Pedro Peñaloza Solorio
Expediente 1093/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 14 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1093/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 14/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Pedro Peñaloza Solorio
- Director del Hospital General "Dr. Miguel Silva" de Morelia
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Morelia, Michoacán, catorce de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal que guardan los autos se advierte que transcurrió el plazo de quince días previsto en el artículo 202, primer párrafo, de la Ley de Amparo, para que se interpusiera recurso de inconformidad contra el acuerdo de uno de abril del presente año, en el que se declaró cumplida la ejecutoria de amparo pronunciada en el presente juicio, sin que se haya realizado manifestación alguna; por lo que, se tiene consentido dicho proveído. Archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración de conformidad con el numeral 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que por una parte, se sobreseyó en el juicio de ampro y, por otro lado, se concedió la protección de la Justicia Federal solicitada. Por otra parte, con fundamento en los preceptos 12 y 15 del referido acuerdo, se estima que el presente asunto no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en alguna de las hipótesis que prevé el segundo de los preceptos en cita. Transfiérase el presente expediente a la Dirección General de Archivo y Documentación, una vez que transcurran tres años. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Isela Estefanía Bueno Gallegos, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, uno de abril de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, se advierte que por auto de veintiocho de febrero del año en curso, se dio vista a la parte quejosa con la información proporcionada por el apoderado de la Secretaría de Salud de Michoacán y Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Michoacán, por sí y en cuanto a superior jerárquico y por ende representante legal del director del Hospital Regional General "Dr. Miguel Silva", con sede en esta ciudad, para que manifestara lo que su interés conviniera, sin que a la fecha haya cumplido con lo anterior. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado al respecto y este órgano jurisdiccional procede a pronunciarse respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria pronunciada en autos por la autoridad responsable. Mediante sentencia de veinticinco de enero de dos mil veintidós, se concedió la protección constitucional a Pedro Peñaloza Solorio, para los siguientes efectos: "(.) Por lo tanto, respecto de los actos reclamados consistentes en: La omisión de otorgarle la atención médica, en específico de realizarle la cirugía denominada "URETROSCOPIA" para tratar los padecimientos de "FÍSTULA BULBOCAVERNOSA" y "ESTENOSIS URETRAL POSTRAUMÁTICO" que le aqueja, así como suministrarle los medicamentos "CLINDAMICINA 1 GR" y "TAMSULOSINA 0.4 MG", insumos y material médico que requiere para dicho procedimiento, o bien, subrogar, canalizar o remitir al quejoso a otra institución o clínica oficial o particular para que se le otorguen sin costo la atención y fármacos que necesita. Con fundamento en el precepto 77 de la Ley de Amparo, lo procedente es otorgar el amparo solicitado, a fin que las autoridades responsables otorguen y den seguimiento al tratamiento completo y servicios que requiere el peticionario de amparo para el padecimiento que sufre. (.).". En cumplimiento a lo anterior, el apoderado de las autoridades responsables mediante escrito recibido en este juzgado el dieciséis de febrero del año en curso, comunicó lo siguiente: "(.) Al respecto me permito reiterar a su señoría que ya obra en autos las constancias que acreditan que al quejoso se le practicó la cirugía denominada "URETROSCOPIA", así como la atención médica que se le brindó, en los términos ordenados por esa autoridad jurisdiccional, ahora bien por lo que respecta a otorgar y dar seguimiento al tratamiento competo y servicios que requiere, es menester que el quejoso comparezca al nosocomio demandado, para poder cumplir con lo ordenado por ese juzgado federal, toda vez que, la normativa vigente establece derechos y obligaciones para los usuarios del Sistema de Protección Social en Salud, siendo su derecho recibir de manera integral atención médica, sin embargo, la misma normativa menciona obligaciones de los usuarios como lo menciona la Ley General de Salud en su artículo 77 bis, fracción III, que establece que los Beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud tiene como obligación el de informarse sobre los procedimientos que rigen el funcionamiento de los establecimientos para el acceso y servicios de atención médica, por lo tanto, el impetrante de amparo debe acudir al nosocomio a solicitar el servicio médico, esto debiendo realizar el procedimiento que previamente el nosocomio ha establecido. (.).". En consecuencia, este juzgado estima que la autoridad responsable ha dado cumplimiento al fallo protector pronunciado en este juicio; motivo por el cual se aprecia colmado el extremo previsto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución a la parte agraviada en el goce de la garantía violada y sin decidir sobre la legalidad del cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria pronunciada en esta Instancia Constitucional, se declara que el fallo protector quedó cumplido. Lo anterior, en atención a las manifestaciones del representante de las autoridades responsables en el sentido que, para poder dar seguimiento al tratamiento competo y servicios que requiere el peticionario de amparo, éste debió comparecer al nosocomio demandado, lo cual hasta este momento no se tiene constancia de que haya realizado; por lo que, las responsables se encuentran materialmente imposibilitadas para dar cumplimiento a dicho punto, ya que el peticionario del amparo debe asumir las obligaciones que a él le corresponden, esto es, presentarse puntualmente a sus consultas y realizar las gestiones pertinentes para el suministro del tratamiento indicado en éstas. De modo que, si bien la sentencia ejecutoria pronunciada por este órgano de control constitucional constituyó a favor del quejoso un derecho a fin de dar seguimiento al tratamiento completo y servicios que requiere para el padecimiento que sufre, simultáneamente constituye al accionante del amparo el deber reciproco de contribuir en la parte que a él le corresponde, para acudir oportunamente cuando sea citado, o bien, cuando por alguna urgencia deba recibir atención médica; esto quiere decir que, dicha sentencia también lo obliga a participar y contribuir en los cuidados, medidas y hábitos que deba adoptar, a fin de acceder en su mayor amplitud posible a la restauración de su estado físico de salud. No obstante lo anterior, los derechos del aquí quejoso quedan a salvo para que, de considerarlo necesario, promueva diversa demanda de amparo para defender su derecho a la salud contemplado en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Notifíquese por lista; personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiocho de febrero de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, agréguese el escrito de Noé Díaz Munguía, apoderado de la Secretaría de Salud de Michoacán y Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Michoacán, por sí y en cuanto a superior jerárquico y por ende representante legal del director del Hospital Regional General "Dr. Miguel Silva", con sede en esta ciudad, por el cual informa: "(.) Al respecto me permito reiterar a su señoría que ya obra en autos las constancias que acreditan que al quejoso se le practicó la cirugía denominada "URETROSCOPIA", así como la atención médica que se le brindó, en los términos ordenados por esa autoridad jurisdiccional, ahora bien por lo que respecta a otorgar y dar seguimiento al tratamiento competo y servicios que requiere, es menester que el quejoso comparezca al nosocomio demandado, para poder cumplir con lo ordenado por ese juzgado federal, toda vez que, la normativa vigente establece derechos y obligaciones para los usuarios del Sistema de Protección Social en Salud, siendo su derecho recibir de manera integral atención médica, sin embargo, la misma normativa menciona obligaciones de los usuarios como lo menciona la Ley General de Salud en su artículo 77 bis, fracción III, que establece que los Beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud tiene como obligación el de informarse sobre los procedimientos que rigen el funcionamiento de los establecimientos para el acceso y servicios de atención médica, por lo tanto, el impetrante de amparo debe acudir al nosocomio a solicitar el servicio médico, esto debiendo realizar el procedimiento que previamente el nosocomio ha establecido. (.).". Asimismo, se ordena glosar el oficio del director de Asuntos Constitucionales y Legales de la Consejería Jurídica del Ejecutivo del Estado, en representación del Gobernador del Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en esta ciudad, por el cual manifiesta: "(.) Derivado de lo anterior, hago de su conocimiento que en representación del Gobernador del Estado, se envió el oficio CJEE/DACL/334/2021 (el cual se adjunta al presente escrito), requiriendo a la Secretaría de Salud en el Estado de Michoacán, para que en el ámbito de su competencia, cumpla con la suspensión de plano decretado dentro del Juico en que se actúa, o bien, requiera su cumplimiento a quien corresponda o considere necesario debiendo informar a este órgano jurisdiccional y a esta Consejería, las gestiones realizadas. (.).". Atento lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a la parte quejosa con el escrito y anexos en comento, para que dentro del plazo de tres días, computado a partir de la notificación del presente acuerdo, manifieste lo que a su interés convenga; con el apercibimiento que de no hacerlo, este juzgado resolverá sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente. Notifíquese por lista y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Isela Estefanía Bueno Gallegos, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, catorce de febrero de dos mil veintidós. Vista la certificación precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes legitimadas interpusieran recurso de revisión contra la resolución de veinticinco de enero de dos mil veintidós, en la que por una parte, se sobreseyó en el presente juicio de amparo y, por otro lado, se concedió la protección de la Justicia Federal solicitada, sin que lo hayan realizado. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Ahora bien, en dicha resolución se concedió la protección constitucional al quejoso para los siguientes efectos: "(.) Por lo tanto, respecto de los actos reclamados consistentes en: La omisión de otorgarle la atención médica, en específico de realizarle la cirugía denominada "URETROSCOPIA" para tratar los padecimientos de "FÍSTULA BULBOCAVERNOSA" y "ESTENOSIS URETRAL POSTRAUMÁTICO" que le aqueja, así como suministrarle los medicamentos "CLINDAMICINA 1 GR" y "TAMSULOSINA 0.4 MG", insumos y material médico que requiere para dicho procedimiento, o bien, subrogar, canalizar o remitir al quejoso a otra institución o clínica oficial o particular para que se le otorguen sin costo la atención y fármacos que necesita. Con fundamento en el precepto 77 de la Ley de Amparo, lo procedente es otorgar el amparo solicitado, a fin que las autoridades responsables otorguen y den seguimiento al tratamiento completo y servicios que requiere el peticionario de amparo para el padecimiento que sufre. (.).". Atento lo anterior, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de las autoridades responsables que en caso que el aquí quejoso requiera atención médica, ésta le deberá ser otorgada de inmediato en cumplimiento a la ejecutoria de amparo en que se actúa, apercibidas que de no hacerlo sin causa justificada, se les impondrá multa por la cantidad de $9,622.00 nueve mil seiscientos veintidós pesos moneda nacional, equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), de conformidad con el artículo 192, segundo párrafo, en relación con los diversos 238 y 258 del ordenamiento legal en cita. Además, se remitirá el expediente al tribunal colegiado competente o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, para seguir el trámite de inejecución que puede culminar con la separación del puesto del titular de la autoridad responsable y su consignación ante la autoridad judicial. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Isela Estefanía Bueno Gallegos, secretaria que autoriza y da fe.
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