Pedro Rebollar Grande

Expediente 547/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 14 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
547/2020
Año
2020
Actuaciones
14
Última actuación
07/06/2021

Partes del expediente

  • Pedro Rebollar Grande
  • Juez de Distrito actuando como Juez de Control, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en la ciudad de Morelia, Michoacán
  • Pedro Rebollar Grande y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, siete de junio de dos mil veintiuno.********************Visto lo de cuenta se provee.****************************************Acusa recibo de constancias.********************Agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, por medio del cual acusa recibo del oficio 10305/2021, así como de un tomo de pruebas consistente la causa penal ******************** y su acumulada ********************; lo anterior, para los efectos legales procedentes.****************************************Notifíquese en el Portal de Internet de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación.****************************************Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Víctor Hugo Alonso Cendejas, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, siete de mayo de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta se provee. Causa ejecutoria sentencia. De la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa no impugnó dentro del plazo legal la sentencia dictada el veintisiete de enero de la presente anualidad, en el presente juicio; con fundamento en el artículo 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas tanto en los libros de gobierno como el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Valoración. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; toda vez que, se sobreseyó en el juicio, se determina que el presente sumario es susceptible de DESTRUCCIÓN. Destino del expediente (destrucción, principal). Atento a lo anterior, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la destrucción de los autos en que se actúa, acorde a lo establecido en el capítulo octavo del Acuerdo General arriba citado. Valoración del incidente de suspensión. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; toda vez que, se negó la medida cautelar solicitada, se determina que los autos originales del incidente de suspensión son susceptibles de DESTRUCCIÓN. Destino del expediente. Atento a lo anterior, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la destrucción de los autos en que se actúa, acorde a lo establecido en el capítulo octavo del Acuerdo General arriba citado. Destino del duplicado. Ahora, por lo que ve al duplicado del presente cuadernillo, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo su destrucción, acorde a lo establecido en el capítulo octavo del Acuerdo General arriba citado, ello, siempre y cuando exista el expediente original. Devolución tomo de pruebas. En atención a que resulta innecesario conservar el tomo de prueba que se formó con las constancias que remitió el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal de Michoacán, con residencia en Morelia, en funciones de Administrador, se ordena su devolución en un tomo de pruebas, sin que sea necesario acusar de recibo puesto que el sello de recepción produce los mismos efectos Asimismo, de la certificación secretarial se desprende que el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, se avocó al conocimiento respecto del acto reclamado consistente en la omisión de garantizar el derecho humano a la salud del quejoso Pedro Rebollar Grande y/o Iván Pedro González León y/o Pedro Cruz Chávez y/o Rodrigo Loya Rebollar, mismo que registró bajo el número 64/2021; por tanto, se ordena remitir al juez homólogo el tomo de pruebas, que se formó con las constancias que remitió el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, con residencia en Uruapan, consistentes en copias certificadas que integran la causa penal 118/2014-I y su acumulada 151/2015-III, solicitando de manera comedida tenga a bien acusar recibo de su recepción. Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Víctor Hugo Alonso Cendejas, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 547/2020. RESULTANDO PRIMERO. Demanda de amparo indirecto. El tres de septiembre de dos mil veinte, Efraín Sandoval Rosales, en cuanto defensor público de Pedro Rebollar Grande y y/o Iván Pedro y/o Pedro y/o Rodrigo y/o González y/o Cruz y/o Loya y/o León y/o Chávez y/o Rebollar, presentó demanda de amparo indirecto en contra de actos de autoridad. En la misma demanda, la parte quejosa narró los antecedentes del caso y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. En este sentido, consideró violados en su perjuicio los artículos 1°, 14, 17, 19 y 133 de la Constitución Federal. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo indirecto. Por auto cuatro de septiembre de dos mil veinte, este Juzgado de Distrito admitió a trámite la demanda de amparo, registrándola con el número 547/2020. Posteriormente por auto de dieciocho de enero de dos mil veintiuno se ordenó la separación de autos y se determinó que el presente juicio se resolviera por el acto reclamado consistente en la suspensión del procedimiento y plazo constitucional en términos del numeral 331, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, a partir de las veintiún horas con quince minutos del veinte de agosto de dos mil veinte, el que deriva de la causa penal 412/2020 instruida en contra del quejoso, del índice del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, relacionada con la carpeta de investigación FED/MICH/URU/0001788/2020, de la que conoce el Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Unidad de Investigación y Litigación Michoacán, Agencia Segunda Investigadora, en la ciudad de Uruapan. Previo los trámites de ley, se llevó a cabo la audiencia constitucional quedando el juicio en estado de resolución. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver el juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Lo anterior, toda vez que el acto reclamado tiene ejecución material en esta ciudad donde se ejerce jurisdicción, no obstante que la autoridad que lo ordenó tenga su residencia fuera de ella. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En atención a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar los actos reclamados. 1.- Juez de Distrito actuando como Juez de Control, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en la ciudad de Morelia, Michoacán; y Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la unidad de Investigación y litigación Michoacán, Agencia segunda investigadora en Uruapan. La suspensión del procedimiento y plazo constitucional en términos del numeral 331, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, a partir de las veintiún horas con quince minutos del veinte de agosto de dos mil veinte. El que deriva de la causa penal 412/2020 instruida en contra del quejoso, del índice del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, relacionada con la carpeta de investigación FED/MICH/URU/0001788/2020, de la que conoce el Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Unidad de Investigación y Litigación Michoacán, Agencia Segunda Investigadora, en la ciudad de Uruapan. TERCERO. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable Juez de Distrito actuando como Juez de Control, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en la ciudad de Morelia, Michoacán; al rendir su informe justificado aceptó la existencia de acto reclamado. Lo que se corrobora con el original de la carpeta administrativa y el disco óptico de audio y video, el cual tiene pleno valor en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de este último ordenamiento. Por su parte el Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Unidad de Investigación y Litigación Michoacán, Agencia Segunda Investigadora con residencia en Uruapan, al rendir su informe justificado negó la existencia de acto reclamado; sin embargo tal negativa queda desvirtuada, en virtud de que de la carpeta de investigación que adjuntó el Juez Federal aludido se advierte su participación. CUARTO. Análisis de las causales de Improcedencia. Previamente al estudio de fondo de la cuestión planteada, se deben analizar las causas de improcedencia que hagan valer las partes o aquéllas que se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo tal como lo establece el artículo 62, de la Ley de Amparo. En el caso, no obstante la existencia del acto reclamado consistente en la suspensión del procedimiento y plazo constitucional en términos del numeral 331, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, a partir de las veintiún horas con quince minutos del veinte de agosto de dos mil veinte, la suscrita Juzgadora Federal estima que sobrevino la causa de improcedencia del juicio prevista de la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: El precepto legal indicado, en la parte que interesa, señala: "Artículo 61. El Juicio de Amparo, es improcedente: .XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". De lo transcrito, se infiere que el legislador estableció como causa de improcedencia del juicio, la cesación de efectos del acto reclamado; es decir, la improcedencia opera cuando ocurre un acto de autoridad a través del cual los efectos del citado acto se destruyen en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, con la cesación de sus efectos no dejan ninguna huella. Del análisis de la disposición legal transcrita, se obtiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado. En el caso, se estima que se surte la citada causal de improcedencia, considerando que si bien de constancias se aprecia que, el juez responsable, decretó la suspensión del procedimiento y plazo constitucional en términos del numeral 331, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, a partir de las veintiún horas con quince minutos del veinte de agosto de dos mil veinte, también se advierte que a las diez horas con veintidós minutos del cinco de septiembre de dos mil veinte, el Juez responsable en atención a la solicitud de la Fiscalía -dado el estado de salud del investigado- reanudó el procedimiento y del plazo constitucional. Además estableció que la conducción del imputado no fuera bajo la calidad de detenido, por ende, se declaró sin efectos la restricción a sus derechos y recobró su libertad. En esa tesitura, es incuestionable que con posterioridad a la presentación de la demanda -tres de septiembre de dos mil veinte- la responsable el cinco de septiembre de dos mil veinte ordenó la reapertura del plazo constitucional suspendido por auto de veintiuno de agosto de dos mil veinte y determinó no continuar la audiencia como urgente y, en su lugar, se conduzca al imputado a través citatorio, dejando sin efectos la audiencia inicial, estableciendo que la conducción del imputado no fuera bajo la calidad de detenido, por ende declaró sin efectos la restricción a sus derechos y recobró su libertad. Con lo anterior, es evidente que han cesado los efectos del acto reclamado consistente en la suspensión del procedimiento y plazo constitucional en términos del numeral 331, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, a partir de las veintiún horas con quince minutos del veinte de agosto de dos mil veinte; toda vez que el acto del que se pretendía el análisis constitucional, ha dejado de interferir en la esfera jurídica del amparista, puesto que las consecuencias que derivaban del mismo y que, en su caso, le inferían agravio, ya no se materializara. Por tanto, con dicha actuación se restableció a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos humanos, de tal suerte que resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada con el otorgamiento de la Justicia Federal. Es decir, resulta ocioso analizar el acto reclamado consistente en la suspensión del procedimiento y plazo constitucional en términos del numeral 331, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, a partir de las veintiún horas con quince minutos del veinte de agosto de dos mil veinte, dado que como se advierte con posterioridad a la presentación de la demanda -tres de septiembre de dos mil veinte- a las diez horas con veintidós minutos del cinco de septiembre de dos mil veinte, el Juez responsable reanudó el procedimiento y del plazo constitucional, lo que hace evidente que se actualice la causal de improcedencia que nos ocupa. Es aplicable la Jurisprudencia de rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por lo tanto, lo procedente es SOBRESEER en el juicio respecto de los actos reclamados antes precisados; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo. Al actualizarse la causal de improcedencia indicada respecto a dicho acto, no se aborda el estudio de los conceptos de violación, en términos de la jurisprudencia número 1028, del rubro: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". Por último, con relación al pedimento formulado por la Ministerio Público, el mismo se encuentra debidamente atendido con lo plasmado en el presente fallo; ello desde luego, con entera independencia de que resulte innecesario pronunciarse expresamente al respecto, pues constituye sólo una manifestación u opinión de una de las partes del juicio sujeta a la apreciación que del acto reclamado se haga en la presente ejecutoria. Por compartirse se cita en lo sustancial el siguiente criterio: "MINISTERIO PÚBLICO. SU PEDIMENTO NO OBLIGA EN EL JUICIO DE AMPARO. El juzgador constitucional no está obligado en la sentencia que pronuncia, a acoger el sentido del pedimento del Ministerio Público, toda vez que conforme al artículo 5o. de la Ley de Amparo, la representación social es parte en el juicio de garantías, por lo que tal pedimento constituye sólo una manifestación sujeta a la apreciación que del acto reclamado se haga en la propia sentencia, como lo establece el artículo 78 de la misma Ley Reglamentaria". QUINTO. Transparencia. En términos de lo previsto en los artículos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. SEXTO. Captura de la sentencia. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 191 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se ordena la captura de la presente sentencia en el módulo correspondiente del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto y fundado se resuelve: PRIMERO. Se sobresee el juicio de amparo promovido por Pedro Rebollar Grande y y/o Iván Pedro y/o Pedro y/o Rodrigo y/o González y/o Cruz y/o Loya y/o León y/o Chávez y/o Rebollar, por las autoridades y actos precisados en el considerando segundo. SEGUNDO. En términos de lo previsto en el considerando quinto, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. TERCERO. De conformidad con el considerando sexto, se ordena la captura de esta sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, Katia Orozco Alfaro, ante la secretaria Carlos Fernando Cabrera López, con quien actúa y da fe.

  4. Principal

    Por este medio, se notifica a la parte quejosa el proveído de dieciocho de enero de dos mil veintiuno, toda vez que no acudió dentro de los dos días hábiles, a notificarse personalmente, no obstante el citatorio que se le dejó en el domicilio señalado para recibir notificaciones, dicho proveído es del tenor literal siguiente: Acuerdo: Morelia, Michoacán, dieciocho de enero de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta se provee. Autoridad cumple requerimiento y remite constancias. Agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, con residencia en Uruapan, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento que le fue formulado mediante proveído de treinta y uno de diciembre de dos mil veinte. Prueba documental. Con fundamento en los artículos 119 y 123, de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida la documental exhibida por la autoridad oficiante, sin perjuicio de relacionarla y recibirla en la audiencia constitucional. Se forma tomo de pruebas. Con las constancias que acompañó la autoridad responsable, fórmese un cuaderno de pruebas por separado para mejor manejo del expediente, identificándose como Tomo I. Separación de autos. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos, así como de una revisión de constancias que obran en el expediente y con las que en esta pieza de autos se reciben, se advierte que el quejoso reclama lo siguiente: De las autoridades: JUEZ DE DISTRITO ACTUANDO COMO JUEZ DE CONTROL, ADSCRITO AL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN LA CIUDAD DE MORELIA, MICHOACÁN; y AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN, TITULAR DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y LITIGACIÓN MICHOACÁN, AGENCIA SEGUNDA INVESTIGADORA EN URUAPAN. a) La suspensión del procedimiento y plazo constitucional en términos del numeral 331, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, a partir de las veintiún horas con quince minutos del veinte de agosto de dos mil veinte. Acto derivado de la causa penal 412/2020 instruida en contra del quejoso, del índice del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, relacionada con la carpeta de investigación FED/MICH/URU/0001788/2020, de la que conoce el Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Unidad de Investigación y Litigación Michoacán, Agencia Segunda Investigadora, en la ciudad de Uruapan. Asimismo, al ampliar su demanda de amparo reclamó de las autoridades: DIRECTOR GENERAL DEL HOSPITAL GENERAL DE URUAPAN "DR. PEDRO DANIEL MARTÍNEZ", CON RESIDENCIA EN URUAPAN, MICHOACÁN; DIRECTOR GENERAL DEL HOSPITAL GENERAL DE MORELIA "DR. MIGUEL SILVA", CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD; DIRECTOR DEL CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL "LIC. EDUARDO RUÍZ", CON RESIDENCIA EN URUAPAN, MICHOACÁN; JUEZ OCTAVO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, CON RESIDENCIA EN URUAPAN, MICHOACÁN; JUEZ DE DISTRITO ACTUANDO COMO JUEZ DE CONTROL, ADSCRITO AL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN LA CIUDAD DE MORELIA, MICHOACÁN; Y AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN, TITULAR DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y LITIGACIÓN MICHOACÁN, AGENCIA SEGUNDA INVESTIGADORA EN URUAPAN. b) La omisión de garantizar el derecho humano a la salud del quejoso Pedro Rebollar Grande y/o Iván Pedro González León y/o Pedro Cruz Chávez y/o Rodrigo Loya Rebollar. Acto derivado de la causa penal 118/2014-I y su acumulada 151/2015-III, que se instruye en contra del referido quejoso y otros, por el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército, armada y fuerza aérea, del índice del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan. Se ordena separación de autos. Por tanto, al estar en presencia de actos totalmente distintos, relativos a diversas causas y diferentes autoridades, con fundamento en los artículos 72 y 73 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados en sentido contrario, se decreta la separación de los autos que integran este juicio de amparo, sin necesidad de aperturarse el incidente respectivo; lo anterior, por tratarse de un asunto que corresponde al conocimiento de este órgano jurisdiccional, en aras de lograr con efectividad la prontitud en la impartición de la justicia constitucional, contemplada en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tiene aplicación al caso la tesis jurisprudencial P./J. 76/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página ciento dieciocho, Tomo VI, Septiembre de 1997, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. SU PROCEDENCIA. Si en una demanda de amparo se reclaman actos emanados de juicios diversos, desvinculados entre sí, y dicha demanda ha sido admitida por el Juez de Distrito, o bien, tal circunstancia es advertida durante la tramitación del juicio (hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional), con motivo de los informes justificados que rindan la o las autoridades responsables, podría iniciarse de oficio la separación de juicios, figura ésta, que al no estar específicamente regulada en la Ley de Amparo, debe por ello quedar contenida en la jurisprudencia, tomando como base el artículo 57 de esa ley, que establece la acumulación, deduciéndolo en sentido contrario, por lo que puede concluirse que, fuera de los casos que ahí se prevén, en cualquier otro supuesto se requiere hacer la separación". Asimismo, es aplicable la tesis I. 3º.C.72 K (10ª.) sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 2356, Libro 18, Mayo de 2015, Tomo III, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. AUN CUANDO DICHA FIGURA JURÍDICA NO ESTÉ PREVISTA EN LA LEY DE AMPARO VIGENTE, NO HAY IMPEDIMENTO PARA DECRETARLA CUANDO LOS JUICIOS NO GUARDAN RELACIÓN ENTRE SÍ. La figura de la separación de juicios de amparo fue instaurada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 76/97, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, septiembre de 1997, página 118, de rubro: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. SU PROCEDENCIA.", a partir de una institución jurídica distinta, como es la acumulación de los procedimientos constitucionales, establecida en el artículo 57 de la Ley de Amparo abrogada; figura que no prevé la vigente. No obstante, ello no impide que conforme a este último ordenamiento se decrete la separación de los juicios de amparo cuando el quejoso reclame actos distintos atribuidos a autoridades diferentes. Lo anterior, porque aun cuando la figura de la acumulación no tenga sustento en la Ley de Amparo, sí lo tiene en el Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente (artículo 72, primer párrafo). En este sentido, la regla contenida en dicho numeral, leída en sentido negativo, consiste en que cuando dos o más juicios no tienen una relación jurídica derivada en todo o en parte del mismo hecho, no existe justificación para tramitarlos conjuntamente; en consecuencia, debe decretarse su separación, porque, aun cuando en la ley de la materia, publicada el 2 de abril de 2013, no se encuentre expresamente prevista la figura de la acumulación de juicios, ello no puede llevar a concluir que dos juicios constitucionales derivados de actos reclamados atribuidos a autoridades diferentes deban sustanciarse en un mismo procedimiento, cuando no guardan relación entre sí". Se determina la litis de expedientes separados. En razón de lo anterior, se ordena la separación de juicios, en los siguientes términos: En el presente expediente de amparo 547/2020 se resolverá respecto del acto reclamado consistente en la suspensión del procedimiento y plazo constitucional en términos del numeral 331, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, a partir de las veintiún horas con quince minutos del veinte de agosto de dos mil veinte, relativo a la causa penal 412/2020 instruida en contra del quejoso, del índice del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, relacionada con la carpeta de investigación FED/MICH/URU/0001788/2020, que le reclama al Juez de Distrito actuando como Juez de Control, Adscrito al Centro de Justicia Penal Federal, con residencia en esta ciudad y al Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Unidad de Investigación y Litigación Michoacán, Agencia Segunda Investigadora en Uruapan. Ahora, por lo que ve al acto reclamado consistente en la omisión de garantizar el derecho humano a la salud del quejoso Pedro Rebollar Grande y/o Iván Pedro González León y/o Pedro Cruz Chávez y/o Rodrigo Loya Rebollar; mismo que le reclama al Director General del Hospital General de Uruapan "Dr. Pedro Daniel Martínez", Director del Centro de Reinserción Social "Lic. Eduardo Ruíz", Juez Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Unidad de investigación y Litigación Michoacán, Agencia Segunda Investigadora, todos con residencia en Uruapan Michoacán, así como el Director General del Hospital General de Morelia "Dr. Miguel Silva", se ordena obtener copia certificada de la papeleta, de la demanda y las demás constancias conducentes a fin de que el juicio constitucional separado, se resuelva lo conducente. Levántese certificación de las constancias con que se forme el expediente con motivo de la separación de juicios, tanto del juicio de amparo, como del incidente de suspensión. Se gira oficio a la Oficina de Correspondencia Común. Se ordena remitir a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, a efecto de que registre el nuevo expediente que se formará con motivo de la separación de autos y realice el turno correspondiente. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Víctor Hugo Alonso Cendejas, secretario que autoriza y da fe.

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