Pedro Mendoza López

Expediente 573/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
573/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
28/11/2023

Partes del expediente

  • Pedro Mendoza López

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Se acuerda certificación Vista la certificación que antecede se advierte que el auto de diez de noviembre de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo, no fue recurrido dentro del plazo de cinco días, previsto en el numeral 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Archivo...Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, diez de noviembre de dos mil veintitrés. Demanda de amparo e identificación de las partes Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por **********, contra el acto que reclama del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Ciudad del Maíz, San Luis Potosí, que considera violatorio de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Registro Atento a lo anterior, se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, bajo el número 573/2023. Digitalización Procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el artículo 3, fracción II y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo (reformado el veintiocho de octubre de dos mil veintidós). Expediente físico y electrónico Se hace del conocimiento de las partes que el expediente físico del juicio de amparo en que se actúa, se integrará únicamente con los documentos que se reciban físicamente y las constancias de notificación que se realicen. En la inteligencia de que el expediente electrónico se integrará con la totalidad de las constancias que se reciban de forma física y/o electrónica, además de las actuaciones que se lleven a cabo en el juicio, de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Fundamento del desechamiento El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que la Juzgadora de Distrito debe examinar la demanda de amparo, pero si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Acto reclamado Del estudio integral de la demanda de amparo, se advierte que el peticionario de amparo señala como acto reclamado: El acuerdo de veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, dictado por la autoridad responsable, dentro del expediente 249/2023 relativo a las diligencias de jurisdicción voluntaria para efectos de notificación de terminación de contrato verbal de arrendamiento. Antecedentes del acto reclamado De la narración bajo protesta de decir verdad efectuada por el promovente en su escrito de demanda, se advierten como antecedentes los siguientes: Sin tener fecha cierta Raymundo Mendoza López presentó escrito en la vía de jurisdicción voluntaria, en la que solicitó la notificación personal de terminación del contrato verbal de arrendamiento al aquí quejoso, respecto de la propiedad ubicada en ********. Posteriormente, sin tener fecha cierta, ***********solicitó al Juzgado, se admita prueba testimonial con el objeto de acreditar el contenido verbal del arrendamiento motivo de la jurisdicción voluntaria. Sin tener fecha cierta, se admitió la prueba testimonial solicitada por Raymundo Mendoza López, la cual se desahogó a las diez horas del ocho de septiembre de este año, en donde el oferente de la prueba presentó a dos testigos, quienes en su declaración manifestaron estar presentes en la celebración del contrato verbal de arrendamiento, una de los testigos manifestó ser hija legítima del oferente de la prueba. El Juzgado responsable tiene por acreditado con dicha testimonial la existencia del contrato verbal de arrendamiento. El tres de octubre pasado, se notificó al justiciable el acuerdo de veintidós de septiembre de este año, por el cual la responsable admitió a trámite la jurisdicción voluntaria para la diligencia de notificación de terminación de contrato verbal de arrendamiento. Actualización de causa de improcedencia En el caso se estima que la demanda en cuestión es improcedente al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, esta última a contrario sensu y de manera análoga, ambos de la Ley de Amparo, los cuales establecen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." En efecto, de la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo se advierte que el juicio de amparo es improcedente, cuando así resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la propia Ley de Amparo. Por su parte, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en lo conducente, dispone que el juicio constitucional en la vía indirecta procede contra actos cuya ejecución es de imposible reparación. También se establece que por "imposible reparación" debe entenderse aquellos actos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Con base en estas disposiciones, puede afirmarse que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales, se entendiera que esos actos para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. En esa medida, con el objeto de evidenciar la actualización de la causa de improcedencia invocada, resulta oportuno establecer que el acto reclamado no priva a la parte promovente de bienes o derechos sustantivos, ni tampoco impide que tenga una resolución favorable a sus intereses. Ello es así, pues el acto reclamado consiste en el acuerdo de veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, dentro del expediente 249/2023 relativo a las diligencias de jurisdicción voluntaria, diligencia de notificación de terminación de contrato verbal de arrendamiento, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Ciudad del Maíz, San Luis Potosí, en el que la admite a trámite; sin embargo, no es un acto que ponga fin a la diligencia, ni uno que tenga una ejecución irreparable en perjuicio de la parte promovente, pues únicamente el Juez responsable admitió a trámite la multicitada diligencia, lo que conlleva que se continúe con su substanciación. Actuación que si bien es un acto fuera de juicio, aplicando por analogía lo previsto en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procedería sólo en los casos en que el acto sea de imposible reparación y una vez agotado el principio de definitividad. Por lo que, si el acto reclamado se trata de la admisión de la jurisdicción voluntaria y su repercusión implica que el procedimiento continúe, lo que no corresponde al acto que pone fin a esa acción y además, no contiene una orden de lanzamiento del inmueble de referencia, pues únicamente comunica el término de la relación contractual y sus consecuencias; no se advierte alguna nota distintiva de los actos de imposible reparación que afecten derechos sustantivos. Consecuentemente, el auto reclamado no tiene el carácter de imposible reparación, en términos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, porque no vulnera alguno de los derechos sustantivos de la parte inconforme, consagrados en la Constitución Federal o algún Tratado Internacional, como lo es la vida, la integridad física, el patrimonio, la libertad, entre otros; de ahí que se actualice la causal de improcedencia en comento. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis Jurisprudencial 1a./J. 16/2013 (con número de registro electrónico 2003301) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta a página 744 del Tomo I, Abril de 2013, que dice: "JURISDICCIÓN VOLUNTARIA. EL AMPARO INDIRECTO SÓLO PROCEDE CONTRA EL ACTO QUE PONGA FIN A LA DILIGENCIA SALVO QUE SE TRATE DE ACTOS INTERMEDIOS CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. Las diligencias de jurisdicción voluntaria deben calificarse como actos dictados fuera de juicio en los términos del primer párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo. Al respecto, el Pleno de este Alto Tribunal en las tesis jurisprudenciales de rubros: "PRENDA MERCANTIL. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE EN CONTRA DEL ACUERDO QUE ADMITE A TRÁMITE LA PETICIÓN DEL ACREEDOR PARA QUE EL JUEZ AUTORICE LA VENTA DE LOS BIENES DADOS EN GARANTÍA."; "PRENDA MERCANTIL, VENTA JUDICIAL DE LA. PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 341 DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO."; y en las ejecutorias de las que derivaron éstas, estableció que cuando dichos actos provinieran de un procedimiento, el juicio de amparo indirecto sólo procede en contra de la resolución que pone fin a dicho procedimiento; supuesto en el cual, de acuerdo al inciso b), de la fracción III, del artículo 107 Constitucional, en estos casos debe respetarse el principio de definitividad. No obstante, aplicando por analogía la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, si durante el procedimiento de jurisdicción voluntaria existe un acto intermedio de imposible reparación, el amparo indirecto procedería excepcionalmente respecto de dicho acto, una vez que se hubiesen agotado los medios ordinarios de defensa que existan en su contra, sin requerir que se emita la determinación final que proceda. Así, por regla general el amparo indirecto sólo procede contra el acto que ponga fin a la diligencia de jurisdicción voluntaria, salvo que el acto sea de imposible reparación, supuesto en el cual el amparo indirecto procederá en contra de actos intermedios, debiendo en ambos casos respetarse el principio de definitividad". En tales condiciones, al haberse actualizado en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada procede desechar de plano la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Domicilio Por otra parte, se tiene como domicilio del promovente del amparo el precisado en su demanda. Autorizados Se autoriza a *********, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que cuentan con cédula profesional expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, para ejercer como licenciados en derecho, como se advierte de la certificación de cuenta. Acceso al expediente electrónico Toda vez que el promovente solicita acceso al expediente electrónico del juicio y proporciona el usuario electrónico "manuel-ram", el cual se encuentra registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, al advertirse que cumple con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se le autoriza la consulta electrónica del expediente, mediante ese usuario. En ese sentido, hágase del conocimiento de la parte promovente que cuando las partes autorizadas para consultar expedientes electrónicos relativos a uno o más juicios de amparo adviertan una falla en los sistemas del Consejo de la Judicatura Federal, que impida el envío de documentos por vía electrónica o la consulta de las determinaciones judiciales que obran en un expediente electrónico o carpeta digital, dada su relevancia para las notificaciones electrónicas, deberán hacerlo del conocimiento, por vía impresa, de este juzgado Federal, o bien, del titular del Área Técnica del Consejo de la Judicatura Federal, por vía electrónica, a través del sub-vínculo denominado "Aviso de fallas técnicas", al que podrá accederse mediante el uso de la firma electrónica en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, o de no ser posible por esta vía, a los correos electrónicos destinados para tal efecto en la pantalla principal del citado Portal o desde la cuenta de correo proporcionada para la obtención del Certificado Digital de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación. De la atención a las partes a través de los medios electrónicos y digitales para la consulta del expediente electrónico Por otro lado, las personas que acudan a los órganos jurisdiccionales podrán hacer uso del equipo de cómputo que este órgano jurisdiccional ha dispuesto para la consulta del expediente electrónico, o a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, con su usuario respectivo. Lo anterior, debido a que todas las actuaciones judiciales que deban constar por escrito se plasmarán en documentos generados y firmados electrónicamente; en la inteligencia de que sólo se digitalizarán los documentos remitidos físicamente por las partes, testigos, peritos, otras personas intervinientes y autoridades ajenas al Poder Judicial de la Federación. En ese sentido, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, por lo que deberán dar de alta su usuario; pues de esa manera, siempre tendrán disponible las constancias electrónicas que integren el expediente electrónico del que sean parte procesal. Lo anterior, con fundamento en los artículos 261, 262 y 263 fracciones I y II del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reformado mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós. Uso de medios electrónicos Única y exclusivamente, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos como cámaras fotográficas, teléfonos celulares con cámaras fotográficas y escáner, para obtener imágenes de constancias que debido a su volumen y tamaño en gigabytes, superen el máximo que soporta la plataforma electrónica del Consejo de la Judicatura Federal, y que no haya sido posible digitalizarlos para agregarlos al expediente electrónico, sin necesidad de solicitud por escrito y acuerdo que recaiga al mismo; lo anterior siempre y cuando los acuerdos no se traten de aquéllos que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservados, debiendo asentar la razón correspondiente respecto de la actuación objeto de reproducción a través de los citados medios electrónicos, lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en la inteligencia que el uso de los aludidos medios tecnológicos no implica la captación de las firmas que están plasmadas en la resolución correspondiente, dada la facilidad con que pueden confeccionarse. Expedición de copias En otro contexto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 278, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que integren el juicio y de las remitidas por las autoridades responsables en apoyo a su informe justificado, sin necesidad de promoción y acuerdo que le recaiga; lo anterior, siempre y cuando las constancias solicitadas no contengan datos sensibles, reservados o confidenciales en términos de la Ley de Transparencia. Para ello bastará: I) que las soliciten a la Secretaria o Secretario del juzgado responsable de su expediente; (II) que paguen el costo de su reproducción directamente en el centro de fotocopiado más cercano al edificio en el que se encuentra este juzgado federal; y, (III) que se deje en el expediente constancia legal de su recepción, por lo que no será necesario que lo soliciten por escrito. Protección de datos personales Conforme a los artículos 23, 70 fracción XXXVI, y 73 fracciones II y V de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; los numerales 6, 8 y 9 del Reglamento para la aplicación de la Ley Federal relativa, así como los preceptos 25 a 27, 31, 34 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, se hace del conocimiento de las partes que el asunto se clasifica como de información no reservada. Sin embargo, en términos del artículo 111 de la Ley General en comento, en las versiones públicas de las resoluciones dictadas por este Órgano de Control Constitucional se testarán las partes o secciones que en su momento tuviesen información reservada o confidencial. Habilitación al actuario. Ahora, en razón de que el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, establece que se podrá comisionar al actuario para realizar notificaciones en zonas conurbadas; en consecuencia, se instruye al actuario para que practique las notificaciones derivadas de este asunto en la zona conurbada, si así se requiere. Sirve de apoyo a ello, en lo conducente la Jurisprudencia 1ª./J 43/2010, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Junio de 2010, página 67, de rubro: "DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. EL QUEJOSO, TERCERO PERJUDICADO O PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO, PUEDEN SEÑALARLO EN LA ZONA METROPOLITANA O CONURBADA AL MUNICIPIO O CIUDAD DONDE EL JUEZ O TRIBUNAL QUE CONOZCA DEL ASUNTO TENGA SU LUGAR DE RESIDENCIA." Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA.- CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA ESTA DETERMINACIÓN AL QUEJOSO QUE DICE: Número de expediente: 573/2023 Acuerdo: Ciudad Valles, San Luis Potosí, diez de noviembre de dos mil veintitrés. Demanda de amparo e identificación de las partes Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por **********, contra el acto que reclama del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Ciudad del Maíz, San Luis Potosí, que considera violatorio de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Registro Atento a lo anterior, se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, bajo el número 573/2023. Digitalización Procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el artículo 3, fracción II y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo (reformado el veintiocho de octubre de dos mil veintidós). Expediente físico y electrónico Se hace del conocimiento de las partes que el expediente físico del juicio de amparo en que se actúa, se integrará únicamente con los documentos que se reciban físicamente y las constancias de notificación que se realicen. En la inteligencia de que el expediente electrónico se integrará con la totalidad de las constancias que se reciban de forma física y/o electrónica, además de las actuaciones que se lleven a cabo en el juicio, de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Fundamento del desechamiento El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que la Juzgadora de Distrito debe examinar la demanda de amparo, pero si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Acto reclamado Del estudio integral de la demanda de amparo, se advierte que el peticionario de amparo señala como acto reclamado: El acuerdo de veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, dictado por la autoridad responsable, dentro del expediente 249/2023 relativo a las diligencias de jurisdicción voluntaria para efectos de notificación de terminación de contrato verbal de arrendamiento. Antecedentes del acto reclamado De la narración bajo protesta de decir verdad efectuada por el promovente en su escrito de demanda, se advierten como antecedentes los siguientes: Sin tener fecha cierta Raymundo Mendoza López presentó escrito en la vía de jurisdicción voluntaria, en la que solicitó la notificación personal de terminación del contrato verbal de arrendamiento al aquí quejoso, respecto de la propiedad ubicada en ********. Posteriormente, sin tener fecha cierta, ***********solicitó al Juzgado, se admita prueba testimonial con el objeto de acreditar el contenido verbal del arrendamiento motivo de la jurisdicción voluntaria. Sin tener fecha cierta, se admitió la prueba testimonial solicitada por Raymundo Mendoza López, la cual se desahogó a las diez horas del ocho de septiembre de este año, en donde el oferente de la prueba presentó a dos testigos, quienes en su declaración manifestaron estar presentes en la celebración del contrato verbal de arrendamiento, una de los testigos manifestó ser hija legítima del oferente de la prueba. El Juzgado responsable tiene por acreditado con dicha testimonial la existencia del contrato verbal de arrendamiento. El tres de octubre pasado, se notificó al justiciable el acuerdo de veintidós de septiembre de este año, por el cual la responsable admitió a trámite la jurisdicción voluntaria para la diligencia de notificación de terminación de contrato verbal de arrendamiento. Actualización de causa de improcedencia En el caso se estima que la demanda en cuestión es improcedente al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, esta última a contrario sensu y de manera análoga, ambos de la Ley de Amparo, los cuales establecen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." En efecto, de la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo se advierte que el juicio de amparo es improcedente, cuando así resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la propia Ley de Amparo. Por su parte, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en lo conducente, dispone que el juicio constitucional en la vía indirecta procede contra actos cuya ejecución es de imposible reparación. También se establece que por "imposible reparación" debe entenderse aquellos actos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Con base en estas disposiciones, puede afirmarse que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales, se entendiera que esos actos para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. En esa medida, con el objeto de evidenciar la actualización de la causa de improcedencia invocada, resulta oportuno establecer que el acto reclamado no priva a la parte promovente de bienes o derechos sustantivos, ni tampoco impide que tenga una resolución favorable a sus intereses. Ello es así, pues el acto reclamado consiste en el acuerdo de veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, dentro del expediente 249/2023 relativo a las diligencias de jurisdicción voluntaria, diligencia de notificación de terminación de contrato verbal de arrendamiento, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Ciudad del Maíz, San Luis Potosí, en el que la admite a trámite; sin embargo, no es un acto que ponga fin a la diligencia, ni uno que tenga una ejecución irreparable en perjuicio de la parte promovente, pues únicamente el Juez responsable admitió a trámite la multicitada diligencia, lo que conlleva que se continúe con su substanciación. Actuación que si bien es un acto fuera de juicio, aplicando por analogía lo previsto en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procedería sólo en los casos en que el acto sea de imposible reparación y una vez agotado el principio de definitividad. Por lo que, si el acto reclamado se trata de la admisión de la jurisdicción voluntaria y su repercusión implica que el procedimiento continúe, lo que no corresponde al acto que pone fin a esa acción y además, no contiene una orden de lanzamiento del inmueble de referencia, pues únicamente comunica el término de la relación contractual y sus consecuencias; no se advierte alguna nota distintiva de los actos de imposible reparación que afecten derechos sustantivos. Consecuentemente, el auto reclamado no tiene el carácter de imposible reparación, en términos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, porque no vulnera alguno de los derechos sustantivos de la parte inconforme, consagrados en la Constitución Federal o algún Tratado Internacional, como lo es la vida, la integridad física, el patrimonio, la libertad, entre otros; de ahí que se actualice la causal de improcedencia en comento. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis Jurisprudencial 1a./J. 16/2013 (con número de registro electrónico 2003301) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta a página 744 del Tomo I, Abril de 2013, que dice: "JURISDICCIÓN VOLUNTARIA. EL AMPARO INDIRECTO SÓLO PROCEDE CONTRA EL ACTO QUE PONGA FIN A LA DILIGENCIA SALVO QUE SE TRATE DE ACTOS INTERMEDIOS CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. Las diligencias de jurisdicción voluntaria deben calificarse como actos dictados fuera de juicio en los términos del primer párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo. Al respecto, el Pleno de este Alto Tribunal en las tesis jurisprudenciales de rubros: "PRENDA MERCANTIL. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE EN CONTRA DEL ACUERDO QUE ADMITE A TRÁMITE LA PETICIÓN DEL ACREEDOR PARA QUE EL JUEZ AUTORICE LA VENTA DE LOS BIENES DADOS EN GARANTÍA."; "PRENDA MERCANTIL, VENTA JUDICIAL DE LA. PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 341 DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO."; y en las ejecutorias de las que derivaron éstas, estableció que cuando dichos actos provinieran de un procedimiento, el juicio de amparo indirecto sólo procede en contra de la resolución que pone fin a dicho procedimiento; supuesto en el cual, de acuerdo al inciso b), de la fracción III, del artículo 107 Constitucional, en estos casos debe respetarse el principio de definitividad. No obstante, aplicando por analogía la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, si durante el procedimiento de jurisdicción voluntaria existe un acto intermedio de imposible reparación, el amparo indirecto procedería excepcionalmente respecto de dicho acto, una vez que se hubiesen agotado los medios ordinarios de defensa que existan en su contra, sin requerir que se emita la determinación final que proceda. Así, por regla general el amparo indirecto sólo procede contra el acto que ponga fin a la diligencia de jurisdicción voluntaria, salvo que el acto sea de imposible reparación, supuesto en el cual el amparo indirecto procederá en contra de actos intermedios, debiendo en ambos casos respetarse el principio de definitividad". En tales condiciones, al haberse actualizado en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada procede desechar de plano la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Domicilio Por otra parte, se tiene como domicilio del promovente del amparo el precisado en su demanda. Autorizados Se autoriza a *********, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que cuentan con cédula profesional expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, para ejercer como licenciados en derecho, como se advierte de la certificación de cuenta. Acceso al expediente electrónico Toda vez que el promovente solicita acceso al expediente electrónico del juicio y proporciona el usuario electrónico "manuel-ram", el cual se encuentra registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, al advertirse que cumple con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se le autoriza la consulta electrónica del expediente, mediante ese usuario. En ese sentido, hágase del conocimiento de la parte promovente que cuando las partes autorizadas para consultar expedientes electrónicos relativos a uno o más juicios de amparo adviertan una falla en los sistemas del Consejo de la Judicatura Federal, que impida el envío de documentos por vía electrónica o la consulta de las determinaciones judiciales que obran en un expediente electrónico o carpeta digital, dada su relevancia para las notificaciones electrónicas, deberán hacerlo del conocimiento, por vía impresa, de este juzgado Federal, o bien, del titular del Área Técnica del Consejo de la Judicatura Federal, por vía electrónica, a través del sub-vínculo denominado "Aviso de fallas técnicas", al que podrá accederse mediante el uso de la firma electrónica en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, o de no ser posible por esta vía, a los correos electrónicos destinados para tal efecto en la pantalla principal del citado Portal o desde la cuenta de correo proporcionada para la obtención del Certificado Digital de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación. De la atención a las partes a través de los medios electrónicos y digitales para la consulta del expediente electrónico Por otro lado, las personas que acudan a los órganos jurisdiccionales podrán hacer uso del equipo de cómputo que este órgano jurisdiccional ha dispuesto para la consulta del expediente electrónico, o a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, con su usuario respectivo. Lo anterior, debido a que todas las actuaciones judiciales que deban constar por escrito se plasmarán en documentos generados y firmados electrónicamente; en la inteligencia de que sólo se digitalizarán los documentos remitidos físicamente por las partes, testigos, peritos, otras personas intervinientes y autoridades ajenas al Poder Judicial de la Federación. En ese sentido, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, por lo que deberán dar de alta su usuario; pues de esa manera, siempre tendrán disponible las constancias electrónicas que integren el expediente electrónico del que sean parte procesal. Lo anterior, con fundamento en los artículos 261, 262 y 263 fracciones I y II del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reformado mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós. Uso de medios electrónicos Única y exclusivamente, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos como cámaras fotográficas, teléfonos celulares con cámaras fotográficas y escáner, para obtener imágenes de constancias que debido a su volumen y tamaño en gigabytes, superen el máximo que soporta la plataforma electrónica del Consejo de la Judicatura Federal, y que no haya sido posible digitalizarlos para agregarlos al expediente electrónico, sin necesidad de solicitud por escrito y acuerdo que recaiga al mismo; lo anterior siempre y cuando los acuerdos no se traten de aquéllos que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservados, debiendo asentar la razón correspondiente respecto de la actuación objeto de reproducción a través de los citados medios electrónicos, lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en la inteligencia que el uso de los aludidos medios tecnológicos no implica la captación de las firmas que están plasmadas en la resolución correspondiente, dada la facilidad con que pueden confeccionarse. Expedición de copias En otro contexto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 278, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que integren el juicio y de las remitidas por las autoridades responsables en apoyo a su informe justificado, sin necesidad de promoción y acuerdo que le recaiga; lo anterior, siempre y cuando las constancias solicitadas no contengan datos sensibles, reservados o confidenciales en términos de la Ley de Transparencia. Para ello bastará: I) que las soliciten a la Secretaria o Secretario del juzgado responsable de su expediente; (II) que paguen el costo de su reproducción directamente en el centro de fotocopiado más cercano al edificio en el que se encuentra este juzgado federal; y, (III) que se deje en el expediente constancia legal de su recepción, por lo que no será necesario que lo soliciten por escrito. Protección de datos personales Conforme a los artículos 23, 70 fracción XXXVI, y 73 fracciones II y V de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; los numerales 6, 8 y 9 del Reglamento para la aplicación de la Ley Federal relativa, así como los preceptos 25 a 27, 31, 34 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, se hace del conocimiento de las partes que el asunto se clasifica como de información no reservada. Sin embargo, en términos del artículo 111 de la Ley General en comento, en las versiones públicas de las resoluciones dictadas por este Órgano de Control Constitucional se testarán las partes o secciones que en su momento tuviesen información reservada o confidencial. Habilitación al actuario. Ahora, en razón de que el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, establece que se podrá comisionar al actuario para realizar notificaciones en zonas conurbadas; en consecuencia, se instruye al actuario para que practique las notificaciones derivadas de este asunto en la zona conurbada, si así se requiere. Sirve de apoyo a ello, en lo conducente la Jurisprudencia 1ª./J 43/2010, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Junio de 2010, página 67, de rubro: "DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. EL QUEJOSO, TERCERO PERJUDICADO O PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO, PUEDEN SEÑALARLO EN LA ZONA METROPOLITANA O CONURBADA AL MUNICIPIO O CIUDAD DONDE EL JUEZ O TRIBUNAL QUE CONOZCA DEL ASUNTO TENGA SU LUGAR DE RESIDENCIA." Notifíquese personalmente.

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