Pedro Naranjo Garcia
Expediente 630/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 8 actuaciones registradas, la última del 18 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 630/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 18/01/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Pedro Naranjo Garcia
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Morelia, Michoacán, dieciocho de enero de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto por el que se sobreseyó fuera de audiencia el juicio en que se actúa, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha determinación ha causado estado. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo; una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, que prevé el artículo 21 del aludido Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio y transfiérase éste a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del mismo Acuerdo General. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el licenciado Oscar Hernández García, secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargado del despacho por vacaciones del titular, con autorización emitida por el Secretario de la Comisión de Receso del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintitrés de diciembre de dos mil veinte, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, según oficio CR./CJD./015/4283/2020 y con apoyo en la jurisprudencia de rubro "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA" ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, siete de diciembre de dos mil veinte. Vista la cuenta precedente, agréguese para que obre como corresponda el oficio signado por el Director del Centro Penitenciario "Lic. David Franco Rodríguez", con residencia en Charo, Michoacán, mediante el cual pretende cumplir con el requerimiento formulado mediante proveído de diecinueve de noviembre de dos mil veinte; lo anterior, sin que haya lugar a realizar un pronunciamiento de fondo respecto del ocurso de cuenta, en virtud de que por auto de tres del mes y año en curso, se proveyó lo conducente y se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del SISE, el auto de tres de diciembre de dos mil veinte, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo.
- Principal
Morelia, Michoacán, tres de diciembre de dos mil veinte. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el oficio que remite el Director del Centro Penitenciario "Lic. David Franco Rodríguez", residente en Charo, Michoacán, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento formulado en auto de diecinueve de noviembre del año en curso, remite a este juzgado copia certificada de la constancia donde se advierte que por oficio CSPEMO/OC/511/2020, se calificó el traslado por la Juez de Ejecución de Sanciones Penales, Región Morelia, Michoacán, el traslado de Pedro Naranjo García, del Centro Penitenciario de Tacámbaro al diverso Centro Penitenciario "Lic. David Franco Rodríguez"; documental que adquiere valor probatorio plano al tenor de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de materia. Ahora bien, de los autos que integran el juicio de amparo, se aprecia que el veintiocho de agosto del presente año, este órgano de control constitucional y convencional admitió a trámite la demanda de amparo promovida por Pedro Naranjo García, por conducto de su defensor particular Leonardo Raymundo Quevedo Domínguez, contra las autoridades y respecto de los actos siguientes: Autoridades responsables: Comisionado de Prevención y Readaptación Social, en su denominación correcta, con sede en la Ciudad de México; Director General del Centro de Reinserción Social "Lic. David Franco Rodríguez", con sede en Charo, Michoacán; Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Penal de este Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, en el proceso penal 283/2014; Juez Cuarto de Distrito en Materia Penal de este Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, en la causa penal 18/2012-ll; y, Secretario de Seguridad Pública del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. Actos reclamados: La incomunicación, así como aquellos actos que pongan en peligro la integridad física, la vida del peticionario de amparo, cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; y El traslado del lugar relativo a su reclusión a un diverso complejo penitenciario. En el presente asunto, este juzgado de Distrito considera actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que instituye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado (.)" La fracción invocada establece que el juicio de amparo es improcedente contra los actos que al momento de promover la demanda existían; sin embargo que, durante la substanciación del mismo, cesaron de manera total e incondicional, como si se hubiera otorgado la protección federal solicitada. En ese sentido, tenemos que la cesación de efectos se actualiza por revocación y por sustitución, la primera cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial; en tanto que, la relativa a la sustitución, se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo. Apoya lo expuesto la jurisprudencia 2a./J. 59/99 consultable en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Lo anterior, revela que al momento de promover la demanda de amparo (veintiocho de agosto de dos mil veinte) existía el acto reclamado por la parte quejosa consistente en la incomunicación, así como aquellos actos que pongan en peligro la integridad física, la vida del peticionario de amparo, cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; asimismo, el traslado del lugar relativo a su reclusión a un diverso complejo penitenciario. En ese contexto, para corroborar la actualización de la causa de improcedencia en comento, se destacan los siguientes antecedentes del acto: I. Por oficio CSPEMD/DJ/3660/2020 el Coordinador del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo, instruyó en base a la resolución del comité técnico del Centro de Reinserción Social "Lic. David Franco Rodríguez", se efectuara el traslado del impetrante de amparo al centro penitenciario de Tacámbaro, Michoacán. II. Asimismo, la autoridad responsable en cita al momento de rendir su informe señaló que ante la resolución dictada por la Juez de Ejecución de Sanciones Penales de la región Morelia, se declaró nula la determinación administrativa de traslado. III. En razón de lo anterior, en data primero de septiembre de dos mil veinte, se tuvo al quejoso de vuelta en el centro de reclusión en que se encontraba antes de la tramitación de la demanda de amparo que dio origen al presente juicio, para que continúe cumpliendo su sanción de prisión. Sentado lo anterior, se desprende que la orden de traslado emitida y ejecutada por autoridad administrativa en términos del artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, ha sido sustituida por la determinación de la Juez de Ejecución de Sanciones Penales Región Morelia, Michoacán. En consecuencia, la determinación administrativa perdió su vigencia con motivo de la resolución dictada por la juez de ejecución; por lo que es ésta última es la que ahora cuenta con esa vigencia y ejecutividad, ya que se convierte en el medio que rige la situación jurídica actual del quejoso. En tales condiciones, es evidente que cesaron los efectos del traslado reclamado a las autoridades administrativas, por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del inicialmente reclamado. Por lo tanto, el traslado emitido por la autoridad administrativa correspondiente ya no puede ser analizado a través del juicio de amparo indirecto, como lo pretendió la parte quejosa; dado que no podría estudiarse la legalidad del mismo, sin afectar el nuevo pronunciamiento hecho por la Juez de ejecución, al haber sido sustituido procesalmente el acto reclamado, como ya se evidenció. En ese sentido, resulta inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia a que se contrae el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Lo anterior, sin que este juzgado se encuentre en condiciones de pronunciarse en torno a la calificación del traslado administrativo, dado que esa forma de pronunciarse, no es materia de litis de este juicio constitucional, sino únicamente la orden de traslado por parte de las autoridades administrativas, misma que quedó sustituida con el pronunciamiento al respecto que realizó la juez de ejecución. Tiene aplicación a lo expuesto la jurisprudencia III.2o.C. J/22 consultable en la página 1579, Tomo XXIII, Febrero de 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, instancia Tribunales Colegiados de Circuito, de texto: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." Así como la Jurisprudencia número 2a./J. 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210 del Tomo VII, Febrero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En esas condiciones, resulta claro que los actos aquí reclamados han cesado en sus efectos; en consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio de amparo por haber cesado en sus efectos jurídicos los actos reclamados a las autoridades responsables. El sobreseimiento se decreta fuera de audiencia sin que sea necesario esperar a la celebración de la audiencia constitucional, pues es claro que el acto reclamado dejó de existir, por tanto, estimar lo contrario traería consigo el retardo de la impartición de Justicia, contrario a lo que dispone el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve como sustento a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, consultable en la página 386 del Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". En atención a lo anterior, se deja sin efectos la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, la cual estaba prevista a las once horas con veinte minutos del siete de enero de dos mil veintiuno. Notifíquese por lista, personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
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