Pedro Romano Maldonado
Expediente 245/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 245/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 25/04/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Pedro Romano Maldonado
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98, de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto el recurso de queja en contra del proveído de cinco de abril dos mil diecisiete, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por Pedro Romano Maldonado; en consecuencia, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que el proveído de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes.
- Principal
Notifico por medio de lista a la parte quejosa el contenido del acuerdo del cinco de abril de dos mil diecisiete, que en la parte que interesa dice: Agréguese a los autos para que obre como en derecho corresponda el escrito de cuenta signado por Pedro Romano Maldonado, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento formulado en auto de veintidós de marzo de dos mil diecisiete; y, manifiesta bajo protesta de decir verdad que no interpuso recurso alguno en contra del auto de dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, dictado por la Sala Civil Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, en el toca civil número 37/2017, de su índice. Ahora, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de derechos fundamentales por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 448, tomo XVI, Julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, contenida también en el artículo 25 de la Ley de Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. Lo anterior se confirma con el criterio del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 898, Tomo VII, Enero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA SU IMPROCEDENCIA DEBE SER MANIFIESTA E INDUDABLE. Conforme a lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la improcedencia de la controversia constitucional que permita desechar de plano la demanda presentada, debe ser manifiesta e indudable; es decir, debe advertirse del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hayan adjuntado, sin requerir otros elementos de juicio, de tal manera que no exista duda alguna en cuanto a la actualización de la causal invocada que evidencie en forma clara y fehaciente la improcedencia de la pretensión intentada, de tal forma que los actos posteriores del procedimiento no sean necesarios para configurarla en forma acabada y tampoco puedan, previsiblemente, desvirtuar su contenido." Asimismo, con la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 803, Tomo XIV, octubre de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa." Con base en estas premisas, la improcedencia notoria y manifiesta de la demanda de amparo que presenta la parte quejosa, deriva de que en principio, el auto del dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, dictado en el toca civil número 37/2017 del índice de la Sala Civil Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, en el que se desecha por improcedente -dado que la suerte principal en el juicio mercantil de origen es menor a la exigida por el artículo 1339 del Código de Comercio-, el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución de veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis, que negó la adjudicación del bien inmueble rematado en primera almoneda, dentro del juicio ejecutivo mercantil 524/2012, del índice del entonces Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Hidalgo y de Extinción de Dominio en el Estado de Tlaxcala; es impugnable, puesto que en contra de dicho auto procede el recurso de reposición. Al respecto, debe decirse que respecto del acto reclamado precisado con antelación, procede el desechamiento de la demanda de garantías en virtud de que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." Del precepto legal transcrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente, entre otros actos, contra resoluciones judiciales respecto de las cuales la ley conceda recurso o medio de defensa legal dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, aun cuando la parte agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente, salvo que se afecten a personas terceras extrañas a juicio, o bien en el supuesto que el acto reclamado consista en aquellas se afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal, o cuando importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución. En efecto, el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe previamente a su promoción acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente, que en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes, así como de actos que afectan la libertad personal, y la proposición en exclusiva de violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, debe decirse que los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que el afectado los haga valer, y sólo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses legales, tiene la posibilidad de acudir al medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo, de modo tal que si la parte afectada no tuviera la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades de la administración de justicia local. Con base en lo expuesto, a fin de acreditar la improcedencia del presente juicio de amparo, en la especie se tiene que la parte quejosa reclama el auto de dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, dictado en el toca civil número 37/2017 del índice de la Sala Civil Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, en el que se desecha por improcedente el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución de veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis, que negó la adjudicación al quejoso del bien inmueble rematado en primera almoneda, dentro del juicio ejecutivo mercantil 524/2012, del índice del entonces Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Hidalgo y de Extinción de Dominio en el Estado de Tlaxcala; sin embargo, en contra de dicha acuerdo, es procedente el recurso de reposición conforme a lo previsto en el artículo 1334, del Código de Comercio, precepto legal que es del tenor siguiente: "Artículo 1334.- Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. De los decretos y autos de los tribunales superiores, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición." Del indicado precepto legal se advierte claramente la procedencia del recurso de reposición en contra de todos los autos y los decretos dictados en segunda instancia, de manera que debe agotarse este medio ordinario de defensa antes de acudir al juicio de amparo. Al respecto, resulta aplicable la tesis aislada número III.4°.(III Región) 7 C (10a), sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, visible en la página 1716, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 3, Materia Civil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de texto y rubro siguiente: "RECURSO DE REPOSICIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 1334, PÁRRAFO SEGUNDO, DEL CÓDIGO DE COMERCIO. ES UN MEDIO IDÓNEO PARA IMPUGNAR EL DESECHAMIENTO DE LA APELACIÓN EN SEGUNDA INSTANCIA, POR ELLO SE ARMONIZA CON LO DISPUESTO POR LOS NUMERALES 8 Y 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. De conformidad con los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Estado Mexicano adquirió la obligación de contar, en su legislación interna, con medios de defensa asequibles al justiciable para permitirle ejercer en forma adecuada el derecho a defender sus intereses; en ese sentido, la reposición prevista en el artículo 1334, párrafo segundo, del Código de Comercio, se instituyó como un recurso previsto para la segunda instancia, cuya idoneidad radica en permitir al gobernado contar con un instrumento legal de remedio en cuanto a prevenir, detener, privar de efectos y reparar la afectación al derecho alegado; es decir, dicha reposición es un recurso horizontal mediante el cual la propia autoridad emisora del acto puede enmendar su actuación, en caso de así evidenciarse vía agravios y, además, porque se legisló precisamente para otorgar al gobernado la posibilidad de contar con un medio de defensa específico en contra del desechamiento de la apelación ante la propia autoridad de alzada, pues de ese modo cuenta con la oportunidad real, objetiva, concreta y legal de exponer sus argumentos o violaciones ocasionados por la inadmisión del indicado medio de impugnación, los cuales serán materia de estudio para arribar a la conclusión en el sentido de dejar o no sin efectos el acto en controversia, es decir, modificarlo o revocarlo; de ahí la razón por la que con su incorporación a la legislación local se hace eficaz el indicado derecho de defensa, mismo que se armoniza con la norma internacional, porque se direcciona a estudiar la pretensión expuesta en el recurso, lo cual permite ser oído con las debidas garantías y en un plazo razonable, dado la sencillez en su trámite y resolución al sólo requerir su promoción con apego a los requisitos señalados por el legislador". Así como la similar número I.7°. C. 70 C, sostenida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 1214, Tomo XXIII, Junio de 2006, Materia Civil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor literal siguiente: "REPOSICIÓN. PROCEDE ESTE RECURSO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE EN SEGUNDA INSTANCIA DESECHA LA APELACIÓN PREVIAMENTE ADMITIDA POR EL MAGISTRADO SEMANERO. De conformidad con la fracción III del artículo 79 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, los autos definitivos son decisiones que impiden la prosecución del juicio, es decir, la definitividad a que se refiere dicho precepto depende del efecto paralizante que por su contenido tenga la decisión en el proceso y no de la forma en que la determinación se haya emitido. En esas condiciones, la resolución por la que el tribunal de alzada decide desechar un recurso de apelación que previamente había admitido el Magistrado semanero no puede considerarse una sentencia, porque no está resolviendo el juicio en lo principal, tampoco es un auto que pone fin al juicio y no está decidiendo un incidente, sino que se trata de un auto definitivo, en términos de la citada fracción III del artículo 79 del código adjetivo civil, puesto que impide la prosecución de la apelación y, por ende, del proceso impugnativo. Así, de acuerdo con el artículo 686 del ordenamiento en cita, según el cual, de todos los decretos y autos del Tribunal Superior, aun de aquellos que dictados en primera instancia fueran apelables, puede pedirse reposición, resulta que una resolución con las características descritas, es susceptible de impugnarse a través del recurso de reposición, en virtud de que finalmente se trata de un auto definitivo, por su efecto paralizante en el juicio. Esta consideración encuentra apoyo, incluso, en la jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J. 45/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: "REPOSICIÓN. ES PROCEDENTE EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL DE ALZADA QUE DESECHA LA APELACIÓN EN UN JUICIO MERCANTIL Y DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE AMPARO.", porque el segundo párrafo del artículo 1334 del Código de Comercio, que analiza dicha jurisprudencia, es de contenido idéntico al artículo 686 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal". Así, dado que la parte quejosa en su escrito de cuenta, manifestó no haber interpuesto el recurso correspondiente, en contra del referido auto de dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, dictado en el toca de origen 37/2017, de manera previa a la promoción del presente juicio de amparo, lo que se corrobora con la copia certificada de dichas actuaciones, del índice de la Sala responsable, por lo que resulta notoria y manifiesta su improcedencia, por no haber observado el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, pues se insiste debió agotar el medio ordinario de defensa procedente para combatir el acto que se trata. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de la Novena Época, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada con el número 1a./J. 45/2005, visible en la página 106, Tomo XXI, Junio de 2005, Materia Civil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de texto y rubro siguiente: "REPOSICIÓN. ES PROCEDENTE EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL DE ALZADA QUE DESECHA LA APELACIÓN EN UN JUICIO MERCANTIL Y DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación literal del artículo 1334 del Código de Comercio se advierte que procede el recurso de reposición contra cualquier decreto o auto dictado por los tribunales superiores, aun de los que serían apelables si se tratara de primera instancia. Ahora bien, si la ley es clara al determinar la procedencia de un medio de impugnación contra determinado tipo de resoluciones judiciales, no se puede hacer una interpretación en contrario, por lo que, contra la resolución del tribunal de alzada que desecha o declara inadmisible una apelación en materia mercantil sí procede el recurso de reposición. Ello es así porque el citado numeral establece en forma genérica la procedencia de la reposición en contra de todos los autos y los decretos dictados en segunda instancia, sin excluir expresamente aquellos que resuelvan sobre la no admisión del recurso de apelación, de manera que debe agotarse este medio ordinario de defensa antes de acudir al juicio de amparo". A más de lo anterior, la Primera Sala del Alto Tribunal al resolver la contradicción de tesis 348/2010, de la que derivó la jurisprudencia de rubro: "EMBARGO. EL AUTO QUE NIEGA ORDENARLO ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO, PREVIA INTERPOSICIÓN DE LOS RECURSOS A QUE HAYA LUGAR", sostuvo que la falta de interposición del medio de defensa legal procedente contra el acto reclamado es una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo indirecto, tal como se advierte de la parte conducente que dice: "Al respecto, se advierte que en la materia de la contradicción, si para los tribunales contendientes es claro que procede el recurso de apelación en contra de las determinaciones que no estén encaminadas a obtener la ejecución de la sentencia -en particular las que niegan el embargo de las cuentas bancarias del deudor-, entonces es factible estimar que la falta de interposición de dicho medio de defensa es una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo indirecto, sobre la cual el juzgador puede pronunciarse desde el auto admisorio." En las relatadas condiciones, es claro que se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, por lo que con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida, por no haberse agotado el medio ordinario de defensa en contra del proveído del dieciséis de febrero de dos mil diecisiete. Sin que en la especie resulte aplicable la tesis aislada que cita el promovente en su escrito de cuenta, identificada con el número VII.2o.C.85 C (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, de rubro: "JUICIO DE AMPARO DIRECTO. LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBE CONTRAERSE PRIMERO A LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE APELACIÓN QUE PREVÉ EL CÓDIGO DE COMERCIO EN EL ARTÍCULO 1339, PARA ESTABLECER SI EL ACTO RECLAMADO ES LA SENTENCIA DEFINITIVA O LA RESOLUCIÓN QUE PUSO FIN AL JUICIO"; en virtud de que la misma se refiere a la procedencia del juicio de amparo directo, cuya competencia recae en un Tribunal Colegiado de Circuito, quien conforme al artículo 170 de la Ley de Amparo, conoce del juicio de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, contra las cuales no proceda medio de impugnación alguno -de ahí su definitividad-. Hipótesis que no se configura en el presente asunto, pues en el caso se reclama una resolución que no ha sido definitiva, ya que como se ha visto, en su contra procede el recurso de reposición, previsto en el artículo 1334 del Código de Comercio.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Secretaria de Acuerdos Interina adscrita a la Primer Ponencia de la Sala Civil Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, mediante el cual remite copia certificada de las constancias que integran el toca civil ******************** de su índice; lo anterior, en cumplimiento al requerimiento que se le formuló mediante proveído del veintidós de marzo de dos mil diecisiete, para los efectos legales a que haya lugar, toda vez que se encuentra transcurriendo el término otorgado a la parte quejosa para desahogar la prevención que le fue formulada en dicho auto.
- Principal
PRAL 245/2017-VI Notifico por medio de lista a la parte quejosa Pedro Romano Maldonado, el proveído de veintidós de marzo de dos mil diecisiete, cuya síntesis dice: Vista la demanda de amparo que promueve Pedro Romano Maldonado, por propio derecho, contra actos de la Sala Civil Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 245/2017-VI. En principio, debe destacarse que el artículo 108 de la Ley de Amparo en vigor, prevé los requisitos que debe contener la demanda de amparo indirecto, entre las que se encuentra establecida en la fracción V, que a la letra dicen: ... Del precepto legal transcrito se desprende que la parte promovente se encuentra obligada entre otras cosas, a narrar los antecedentes de los actos reclamados; obligación que implica formular la narrativa tanto de los acontecimientos ocurridos con anterioridad al acto reclamado, como los aspectos que puedan influir en la procedencia del juicio de amparo. Ahora, a fin de proveer lo que en derecho corresponda respecto a la demanda de amparo es conveniente hacer notar que el promovente al narrar los hechos y abstenciones que constituyen que antecedentes del acto reclamado, omite manifestar si impugnó a través del recurso ordinario idóneo el auto que combate en esta vía constitucional, de dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, dictado en el toca civil número 37/2017 del índice de la Sala Civil Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, en el que se desecha por improcedente -dado que la suerte principal en el juicio mercantil de origen es menor a la exigida por el artículo 1339 del Código de Comercio-, el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución de veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis, que negó la adjudicación del bien inmueble rematado en primera almoneda, dentro del juicio ejecutivo mercantil 524/2012, del índice del entonces Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Hidalgo y de Extinción de Dominio en el Estado de Tlaxcala. Lo anterior, pone de manifiesto que los antecedentes que narra la parte promovente resultan insuficientes para dilucidar los acontecimientos ocurridos con anterioridad a los actos reclamados; así como los aspectos que puedan influir en la procedencia del juicio de amparo; por consiguiente, esta autoridad no puede admitir una demanda sin tener la certeza del acto reclamado, pues al promovente le asiste la carga procesal de narrar los hechos que determinen la procedencia de su pretensión en el juicio de amparo, exponiendo los argumentos jurídicos dirigidos a demostrar la invalidez constitucional de los actos reclamados, total o parcialmente. En tales condiciones, a fin de proveer lo que en derecho corresponda respecto a la demanda de amparo y dado que con fundamento en los artículos 108, fracción V, 110 y 114 de la Ley de Amparo, requiérase a la parte promovente para que dentro del plazo de cinco días contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído señale, bajo protesta de decir verdad: Si interpuso o no recurso ordinario alguno -idóneo- en contra del auto reclamado de dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, dictado en el toca civil número 37/2017, del índice de la Sala Civil Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala. De igual forma, con fundamento en el artículo 110 de la ley de la materia, se le requiere para que dentro del mismo plazo exhiba las copias necesarias de su escrito aclaratorio para correr traslado a cada una de las partes, considerando que es una la autoridad que ya ha señalado como responsables; dos para la parte tercera interesada; y una más para el Agente del Ministerio Público Adscrito a este Juzgado Federal. Se le apercibe que en caso de no dar cumplimiento al requerimiento formulado en el plazo de cinco días contados a partir de que surta sus efectos la notificación de este proveído, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Sin desdoro de lo anterior y para mejor proveer, en términos del artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se requiere a la Sala Civil Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, para que para que dentro del plazo de cuarenta y ocho horas contadas a partir de que reciba el oficio por el que se le comunique este proveído, en el caso, remita copia certificada de todo lo actuado en el toca civil número 37/2017, de su índice, derivado del juicio ejecutivo mercantil 524/2012, promovido por José Encarnación Nava Leal, endosatario en procuración del Edith Nava Gómez, en contra de Horacio J. Nava Flores y/o José Nava Flores, del índice del entonces Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Hidalgo y de Extinción de Dominio en el Estado de Tlaxcala; o bien, manifieste su imposibilidad para ello. En el entendido que la copia certificada que al efecto remita a este órgano jurisdiccional del toca civil 37/2017 de su índice, deberá ser legible y estar debidamente rubricada, foliada y entresellada, así como en orden progresivo, para estar en aptitud de proveer lo conducente a la procedencia del presente juicio de garantías. Con el apercibimiento que en caso de no hacerlo en el término señalado, se hará acreedor a una multa de veinte unidades de medida y actualización, de conformidad con la reforma al inciso a) de la base II del artículo 41, y párrafo primero, de la fracción VI, del Apartado A del artículo 123; y se adicionaron los párrafos sexto y séptimo del Apartado B del artículo 26, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo. Por otra parte, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en el ocurso de cuenta, no obstante, que señala como domicilio particular el diverso ubicado en calle Hidalgo Sur número cuarenta y tres, barrio La Concepción, perteneciente al municipio de Chiautempan, Tlaxcala, puesto que lo realizó únicamente para los efectos del artículo 108 de la Ley de Amparo, asimismo; se tiene como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas que indica, por no contar con registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este juicio, en términos del artículo 21, párrafo tercero, de la ley de amparo.
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