Pedro Rocha Arreola

Expediente 1508/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1508/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
10/10/2022

Partes del expediente

  • Pedro Rocha Arreola

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; diez de octubre de dos mil veintidós. CAUSA ESTADO. Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que la parte quejosa no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el acuerdo de veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, mediante el cual se desechó la demanda de amparo; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia en cita, se declara que dicho proveído ha causado estado. ANOTACIONES Y ARCHIVO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese como asunto concluido. Ahora bien, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que: 1. El presente asunto es susceptible de destrucción, pues se desechó la demanda de amparo en el presente juicio (artículo 21, inciso b), del acuerdo en cita). 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años contados a partir de la presente orden de archivo, ya que después de este lapso, éste órgano de control constitucional procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Por otra parte, se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará físicamente al archivo el expediente en que se actúa. En ese contexto, comisiónese a la Secretaria encargada de la mesa, para que revise y certifique si las constancias de autos coinciden con las del expediente electrónico, en términos del artículo 35 del referido acuerdo. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; veintisiete de septiembre de dos mil veintidós. RADICACIÓN DE LA DEMANDA. Vista la demanda de amparo promovida por ***** contra actos de la Subgerencia Regional de Zona de Transmisión Valle de Transmisión Central de la Comisión Federal de Electricidad Transmisión, Empresa Productiva Subsidiaria, de la Comisión Federal de Electricidad. REGISTRO. Fórmese expediente electrónico y físico una vez que las labores del juzgado lo permitan, háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y regístrese bajo el número 1508/2022-VII. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. De la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que el quejoso reclama esencialmente: El corte del suministro del servicio de energía eléctrica. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Precisado lo anterior, el suscrito advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la ley de la materia, en relación al ordinal 5°, ambos de la Ley de Amparo, al no estar en presencia de actos de autoridad. En efecto, el acto reclamado, deriva de un acto comercial en el que la emisora no funge como autoridad, sino más bien se trata de cuestiones inherentes al campo de derechos y obligaciones que derivan del suministro de energía eléctrica y respecto de las cuales la vía idónea para combatirlas es acudir ante los tribunales ordinarios. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 198/2017, determinó que la Comisión Federal de Electricidad opera como una empresa privada que, entre otros, presta el servicio público y universal de suministro básico de energía eléctrica bajo un régimen especial. Apuntó que dicho régimen especial -de derecho privado- permite que sus relaciones con los particulares con los que celebra contratos de suministro de energía eléctrica sean entendidas como mercantiles. Es decir, están sujetas a reglas especiales que varían de acuerdo a las necesidades del servicio público y de conciliar los derechos de la empresa productiva del Estado con los derechos de los particulares. Asimismo, señaló que la Comisión Federal de Electricidad, tratándose de relaciones y actos derivados del contrato de suministro de energía eléctrica, no actúa en ejercicio de una potestad administrativa que le otorgue atribuciones de tal magnitud que actualicen una relación de supra-subordinación frente a los particulares, ni realice actos equiparables a dicha relación. Ello, tomando en consideración que, en su carácter de suministrador, los actos que lleva a cabo a virtud del contrato de suministro de energía eléctrica tienen como origen un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial, incluido el inherente corte, suspensión o desconexión. Por tanto, se trata de una relación de coordinación en virtud del contrato que celebre la empresa suministradora con el usuario en los términos que finalmente se pacten. El criterio a que se ha hecho referencia está plasmado en la jurisprudencia 2a./J. 30/2018 (10a.)1, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 532, tomo I, abril de 2018, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que establece: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA ACTOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA. La interpretación teleológica del régimen jurídico especial que tutela esa actividad de la empresa productiva del Estado, lleva a considerar que su objetivo es garantizar que el servicio se preste, ello en un sistema de libre competencia. De ahí que no la ejerce en un plano de supra a subordinación porque el contrato de adhesión no somete arbitraria y unilateralmente la voluntad de los contratantes a las condiciones de la empresa; máxime que su contenido es verificado por la Comisión Reguladora de Energía y la Procuraduría Federal del Consumidor para asegurar que no contenga cláusulas leoninas, abusivas o inequitativas para el contratante, mientras se protege la actividad comercial de la sociedad. En esa virtud, tales actos, incluido el corte del suministro en términos del contrato, forman parte de esa relación comercial y la vía procedente para dirimir lo relativo es la ordinaria mercantil. Sin que esto impida que cuando la empresa realice actos que vulneren derechos humanos fuera de lo estipulado y aceptado por las partes, o cuando aplique normas que se estimen inconstitucionales, se le pudiera señalar como autoridad responsable. Cuestión que deberá ser analizada en cada caso concreto por el juzgador de amparo." Por tal motivo, los conflictos que surjan con motivo de cuestiones comprendidas en el suministro de energía eléctrica -como el que nos ocupa, relacionado con el corte de suministro de energía eléctrica-, no pueden considerarse como emanados de una relación de supra a subordinación, sino de un vínculo de coordinación en donde el citado organismo actúa desprovisto de imperio. Es así, precisamente porque en su carácter de suministrador, los actos que lleva a cabo en virtud del contrato de suministro de energía eléctrica, tienen como origen un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial, incluido el inherente corte, adeudo ajuste, suspensión o desconexión de la energía eléctrica, habida cuenta que la participación regulatoria en ello se constriñe a otorgar bases mínimas que garanticen el cumplimiento del compromiso de suministro que es de orden público y que los contratos de adhesión que se celebren no resulten leoninos, abusivos, lesivos o inequitativos para el usuario. Por tanto, se trata de una relación de coordinación derivada del contrato que celebra la empresa suministradora con el usuario en los términos que finalmente se pacten. Bajo esa óptica, el acto aquí reclamado inherente al corte de suministro del servicio de energía eléctrica, no actualiza los supuestos establecidos para estimar que se está en presencia de actos equivalentes a los de una autoridad, porque la Comisión Federal de Electricidad no los ejerce en forma unilateral y obligatoria, como cumplimiento de funciones que le fueran conferidas por la norma, sino como producto de la relación contractual celebrada entre dicha empresa y un particular. Aunado a que, la empresa en caso de realizar el corte del suministro de energía por falta de pago, podrá en su caso sujetarse a lo establecido en el Código de Comercio en su artículo 1079, fracción III; lo anterior, porque, como ya se dijo, la Comisión Federal de Electricidad no está actuando provista de imperio y poder coercitivo para hacer cumplir sus determinaciones, sino que actúa como sujeto de derecho privado en una relación contractual, solicitando el pago de una cantidad que, a su consideración, se adeuda. Cabe señalar que la aludida jurisprudencia 2a./J. 30/2018 (10a.) es plenamente aplicable al caso, pues el acto señalado como reclamado, es el corte del suministro del servicio de energía eléctrica; por tanto, es evidente que se trata de un acto derivado del contrato de suministro, pues las partes se obligaron a suministrar el fluido eléctrico a cambio de una cantidad monetaria, determinada en los términos del propio contrato, mediante el uso de medidores. Luego, si lo que se realizó es el corte del suministro del servicio de energía eléctrica, es inconcuso que se trata de actos derivados del contrato de suministro de energía eléctrica, los cuales no son reclamables en el juicio de amparo. Por lo que la controversia que se plantea no puede dilucidarse por esta vía (amparo), toda vez que constituye una cuestión de carácter mercantil que es susceptible de analizarse por diversa vía y no mediante el control de constitucionalidad que implica esta instancia. Así, como se adelantó, está demostrado que el acto que aquí se reclama se atribuye a una empresa productiva del Estado, la cual, jurisprudencialmente, se ha establecido que no tiene carácter de autoridad cuando actúa en un plano de coordinación con el particular, como en el caso que nos ocupa. En tal sentido, el acto aquí reclamado no es susceptible de impugnarse en amparo indirecto, toda vez que manifiestamente carece de las notas distintivas de acto autoritario, las cuales son, con independencia de que en la realización del mismo intervenga una autoridad, que se emita ordene o disponga por esta en ejercicio de las facultades y competencia que le están legalmente reconocidas en su condición de autoridad; que los mismos impacten o afecten la esfera jurídica de los particulares al imponerse sobre los mismos, por encima de su voluntad, por tratarse de una determinación basada en el imperio de que goza la propia autoridad; y, finalmente, que dicho impacto se traduzca en una afectación manifiesta patente actual o inminente en dicha esfera jurídica del particular de que se trata. En otras palabras es menester, para que se repute como autoritario con todas sus características, que el acto que provenga de una entidad gubernamental del Estado, se caracterice por materializar una relación jurídica de supra a subordinación, que correlativamente al poder de que ordena, suponga el sometimiento inexorable de quien es el objeto de la orden o disposición, en definitiva, el sometimiento total del gobernado. Lo que en el particular, se reitera, no acontece en virtud que la Comisión Federal de Electricidad, no le surge el carácter de autoridad responsable en términos del artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, como así se sostiene en la citada jurisprudencia 2a./J. 30/2018 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Asimismo, el Alto Tribunal estableció en la referida jurisprudencia, que no obstante que la Comisión Federal de Electricidad, no es autoridad para efectos del juicio de amparo, aún y cuando el acto reclamado sea el corte de suministro de energía eléctrica, existe una excepción cuando la empresa realice actos que vulneren derechos humanos fuera de lo estipulado y aceptado por las partes, o cuando aplique normas que se estimen inconstitucionales, cuando dicha suspensión o corte ponga en riesgo evidente la vida, la salud o la seguridad de las personas que se encuentran en una situación vulnerable o estén imposibilitadas para proveer su subsistencia; entonces sí se le pudiera señalar como autoridad responsable. Empero, de la demanda de amparo no se advierten circunstancias que encuadren en las hipótesis mencionadas, para que en su caso, la procedencia del juicio biinstancial, ni existe manifestación de que se pone en peligro la vida o salud, o de tercero alguno, incluso, no evidencia que la parte quejosa se encuentre en estado de vulnerabilidad, o esté en imposibilitad para proveer su subsistencia; de modo que opera la regla general de que la Comisión Federal de Electricidad no es autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo, aun cuando se trate del corte, suministro o suspensión de energía eléctrica. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2a./J. 2/2019 (10a.), emitida por la Segunda Sala del Supremo Corte de Justicia de la Nación, número de registro: 2019230 visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 63, febrero de 2019, tomo I, página: 1008 de rubor y texto siguientes: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA EXISTENCIA DE JURISPRUDENCIA QUE DEFINA LA NATURALEZA DE SUS ACTOS, CONSTITUYE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, PARA DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA EN CONTRA DE AQUÉLLOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el Juez de Distrito debe desechar la demanda de amparo indirecto sólo cuando de ésta se advierta, sin lugar a dudas, un motivo manifiesto de improcedencia. Entonces, es factible el desechamiento de la demanda como causa notoria y manifiesta cuando se impugnen actos de la Comisión Federal de Electricidad cuya naturaleza ha sido definida mediante jurisprudencia por el Máximo Tribunal, pues dichos criterios son de observancia obligatoria en términos del artículo 217, párrafo primero, de la Ley de Amparo, para todos los órganos de menor jerarquía, vedando así cualquier posibilidad de que el obstáculo declarado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para entrar al estudio del fondo del asunto sea superado. Sostener lo contrario, implicaría admitir que un órgano de menor jerarquía puede revisar un criterio obligatorio que derivó de un ejercicio hermenéutico del contenido de una norma, lo que sería tanto como permitir distorsionar la certeza y la seguridad jurídica que genera la definición del tema vía jurisprudencia del máximo intérprete constitucional." Por tal motivo, si el juicio de amparo procede contra actos u omisiones de autoridad, según el artículo 1, fracción I, de la Ley de Amparo, y se demostró que la empresa a quien se señala como autoridad responsable en esta demanda, no actúa en un plano que le otorgue esa calidad (de autoridad responsable), se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, relacionada con los diversos 1, fracción I y 5, fracción II, este último interpretado a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo. DOMICILIO. Con fundamento en los artículos 26, fracción I, inciso a) y 29, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones las listas que se publican en los estrados de este juzgado. HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el Presidente de la Comisión para Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, y en atención a lo solicitado por la parte quejosa, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. EXHORTACIÓN A LAS PARTES. De conformidad con el Artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-COV- 2, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese por lista a la parte quejosa.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México · 9,095 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano