a un monto de OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS, CERO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL ($8,962.00 M. N.). Asimismo, se continuará con el trámite previsto en el numeral 192, párrafo segundo, citado, esto es, la apertura del incidente de inejecución de sentencia y remisión de los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, para que, de estimarlo necesario, provean sobre la separación inmediata de su respectivo cargo y su consignación al Juez de Distrito que corresponda; por desobediencia a un mandato legítimo de la autoridad, en términos del normativo 267, fracción I, de la Ley de Amparo..."

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