Pedro Ramírez Rojas

Expediente 1679/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1679/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
07/11/2023

Partes del expediente

  • Pedro Ramírez Rojas

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, siete de noviembre de dos mil veintitrés. AGREGA OFICIO Agréguense, el oficio enviado por la Secretaria particular de la Coordinación General de Litigación, por el cual remite copia debidamente certificada del acuse del oficio al Agente del Ministerio Público que tuvo intervención en la Causa Penal ********************; y la misiva emitida por el Agente del Ministerio Público, a través del cual, en cumplimiento al proveído de treinta de octubre de este año, informa un posible domicilio en el que puede ser emplazada la tercera interesada [víctima] y del asesor jurídico que la representa. Atento a lo anterior, se tiene por cumplido el requerimiento realizado y se deja sin efecto el apercibimiento con el que se le conminó. EMPLAZAMIENTO Por otro lado, se comisiona a uno de los actuarios para que se constituya en los domicilios proporcionados por la autoridad (los cuales obran en el sobre cerrado que adjunta la oficiante en -sigilo-); y, con copia de la demanda, auto admisorio y del presente proveído, emplace a juicio a la tercera interesada. De igual forma, deberá requerirle, para que en el momento de dicha diligencia o dentro del plazo de tres días legalmente computados, señalen domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad o su zona conurbada, con el apercibimiento que de no hacerlo, sin ulterior acuerdo, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, se les realizarán por medio de la lista que se publica en este órgano jurisdiccional, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Amparo. EXHORTO A LA PARTE TERCERO INTERESADA PARA SEÑALAR USUARIO PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES Por otro lado, de conformidad con lo establecido por los numerales 30 y 31 de la Ley de Amparo, así como en el artículo 61 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo de las áreas administrativas y órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, en aras de favorecer una justicia pronta y expedita, a través del uso de medios digitales, se exhorta a la parte tercero interesada para que dentro del plazo de tres días, computado legalmente, designe un usuario debidamente registrado en el registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para efecto de oír y recibir notificaciones de carácter personal. INSTRUCCIONES PARA LA CREACIÓN DE USUARIO ELECTRÓNICO A fin de realizar lo anterior, deberá crear su usuario electrónico y tramitarse la firma electrónica vigente (FIREL), así como, solicitarse la autorización expresa en esos términos a este Juzgado Federal, debiendo indicar el nombre del usuario ligado a la firma electrónica. Para lo cual deberá ingresar a la siguiente dirección electrónica: **** Una vez ahí, colocará los datos correspondientes, leer, y aceptar el aviso de privacidad, posteriormente dar clic en el botón "registrar usuario". Hecho lo anterior, el sistema enviará un correo a la dirección electrónica proporcionada mismo que deberá confirmarse. Una vez confirmado el correo electrónico el sistema corroborará la correcta creación del usuario.

  2. Principal

    EN CUMPLIMIENTO AL AVISO DE 9 DE NOVIEMBRE DE 2023, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE 8 DE ESE MISMO MES Y AÑO, EL CUAL, DICE: Radicación y registro Vista la demanda promovida por******, por propio derecho; con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número 1679/2023-V. Desechamiento parcial De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, del análisis íntegro del escrito de demanda, se obtiene que la parte quejosa señala como autoridades responsables a las siguientes: Director General del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios; La Oficina de Atención al Derechohabiente Atlacomulco dependiente del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios; y, Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios. De quienes sustancialmente reclama: La omisión de dar respuesta a la solicitud de actualización pensión de *******, con número de folio *********. Sentado lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo citado de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En el caso, el suscrito advierte la actualización de la contendida en el numeral 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 5°, fracción ll (aplicado a contrario sentido), ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (...) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (...)" La disposición prevista en la fracción XXIII transcrita, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, sino que se relaciona con las causas de inejercitabilidad de la acción constitucional que derivan de la Carta Magna y de la propia Ley de Amparo que no encuadran en alguno de los supuestos específicos que prevé el propio artículo 61, uno de los cuales es el que se deriva de la interpretación, en sentido contrario, de lo ordenado en el artículo 5°, fracción II, de la citada legislación de la materia. Del análisis sistemático de los preceptos transcritos se advierte que la procedencia del juicio de amparo exige que en éste se impugnen actos que provengan de autoridad, entendiéndose por tal aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, pero no sólo que actúe con ese carácter, sino que en forma individualizada, por medio de facultades decisorias y con base en disposiciones legales o de hecho, imponga obligaciones, modifique las existentes o limite los derechos de los particulares, es decir, que trastoquen los derechos humanos de éstos. En este punto cabe destacar que la disposición en estudio no establece una definición clara de lo que debe entenderse por autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, ya que sólo se refiere que es quien dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; esto es, únicamente se mencionan las formas en que la autoridad puede llevar a cabo aquellos actos de los entes u órganos del Estado que pueden ser materia de estudio en el juicio de garantías, pero no especificaron las cualidades que debe reunir una autoridad para ser considerada como tal exclusivamente para efectos de la procedencia del sumario constitucional. Es por eso que los tribunales del Poder Judicial de la Federación, especialmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su carácter de máximo intérprete de la Constitución, establecieron diversos precedentes a fin de dilucidar ese concepto para efectos del juicio de amparo, en términos de la legislación de amparo abrogada, los cuales se invocan por analogía. Al respecto, debe decirse que de acuerdo con los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en interpretación del artículo 11 de la legislación de amparo abrogada, "autoridad responsable" para efectos del juicio de amparo, es la que con fundamento en una ley de origen público ejerce un poder jurídico que de manera unilateral, por sí y ante sí, crea, modifica o extingue situaciones jurídicas concretas en perjuicio de los gobernados, según se corrobora del texto de la tesis PXXVII/97 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "Autoridad para efectos del juicio de amparo. Lo son aquellos funcionarios de organismos públicos que con fundamento en la ley emiten actos unilaterales por los que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del gobernado. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "autoridades para efectos del juicio de amparo. El término "autoridades" para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." De lo anterior se tiene que además de los actos que puede llevar a cabo una autoridad según el artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo (dictar, ordenar, ejecutar o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria), de acuerdo con la definición que sobre el particular se realiza en el criterio citado del Máximo Tribunal de la Nación, autoridad es la que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, pero que indefectiblemente inciden en la esfera de los particulares considerados como tales. En este orden de ideas, es importante señalar que dada la naturaleza del acto reclamado (La omisión de dar respuesta a la solicitud de actualización pensión de ****, con número de folio ******), no son autoridades responsables para efectos del juicio de amparo el Director General y la Oficina de Atención al Derechohabiente Atlacomulco ambos del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, pues carece de facultades para emitir el dictamen que solicita la parte quejosa; ya que, en términos de los artículos 3° y 4° del Manual de Operación del Comité de Pensiones del Consejo Directivo del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, sólo el Comité de Pensiones tiene las facultades para resolver las solicitudes de otorgamiento de las prestaciones en materia de pensiones a los derechohabientes del Instituto, siempre y cuando acrediten reunir los requisitos legalmente establecidos, conforme a lo dispuesto en el ordenamiento legal en cita. En ese sentido, dado que el Director General y la Oficina de Atención al Derechohabiente Atlacomulco ambos del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, no cuenta con las facultades para atender la petición de la parte quejosa; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5°, fracción ll, ambos de la ley de la materia, el último aplicado a contrario sentido, con apoyo en el artículo 113 del citado ordenamiento legal, se desecha parcialmente la demanda de amparo respecto de dichas autoridades. Admisión Con fundamento en los artículos 1º, fracción I, 37, 107, 108, 112 y 115 de la Ley de Amparo, admítase la demanda de amparo únicamente respecto de la autoridad responsable: Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios y su Presidente. Incidente de Suspensión Al no haberse solicitado, no se tramita el incidente de suspensión. Ministerio Público Federal Por otra parte, dese al Agente del Ministerio Público Federal adscrito a este juzgado, la intervención que le corresponde en los términos del artículo 5°, fracción IV, de la ley reglamentaria, por lo que se deja a disposición copia de la demanda en la sección de actuaría. Audiencia Constitucional Se fijan las nueve horas con cincuenta y cuatro minutos del ocho de diciembre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. De igual forma, se hace del conocimiento de la autoridad responsable, que de diferirse la celebración de la audiencia constitucional, se le notificará el acuerdo respectivo por medio de lista y no por oficio, toda vez que corresponde a este Juzgador la facultad de determinar cuáles resoluciones deberán de hacerse del conocimiento de la responsable mediante oficio, atendiendo a la trascendencia que tenga el auto o resolución que se pretenda notificar, por lo que se considera que dicho acuerdo es de mero trámite. Requerimiento a las Autoridades Responsables Con fundamento en el artículo 117, párrafo primero, de la Ley de Amparo, requiérase a las responsables su informe justificado, que deberán rendir dentro del plazo de quince días, contados a partir de la notificación de este proveído, debiendo anexar copia certificada legible, completa y ordenada de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe. En el entendido de que podrán rendir el citado informe y anexos en un plazo menor al señalado, lo cual contribuirá en una pronta impartición de justicia en favor del justiciable, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 constitucional, con el apercibimiento que de ser omisas, se les impondrá una multa a su titular de cien Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Por otra parte, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 64 de la ley de la materia, de actualizarse alguna causa de sobreseimiento, deberán informarlo de inmediato; asimismo, se solicita que hagan saber la existencia de amparos promovidos previamente por la parte quejosa, para lo cual deberán precisar el estado procesal de los mismos y el juzgado del conocimiento; en caso de no hacerlo, se harán acreedoras a una multa de treinta Unidades de Medida y Actualización, de acuerdo con lo dispuesto por el numeral 251, del ordenamiento invocado. Prueba La parte quejosa ofrece como pruebas las consistentes en: Copia simple del formato de solicitud de pensión de fecha ******. Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene por admitida y desahogada dada su propia y especial naturaleza, debiendo dar cuenta con ella en la audiencia constitucional. Domicilio Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el señalado en el proemio de su demanda. En la inteligencia que de ser incierto o inexacto ese sitio, o estar dentro de algún condominio o edificio y, no se le permita el acceso al Fedatario judicial, o bien, no se pueda ingresar por otra circunstancia, se le notificará por lista esa determinación y las subsecuentes, aún las de carácter personal, en los estrados de este Juzgado, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Exhorto a la parte quejosa para señalar usuario para oír y recibir notificaciones De conformidad con lo establecido por los numerales 30 y 31 de la Ley de Amparo, en aras de favorecer una justicia pronta y expedita, a través del uso de medios digitales, se exhorta a la parte quejosa para que designe un usuario debidamente registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para efecto de oír y recibir notificaciones. Instrucciones para la creación de usuario electrónico Cabe señalar que el usuario de referencia se obtiene de la siguiente forma: Deberá ingresar a la dirección electrónica ***** Una vez ahí, colocará los datos correspondientes, leer, y aceptar el aviso de privacidad, posteriormente dar clic en el botón "registrar usuario". Hecho lo anterior, el sistema enviará un correo a la dirección electrónica proporcionada mismo que deberá confirmarse. Una vez confirmado el correo electrónico el sistema corroborará la correcta creación del usuario. Autorizados En relación a las personas que designa como autorizadas; con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, dígasele que éstos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciada o licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. Habilitación de días y horas inhábiles En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. Expedición de copias Desde este momento se autoriza a las partes la obtención de impresiones con firma criptográfica, sin que medie petición al respecto, atendiendo el derecho fundamental contenido en el artículo 17 Constitucional. Consulta de expediente Por otra parte, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo de las áreas administrativas y órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, así como en el Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se requiere a las partes, para que al consultar en los dispositivos electrónicos, eviten alterar las actuaciones que integran el expediente físico y electrónicamente, así como, afectación en los equipos de cómputo, en las constancias y/o alteración en las determinaciones, con el apercibimiento que de hacerlo, se dará vista al Agente del Ministerio Público de la Federación, para que proceda a la investigación de hechos conforme lo prevé el artículo 211 Bis 1, del Código Penal Federal. Exhorto a las partes Se exhorta a las partes, para que se transite de la tramitación del expediente físico hasta la actuación electrónica, obligadas a llevar a cabo la presentación de promociones y/o recursos por la misma vía, de modo que el presente juicio de amparo pueda continuar tramitándose digitalmente como "juicio en línea" a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación.

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