Pedro Rocha Rodríguez

Expediente 343/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 42 actuaciones registradas, la última del 3 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
343/2022
Año
2022
Actuaciones
42
Última actuación
03/03/2023

Partes del expediente

  • Pedro Rocha Rodríguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 42.

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, tres de marzo de dos mil veintitrés. Causa estado cumplimiento a la sentencia de amparo. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal de autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes hicieran valer recurso de inconformidad contra el auto del treinta de enero de dos mil veintitrés, que tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo; en consecuencia, se declara que el auto de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Una vez que obren en autos las constancias de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo interpretado a contrario sensu, envíese el presente juicio constitucional al ARCHIVO, toda vez que se encuentra totalmente concluido. Valoración del expediente. Se establece que el presente expediente es depurable, una vez que transcurra el término de tres años a que se refiere el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 18, fracción I, inciso b), del citado Acuerdo; POR HABERSE CONCEDIDO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL EN EL JUICIO; en la inteligencia que deberán conservarse la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional, los cuales deberán ser transferidos a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Dado que el presente juicio carece de relevancia documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15, del citado Acuerdo General, el expediente principal deberán transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, una vez que transcurran los plazos que disponen los artículos 18, penúltimo párrafo y 27 del Acuerdo General referido. Plazo de conservación. Resguárdese el juicio principal por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Depuración de expediente. Depúrese el cuaderno principal dentro de los noventa días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo ante anterior, conservando la demanda, el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; la resolución relativa a la sentencia y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional; lo que deberá justificarse en el acuerdo de desincorporación, debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Transferencia. Terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en su momento en la relación que se integre para efectos de su transferencia o destrucción. Incidente de suspensión Ahora, mediante oficio CAP/DGAD/392/2021, de ocho de marzo de dos mil veintiuno, el Director General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, en atención a la consulta formulada por el Juez Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, informó que únicamente será depurable el original del incidente de suspensión cuando se concedan la suspensión definitiva o ambas medidas cautelares, de ocurrir lo contrario, es decir, si se concedió la suspensión provisional, pero se negó la definitiva, lo procedente será que el órgano jurisdiccional lo destruya al carecer dicho documento de relevancia jurídica. Luego, toda vez que en el incidente de suspensión fue concedida la medida definitiva, se establece que el original del incidente de suspensión es depurable, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 18, fracción I, inciso a), del citado acuerdo. Resguárdese el cuaderno original del incidente de suspensión por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Depúrese el original del incidente de suspensión dentro de los noventa días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; las resoluciones relativas al otorgamiento o violación de la medida cautelar y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional; lo que deberá justificarse en el acuerdo de desincorporación, debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia de estos expedientes a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Se establece que el cuaderno duplicado del incidente de suspensión es destruible, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 21, fracción II, inciso a), del citado acuerdo. Resguárdese por el término de seis meses, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Destrúyase dentro de los treinta días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior, debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. En consecuencia, realícense las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes y en su momento en la relación que se integre para efectos de su transferencia o destrucción; asimismo, insértese copia certificada de este acuerdo en los cuadernos original y duplicado del incidente de suspensión, para constancia. Devolución de documentos. Por otra parte, toda vez que los documentos exhibidos por la parte quejosa, se ubican en la hipótesis del artículo tercero, fracción XVIII, del invocado Acuerdo General, requiérasele para que dentro del plazo de noventa días comparezca a las instalaciones de este Juzgado Federal en día y hora hábil debidamente identificada para recogerlos, apercibido que de no hacerlo así, dichos documentos serán depurados junto con el expediente. Ahora bien, para dar cumplimiento a lo anterior, en términos del artículo 5 del Capítulo II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, para estar en posibilidad de coordinar la entrega de los documentos que se indica, el solicitante deberá comunicarse al teléfono 241 418 81 90 extensión 1308, (dentro de un horario de nueve a catorce horas, de lunes a viernes), una vez que quede debidamente notificado del presente proveído. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Sonia López Márquez, Secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveído de tres de marzo de dos mil veintitrés: Apizaco, Tlaxcala, tres de marzo de dos mil veintitrés. Causa estado cumplimiento a la sentencia de amparo. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal de autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes hicieran valer recurso de inconformidad contra el auto del treinta de enero de dos mil veintitrés, que tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo; en consecuencia, se declara que el auto de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Una vez que obren en autos las constancias de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo interpretado a contrario sensu, envíese el presente juicio constitucional al ARCHIVO, toda vez que se encuentra totalmente concluido. Valoración del expediente. Se establece que el presente expediente es depurable, una vez que transcurra el término de tres años a que se refiere el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 18, fracción I, inciso b), del citado Acuerdo; POR HABERSE CONCEDIDO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL EN EL JUICIO; en la inteligencia que deberán conservarse la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional, los cuales deberán ser transferidos a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Dado que el presente juicio carece de relevancia documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15, del citado Acuerdo General, el expediente principal deberán transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, una vez que transcurran los plazos que disponen los artículos 18, penúltimo párrafo y 27 del Acuerdo General referido. Plazo de conservación. Resguárdese el juicio principal por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Depuración de expediente. Depúrese el cuaderno principal dentro de los noventa días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo ante anterior, conservando la demanda, el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; la resolución relativa a la sentencia y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional; lo que deberá justificarse en el acuerdo de desincorporación, debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Transferencia. Terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en su momento en la relación que se integre para efectos de su transferencia o destrucción. Incidente de suspensión Ahora, mediante oficio CAP/DGAD/392/2021, de ocho de marzo de dos mil veintiuno, el Director General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, en atención a la consulta formulada por el Juez Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, informó que únicamente será depurable el original del incidente de suspensión cuando se concedan la suspensión definitiva o ambas medidas cautelares, de ocurrir lo contrario, es decir, si se concedió la suspensión provisional, pero se negó la definitiva, lo procedente será que el órgano jurisdiccional lo destruya al carecer dicho documento de relevancia jurídica. Luego, toda vez que en el incidente de suspensión fue concedida la medida definitiva, se establece que el original del incidente de suspensión es depurable, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 18, fracción I, inciso a), del citado acuerdo. Resguárdese el cuaderno original del incidente de suspensión por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Depúrese el original del incidente de suspensión dentro de los noventa días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; las resoluciones relativas al otorgamiento o violación de la medida cautelar y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional; lo que deberá justificarse en el acuerdo de desincorporación, debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia de estos expedientes a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Se establece que el cuaderno duplicado del incidente de suspensión es destruible, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 21, fracción II, inciso a), del citado acuerdo. Resguárdese por el término de seis meses, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Destrúyase dentro de los treinta días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior, debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. En consecuencia, realícense las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes y en su momento en la relación que se integre para efectos de su transferencia o destrucción; asimismo, insértese copia certificada de este acuerdo en los cuadernos original y duplicado del incidente de suspensión, para constancia. Devolución de documentos. Por otra parte, toda vez que los documentos exhibidos por la parte quejosa, se ubican en la hipótesis del artículo tercero, fracción XVIII, del invocado Acuerdo General, requiérasele para que dentro del plazo de noventa días comparezca a las instalaciones de este Juzgado Federal en día y hora hábil debidamente identificada para recogerlos, apercibido que de no hacerlo así, dichos documentos serán depurados junto con el expediente. Ahora bien, para dar cumplimiento a lo anterior, en términos del artículo 5 del Capítulo II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, para estar en posibilidad de coordinar la entrega de los documentos que se indica, el solicitante deberá comunicarse al teléfono 241 418 81 90 extensión 1308, (dentro de un horario de nueve a catorce horas, de lunes a viernes), una vez que quede debidamente notificado del presente proveído.

  3. Principal

    Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveído de treinta de enero de dos mil veintitrés: Apizaco, Tlaxcala, treinta de enero de dos mil veintitrés. Análisis cumplimiento de sentencia. Visto el estado procesal de autos y la certificación de cuenta, y conforme al artículo 107, fracción XVI, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, dispone que no puede archivarse ningún juicio de amparo, sin que quede cumplida la sentencia en que se haya concedido a la parte quejosa la protección constitucional. En la sentencia dictada el once de julio de dos mil veintidós (fojas 221 a 258), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a********************, para efecto de que la responsable realizara lo siguiente: "1. Resarcir al quejoso********************, tanto de los daños originados por la prohibición de seguir prestando sus servicios en la institución correspondiente, como de los perjuicios, esto es, ********************, equivalente a tres meses de su salario y veinte días por cada año laborado. 2. Le paguen al quejoso******************** "las demás prestaciones a que en su caso tuviera derecho", las cuales como se vio consisten en la remuneración ordinaria diaria, así como los beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto que percibía el servidor público por la prestación de sus servicios, como vacaciones, prima vacacional y aguinaldo, únicamente desde su despido (UNO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS) hasta que se realice el pago correspondiente; incluidos los servicios de salud los que se proporcionarán hasta en tanto se pague la indemnización y las prestaciones referidas. 3. Se ordene la anotación en su expediente personal, así como en el Registro Nacional de Seguridad Pública de que fue dado de baja de manera injustificada, debiendo vigilarse la materialización de dicho registro". Así en proveído de uno de agosto de dos mil veintidós (fojas 276 a 278), causó ejecutoria la sentencia dictada en el presente juicio y requirió a la responsable el cumplimiento de la misma. Posteriormente, se tuvo por recibido el oficio signado por el Presidente Municipal de Chiautempan, Tlaxcala, mediante el cual remitió las constancias con las que manifestó haber dado cumplimiento a la sentencia de amparo, y con el cual se ordenó dar vista a la parte quejosa por el plazo de tres días, para que estuvieran en aptitud de manifestar lo que a su interés legal conviniera. Asimismo, por acuerdo de veinte de septiembre de dos mil veintidós (fojas 340 a 343), se ordenó de oficio la apertura del incidente de liquidación, mismo que fue resuelto el veintiocho de noviembre del año referido fojas (423 a 439); en los témrinos siguientes: "En consecuencia, toda vez que únicamente se presentó dictamen por el perito oficial en materia de contabilidad, y éste se efectuó con la información proporcionada; conforme a lo anterior, y como se ha reseñado, se advierte que el Ayuntamiento de Chiautempan, Tlaxcala, adeuda al quejoso la cantidad de $167.026.03 (ciento sesenta y siete mil veintiséis pesos con tres centavos, moneda nacional). (.) ÚNICO. Es fundado el presente incidente de cuantificación de cantidades a las que asciende la ejecutoria dictada en el juicio de amparo 343/2022, promovido por********************; por tanto, una vez que quede firme esta resolución, las autoridades responsables deberán pagar a la parte quejosa las cantidades precisadas en el último considerando de esta interlocutoria y dentro del plazo ahí señalado. En cumplimiento a lo anterior, el Presidente Municipal de Chiautempan, Tlaxcala, remitió mediante oficio, copia certificada de las constancias con las cuales manifestó haber realizado el pago al quejoso de la cantidad determinada en el incidente de liquidación; y con las cuales se ordenó dar vista a la parte quejosa por el plazo de tres días, para que estuvieran en aptitud de manifestar lo que a su interés legal conviniera. Ahora, a las documentales remitidas por la autoridad responsable, este juzgador les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°. Con apoyo en las constancias de autos, datos aportados por la autoridad responsable, se procede a analizar si la misma se encuentra cumplida o no. Del análisis de las constancias remitidas, se advierte que las responsables, dentro de su ámbito de competencia, realizaron lo siguiente: a) Se realizó la anotación en su expediente personal, así como en el Registro Nacional de Seguridad Pública de que fue dado de baja de manera injustificada, tal como se advierte de la imagen siguiente: b) El seis de diciembre de dos mil veintidós, pagaron al quejoso la cantidad de $167.026.03 (ciento sesenta y siete mil veintiséis pesos con tres centavos, moneda nacional), por concepto de indemnización, veinte días por año de servicio y demás prestaciones a que tuvo derecho; misma que fue cubierta a través de dos cheques, tal como se evidencia con las siguientes imágenes: En consecuencia es evidente que las responsables, dieron cumplimiento a la sentencia de amparo; lo anterior, pues: a) realizaron la anotación en el expediente personal del quejoso y en el Registro Nacional de Seguridad Pública de que fue dado de baja de manera injustificada; y, b) pagaron al quejoso la cantidad determinada en incidente de liquidación por concepto de indemnización, veinte días por año de servicio y demás prestaciones a que tuvo derecho. No existe defecto o exceso. Es pertinente dejar establecido que no existió defecto o exceso en el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, considerando que hay exceso cuando las responsables se extralimitan en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la determinación y que, por el contrario, habrá defecto, cuando las autoridades cumplen parcialmente con lo ordenado, o lo hace deficientemente; al respecto, como criterio orientador, se cita la jurisprudencia del rubro: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO". Se estima que no hay defecto en el cumplimiento, en razón a que la responsable siguió lo ordenado en la sentencia protectora en los términos indicados con antelación. Tampoco existe exceso, pues la autoridad responsable no se extralimitó en el cumplimiento, pues no fue más allá de lo ordenado en la ejecutoria de amparo. Por tanto, no existió defecto en el cumplimiento porque la responsable no dejó de hacer algo que se le haya impuesto en la resolución de amparo; tampoco existe exceso, ya que la responsable no fue más allá del alcance de la ejecutoria que concedió el amparo. Se declara cumplido el fallo protector Por consiguiente, este órgano de control constitucional considera que se ha restituido a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales violados, en términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo; en tal virtud, se declara cumplida la ejecutoria de amparo dictada dentro del presente juicio. Anotaciones y captura SISE Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de Juzgado de registro de juicios de amparo, y procédase a la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Archivo. Una vez que quede firme la presente determinación, archívese el presente juicio de derechos como asunto concluido.

  4. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, treinta de enero de dos mil veintitrés. Análisis cumplimiento de sentencia. Visto el estado procesal de autos y la certificación de cuenta, y conforme al artículo 107, fracción XVI, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, dispone que no puede archivarse ningún juicio de amparo, sin que quede cumplida la sentencia en que se haya concedido a la parte quejosa la protección constitucional. En la sentencia dictada el once de julio de dos mil veintidós (fojas 221 a 258), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a********************, para efecto de que la responsable realizara lo siguiente: "1. Resarcir al quejoso********************, tanto de los daños originados por la prohibición de seguir prestando sus servicios en la institución correspondiente, como de los perjuicios, esto es, ********************, equivalente a tres meses de su salario y veinte días por cada año laborado. 2. Le paguen al quejoso******************** "las demás prestaciones a que en su caso tuviera derecho", las cuales como se vio consisten en la remuneración ordinaria diaria, así como los beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto que percibía el servidor público por la prestación de sus servicios, como vacaciones, prima vacacional y aguinaldo, únicamente desde su despido (UNO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS) hasta que se realice el pago correspondiente; incluidos los servicios de salud los que se proporcionarán hasta en tanto se pague la indemnización y las prestaciones referidas. 3. Se ordene la anotación en su expediente personal, así como en el Registro Nacional de Seguridad Pública de que fue dado de baja de manera injustificada, debiendo vigilarse la materialización de dicho registro". Así en proveído de uno de agosto de dos mil veintidós (fojas 276 a 278), causó ejecutoria la sentencia dictada en el presente juicio y requirió a la responsable el cumplimiento de la misma. Posteriormente, se tuvo por recibido el oficio signado por el Presidente Municipal de Chiautempan, Tlaxcala, mediante el cual remitió las constancias con las que manifestó haber dado cumplimiento a la sentencia de amparo, y con el cual se ordenó dar vista a la parte quejosa por el plazo de tres días, para que estuvieran en aptitud de manifestar lo que a su interés legal conviniera. Asimismo, por acuerdo de veinte de septiembre de dos mil veintidós (fojas 340 a 343), se ordenó de oficio la apertura del incidente de liquidación, mismo que fue resuelto el veintiocho de noviembre del año referido fojas (423 a 439); en los témrinos siguientes: "En consecuencia, toda vez que únicamente se presentó dictamen por el perito oficial en materia de contabilidad, y éste se efectuó con la información proporcionada; conforme a lo anterior, y como se ha reseñado, se advierte que el Ayuntamiento de Chiautempan, Tlaxcala, adeuda al quejoso la cantidad de $167.026.03 (ciento sesenta y siete mil veintiséis pesos con tres centavos, moneda nacional). (.) ÚNICO. Es fundado el presente incidente de cuantificación de cantidades a las que asciende la ejecutoria dictada en el juicio de amparo 343/2022, promovido por********************; por tanto, una vez que quede firme esta resolución, las autoridades responsables deberán pagar a la parte quejosa las cantidades precisadas en el último considerando de esta interlocutoria y dentro del plazo ahí señalado. En cumplimiento a lo anterior, el Presidente Municipal de Chiautempan, Tlaxcala, remitió mediante oficio, copia certificada de las constancias con las cuales manifestó haber realizado el pago al quejoso de la cantidad determinada en el incidente de liquidación; y con las cuales se ordenó dar vista a la parte quejosa por el plazo de tres días, para que estuvieran en aptitud de manifestar lo que a su interés legal conviniera. Ahora, a las documentales remitidas por la autoridad responsable, este juzgador les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°. Con apoyo en las constancias de autos, datos aportados por la autoridad responsable, se procede a analizar si la misma se encuentra cumplida o no. Del análisis de las constancias remitidas, se advierte que las responsables, dentro de su ámbito de competencia, realizaron lo siguiente: a) Se realizó la anotación en su expediente personal, así como en el Registro Nacional de Seguridad Pública de que fue dado de baja de manera injustificada, tal como se advierte de la imagen siguiente: b) El seis de diciembre de dos mil veintidós, pagaron al quejoso la cantidad de $167.026.03 (ciento sesenta y siete mil veintiséis pesos con tres centavos, moneda nacional), por concepto de indemnización, veinte días por año de servicio y demás prestaciones a que tuvo derecho; misma que fue cubierta a través de dos cheques, tal como se evidencia con las siguientes imágenes: En consecuencia es evidente que las responsables, dieron cumplimiento a la sentencia de amparo; lo anterior, pues: a) realizaron la anotación en el expediente personal del quejoso y en el Registro Nacional de Seguridad Pública de que fue dado de baja de manera injustificada; y, b) pagaron al quejoso la cantidad determinada en incidente de liquidación por concepto de indemnización, veinte días por año de servicio y demás prestaciones a que tuvo derecho. No existe defecto o exceso. Es pertinente dejar establecido que no existió defecto o exceso en el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, considerando que hay exceso cuando las responsables se extralimitan en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la determinación y que, por el contrario, habrá defecto, cuando las autoridades cumplen parcialmente con lo ordenado, o lo hace deficientemente; al respecto, como criterio orientador, se cita la jurisprudencia del rubro: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO". Se estima que no hay defecto en el cumplimiento, en razón a que la responsable siguió lo ordenado en la sentencia protectora en los términos indicados con antelación. Tampoco existe exceso, pues la autoridad responsable no se extralimitó en el cumplimiento, pues no fue más allá de lo ordenado en la ejecutoria de amparo. Por tanto, no existió defecto en el cumplimiento porque la responsable no dejó de hacer algo que se le haya impuesto en la resolución de amparo; tampoco existe exceso, ya que la responsable no fue más allá del alcance de la ejecutoria que concedió el amparo. Se declara cumplido el fallo protector Por consiguiente, este órgano de control constitucional considera que se ha restituido a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales violados, en términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo; en tal virtud, se declara cumplida la ejecutoria de amparo dictada dentro del presente juicio. Anotaciones y captura SISE Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de Juzgado de registro de juicios de amparo, y procédase a la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Archivo. Una vez que quede firme la presente determinación, archívese el presente juicio de derechos como asunto concluido. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Carmen Esther Pérez Vargas, Secretaria que autoriza y da fe.

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