Pedro Ramirez Donato

Expediente 1607/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 9 actuaciones registradas, la última del 5 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1607/2022
Año
2022
Actuaciones
9
Última actuación
05/01/2023

Partes del expediente

  • Pedro Ramirez Donato

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, cinco de enero de dos mil veintitrés. ESTADO DE AUTOS Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente asunto; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que el mismo ha causado ejecutoria. Dicho cómputo sólo se realiza respecto a la parte quejosa, ya que fue a ésta a quien únicamente afectó el sobreseimiento. ARCHIVO Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. En ese orden, en acatamiento con el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, con relación al punto 8.1.2. en su numeral 1, del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez transcurridos tres años a partir de este acuerdo, pues se trata de un expediente el cual se sobreseyó el juicio. Asimismo, de conformidad con el artículo 21, inciso c), del referido acuerdo, el original del incidente de suspensión es destruible, toda vez que se negó la suspensión definitiva, en términos del punto 8.1.2 (3), del citado manual, sin que se ordene glosar al presente expediente dicho cuaderno y una vez que se remita al archivo adjúntese el mismo. Una vez que transcurran seis meses, destrúyase el duplicado del incidente, en términos del artículo 20, fracción II, inciso a). Finalmente, devuélvanse al Juez de Control del Distrito Judicial de Lerma, Estado de México, tres discos ópticos derivados de la causa de control 196/2022, de su índice, que adjuntó como complemento a su informe justificado; sin que sea necesario el acuse por su recibo, en virtud de ser copias certificadas.

  2. Principal

    S E N T E N C I A: Mediante la cual se resuelven los autos del juicio de amparo número 1607/2022-III-C; promovido por ********************, por propio derecho; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Por escrito depositado el trece de octubre de dos mil veintidós, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, ********************, por propio derecho demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, respecto de la autoridad y acto que se precisan a continuación: "III. AUTORIDAD RESPONSABLE: ORDENADORAS 1. C. Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, México con residencia en Almoloya de Juárez, México (.) 2.- Juez Especializado en Cateos y Órdenes de aprehensión en línea, del poder judicial del Estado de México. 3. C. Juez de Control del Distrito Judicial de Lerma, México (.) 4. C. Agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia Especializada en Violencia Familiar, Sexual y de Género, con sede en Metepec, México, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (.) 5. C. Agente del Ministerio Público adscrito al Centro de Justicia para la Mujer Toluca, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (.) EJECUTORAS: Coordinador General de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (.) IV.- ACTO RECLAMADO Señalo como acto reclamado, de las autoridades ordenadoras, la orden de INVESTIGACIÓN Y/O APREHENSIÓN librada en mi contra que constituye un acto de molestia sobre mi libertad personal; y de las autoridades responsables ejecutoras señalo como acto reclamado la materialización de dicha orden de investigación y/o aprehensión. Considerando vulnerados sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite de la demanda. Por cuestión de turno, correspondió el conocimiento del asunto a este órgano constitucional, que radicó la demanda con el número 1607/2022-III-C, la cual se admitió a trámite por auto de diecisiete de octubre de dos mil veintidós, se requirió el informe de ley, seguido el juicio en sus etapas, se llevó a cabo la celebración de la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con el artículo 103, fracción I, en relación con el diverso 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49 y 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, reformado el siete de junio de dos mil veintiuno; así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en virtud de que se reclama una determinación que afecta la libertad personal, emitida por una autoridad judicial del orden penal con ejecución dentro del territorio donde este juzgado de distrito ejerce su competencia. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado y autoridades responsables. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, antes de analizar la certeza del acto reclamado, es necesario fijarlo claramente, para lo cual debe estudiarse íntegramente la demanda, incluso la totalidad de las constancias existentes en el expediente, pues constituye un todo, con la finalidad de precisar lo que la parte quejosa quiso decir y no únicamente lo que en apariencia señaló como tal, acorde con la jurisprudencia de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD" y la tesis de rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". De conformidad con el análisis del escrito de demanda se obtiene que la parte quejosa reclama de las autoridades: AUTORIDADES INFORME 1 JUEZA DE CONTROL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TOLUCA MÉXICO, CON RESIDENCIA EN ALMOLOYA DE JUÁREZ, MÉXICO NIEGA F. 16 2 JUEZ ESPECIALIZADO EN CATEOS, ORDENES DE APREHENSIÓN Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO NIEGA F. 17-19 3 JUEZ DE CONTROL DEL DISTRITO JUDICIAL DE LERMA, ESTADO DE MÉXICO NIEGA Y HACE MANIFESTACIONES F. 20-21 4 AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA AGENCIA ESPECIALIZADA EN VIOLENCIA FAMILIAR, SEXUAL Y DE GENERO, CON SEDE EN METEPEC, MÉXICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO NIEGA F. 33-35 5 AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO AL CENTRO DE JUSTICIA PARA LA MUJER TOLUCA, DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO NIEGA F. 25-26 6 COORDINADOR GENERAL DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO NIEGA F. 14-15 Lo siguiente: La orden de investigación y/o aprehensión emitida en su contra, así como su ejecución. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, con número de registro 192097,cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo sentido, cobra aplicación al respecto, la tesis aislada P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, Abril de 2004, página 255, con número de registro 181810, que señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." TERCERO. No es cierto el acto reclamado consistente en la orden de investigación y/o aprehensión, atribuida a las autoridades responsables identificadas en los numerales 1, 2, 4, 5 y 6, en la tabla precedente. Asimismo, no es cierto el acto reclamado relativo a la orden de aprehensión, imputada a la responsable indicada en el ordinal 3, del cuadro expuesto con antelación, pues al rendir su informe justificado dichas autoridades negaron la existencia de los actos reclamados. Lo anterior, sin que el peticionario de amparo haya aportado prueba alguna para desvirtuar dichas negativas; en consecuencia, se sobresee en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 236, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". CUARTO. Certeza del acto reclamado. Por otra parte, la autoridad responsable Juez de Control del Distrito Judicial de Lerma, Estado de México, al rendir su informe justificado negó la existencia del acto reclamado consistente en la orden de investigación; sin embargo, dicha negativa se desvirtúa ya que del contenido del informe de ley se advierten manifestaciones que evidencian su certeza, pues informó que obra la carpeta administrativa 196/2022, de su índice, instruida en contra del quejoso ********************, en la que refiere que la representación social le pretende formular imputación por el delito de acoso sexual; sin embargo, ésta no se ha formalizado, dado que en audiencia de formulación de imputación sin detenido de veintiocho de junio de dos mil veintidós, ante la inasistencia de la representación social, se declaró sin materia dicha diligencia; luego, mediante proveído dictado en la diversa audiencia de formulación de imputación sin detenido de once de julio del año en curso, derivado de la razón de abstención de notificación y citación del quejoso para esa diligencia, a petición de la representante social se declaró sin materia. Es aplicable la tesis visible en el Semanario Judicial, Octava Época, Tomo XIV, Julio de 1994, página 391, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." QUINTO. Improcedencia del juicio de amparo. Previamente al estudio de fondo del juicio, deben examinarse las causas de improcedencia hechas valer por las partes o advertidas de oficio por el suscrito, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, en relación con la jurisprudencia 158, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable el Apéndice de 1985, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, página 262, que dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". Luego, este órgano de control constitucional advierte que, en la especie, se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, este último aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. [.]". "Artículo 107. El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". Asimismo el artículo 21 Constitucional, dispone: "Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial. La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial. La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial. Compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en multa, arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad; pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto, se permutará esta por el arresto correspondiente, que no excederá en ningún caso de treinta y seis horas. Si el infractor de los reglamentos gubernativos y de policía fuese jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser sancionado con multa mayor del importe de su jornal o salario de un día. Tratándose de trabajadores no asalariados, la multa que se imponga por infracción de los reglamentos gubernativos y de policía, no excederá del equivalente a un día de su ingreso. El Ministerio Público podrá considerar criterios de oportunidad para el ejercicio de la acción penal, en los supuestos y condiciones que fije la ley. El Ejecutivo Federal podrá, con la aprobación del Senado en cada caso, reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución. Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que estará sujeto a las siguientes bases mínimas: a) La regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública. La operación y desarrollo de estas acciones será competencia de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los municipios en el ámbito de sus respectivas atribuciones. b) El establecimiento de las bases de datos criminalísticos y de personal para las instituciones de seguridad pública. Ninguna persona podrá ingresar a las instituciones de seguridad pública si no ha sido debidamente certificado y registrado en el sistema. c) La formulación de políticas públicas tendientes a prevenir la comisión de delitos. d) Se determinará la participación de la comunidad que coadyuvará, entre otros, en los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito así como de las instituciones de seguridad pública. e) Los fondos de ayuda federal para la seguridad pública, a nivel nacional serán aportados a las entidades federativas y municipios para ser destinados exclusivamente a estos fines." El precepto constitucional transcrito con antelación, hace referencia a las facultades de investigador que constitucionalmente se otorgan al Ministerio Público en la fase de la investigación del delito; en esencia, este dispositivo constitucional delimita las obligaciones y prerrogativas que durante esta etapa del proceso penal le confiere la Constitución a esta institución pública. Dicho precepto, consagra el principio acusatorio en el que descansa el sistema penal mexicano, que consiste en la obligación que constitucionalmente se impone al Ministerio Público de acreditar, dentro de la fase del procedimiento penal, denominada investigación del delito no judicializada (noticia criminal), los elementos del delito y la probable intervención o participación del imputado. Así pues, en cualquier caso, dentro del proceso penal y en la etapa de la investigación del delito, el representante social debe acreditar determinados hechos para demostrar los elementos del hecho delictuoso que se imputa al indiciado que, concatenados entre sí, den como resultado una presunción iuris tantum que demuestre los elementos del ilícito en cuestión y su probable intervención o participación. En esas condiciones y dado que corresponde a esa institución pública el acreditar la actualización de algún delito, por imperativo constitucional, en todos los casos se le constriñe a realizar "la investigación y persecución de los delitos" debiendo para ello, necesariamente "buscar y presentar los datos de pruebas que acrediten la probable participación o intervención en el hecho delictuoso del imputado". Lo anterior, en términos de lo que establece el artículo 19 constitucional; de ahí que, como ya quedó expuesto, al Ministerio Público, por mandato constitucional del artículo 21, primer párrafo, de la Ley Fundamental, le impone la obligación de aportar los datos demostrativos que acrediten la existencia de un delito, en contraposición a ello, el inculpado goza del derecho de defensa que se le otorga para acreditar la inexistencia del delito, destruyendo las pruebas aportadas por el Representante Social, lo cual, no constituye una obligación sino una mera facultad potestativa, ya que en todo momento subsiste la carga del Ministerio Público, en todos los delitos, de probar la actualización de los mismos. En ese contexto, este órgano jurisdiccional estima que la revisibilidad, a través del juicio de amparo indirecto, de los actos acaecidos durante la carpeta de investigación del delito debe ser determinada, en aras de preservar al menos en su expresión mínima necesaria a la función indagatoria, de manera casuística, tomando en consideración fundamentalmente si éstos constituyen o no actos cuyos efectos podrán o no ser desvirtuados o contrarrestados a través del proceso judicial. Con base en todo lo anterior, es dable concluir que si por mandato constitucional el Ministerio Público por una parte, goza de las facultades de investigar los delitos y por otra, tiene la obligación de acreditarlos, es posible establecer que los actos que de manera habitual tienen verificativo dentro del desarrollo de una indagatoria para su debida integración, por ser susceptibles sus efectos de ser posteriormente contrarrestados o anulados, no trascienden de manera irreparable a la esfera jurídica del gobernado, pues no infringen perjuicio alguno a la parte quejosa, ya que éste en todo caso dicho perjuicio se materializa hasta que la autoridad judicial a quien corresponda conocer de la causa penal, resuelva sobre la situación jurídica del imputado dentro del plazo constitucional concedido para tal efecto, estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones que constitucionalmente se le confiere al Ministerio Público. Es aplicable en lo conducente la tesis aislada II.2o.P.51 P (10a.) emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federal, Décima Época, Octubre 2017, con número de registro 2015368, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LOS ACTOS DEL MINISTERIO PÚBLICO TENDENTES Y PROCESALMENTE INDISPENSABLES EN LA SECUENCIA DE LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, YA SEA INFORMAL O JUDICIALIZADA, AL SER DE ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL, NO PUEDEN CONSIDERARSE COMO GENERADORES DE AFECCIÓN AL INTERÉS JURÍDICO DEL QUEJOSO, POR LO QUE EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Si bien es cierto que el Ministerio Público, al integrar una averiguación previa o una carpeta de investigación en su fase inicial, actúa como autoridad, pues el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo atinente, dispone que está facultado para llevar a cabo aquellas diligencias necesarias para esclarecer posibles hechos delictuosos, también lo es que el desahogo de diligencias para tal fin, per se, no causa un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se iniciaron las investigaciones correspondientes, a menos que en ellas, como lo han sostenido los tribunales federales desde otras épocas, se ordenara por la autoridad ministerial que se le privara ilegalmente de la libertad, de sus posesiones o derechos. Por lo anterior, también resulta improcedente el amparo cuando se reclama el hecho de que el Ministerio Público acuerda sobre la consignación de la averiguación y ejercita la acción penal, pues es al Juez de Control a quien le corresponderá resolver sobre el pedimento del representante social, cuya determinación, en todo caso, sería la que vendría a afectar la esfera jurídica del quejoso; porque el Ministerio Público, al consignar y pedir la orden de captura o solicitar audiencia para la formulación de la imputación, no hace sino cumplir con una función de su cargo y carácter inicial de autoridad, lo cual es de orden público e interés social y que consiste en la práctica de las diligencias necesarias para la investigación y esclarecimiento de los hechos presuntamente constitutivos de delito; de manera que en el actual sistema procesal de corte acusatorio en el que la investigación además se divide en fases, la solicitud de la representación social para la celebración de la audiencia de imputación (ya sea por orden de captura o de citación), así como la pretensión o concretización de la formulación de la imputación misma, por el Ministerio Público, no son sino actos tendentes y procesalmente indispensables en la secuencia de las fases de investigación respectivas y, por ello, se revisten del carácter de actos de autoridad pero de interés público, como parte de la función indagatoria y de persecución de los delitos que es obligación del representante social y, por lo mismo, dado el interés social que subyace en ello, no pueden considerarse como generadores de afección al interés jurídico del quejoso, pues no existe ningún derecho particular oponible al interés general, relativo a la investigación de los delitos en un auténtico Estado democrático de derecho. Ello, aunado a que, a partir de la judicialización de la investigación, en relación con los actos que ameritan control judicial, es claro que respecto de éstos, dicha institución ministerial carece del carácter de autoridad respecto de la decisión que recaiga a lo solicitado, y sólo funge como parte de una fase de sustitución secuenciada de lo que se entiende como proceso penal para los efectos del amparo, en términos de la parte final de la fracción I del artículo 170 de la Ley de Amparo. Luego, si no existe perjuicio a dicho interés, ni agravio personal y directo a la esfera jurídica del indiciado o persona sujeta a investigación, el juicio de amparo indirecto es improcedente". Por lo anteriormente expuesto y fundado, además con apoyo en los artículos 63, fracción IV y 72, 73, 75 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 1607/2022-III-C, promovido por ********************, por las autoridades Jueza de Control del Distrito Judicial de Toluca, México, con residencia en Almoloya de Juárez, México, Juez Especializado en Cateos, Ordenes de Aprehensión y Medidas de Protección en Línea del Poder Judicial del Estado de México, Juez de Control del Distrito Judicial de Lerma, Estado de México, Agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia Especializada en Violencia Familiar, Sexual y de Genero, con sede en Metepec, México de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, Agente del Ministerio Público adscrito al Centro de Justicia para la Mujer Toluca, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y Coordinador General de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, en contra de la orden de investigación y/o aprehensión emitida en su contra, así como su ejecución, por las razones precisadas en los considerandos tercero y quinto de la presente resolución. Notifíquese. Así lo resolvió Alfonso Alexander López Moreno, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, quien actúa asistido del Secretario Juan José Pulido Rogel, que da fe. El Juez El Secretario

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, diecisiete de noviembre de dos mil veintidós. INFORME JUSTIFICADO Agréguese el informe justificado rendido por el Agente del Ministerio Público adscrito a Agencia Especializada en Violencia Familiar, Sexual y de Género en Metepec, Estado de México; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por un término continuo de ocho días para que manifiesten lo que a sus intereses convenga. DOMICILIO Con fundamento en el artículo 29 de la ley de la materia, se tiene como domicilio el que señala. CORREO ELECTRÓNICO Y NÚMERO TELEFÓNICO En ese orden, ténganse el correo electrónico y número telefónico proporcionados como medios adicionales para a entablar comunicación con la autoridad responsable al tratarse de un correo y número oficiales. DIFERIMIENTO En consecuencia, a fin de permitir a que transcurra el término precisado en el primer párrafo, procede diferir la audiencia constitucional prevista para el día de hoy y en su lugar se señalan las NUEVE HORAS CON VEINTICUATRO MINUTOS DEL DIECISÉIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México, veinticinco de octubre de dos mil veintidós. INFORME JUSTIFICADO Agréguese el informe justificado rendido por la Coordinadora del Centro de Justicia para Mujeres, con sede en Toluca, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por un término continuo de ocho días para que manifiesten lo que a sus intereses convenga.

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