Pedro Ochoa Reyes
Expediente 560/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 9 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 560/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 09/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Pedro Ochoa Reyes
- Coordinador del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán, ciudad
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Morelia, Michoacán, nueve de marzo de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta se provee. Causa ejecutoria sentencia. De la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa no impugnó dentro del plazo legal la sentencia dictada el veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, que se sobreseyó en el juicio de amparo; con fundamento en el artículo 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. ( Archivo. Háganse las anotaciones respectivas tanto en los libros de gobierno como el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. ( Valoración. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; toda vez que, se sobreseyó en el juicio, se determina que el presente sumario es susceptible de DESTRUCCIÓN. ( Destino del expediente. Atento a lo anterior, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la destrucción de los autos en que se actúa, acorde a lo establecido en el capítulo octavo del Acuerdo General arriba citado. ( Destino del expediente y transferencia. Atento a lo anterior, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la depuración de los autos en que se actúa, acorde a lo establecido en el capítulo séptimo del Acuerdo General arriba citado; por lo que únicamente se deberá conservar las resoluciones relativas al otorgamiento de la suspensión, su incumplimiento y el proveído que acuerde sobre su archivo como asunto concluido. Después, materializar la trasferencia de la serie documental restante; en conjunto con el expediente principal, al depósito dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación que sea indicado, previa petición que al efecto se realice. Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese a las partes en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Carlos Fernando Cabrera López, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA Y A SUS AUTORIZADO EL ENGROSE DE VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, QUE DICE: Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. Se SOBRESEE EN EL JUICIO DE AMPARO promovido por Pedro Ochoa Reyes por los actos y autoridades precisadas en los considerandos tercero y quinto. SEGUNDO. En términos de lo previsto en el considerando sexto, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. TERCERO. De conformidad con el último considerando, se ordena la captura de esta sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente, con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Así lo resolvió y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, Katia Orozco Alfaro, ante la secretaria Maira Flor López Valencia, con quien actúa y da fe.
- Principal
VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 560/2020. RESULTANDO PRIMERO. Mediante escrito recibido en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, el siete de septiembre de dos mil veinte, Pedro Ochoa Reyes solicitó el amparo y protección de la justicia federal; en la misma demanda, la parte quejosa narró los antecedentes del caso y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. En este sentido, consideró violado en su perjuicio los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14, 16, 19, 20, 21, 22 y 133 de la Constitución Federal. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo indirecto. En esa misma fecha, se radicó el asunto con el número 560/2020; se concedió la suspensión de plano de los actos de tortura e incomunicación, y prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, de que se dijo ser objeto el quejoso; y se requirió a las autoridades responsables el informe justificado y el relativo a la suspensión de plano. En auto de cuatro de noviembre del año en curso, se tuvo a la licenciada María Isabel Cruz Corral, defensora pública estatal, aceptando y protestando el cargo de asesora jurídica del quejoso Pedro Ochoa Reyes. Previo los trámites de ley, en esta propia fecha se llevó a cabo la audiencia constitucional quedando el juicio en estado de resolución. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver el juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, dispone que toda sentencia debe contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. De acuerdo con lo anterior, los actos reclamados por el quejoso a las autoridades responsables Director del Centro de Reinserción Social de Tacámbaro, Michoacán; Director del Centro Penitenciario de Alta Seguridad para Delito de Alto Impacto Número 1, Michoacán; Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro Penitenciario de Alta Seguridad para Delito de Alto Impacto Número 1, Michoacán; y, Coordinador del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán, éstos últimos con residencia en esta ciudad, son: La tortura e incomunicación de la que fue objeto el quejoso Pedro Ochoa Reyes, así como cualquier otro acto de los prohibidos en el artículo 22 Constitucional; y, La orden de traslado del lugar donde se encontraba recluido, Centro Penitenciario de Alta Seguridad para Delito de Alto Impacto Número 1, Michoacán, al diverso Centro de Reclusión de Tacámbaro, Michoacán, ejecutada el seis de septiembre de dos mil veinte. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables Director del Centro de Reinserción Social de Tacámbaro, Michoacán; Director del Centro Penitenciario de Alta Seguridad para Delito de Alto Impacto Número 1, Michoacán; Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro Penitenciario de Alta Seguridad para Delito de Alto Impacto Número 1, Michoacán, al rendir sus respectivos informes justificados negaron la existencia de los actos reclamados consistentes en la tortura e incomunicación de la que se dijo objeto el quejoso Pedro Ochoa Reyes, así como cualquier otro acto de los prohibidos en el artículo 22 Constitucional. Por su parte, el Coordinador del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán, al rendir su informe justificado omitió pronunciarse en relación a los actos de tortura e incomunicación de que se dolió el quejoso Pedro Ochoa Reyes, así como cualquier otro acto de los prohibidos en el artículo 22 Constitucional, habiéndose pronunciado únicamente respecto de la certeza de la orden de traslado; sin embargo, la existencia de este acto, no implica tener por cierto aquéllos, sino que debe tenerse tácitamente por rendido en el sentido de que los niega, pues adjuntó a su informe certificado de integridad corporal de seis de septiembre de dos mil veinte, en el que fue diagnosticado por el médico del centro penitenciario en que guardaba reclusión, quien determinó que se encontraba físicamente íntegro, sin presentar lesiones de reciente producción en superficie corporal; y como el quejoso no ofertó prueba alguna para demostrar lo contrario, deben considerarse inexistente ese acto. Tiene aplicación al particular la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de voz y contenido siguientes: "ACTOS RECLAMADOS, NEGATIVA TACITA DE LOS, POR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Aunque, al informar, se concrete la autoridad responsable a remitir copia certificada de constancias, sin confesar o negar explícitamente los actos que de ella se reclaman y sin referirse a ellos concreta y detalladamente, es de estimarse que si dicha autoridad expresa que como informe de su parte enviaba la mencionada copia, tácitamente indica que su intervención en el caso se limitó a lo que aparece de aquella copia; de manera que si de tal documento se desprende que algunos de los actos reclamados no son ciertos, debe conceptuarse que la autoridad responsable negó tácitamente haber intervenido en ellos, por lo que, si, en tales condiciones, el quejoso no rinde prueba alguna para demostrar lo contrario, deben estimarse inexistentes dichos actos." En consecuencia, al resultar carentes de certeza los actos reclamados a las autoridades citadas, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo de conformidad con el artículo 63 fracción IV de la Ley de Amparo, respecto de tales actos reclamados. CUARTO. Existencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables Director del Centro de Reinserción Social de Tacámbaro, Michoacán; Director del Centro Penitenciario de Alta Seguridad para Delito de Alto Impacto Número 1, Michoacán; Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro Penitenciario de Alta Seguridad para Delito de Alto Impacto Número 1, Michoacán; y, Coordinador del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán, al rendir su informe justificado refirieron que no es cierto el acto reclamado consistente en la orden de traslado ejecutada el seis de septiembre de dos mil veinte. Como complemento de su informe justificado, las autoridades responsables remitieron vía correo electrónico diversas constancias relativas a los expedientes administrativos que se llevan en los centros penitenciarios en que guardó reclusión el quejoso. Cabe destacar que las constancias a las que se hace alusión fueron remitidas al correo electrónico institucional, de modo que, en términos de lo que establece el artículo 22, fracción II, en concordancia con el diverso numeral 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus COVID-19, que prevé el uso de medio electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional, es que dichas documentales adquieren pleno valor. QUINTO. Procedencia. Establecida la existencia de los actos reclamados, procede analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, sea que lo hagan valer las partes o se advierta de oficio, de conformidad con el artículo 62 de la ley de la materia. Las autoridades responsables solicitan el sobreseimiento del asunto, pues indican que el quejoso fue reingresado al Centro Penitenciario de Alta Seguridad para Delito de Alto Impacto Número 1, Michoacán, con fecha dieciséis de septiembre del año en curso, lo cual actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXI de la Ley de Amparo. Lo anterior resulta fundado. La fracción XXI del referido numeral 61 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. .". La causal de improcedencia en comento tiene dos hipótesis de actualización, a saber: a. Por revocación, cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, siendo el gobernado restituido en el goce de sus derechos fundamentales, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. b. Por sustitución, cuando sobreviene un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del acto reclamado. Criterio que se sustenta en la tesis I.3o.C.92 K, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que establece lo siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente." Para que se actualice la causal de improcedencia en alusión, es menester que la autoridad responsable emita un nuevo acto que no solo revoque o derogue el acto combatido por la vía constitucional, o que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, esto es, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular. Al respecto se invoca, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". De tal manera que la cesación de efectos no es más que el hecho de que la autoridad a la que se le imputa el acto reclamado deje de afectar la esfera jurídica del quejoso, lo cual debe entenderse en el sentido de que esa afectación no sólo debe ser definitiva sino que los efectos de aquél deben desaparecer totalmente de la realidad, pues la razón que justifica la causa de improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Entonces, la citada hipótesis normativa se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a las autoridades responsables a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En ese contexto, para corroborar la actualización de la causa de improcedencia en comento, se destaca, el seis de septiembre de dos mil veinte, Pedro Ochoa Reyes, fue trasladado del Centro Penitenciario de Alta Seguridad para Delito de Alto Impacto Número 1, Michoacán, al Centro de Reinserción Social de Tacámbaro, Michoacán. Lo anterior atendiendo a lo determinado por el Consejo Técnico Interdisciplinario de aquél centro de reclusión, en sesión extraordinaria de esa data, ello por considerar su traslado como urgente por medida de seguridad, a fin de evitar posibles disturbios que pusieran en riesgo la institucionalidad y gobernabilidad del centro penitenciario. Sin embargo, el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema Penal Acustario y Oral Región Morelia, dentro de la causa penal 791/2020, instruida al quejoso por el hecho que la ley señala como delitos de secuestro y extorsión agravada, en agravio de J.I.G.M, determinó no ratificar el traslado efectuado al quejoso; ante ello, la autoridad responsable Coordinador del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán, a través del oficio CSPEMO/DJ/3798/2020, ordenó su reingreso al Centro Penitenciario de Alta Seguridad para Delito de Alto Impacto Número 1, Michoacán, lo cual se llevó a cabo el dieciséis de septiembre del año en curso. De ahí que la orden de traslado emitida y ejecutada por autoridades administrativas, cesó en sus efectos, pues se restituyó al quejoso en el goce de sus derechos fundamentales En efecto, si el impetrante de garantías reclamaba en este amparo la orden de traslado ejecutada el seis de septiembre de dos mil veinte, del Centro de Alta Seguridad para Delito de Alto Impacto No. 1 en Charo, Michoacán, al diverso ubicado en el municipio de Tacámbaro, Michoacán, la misma dejó existir pues el dieciséis de septiembre siguiente fue reingresado al lugar en que guardaba reclusión. Lo anterior patentiza la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 62 de la Ley de Amparo. Ante ello resultaría ocioso examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, pues dejó de tener eficacia en la esfera jurídica del impetrante de garantías; y ante ello, no existe agravio alguno que deba ser reparado en esta instancia constitucional. En las relatadas condiciones, con fundamento en el numeral 63 fracción V, de la misma norma, procede SOBRESEER EN EL JUICIO DE AMPARO. SEXTO. Transparencia. En términos de lo previsto en los artículos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. SÉPTIMO. Captura de la sentencia. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 191 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se ordena la captura de la presente sentencia en el módulo correspondiente del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. Se SOBRESEE EN EL JUICIO DE AMPARO promovido por Pedro Ochoa Reyes por los actos y autoridades precisadas en los considerandos tercero y quinto. SEGUNDO. En términos de lo previsto en el considerando sexto, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. TERCERO. De conformidad con el último considerando, se ordena la captura de esta sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente, con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Así lo resolvió y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, Katia Orozco Alfaro, ante la secretaria Maira Flor López Valencia, con quien actúa y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, diecinueve de noviembre de dos mil veinte. Visto lo de cuenta se provee. Autoridad remite constancias solicitadas. Téngase por recibido el oficio de cuenta y anexos, signado por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite las principales constancias del juicio de amparo V-484/2020-1 de su índice, mismas que le fueron solicitadas en auto de veinticinco de septiembre del año en curso, las que se manda agregar a los autos para que obren corresponda; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar, lo anterior, pues de su análisis contratado con las constancias que obran en el presente juicio de amparo, no se advierte la actualización del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma, adiciona y deroga el similar, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión extraordinaria de veintidós de abril de dos mil quince, que abrogó el Acuerdo General 14/2014, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula el funcionamiento, supervisión y control de las Oficinas de Correspondencia Común de los Tribunales y Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación, así como en el diverso aprobado en sesión ordinaria de tres de febrero de dos mil dieciséis, que reforma y adiciona el similar, publicado el catorce de marzo siguiente, en el Diario Oficial de la Federación; específicamente en los artículos 45, fracción II y 46, fracción II. Ello es así, puesto que en aquél juicio de amparo se reclamó únicamente los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, es decir, la incomunicación y malos tratos, mientras que, en el presente se reclama la orden de traslado a un diverso órgano de reclusión, circunstancias que hacen que no se actualice la hipótesis normativa señalada en el párrafo que precede para efectos de que el presente asunto sea enviado al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad. Notifíquese a las partes en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Carlos Fernando Cabrera López, secretario que autoriza y da fe.KOA/CFCL/jjgm
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