Pedro Rodríguez Ahumada
Expediente 555/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 32 actuaciones registradas, la última del 11 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 555/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 32
- Última actuación
- 11/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Pedro Rodríguez Ahumada
Actuaciones
Las 4 más recientes de 32.
- Principal
Se recibe oficio y se agrega Téngase por recibido y agréguese a los autos sin mayor pronunciamiento el oficio del Juez Mixto de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial del Estado, con residencia en Tamazunchale, San Luis Potosí... Cúmplase.
- Principal
Se recibe acuse de recibo Téngase por recibido el oficio del Juez Mixto de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial del Estado, con residencia en Tamazunchale, San Luis Potosí.... Notifíquese.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, treinta de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso d), de la ley en comento, contra el auto de cuatro de noviembre de dos mil veintidós, que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Firmeza En consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, se declara que dicho proveído HA QUEDADO FIRME. Archivo. Atento a la certificación de cuenta, en virtud de que no existen diligencias pendientes por realizar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido. Relevancia El presente asunto, NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Destino Principal. Concluido el plazo de conservación de tres años, como lo estipula el artículo 21, inciso a), del acuerdo en cita, es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dentro de los treinta días siguientes. Anotaciones Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, así como en el Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes -SISE-. Devolución de anexo Por otra parte, devuélvase al Juez Mixto de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial, con residencia en Tamazunchale, San Luis Potosí, las constancias que se sirvió acompañar a su informe justificado, consistentes en copia certificada de los expedientes ******************** y ******************** de su índice, en tres tomos; solicitando el acuse respectivo. Notifíquese.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, cuatro de noviembre de dos mil veintidós. Concluye el plazo otorgado para que compareciera albacea Vista la certificación de cuenta y el estado procesal de los autos, se advierte que transcurrió el plazo concedido en acuerdo de veintidós de marzo de dos mil veintidós, para que compareciera a este sumario quien represente los intereses de la sucesión a bienes del tercero interesado que en vida se llamó ***a defender los intereses de esa sucesión; sin que en dicha temporalidad lo haya hecho. Se levanta la suspensión del procedimiento No obstante lo anterior, cabe destacar que a juicio de la suscrita, en el caso, debe privilegiarse la decisión de fondo frente al tema procesal del emplazamiento de uno de los terceros interesados en este juicio, -forma- siempre y cuando no se le cause perjuicio, en atención al artículo 17, tercer párrafo, de la Constitución General. En efecto, en los juicios constitucionales se debe atender porque lo que dispone el tercer párrafo, del artículo 17 Constitucional, es que los juzgadores puedan privilegiar la solución del fondo de la controversia, empero, no debe transgredirse derecho fundamental de las partes. Tal disposición constitucional dispone: "Artículo 17.- Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales Ahora, de una interpretación teleológica de esta norma constitucional, el constituyente al adicionar este párrafo no buscó permitir el incumplimiento de la ley ni la eliminación de las formalidades del debido proceso, sino evitar formalismos que impidan la impartición de justicia en forma pronta y expedita, respetando los diversos principios constitucionales que rigen la función jurisdiccional. No hacerlo provocaría incertidumbre jurídica en perjuicio de los gobernados, por lo en atención a ello, los operadores juzgadores deben privilegiar la solución del fondo de las controversias que sustancien por encima de la forma, siempre y cuando se respete la equidad procesal y demás derechos fundamentales de las partes. En el caso a estudio, se considera prioritario resolver la controversia constitucional a efecto de que las partes tengan acceso efectivo a la impartición de justicia, pues como se resolverá ésta, no se trasgrede algún derecho fundamental del tercero interesado fallecido. En consecuencia, de conformidad con la segunda porción normativa, del párrafo segundo, del artículo 16 de la Ley de Amparo, toda vez que el plazo de sesenta días hábiles feneció y no compareció a este sumario quien represente los intereses de la sucesión a bienes del tercero interesado, se levanta la suspensión y se reanuda el procedimiento del presente asunto. Se advierte causal de improcedencia Ahora, en el caso esta jueza federal advierte de oficio que se actualiza en forma notoria la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17, primer párrafo y 18 todos de la Ley de Amparo, pues la demanda de amparo fue presentada de manera extemporánea y para arribar a tal conclusión, es importante destacar el contenido de los citados numerales, que por su orden y en lo que interesa, señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De los preceptos legales transcritos, se advierte que establecen las reglas para la presentación de la demanda de amparo, respecto a la oportunidad en que debe promoverse. Así, el párrafo primero del artículo 17, precisa como regla general que el juicio de amparo debe interponerse dentro del plazo de quince días, contados a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación a la parte quejosa del acto o resolución que se reclama, atendiendo a la ley procesal que rija el procedimiento del que deviene el acto reclamado; o bien, al día siguiente en que el peticionario de amparo haya tenido conocimiento del acto reclamado; o, en su caso, al día siguiente en que el promovente se hubiese ostentado sabedor de los actos refutados de inconstitucionales. Además, las fracciones I, II, III y IV del transcrito precepto legal 17, prevé las excepciones a la regla general, esto es: Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 Constitucional, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En ese contexto, del análisis de las constancias que obran en autos, se advierte que Pedro Rodríguez Ahumada en su demanda de amparo reclama del Juez responsable el auto de tres de agosto de dos mil veintiuno, a través del cual se le requirió el cumplimiento de los resolutivos quinto y sexto de la sentencia definitiva dictada en el expediente 130/2005, relativo al juicio extraordinario civil por acción confesoria. Luego, en los antecedentes del acto reclamado narró bajo protesta de decir verdad, que el nueve de septiembre de dos mil veintiuno, el Actuario Judicial adscrito al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial, con residencia en Tamazunchale, San Luis Potosí, le requirió el cumplimiento de los resolutivos quinto y sexto de la aludida sentencia. Se concatena a lo anterior, el informe justificado rendido por el actuario adscrito al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial, con residencia en Tamazunchale, en el que el fedatario manifestó que es cierto el acto reclamado, consistente en el acuerdo de tres de agosto de dos mil veintiuno, dictado en el juicio extraordinario civil 130/2005 del índice del órgano jurisdiccional en cita, en el que se ordenó dar cumplimiento a los resolutivos quinto y sexto de la sentencia que resolvió dicho controvertido; asimismo, que por cédula notificó a Pedro Rodríguez Ahumada -aquí quejoso-, el nueve de septiembre del año en cita; lo que queda evidenciado con las constancias que el Juez Mixto de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial, con residencia en Tamazunchale, remitió en apoyo a su informe justificado, destacándose la foja 504 del anexo Dos. Por lo que resulta inconcuso que el acto reclamado, al no estar dentro de los supuestos de excepción que establece el numeral 17 de la Ley de Amparo, la parte quejosa contaba con el plazo de quince días para presentar demanda de juicio constitucional, de acuerdo a lo dispuesto por el primer párrafo del mencionado numeral. Ahora, de la interpretación armónica de todos los artículos invocados, se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendidos éstos, como aquellos contra los que no se promueva el juicio dentro del plazo de quince días. Lapso que el dispositivo 18 de la citada Ley de Amparo, prevé que se contabilizará: I.- A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que se reclame; II.- A partir del día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento del acto que reclama o de su ejecución; o, III.- A partir del día siguiente al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos. Destacan estas formas para computar el plazo de quince días, dentro del cual ha de presentarse la demanda de amparo para tenerla por oportunamente presentada, todas ellas con características propias y excluyentes entre sí, dado que de la primera, se deriva la existencia de una actuación procesal efectuada por la autoridad en virtud de la cual, en fecha precisa, se hace saber al agraviado el acto reclamado, esto es, mediante una notificación practicada de manera legal y por ende, válida para efectos del aludido cómputo, mientras no se demuestre su nulidad o ilegalidad. La segunda manera para computar el plazo de quince días, importa un acto de naturaleza variable por parte de la autoridad responsable -distinto a la notificación-, de una autoridad diversa, o incluso del propio quejoso, que conlleve la certeza de que éste tuvo conocimiento, en determinada fecha de los actos reclamados; empero, ese conocimiento debe producir la convicción de que el peticionario de amparo conoció en forma directa, plena y completa el acto reclamado, es decir, de manera integral, según lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia con número de registro 917538, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, CONOCIMIENTO DEL, COMO BASE DEL TÉRMINO PARA INTERPONER EL AMPARO. El conocimiento del acto reclamado por el quejoso y que sirve de base para el cómputo del término para la interposición del juicio de garantías, debe constar probado de modo directo y no inferirse a base de presunciones." La tercer forma contenida en el artículo 18 de la Ley de Amparo, establece que el plazo de quince días para la promoción de la demanda de amparo, se contará desde el día siguiente al que "se ostente sabedor del acto reclamado o, de su ejecución", lo que implica una aceptación del quejoso a través de la cual manifiesta que conoce el acto reclamado; conducta que entraña una confesión expresa que evidencia la fecha de conocimiento. Precisadas las características esenciales de las tres hipótesis previstas en el artículo 18 de la Ley de Amparo, debe señalarse que las mismas no guardan un orden de preferencia; sino que la intención del legislador fue establecer que para la promoción del juicio de amparo comenzará a computarse a partir del día siguiente al en que se verifica cualquiera de los tres supuestos establecidos en el invocado numeral. Ahora bien, en el caso, el acto que se reclama encuadra en la primera hipótesis para computar el plazo de quince días, pues el quejoso Pedro Rodríguez Ahumada, en su demanda de amparo manifestó bajo protesta de decir verdad que el Actuario Judicial adscrito al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial, con residencia en Tamazunchale, San Luis Potosí, en cumplimiento al acuerdo de tres de agosto de dos mil veintiuno, le requirió el cumplimiento de los resolutivos quinto y sexto de la sentencia definitiva de quince de junio de dos mil seis, dictada en el juicio extraordinario civil 130/2005; lo cual, se le notificó el nueve de septiembre de dos mil veintiuno, a través de cédula; como se advierte de las constancias que el juzgador responsable remitió en apoyo a su informe justificado. De lo narrado, se destaca la fecha en que la parte quejosa refiere que fue notificado del acto reclamado; esto es, el nueve de septiembre de dos mil veintiuno, pues manifestó que en esa data fue requerido para que diera cumplimiento a los resolutivos quinto y sexto de la sentencia definitiva de quince de junio de dos mil seis, dictada en el juicio extraordinario civil por acción confesoria 130/2005. En congruencia con lo anterior, el plazo para la presentación de la demanda de amparo debe contabilizarse a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que se reclama, es decir, a partir del diez de septiembre del dos mil veintiuno y culminó el cinco de octubre del año en cita. Por tanto, el plazo de quince días para que el solicitante de derechos fundamentales presentara la demanda de amparo indirecto en contra del citado acto reclamado, transcurrió en exceso, puesto que la demanda fue presentada hasta el veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, según se advierte del sello de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad; lo que hace patente que el acto reclamado se consintió tácitamente el no haberse promovido el juicio de amparo dentro del plazo previsto. Consecuentemente, al actualizarse en forma notoria la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 párrafo primero y 18, todos de la Ley de Amparo, procede sobreseer fuera de audiencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. Notifíquese y personalmente.
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