Pedro Pablo Tamayo Trujeque
Expediente 1349/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 20 actuaciones registradas, la última del 13 de marzo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1349/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 13/03/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Pedro Pablo Tamayo Trujeque
- Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Estado de Yucatan
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
MESA II. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término de quince días que señala la ley de la materia en su artículo 202, a la parte quejosa para que se inconformara o no, con el proveído que declaró cumplida la ejecutoria federal; por tal motivo y en razón de que no ejerció ese derecho, téngase a ésta conforme con el cumplimiento de la ejecutoria de mérito; por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo. En cumplimiento al punto Décimo del Capítulo Tercero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización y depuración de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se indica que el presente expediente se ubica dentro del archivo judicial reciente, por lo que una vez transcurrido el término de tres años señalado en la fracción I del citado punto Décimo, éste debe ser SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, toda vez que en el mismo se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. Asimismo, y como lo dispone la fracción IV del punto Vigésimo Primero del Capítulo Quinto y en razón al sentido de la sentencia dictada en el presente asunto, consérvese únicamente la demanda y la sentencia respectiva, mismas que deberán digitalizarse en términos del punto Décimo Séptimo del Capítulo Cuarto del propio Acuerdo, debiendo depurarse las constancias restantes, como lo señala la fracción IV del punto Vigésimo Primero Capítulo Quinto. Por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este juicio como asunto totalmente concluido; de conformidad con lo establecido en el artículo Décimo Primero del Capítulo Tercero del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual a criterio de quien esto determina no tiene relevancia documental, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Asimismo, atendiendo a que en los autos incidentales derivados del presente juicio, concedió la suspensión provisional y definitiva a la parte quejosa, provéase únicamente respecto de la destrucción del duplicado de dicho incidente debiendo conservarse el original del mismo, por el término de tres años y una vez transcurrido esté deberá transferirse tal como lo establece la fracción I del punto Décimo, Capítulo III del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. En ese entendido, de conformidad con lo previsto en la fracción III del punto Vigésimo del Capítulo Quinto del acuerdo antes citado, se determina que el duplicado del incidente de suspensión derivado del presente expediente, también es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que podrá hacerse una vez transcurridos los seis meses a que se refiere dicho precepto. Por otra parte, en cuanto al valor jurídico, sí lo tienen el presente juicio de amparo, así como los cuadernos incidentales relativos.
- Principal
MESA II. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ya obra el oficio suscrito por el Juez Segundo Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, con el que informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria concesoria de amparo; así como que mediante proveído de diecinueve de enero del año en curso, se dio vista a las partes con el oficio y anexo remitidos por la mencionada autoridad, para que en el término de tres días hábiles manifestaran lo que a su derecho conviniera; por lo que al haber fenecido dicho plazo, este juzgador determinará si está cumplido o no el fallo de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis bajo el rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." En este sentido, se aprecia que por sentencia definitiva terminada de engrosar el quince de diciembre de dos mil diecisiete, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión, respecto de los actos del Juez Segundo Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad. Asimismo, por auto de diez de enero de dos mil dieciocho, se declaró que causó ejecutoria la citada resolución, requiriéndose a la autoridad responsable su debido cumplimiento. De manera que la autoridad responsable estaba obligada a acatar la resolución referida en el párrafo que antecede, en los términos siguientes: "(.) En consecuencia, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a Pedro Pablo Tamayo Trujeque, para que el efecto de que la Juez Segundo Penal del Primer Departamento Judicial del Estado: a) Deje insubsistente la resolución reclamada de diez de octubre de dos mil doce, que dictó en autos de la causa penal 304/2012. b) Emita otra en la que, atendiendo lo lineamientos plasmados, decrete prescrita la acción penal en favor del aquí quejoso, y por tanto, decrete el sobreseimiento de la causa. En el caso, cobra aplicación, la hipótesis a que alude el antepenúltimo párrafo del artículo 77 de la Ley de Amparo, relativa a la celeridad en los efectos del fallo protector, dado que de acuerdo con el artículo 13 del Código Penal del Estado, el delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, por el que se emitió la orden de aprehensión, no se encuentra considerado como grave, razón por la que la sentencia surte efectos de inmediato, sin necesidad a que cause ejecutoria de conformidad con lo dispuesto por el arábigo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. (.)" En ese sentido, de las constancias que obran en este sumario, se advierte que el Juez penal de origen remitió el oficio 112-BIS, al que adjuntó la resolución dictada el dieciséis de enero del año en curso, con la que decretó extinguida la acción penal contra el quejoso Pedro Pablo Tamayo Trujeque, por haber operado la prescripción del delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar que fue querellado por Patricia del Carmen Martín Zapata e imputado por la representación social. Asimismo, consecuencia de la prescripción del delito de referencia la responsable decretó el sobreseimiento de la causa penal de origen 304/2012, y ordenó girar oficio al autoridad ejecutoria Director de la Policía Estatal de Investigación de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a fin de que cancele de forma inmediata la orden de aprehensión emitida contra el quejoso el diez de octubre de dos mil doce. Por tanto, con base a los motivos asentados con antelación y con fundamento en el artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se determina que se ha cumplido en su totalidad la sentencia de amparo, sin excesos ni defectos.
- Principal
MESA II. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ya obra el oficio suscrito por el Juez Segundo Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, con el que informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria concesoria de amparo; así como que mediante proveído de diecinueve de enero del año en curso, se dio vista a las partes con el oficio y anexo remitidos por la mencionada autoridad, para que en el término de tres días hábiles manifestaran lo que a su derecho conviniera; por lo que al haber fenecido dicho plazo, este juzgador determinará si está cumplido o no el fallo de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis bajo el rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." En este sentido, se aprecia que por sentencia definitiva terminada de engrosar el quince de diciembre de dos mil diecisiete, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión, respecto de los actos del Juez Segundo Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad. Asimismo, por auto de diez de enero de dos mil dieciocho, se declaró que causó ejecutoria la citada resolución, requiriéndose a la autoridad responsable su debido cumplimiento. De manera que la autoridad responsable estaba obligada a acatar la resolución referida en el párrafo que antecede, en los términos siguientes: "(.) En consecuencia, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a Pedro Pablo Tamayo Trujeque, para que el efecto de que la Juez Segundo Penal del Primer Departamento Judicial del Estado: a) Deje insubsistente la resolución reclamada de diez de octubre de dos mil doce, que dictó en autos de la causa penal 304/2012. b) Emita otra en la que, atendiendo lo lineamientos plasmados, decrete prescrita la acción penal en favor del aquí quejoso, y por tanto, decrete el sobreseimiento de la causa. En el caso, cobra aplicación, la hipótesis a que alude el antepenúltimo párrafo del artículo 77 de la Ley de Amparo, relativa a la celeridad en los efectos del fallo protector, dado que de acuerdo con el artículo 13 del Código Penal del Estado, el delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, por el que se emitió la orden de aprehensión, no se encuentra considerado como grave, razón por la que la sentencia surte efectos de inmediato, sin necesidad a que cause ejecutoria de conformidad con lo dispuesto por el arábigo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. (.)" En ese sentido, de las constancias que obran en este sumario, se advierte que el Juez penal de origen remitió el oficio 112-BIS, al que adjuntó la resolución dictada el dieciséis de enero del año en curso, con la que decretó extinguida la acción penal contra el quejoso Pedro Pablo Tamayo Trujeque, por haber operado la prescripción del delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar que fue querellado por Patricia del Carmen Martín Zapata e imputado por la representación social. Asimismo, consecuencia de la prescripción del delito de referencia la responsable decretó el sobreseimiento de la causa penal de origen 304/2012, y ordenó girar oficio al autoridad ejecutoria Director de la Policía Estatal de Investigación de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a fin de que cancele de forma inmediata la orden de aprehensión emitida contra el quejoso el diez de octubre de dos mil doce. Por tanto, con base a los motivos asentados con antelación y con fundamento en el artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se determina que se ha cumplido en su totalidad la sentencia de amparo, sin excesos ni defectos.
- Principal
MESA II. Vista la cuenta que antecede, agréguense a estos autos el Juez Segundo Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, con un anexo que adjunta, con el que atiende el requerimiento realizado por este órgano de control constitucional e informa lo relativo al cumplimiento de la sentencia de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes en este asunto, con la documentación de cuenta, por el término de tres días hábiles, contados a partir del siguiente al en que quede debidamente notificado de este acuerdo, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, apercibidas que de no hacer manifestación alguna dentro de ese plazo, este Juzgado resolverá lo que legalmente corresponda respecto al cumplimiento de la resolución de amparo.
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