Pedro Pablo Pino Polanco

Expediente 1054/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de septiembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1054/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
12/09/2017

Partes del expediente

  • Pedro Pablo Pino Polanco

Actuaciones

  1. Principal

    MESA III. Se declara que el expresado acuerdo en el que se desechó la presente demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes; por tanto, hágase las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia en vigor, archívese el presente juicio como asunto concluido. Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expediente generados en los Juzgados de Distrito, se determina que en virtud de que se desechó la presente demanda de amparo, y que por ende, no se tramitó el incidente de suspensión, se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción I del punto vigésimo primero del citado acuerdo general, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del primer párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo antes citado. En cumplimiento al punto Décimo primero del Capítulo Tercero del citado Acuerdo General Conjunto, realícese la anotación correspondiente en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente juicio no tiene relevancia documental, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Finalmente, en cuanto al valor jurídico del presente expediente, indíquese que se estima que carece de él.

  2. Principal

    MESA III. Vista la demanda de amparo promovida por *******************, contra el acto que reclama del Fiscal Investigador de la Agencia Periférica antes Fiscal Investigador de la Trigésima Quinta Agencia del Ministerio Público, con sede en esta ciudad y de otras autoridades, que hace consistir en la integración de una carpeta de investigación en su contra, en específico la ilegal orden de localizar y/o ubicar el autobús de la marca Dina, Modelo 1999, de color Azul, con placas de Circulación 617-RV-2 del servicio público federal, así como su ejecución. Ahora bien, se desecha de plano la demanda de mérito, por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto tiene la obligación de examinar ante todo las demandas que le sean presentadas para que, en el evento de encontrar causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual el juzgador federal se encuentra imposibilitado para establecer si el acto reclamado por el quejoso es constitucional o no, es decir, que la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, así como por la Constitución y por la jurisprudencia emitida por nuestro más alto tribunal. Así, este órgano jurisdiccional federal, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a pronunciarse sobre dicha figura jurídica de conformidad con lo que dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo, y con apoyo en la Jurisprudencia número 814, visible en las páginas 553 y 554 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Así, a juicio de quien esto resuelve, debe decirse que en el caso se actualiza de manera indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación al numeral 103, fracción I, de la Carta Magna, interpretado a contrario sensu, porque tales actos no le causan perjuicios a la quejosa. Para efectos del presente estudio, conviene precisar que el artículo 5° de la ley de la materia dispone: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico..". De la anterior trascripción se advierte que el quejoso es quien aduce ser titular de un derecho subjetivo -interés jurídico- o interés legítimo, entendiéndose el primero como en el derecho que le asiste a un particular, para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de derechos fundamentales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal, que se ve afectado por el acto de alguna autoridad, ocasionando un menoscabo a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular; mientras que el interés legítimo es aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública o de cualquier otra. En tanto que, el numeral 61 fracción XII, de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afectan los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, numeral que es del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia.". De conformidad con las dos disposiciones indicadas es de concluirse que para la procedencia del amparo debe acreditarse la comprobación del interés jurídico o legítimo del peticionario de amparo, el cual podrá ser probado al presentarse la demanda o al tramitarse el juicio constitucional. Siendo importante aclarar que para la procedencia del juicio de amparo el quejoso debe acreditar que el acto reclamado le afecta en su interés legítimo o jurídico, siempre y cuando le origine o le afecte un perjuicio a su esfera jurídica. En efecto, tomando en cuenta los numerales 211, fracción I, inciso a), 212, 213, 214, 216, 217, 218 y 219 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se estima que la integración de la carpeta de investigación tiene por objeto que el Ministerio Público reúna los requisitos o datos de prueba necesarios para el ejercicio de la acción penal; por lo cual, dada su naturaleza jurídica, no puede suspenderse, interrumpirse o cesar en su curso, salvo los casos autorizados constitucional y legalmente. Lo anterior es así, porque el inicio y trámite de la investigación inicial a cargo del representante social, por regla general, están exentos de cualquier acto tendiente a su suspensión o paralización, incluso del control constitucional, porque los actos verificados durante esa etapa no irrogan perjuicio al gobernado para efectos del juicio de amparo, pues no trascienden irreparablemente en su esfera jurídica, debido a que son susceptibles de anularse o contrarrestarse al momento en el que el fiscal formula la imputación ante el juez de control e inicia la etapa de investigación complementaria o formalizada; o bien cuando determina el no ejercicio de la acción penal. Estimar lo contrario, esto es, que los actos dictados durante la sustanciación de la investigación inicial, previa o desformalizada, que integran la carpeta de investigación le causa algún perjuicio al gobernado y, por ello, es procedente el juicio de amparo, traería como consecuencia entorpecer injustificadamente la potestad-deber conferida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el Código Nacional de Procedimientos Penales al Ministerio Público, consistente en recabar los datos de prueba para establecer que hay datos que hagan suficientes para considerar que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Asimismo, la ilegal orden de localizar y/o ubicar el autobús de la marca Dina, Modelo 1999, de color Azul, con placas de Circulación 617-RV-2 del servicio público federal, así como su ejecución, mismo que aduce se está integrando la carpeta de investigación en su contra, por la manera en que está planteada su demanda, en este caso, no puede combatirse a través del juicio de amparo, dado que sus efectos son susceptibles de contrarrestarse o anularse posteriormente, de tal manera que no trascienden irreparablemente a la esfera jurídica del gobernado. Luego entonces, se estima que el amparo contra la integración de una carpeta de investigación por parte de la representación social, en que según afirma el solicitante del amparo, se han girado órdenes para localizar el vehículo de la marca Dina, Modelo 1999, de color Azul, con placas de Circulación 617-RV-2 del servicio público federal, no le causa un perjuicio en su esfera jurídica. En tales condiciones, al ser manifiesta e indudable la improcedencia invocada, con apoyo en lo previsto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la presente demanda de amparo. Regístrese la demanda en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número que le corresponda. Desde este momento y con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen en este expediente. Por último, fórmese el correspondiente expediente electrónico de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal.

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