Pedro Onofre Silva
Expediente 707/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 707/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 16/10/2019
Partes del expediente
- Pedro Onofre Silva
Actuaciones
- Principal
MESA IV Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, agréguese a los autos el auto signado por el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez de cinco de junio del año en curso, de cuyo análisis se advierte que dicho Juzgado aceptó la competencia declinada por este órgano constitucional mediante acuerdo dictado el treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve. En virtud de lo anterior, toda vez que no existe nada más por cumplimentar en el presente asunto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese como definitivamente concluido. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que 1. Este cuaderno de antecedentes es susceptible de destrucción, pues este juzgado se declaró legalmente impedido para conocer del asunto (punto vigésimo, fracción I, párrafos primero y segundo). 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. 3. En el entendido que no existen documentos originales, de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del acuerdo general conjunto referido. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, de conformidad con el Decreto por el que se reforman los artículos 11; fracción XIX y 81, fracciones XVIII y XXXIV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se remitirá a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal; y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.
- Principal
MESA IV. RADICACIÓN.- Por recibida la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho, contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial de Jilotepec, México; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno con el número 707/2019-IV. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO.- Ahora bien, del escrito de demanda se obtiene que el acto reclamado esencialmente consiste en: La inadmisión del recurso de apelación interpuesto en contra de la negativa a modificar la medida cautelar de prisión preventiva decretada en la carpeta administrativa **/2019 por el Juez de Control del Distrito Judicial de Jilotepec, México. Tal precisión se realiza, con fundamento en el artículo 74 de la Ley de Amparo, en atención a la obligación del Juez de Distrito de analizar en su integridad la demanda de amparo, buscando qué realmente quiso impugnar el quejoso y no solamente lo que en apariencia indicó. A lo expuesto resulta aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia publicada con el 19, en la página 17, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, cuyos rubro y texto son: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." INCOMPETENCIA. Ahora bien, es menester precisar que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como una subgarantía inserta en el derecho fundamental genérico de legalidad, tutelado por el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que a virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la Ley les permite, es decir, solo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. En ese contexto, este Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, carece de competencia legal por razón de territorio para conocer el presente juicio de amparo, como a continuación se expondrá. En principio, conviene precisar el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." La determinación reclamada consiste en la inadmisión del recurso de apelación interpuesto en contra de la negativa a modificar la medida cautelar de prisión preventiva decretada en la carpeta administrativa **/2019 por el Juez de Control del Distrito Judicial de Jilotepec, México, cuyos efectos y consecuencias, consisten en que subsista la medida cautelar de prisión preventiva. En otras palabras, se afirma que este órgano jurisdiccional carece de competencia en razón de territorio para conocer del presente asunto en virtud de que la resolución que constituye el acto reclamado emitida por el Juez de Control del Distrito Judicial de Jilotepec, Estado de México, dentro de la carpeta administrativa **/2019, en la cual inadmitió el recurso de apelación interpuesto en contra de la negativa a modificar la medida cautelar de prisión preventiva decretada en contra del quejoso implica que el procesado aquí quejoso, continúe privado de su libertad en el lugar en que se encuentra recluido; de ahí que, resulta competente para conocer del presente asunto el Juez de Distrito que ejerce jurisdicción en dicho lugar (Jilotepec, Estado de México). Por ello, se estima que en el caso resulta competente para conocer del presente juicio de amparo un Juez de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, en turno en cuya jurisdicción conlleva ejecución el acto reclamado, conforme a la primera regla de competencia establecida con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Amparo, y de conformidad con el acuerdo 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Sirve de apoyo por analogía, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, del Semanario judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXI, junio de 2005, del rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN ESTÉ RECLUIDO EL QUEJOSO, EN EL MOMENTO EN QUE SE LE NIEGUE O NO SE DÉ TRÁMITE A SU SOLICITUD DE OTORGAMIENTO RESPECTO DE ALGUNO DE LOS BENEFICIOS PARA SUSPENDER LA EJECUCIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN. Del artículo 36 de la Ley de Amparo se advierten tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) será competente el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, c) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, si se toma en cuenta que el reo está privado de su libertad en el momento en el que solicita la concesión de alguno de los beneficios previstos en la ley para suspender la ejecución de la pena de prisión, es indudable que conforme a la primera regla de competencia citada, dicho acto se seguirá ejecutando en el lugar donde aquél esté recluido y, por ende, cuando se niegue el beneficio o no se dé trámite a la solicitud indicada, resulta competente para conocer del juicio de garantías relativo el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el centro penitenciario." Así también, la Tesis I.1o.A.44 A, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1299, del Tomo XIV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de agosto de dos mil uno, Novena Época, que establece: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a sí el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." En las relatadas condiciones, este Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, no es competente legalmente para conocer del presente asunto y declina competencia a favor del Juez de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, en turno; habida cuenta que dentro de esa jurisdicción tienen ejecución y se seguirá ejecutando el acto reclamado. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Amparo, remítase la demanda y sus anexos, al Juez de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, en turno, pues es la autoridad que se estima competente para resolver el mismo, dado que es la que ejerce jurisdicción en el territorio donde produce sus efectos el acto reclamado. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se solicita al Juez de Distrito que corresponda, que de no tener inconveniente legal alguno se sirva informar a este órgano jurisdiccional si acepta la competencia planteada, asimismo acuse el recibo de estilo correspondiente. SE FORMA CUADERNO DE ANTECEDENTES. Con motivo de lo anterior, con copia certificada de las constancias necesarias fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones la lista que se fija en los estrados de este juzgado de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Amparo, al haberse señalado domicilio procesal fuera de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional. En otro punto, en términos del precepto 12 de la Ley de Amparo, se tiene por autorizados únicamente para los efectos que precisa, a la persona que señala. TRANSPARENCIA. Finalmente, con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada.
- Principal
MESA IV. SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE TREINTA Y UNO DE MAYO DE LOS CURSANTES EMITIDO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, EN EL CUAL EN ESENCIA SE DETERMINÓ: "Toluca, Estado de México; treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve. RADICACIÓN.- Por recibida la demanda de amparo promovida por *********, por propio derecho, contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial de Jilotepec, México; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno con el número 707/2019-IV. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO.- Ahora bien, del escrito de demanda se obtiene que el acto reclamado esencialmente consiste en: La inadmisión del recurso de apelación interpuesto en contra de la negativa a modificar la medida cautelar de prisión preventiva decretada en la carpeta administrativa *****por el Juez de Control del Distrito Judicial de Jilotepec, México. Tal precisión se realiza, con fundamento en el artículo 74 de la Ley de Amparo, en atención a la obligación del Juez de Distrito de analizar en su integridad la demanda de amparo, buscando qué realmente quiso impugnar el quejoso y no solamente lo que en apariencia indicó. A lo expuesto resulta aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia publicada con el 19, en la página 17, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, cuyos rubro y texto son: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." INCOMPETENCIA. Ahora bien, es menester precisar que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como una subgarantía inserta en el derecho fundamental genérico de legalidad, tutelado por el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que a virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la Ley les permite, es decir, solo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. En ese contexto, este Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, carece de competencia legal por razón de territorio para conocer el presente juicio de amparo, como a continuación se expondrá. En principio, conviene precisar el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." La determinación reclamada consiste en la inadmisión del recurso de apelación interpuesto en contra de la negativa a modificar la medida cautelar de prisión preventiva decretada en la carpeta administrativa 35/2019 por el Juez de Control del Distrito Judicial de Jilotepec, México, cuyos efectos y consecuencias, consisten en que subsista la medida cautelar de prisión preventiva. En otras palabras, se afirma que este órgano jurisdiccional carece de competencia en razón de territorio para conocer del presente asunto en virtud de que la resolución que constituye el acto reclamado emitida por el Juez de Control del Distrito Judicial de Jilotepec, Estado de México, dentro de la carpeta administrativa *****, en la cual inadmitió el recurso de apelación interpuesto en contra de la negativa a modificar la medida cautelar de prisión preventiva decretada en contra del quejoso implica que el procesado aquí quejoso, continúe privado de su libertad en el lugar en que se encuentra recluido; de ahí que, resulta competente para conocer del presente asunto el Juez de Distrito que ejerce jurisdicción en dicho lugar (Jilotepec, Estado de México). Por ello, se estima que en el caso resulta competente para conocer del presente juicio de amparo un Juez de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, en turno en cuya jurisdicción conlleva ejecución el acto reclamado, conforme a la primera regla de competencia establecida con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Amparo, y de conformidad con el acuerdo 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Sirve de apoyo por analogía, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, del Semanario judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXI, junio de 2005, del rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN ESTÉ RECLUIDO EL QUEJOSO, EN EL MOMENTO EN QUE SE LE NIEGUE O NO SE DÉ TRÁMITE A SU SOLICITUD DE OTORGAMIENTO RESPECTO DE ALGUNO DE LOS BENEFICIOS PARA SUSPENDER LA EJECUCIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN. Del artículo 36 de la Ley de Amparo se advierten tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) será competente el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, c) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, si se toma en cuenta que el reo está privado de su libertad en el momento en el que solicita la concesión de alguno de los beneficios previstos en la ley para suspender la ejecución de la pena de prisión, es indudable que conforme a la primera regla de competencia citada, dicho acto se seguirá ejecutando en el lugar donde aquél esté recluido y, por ende, cuando se niegue el beneficio o no se dé trámite a la solicitud indicada, resulta competente para conocer del juicio de garantías relativo el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el centro penitenciario." Así también, la Tesis I.1o.A.44 A, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1299, del Tomo XIV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de agosto de dos mil uno, Novena Época, que establece: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a sí el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." En las relatadas condiciones, este Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, no es competente legalmente para conocer del presente asunto y declina competencia a favor del Juez de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, en turno; habida cuenta que dentro de esa jurisdicción tienen ejecución y se seguirá ejecutando el acto reclamado. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Amparo, remítase la demanda y sus anexos, al Juez de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, en turno, pues es la autoridad que se estima competente para resolver el mismo, dado que es la que ejerce jurisdicción en el territorio donde produce sus efectos el acto reclamado. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se solicita al Juez de Distrito que corresponda, que de no tener inconveniente legal alguno se sirva informar a este órgano jurisdiccional si acepta la competencia planteada, asimismo acuse el recibo de estilo correspondiente. SE FORMA CUADERNO DE ANTECEDENTES. Con motivo de lo anterior, con copia certificada de las constancias necesarias fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones la lista que se fija en los estrados de este juzgado de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Amparo, al haberse señalado domicilio procesal fuera de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional. En otro punto, en términos del precepto 12 de la Ley de Amparo, se tiene por autorizados únicamente para los efectos que precisa, a la persona que señala. TRANSPARENCIA. Finalmente, con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Notifíquese personalmente al quejoso."
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