Pedro Villarreal Salas
Expediente 131/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 131/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 14/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Pedro Villarreal Salas
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de los autos y la certificación de cuenta; de la que se desprende que en el libro de registro electrónico que se lleva en el departamento de oficialía, no se tiene registro de promoción alguna que indique que la parte quejosa recurriera el auto de dos de marzo de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo que dio origen a este sumario, dentro del término previsto por el artículo 98 de la Ley de Amparo, considerando que fue notificado electrónicamente el seis siguiente, quedando comprendido dicho plazo del siete al trece de marzo del año en curso. Sentado lo anterior, se declara que el auto dictado en el presente sumario HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y, en su oportunidad, archívese el presente juicio como asunto definitivamente concluido. Finalmente, de conformidad con el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, este expediente es DESTRUIBLE, a partir de los tres años del presente acuerdo de archivo.
- Principal
Téngase recibido el escrito aclaratorio a la demanda de amparo firmado autógrafamente por Pedro Villareal Salas, con el cual desahoga lo peticionado en auto de veinticuatro de febrero pasado, y señala expresamente como acto reclamado la omisión de exigir el cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio contencioso administrativo 604/2018, del índice de la Sala Regional Zona Sur del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa; ocurso que en atención a su contenido se ordena agregar a los autos; el Juez acuerda: TRÁMITE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA FIREL. En atención al párrafo anterior y a fin de dar cumplimiento a lo ordenado en el artículo 253, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes, para que realicen el trámite necesario para la obtención de la firma electrónica (FIREL), para que estén en posibilidad de acceder al Portal de los Servicios en Línea, tales como el acceso electrónicamente a los órganos jurisdiccionales, para presentar las promociones correspondientes, así como acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en éstos. INSTRUCCIÓN AL PERSONAL PARA INTEGRAR EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 21 al 26 Ter, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que constituye la normativa que regula el uso de la tecnología para la impartición de justicia federal, los servicios en línea, los servicios de interconexión para el trámite y resolución de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, se instruye al Secretario o Secretaria encargada del asunto, para que dé fe de que el expediente electrónico se integre en los términos dispuestos en la normativa previamente indicada, al igual que los incidentes o cuadernos físicos que deriven del mismo. Dicha instrucción también se hace extensiva al actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente al electrónico, así también, al personal de Oficialía de Partes por lo que a su intervención en dicha integración corresponde. IMPROCEDENCIA. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el suscrito examinará el escrito de demanda y si encontrara motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En la inteligencia que manifiesto es lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, e indudable, cuando se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Apoya lo anterior, en su parte conducente, la tesis 2a. LXXI/2002 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tomo XVI, julio de 2002, página 448, registro 186605, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. En tales condiciones, una vez examinados los actos concretos por lo que se dice afectada la parte quejosa y los antecedentes plasmados en el escrito de cuenta, es posible advertir en forma indudable y manifiesta, la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo; en tanto que se encuentra pendiente de resolver un diverso medio de defensa legal propuesto por la parte quejosa contra el acto de imperio que ante esta instancia cuestiona, por las razones siguientes: El numeral ante indicado consigna la causa de improcedencia que establece que en caso de reclamar en juicio de amparo un acto susceptible de ser modificado, revocado o nulificado, por virtud de un recurso o medio de defensa propuesto por el quejoso, el juicio constitucional resulta improcedente. Luego, para que se actualice la causa de inejercitabilidad en comento se requieren los siguientes elementos: 1. Que sea la parte quejosa quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicita el amparo. 2. Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se le haya dado trámite cuando se resuelva el juicio de garantías. 3. Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Sirve de apoyo, por analogía, el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenido en la jurisprudencia P./J. 144/2000, de rubro: "IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO REQUIERE QUE EL RECURSO O DEFENSA LEGAL PROPUESTO SE HUBIERA ADMITIDO, SE ESTÉ TRAMITANDO AL RESOLVERSE EL AMPARO Y SEA EL IDÓNEO PARA OBTENER LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO." En la especie, la parte quejosa señaló como acto reclamado la omisión de exigir el cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio contencioso administrativo 604/2018, del índice de la Sala Regional Zona Sur del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa. Por otro lado, en el capítulo de antecedentes del acto reclamado, el promovente realiza diversas aseveraciones, en lo que interesa en el punto 14, señala lo siguiente: "14.- Mediante escrito de fecha 13 trece de octubre de 2022 dos mil veintidós, presentado por el suscrito quejoso, ante la autoridad responsable SALA REGIONAL ZONA SUR DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SINALOA, dada la contumacia de la parte tercero interesada CUERPO DE REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN, SINALOA, interpuso recurso de queja por la omisión de dar cumplimiento cabal a la ejecutoria dictada en el juicio de nulidad del que derivan los actos reclamados, sin que a la fecha se haya dictado la resolución correspondiente." De lo anterior, se concluye que en la especie se actualiza la hipótesis de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo vigente. En efecto, se cumple con el primer requisito de la causa de improcedencia de que se trata, puesto que el quejoso promovió el recurso de queja previsto en el artículo 106, fracción II, en relación con el numeral 108, fracción III, ambos de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, ante la Sala Regional Zona Sur del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, para combatir la omisión de exigir el cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio contencioso administrativo 604/2018, del índice de la Sala Regional Zona Sur del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa; luego entonces, resulta patente la promoción de un diverso medio ordinario de defensa contra el propio acto de autoridad cuya constitucionalidad se cuestiona en el presente sumario. También se actualiza el segundo requisito, ya que se le dio trámite al recurso de queja por parte de aquella autoridad, puesto que el propio quejoso en el capítulo de antecedentes del acto reclamado, manifiesta bajo protesta de decir verdad que se encuentra pendiente el dictado de la resolución respecto de dicho recurso. Con ello, queda demostrada la existencia de un medio de impugnación en trámite -en el caso, el recurso de queja-, contra el acto que constituye la materia del reclamo en el presente juicio de amparo por el aquí quejoso. De igual manera, se observa que se colma el tercer requisito, dado que el referido recurso de queja fue promovido conforme lo dispuesto en el artículo 106, fracción II, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa; además, en caso de fallarse en forma favorable a los intereses del quejoso, tendría como efecto la reparación o modificación del acto impugnado. De todo lo anterior, se concluye que en la especie se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo en vigor, toda vez que se desprende la existencia de un medio de defensa promovido por el quejoso, previsto expresamente por el legislador para combatir la omisión de cumplimiento de una sentencia de nulidad y, más aún, constituye una instancia apta para lograr su reparación o modificación, pues prevé mecanismos consistentes con esa finalidad y adecuados para lograrlo. DESECHAMIENTO. En las condiciones apuntadas, procede DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, por actualizarse la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XIX, de la misma legislación. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA." Se precisa que los criterios en que se sustenta la presente determinación anteriores a la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, no contravienen lo previsto en la Ley de Amparo, por lo que conservan su vigencia, de conformidad con el artículo sexto transitorio del decreto que expidió la referida ley reglamentaria. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, a fin de que no queden paralizados los procedimientos, para el caso de que el presente juicio de amparo deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en él, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda practicarlas. LEY DE TRANSPARENCIA. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en concordancia con los puntos décimo quinto y décimo sexto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la mencionada ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación de cuatro de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del cinco del mismo mes y año, dígase a las partes que las sentencias ejecutorias dictadas en expedientes bajo el resguardo del Poder Judicial de la Federación, deberán hacerse públicas sin supresión de datos, a menos que las partes se opongan a la publicación de sus datos personales, cuando se refieran a expedientes que contengan información reservada y confidencial en los términos del artículo 24, fracción VI, de la citada ley, cuando pongan en riesgo la vida, la seguridad o la salud de las partes, en cuyo caso, los datos serán confidenciales, acorde a lo dispuesto en el numeral 113 de la legislación en comento. Manifestación que deberá realizarse dentro del presente juicio, hasta antes que se dicte el fallo; en la inteligencia que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar si tal oposición surte sus efectos, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o pruebas y constancias que obren en el expediente, ello de conformidad con lo señalado por el artículo 8º del citado Reglamento, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional.
- Principal
Téngase recibida la demanda de amparo firmada autógrafamente por Pedro Villareal Salas, contra actos de la Sala Regional Zona Sur del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad. El Juez acuerda: SISTEMA ELECTRÓNICO DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales, que entró en vigor el siete de noviembre de dos mil veintidós, concluyó el esquema establecido en los acuerdos generales emitidos con motivo de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus COVID 19; e inicia la era de la E.Justicia o Justicia Digital; también, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, los órganos jurisdiccionales deben garantizar la integridad del expediente electrónico, por lo que deja de tener validez el expediente físico para contener únicamente los documentos que se presenten por esta vía, lo que se deberá considerar para la integración o continuación del expediente en que se actúa, y de ser el caso en los incidentes que deriven del mismo; también destaca de la normativa anterior que se cuenta con un plazo de seis meses para que la Dirección de Gestión Judicial, en coordinación con las Tecnologías de la Información y Estrategia y Transformación Digital, realicen los ajustes correspondientes que garanticen la implementación del citado acuerdo, conforme a lo que disponen sus Tercero y Décimo Tercero transitorios. De igual forma, conforme a lo dispuesto en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se adopta como eje rector de este juzgado su actividad desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación conforme a las disposiciones de éste, en relación con el diverso 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que constituye la normativa que regula el uso de la tecnología para la impartición de justicia federal, los servicios en línea, los servicios de interconexión para el trámite y resolución de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal. REGISTRO DE LA DEMANDA. Con fundamento en lo previsto en los artículos 3°, 20 y 21 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 22 del Acuerdo General 12/2020, previamente citado, fórmese expediente electrónico, y el correspondiente principal físico, regístrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); así también, radíquese con el número 131/2023. SUBSTANCIACIÓN DE LA DEMANDA. De conformidad con lo que disponen los artículos 112 y 114 de la Ley de Amparo, recibida la demanda dentro del término de veinticuatro horas, el órgano jurisdiccional deberá resolver si la desecha, previene o admite; así, de advertir deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, mandará prevenir al promovente que la (s) aclare. ACLARACIÓN. Expuesto lo anterior, de la revisión integral de la demanda de amparo, se obtiene específicamente que respecto a los requisitos establecidos en el artículo 108, fracciones IV y V, de la ley de la materia, relativos al señalamiento del acto reclamado y antecedentes del mismo, la promovente señala como acto reclamado la omisión de la Sala Regional Zona Sur del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, de exigir el cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio contencioso administrativo 604/2018, de su índice. Sin embargo, en el capítulo de antecedentes del acto reclamado, el promovente realiza diversas aseveraciones, en lo que interesa en el punto 14, señala lo siguiente: "14.- Mediante escrito de fecha 13 trece de octubre de 2022 dos mil veintidós, presentado por el suscrito quejoso, ante la autoridad responsable SALA REGIONAL ZONA SUR DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SINALOA, dada la contumacia de la parte tercero interesada CUERPO DE REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN, SINALOA, interpuso recurso de queja por la omisión de dar cumplimiento cabal a la ejecutoria dictada en el juicio de nulidad del que derivan los actos reclamados, sin que a la fecha se haya dictado la resolución correspondiente." De lo anterior, se advierte que el trece de octubre de dos mil veintidós, el promovente interpuso ante la responsable recurso de queja por la omisión de dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en el juicio de nulidad de origen, con la indicación de que a la fecha no se ha dictado la resolución respectiva. PREVENCIÓN. En esa tesitura, con el propósito de que este órgano federal cuente con los datos necesarios para proveer sobre la admisión o no de la demanda de amparo que se atiende, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, fracciones IV y V, 112 y 114, fracciones II y IV, de la Ley de Amparo, requiérase al ocursante para que, dentro del término de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, aclare su libelo de amparo, para lo cual deberá precisar de manera específica el acto reclamado: 1) Si reclama la omisión de exigir el cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio contencioso administrativo 604/2018, del índice de la Sala Regional Zona Sur del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa. 2) O bien, si reclama la omisión de resolver el recurso de queja de referencia, caso en el cual deberá precisar los antecedentes del referido acto. Lo anterior, bajo apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior dentro del término otorgado, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. AUTORIZADOS. Se le tiene señalando como autorizados en términos del precepto 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados ********************, quienes tienen sus cédulas profesionales números ******************** inscritas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, y únicamente para oír y recibir notificaciones a ********************, por así haberlo solicitado. Asimismo, como lo solicita la parte promovente, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, 55, 58 y 66 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a Cargo del propio Consejo, se le autoriza para recibir notificaciones vía electrónica, con los usuarios "******************** y ********************", así como la consulta vía internet del expediente electrónico relativo al presente juicio de amparo; en consecuencia, se comisiona a la oficial judicial encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para que realicen las gestiones necesarias para tales efectos. Se le tiene señalando el correo electrónico Jler@izcaconsultores.com.mx y el teléfono ********************. COMUNICACIONES NO PROCESALES. Con fundamento en lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre del dos mil veintidós, se exhorta a las partes propongan formas especiales y expeditas de contacto, ya sea vía telefónica y mediante herramientas tecnológicas de comunicación instantánea como mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales que agilicen la secuela procesal en el presente juicio. PJUICIO EN LÍNEA. Con fundamento en lo dispuesto en el preindicado Acuerdo General, se le exhorta para que transite hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, es decir, el presente juicio se continúe como "Juicio en Línea". COPIAS. A efecto de lograr una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, así como el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que constituye la normativa que regula el uso de la tecnología para la impartición de justicia federal, los servicios en línea, los servicios de interconexión para el trámite y resolución de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal., las constancias que integran el expediente electrónico, cuando incluyan la evidencia criptográfica, se consideran copias certificadas electrónicamente.
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