Pedro Villarreal Salas
Expediente 861/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 861/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 22/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Pedro Villarreal Salas
Actuaciones
- Principal
Visto el oficio 14014/2021, enviado vía juicio en línea y firmado electrónicamente por el Actuario Judicial del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosegundo Circuito, con sede en esta ciudad, por medio del cual informa la ADMISIÓN DEL RECURSO DE QUEJA interpuesto por ********************, por su propio derecho, en contra del auto de cinco de noviembre de dos mil veintiuno, pronunciado en el juicio de amparo en que se provee; memorial que en atención a su contenido se ordena agregar en autos para los efectos legales conducentes.
- Principal
Téngase recibido el escrito signado por el peticionario de garantías Pedro Villarreal Salas; en atención a su contenido, respecto a lo señalado en el tercer punto petitorio de su escrito de cuenta, se le hace del conocimiento que en acuerdo de cinco de noviembre del presente año, se proveyó al respecto. Así también, interpone recurso de queja contra el auto de cinco de noviembre de dos mil veintiuno, a través del cual se desechó la demanda que dio origen a este asunto. En atención a lo antes expuesto y en términos de lo previsto en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, fracción II, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, ríndase el informe respectivo en el sentido de SER CIERTO que en auto de cinco de noviembre de dos mil veintiuno, este juzgado desechó de plano por considerarse improcedente la demanda de amparo promovida por Pedro Villarreal Salas, y remítase el mismo al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito en turno, con residencia en esta ciudad, así como el original y copia del libelo de queja del que se dio noticia y copia certificada de la totalidad de las constancias que integran el presente juicio. Asimismo, hágase del conocimiento del tribunal correspondiente que el expediente electrónico deducido del juicio en que se actúa, se hizo disponible para su correspondiente vinculación.
- Principal
Téngase recibida la demanda de amparo promovida por Pedro Villarreal Salas, por su propio derecho, contra actos del Ayuntamiento del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, y otras autoridades. Así, con fundamento en lo previsto en los artículos 3º, 20 y 21 de la Ley de Amparo, fórmense los expedientes impreso y electrónico; así también, radíquense éstos con el expediente 861/2021-l. Improcedencia De conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la ley de la materia, el Juez de Distrito examinará el escrito de demanda y si encontrara motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. Es decir, el juzgador debe pronunciarse sobre el contenido de la demanda de amparo y considerar si se presenta o no una causa de improcedencia, a fin de no entorpecer la administración de justicia, y admitir a trámite demandas que, a la postre, resulten improcedentes. En la inteligencia de que "manifiesto" es lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, e "indudable", cuando se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Al respecto es aplicable la jurisprudencia I.13o.A. J/6, sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, septiembre de dos mil cuatro, en la página mil seiscientos treinta y uno, que establece: DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. Precisado lo anterior, el suscrito advierte de oficio que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, por las siguientes razones: La aludida fracción del numeral invocado dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;." El precepto transcrito resguarda el principio de definitividad en materia jurisdiccional, el cual impone a la parte quejosa la obligación de agotar los recursos o medios de defensa dentro del procedimiento que tengan el alcance de modificar, revocar o nulificar el acto reclamado; antes de acudir al juicio constitucional, el cual por su naturaleza, es un medio extraordinario de defensa. La esencia de este principio descansa en el hecho de que el amparo es la vía extraordinaria final que permite la anulación de actos de autoridad violatorios de derechos humanos; razón por la cual, si el resultado que pretende el quejoso, puede obtenerlo mediante el uso de medios ordinarios de defensa, ello impide la utilización de la acción constitucional de amparo, sin haber agotado antes dichos medios. Ahora, en la especie el quejoso señaló como actos reclamados lo siguiente: "VI.- ACTOS RECLAMADOS DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, requisito contenido en el artículo 108 fracción VI de la Ley de Amparo.- Al efecto se señaló los siguientes actos reclamados: 1.- LA OMISIÓN EN DAR CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA de fecha 27 veintisiete de noviembre de 2020 dos mil veinte, pronunciada en el RECURSO DE REVISIÓN 1394/2019, del índice de la H. Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, promovido por el suscrito Pedro Villarreal Salas, toda vez, que en el resolutivo Segundo de dicho Recurso de Revisión se confirmó y quedó firme la sentencia dictada en el Juicio Nulidad 604/2018-IV. 2.- LA ACTUALIZACIÓN DE LA CANTIDAD OMITIDA A DAR CUMPLIMIENTO EN LA RESOLUCIÓN pronunciada en el RECURSO DE REVISIÓN 1394/2019, del índice de la H. Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, promovido por el suscrito PEDRO VILLARREAL SALAS en contra las autoridades demandadas hoy responsables AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN, SINALOA, TESORERO MUNICIPAL y DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS todos DEL H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN, SINALOA. Toda vez que en el resolutivo segundo del Recurso de Revisión 1394/2019 se confirmó y quedó firme la sentencia dictada en el Juicio 604/2018-IV. 3.- Las consecuencias legales y materiales derivadas de la OMISIÓN referida con inmediata anterioridad consistentes en no dar cumplimiento a la ' resolución definitiva pronunciada en el Recurso de Revisión 1394/2019 del i índice de la H. Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 4 e Sinaloa, que confirmó la sentencia dictada en el Juicio de Nulidad 6W2018-IV, lo cual constituye una transgresión a la resolución judicial que está declarada ejecutoriada y que además priva al suscrito actor hoy parte quejosa, del derecho reconocido en tal sentencia, implicando el riesgo de que la ejecución de la sentencia se haga prácticamente nugatoria, y se rompa el estado de derecho. En esa tesitura, de los actos reclamados y los antecedentes transcritos, se colige que el quejoso reclama la falta de cumplimiento a la resolución firme de veintisiete de noviembre de dos mil veinte, pronunciada en el recurso de revisión 1394/2019, del índice de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, que confirmó la sentencia dictada en el juicio nulidad 604/2018-IV. Sin embargo, los artículos 106 y 108 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa, en lo que interesa, disponen: "Artículo 106. El recurso de queja se presentará ante la Sala Regional y procederá en contra de los siguientes actos: (.) II. Omisión de dar cumplimiento a la sentencia. (.) Artículo 108. El Magistrado de la Sala ordenará a la autoridad a quien se impute el incumplimiento, que rinda informe dentro del plazo de tres días hábiles sobre el acto u omisión que provocó la queja, apercibidos que de no rendirlo se presumirán ciertos los hechos que se le imputen. Vencido el plazo mencionado, con informe o sin él, se resolverá dentro de los tres días hábiles siguientes. Durante el trámite de la queja se suspenderá el procedimiento administrativo de ejecución que en su caso existiere. La resolución que recaiga a la queja interpuesta tendrá los efectos siguientes: I. En caso de repetición de la resolución anulada, la Sala hará la declaratoria correspondiente, dejando sin efectos la nueva resolución, la cual notificará a la autoridad responsable, previniéndole se abstenga de reiterarla. Además, al resolver la queja, la Sala impondrá la multa a la autoridad y ordenará se envíe el informe al superior jerárquico; II. Si la Sala resuelve que hubo exceso o defecto en el cumplimiento, dejará sin efectos la resolución que provocó la queja y concederá a la autoridad demandada hasta cinco días hábiles para que dé el cumplimiento debido al fallo, precisando la forma y términos conforme a los cuales deberá cumplir; III. En el supuesto de omisión, se estará a lo dispuesto por el artículo 41 de esta Ley, pero en caso de que la autoridad persista en no dar cumplimiento a la sentencia, habiendo sido requerida por tres ocasiones, el Magistrado enviará a petición de parte o de oficio a la Sala Superior, las constancias conducentes para que resuelva acerca de la destitución del servidor público responsable del incumplimiento, excepto en aquellos casos que goce de protección constitucional; IV. Si la autoridad demandada goza de fuero constitucional, la Sala Superior formulará ante el H. Congreso del Estado, de conformidad con lo que establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa en la parte conducente, la solicitud de declaración de procedencia correspondiente; V. En el supuesto de incumplimiento a la medida cautelar o a la orden de suspensión de la ejecución del acto impugnado, el Magistrado instructor desde la presentación del recurso, podrá dictar las medidas necesarias a efecto de mantener la materia del juicio y evitar daños de imposible o difícil reparación; VI. Si el Magistrado Instructor resuelve que hubo incumplimiento de la medida cautelar o de la suspensión otorgada, declarará la nulidad de las actuaciones realizadas. La resolución a que se refiere esta fracción se notificará también al superior jerárquico del funcionario responsable, para que provea su cumplimiento. Además, impondrá al funcionario responsable o autoridad renuente, una multa en monto equivalente a entre quince y treinta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; y, VII. En caso de que la autoridad persista en no dar cumplimiento a la resolución, se estará a lo dispuesto en las fracciones III y IV, del presente artículo. Para la imposición de la sanción a la autoridad correspondiente, se tomará en cuenta la gravedad del incumplimiento, el sueldo del servidor público de que se trate, su nivel jerárquico, así como las consecuencias del no acatamiento." De los dispositivos transcritos, se advierte que contra la omisión por parte de las autoridades señaladas como responsables en dar cumplimiento a la sentencia procede el recurso de queja, que debe ser presentado ante la Sala Regional, la cual pide informe a la(s) autoridad(es) omisa(s) en el término de tres días, además de que la Sala puede dictar lo necesario para conservar la materia del juicio; requerir cumplimiento a la autoridad y superior jerárquico, con multa a la primera y proceder al envió a la Sala Superior para el procedimiento de destitución o solicitud de declaración de procedencia ante el Congreso del Estado, según sea el caso. Esto es, contra las aducidas omisiones de las autoridades obligadas al cumplimiento de la sentencia firme dictada en el juicio de nulidad de origen, procede el recurso de queja, según se advierte de los artículos transcritos, ya que mediante este medio impugnativo se habrá de llevar a cabo el procedimiento que establece la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa, y, en su caso, sancionar a las autoridades que se dicen renuentes, sin que el promovente refiera haber agotado dicho medio de defensa. Se cita el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 676 del volumen 217-228, Sexta Parte, del Semanario Judicial del a Federación, Séptima Época, cuyo rubro y texto dicen: "TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL. INCUMPLIMIENTO DE SUS SENTENCIAS. DEBE AGOTARSE LA QUEJA PREVISTA EN SU LEY ANTES DEL JUICIO DE AMPARO. El juicio de garantías que se proponga en contra de la abstención de una autoridad a dar cumplimiento a una sentencia dictada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal es improcedente si antes no se tramitó el incidente de queja contemplado en el artículo 82 de la ley orgánica del tribunal, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 73 fracción XV de la Ley de Amparo. El incidente de queja está comprendido en el supuesto de improcedencia a que se refiere este precepto porque a) Es un medio que puede emplear un gobernado para oponerse a los actos de autoridades administrativas (distintas de las judiciales) de acuerdo con el artículo 21 de la ley del tribunal; b) Aunque no sea un recurso ni un juicio, sí es un medio ordinario de defensa (en sentido lato) ya que constituye una vía concedida por la ley al afectado por la actuación de la autoridad (el incumplimiento de la sentencia) para reparar el agravio; y c). A través de este "incidente" (como técnicamente podría denominarse) se dejaría insubsistente la abstención de la autoridad lesiva del particular. Asimismo, se cita sólo en la idea jurídica y sustancialmente conducente, el criterio contenido en la tesis II.2o.T.Aux.30 A, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado Auxiliar de la Primera Región, visible en la página 1273, del tomo XXXIII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: " DEBE AGOTARSE DICHO RECURSO ANTES DE ACUDIR AL AMPARO INDIRECTO PARA LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DICTADA EN EL JUICIO DE NULIDAD. El artículo 58, fracción II, inciso a), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo regula el trámite del recurso de queja cuando la autoridad omite cumplir la sentencia dictada en el juicio de nulidad. Consecuentemente, antes de acudir al amparo indirecto para lograr el cumplimiento de la mencionada resolución, debe agotarse el referido medio ordinario de defensa, pues de lo contrario el quejoso carecerá de interés jurídico para acudir a la vía constitucional". Por tanto, es factible concluir que de la literalidad de los artículos antes transcritos se desprende que el peticionario de amparo, en su calidad de parte actora en la acción ejercitada, estaba en aptitud de interponer el recurso de queja a que se hace mención; y al no haberlo hecho así, se considera que en la especie no se observó el principio de definitividad, el cual es un requisito indispensable antes de ocurrir al juicio de garantías; ello es así, ya que al hacer valer el medio ordinario de defensa, podría obtener una resolución favorable a sus intereses que le permita obtener el cumplimiento del fallo, y de no ser así, en su momento promover el juicio de amparo indirecto, por lo que, al no haberlo hecho así, resulta indudable que se actualiza la causa de improcedencia antes invocada. Desechamiento En tales condiciones, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, toda vez que el quejoso no agotó el recurso de queja previsto en la legislación procesal en materia aplicable, ante la omisión de las responsables en cumplir la sentencia; por tanto, se DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Pedro Villarreal Salas. Domicilio y autorizados. De conformidad con el arábigo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la expresada ley de la materia, se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones el ubicado en avenida Reforma número 2007-B, entre avenidas Rafael Buelna Tenorio e Insurgentes, fraccionamiento Flamingos, local C-2, edificio Central de Plaza Laguna, planta baja, en esta ciudad, y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados Miguel Izaguirre Ojeda, Miguel Izaguirre Castro, David Izaguirre Castro, Rodrigo Velázquez Ochoa, Andrea Rueda Ibáñez y José Luis Escareño Rodríguez, quienes tienen sus cédulas profesionales 669779, 9605070, 9803630, 10035355, 10560618 y 8645810, reconocidas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho y como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a José Abelardo Ramos Bojórquez y Natalia Elizabeth Tussi Tirado, por así haberlo solicitado. Asimismo, se les tiene señalando como correo electrónico jler@izcaconsultores.com.mx y el teléfono móvil 6691484662, para entablar comunicaciones no procesales. Autorización de medios electrónicos. Asimismo, se le otorgue autorización (identificada con los nombres de usuarios jlerodriguez e Izaguirre03), a fin de realizar la consulta del expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa, presentar promociones y se le realicen notificaciones, todo lo anterior vía juicio en línea; en atención a ello, instrúyase a la secretaria actuante con el propósito de que habilite los mecanismos correspondientes conforme a lo establecido en las disposiciones normativas que regulan la herramienta de que se trata, a fin de que la parte accionante esté en aptitud de realizar los procesos que permite el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, a saber, presentación de promociones, consulta de notificaciones electrónicas y documentos relativos a los acuerdos judiciales e impresión de acuses; operaciones las antes descritas que podrá efectuar a través de la dirección electrónica http ://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/juicioen línea. Uso de medios electrónicos. En el entendido de que éstos podrán imponerse de autos mediante el empleo de cámaras fotográficas o cualquier otro dispositivo electrónico, en aras del ejercicio de sus derechos procesales con mayor celeridad y sencillez; empero, con la salvedad de aquellas piezas documentales que sean clasificadas por sus emisores como confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública o cualquier otro ordenamiento de naturaleza análoga, caso en el cual, quien esto provee, previo análisis de la información de que se trate en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, podrá permitir el acceso a las partes, exclusivamente respecto de aquélla que se considere esencial para su defensa, sin que de ser el supuesto, ésta última pueda ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio. Resulta orientador al respecto el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 17, abril de dos mil quince, Tomo II, página 1830, con número de registro 2008986, del rubro: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Autorización de copias. Con fundamento en los artículos 278 y 279, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se autoriza la expedición de copias simples y/o certificadas que solicite cualquier interesado con personalidad jurídica reconocida en este expediente, de las constancias que obren el mismo, previa razón de recibo que se deje en autos, salvo que se trate de información clasificada como reservada o confidencial, en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual no podrá ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio. En la inteligencia de que para su obtención, se ceñirán las reglas del sistema de citas y solo podrán, de momento, ser expedidas los días jueves de ocho y media a diez de la mañana, dada la limitación del personal asignado para la jornada presencial escalonada. Devolución de documentos. Asimismo, con fundamento en el artículo 280, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, una vez que cause ejecutoria la sentencia que se dicte en el juicio de amparo en que se actúa, se autoriza la devolución de los documentos exhibidos en este expediente, por las partes correspondientes, previa copia certificada y razón que de su recibo se deje en autos; sin que la presente autorización sustituya la valoración documental y subsecuente vista personal para que dentro del plazo de noventa días recojan los documentos originales que exhiban en el juicio, la que deberá realizarse al ordenar el archivo del expediente. Integración del expediente electrónico. Por otra parte, en términos del artículo 3º, de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario encargado del trámite del presente juicio para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse o a presentarse en el expediente en que se actúa, a fin de que ambos coincidan en su totalidad; dicha instrucción también se hace extensiva a los actuarios adscritos a este juzgado de distrito, en relación con las actuaciones que les correspondan realizar. Ingreso a las instalaciones En otro aspecto, hágase saber a las partes que para poder ingresar a las instalaciones de este órgano jurisdiccional a efecto de consultar físicamente el expediente en que se actúa e imponerse de los informes, así como para diverso tramite que necesariamente implique que deban acudir presencialmente ante este juzgado, deberán agendar una cita en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el apartado "Servicios Jurisdiccionales", en términos de los Acuerdos Generales 21/2020, artículo 3° y 25/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales, ante la contingencia por el virus covid-19.
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