Pedro Octavio Alfaro Arenas
Expediente 2286/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 31 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2286/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 31/10/2023
Partes del expediente
- Pedro Octavio Alfaro Arenas
Actuaciones
- Principal
Por este medio se notifica a la parte tercera interesada el acuerdo de dieciocho de octubre de dos mil veintitrés, que dice: Zapopan, Jalisco, dieciocho de octubre de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado procesal de autos, se advierte que se encuentran notificadas la totalidad de las partes respecto de la sentencia dictada el ocho de septiembre de dos mil veintitrés, así como del proveído de veintinueve de septiembre del mismo año, por el cual se tuvo a la parte quejosa, interponiendo recurso de revisión contra la citada resolución. Petición de turno. Por tanto, acátese lo ordenado en el auto en que se tuvo por interpuesto el citado recurso, esto es, mediante oficio que se envíe al correo electrónico occtc3ctoc@correo.cjf.gob.mx, solicítese a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Tercer Circuito, petición de turno; a efecto de que en su momento pueda vincularse este expediente para la consulta del órgano que corresponda conocer del medio de impugnación. Los datos para registro son los siguientes: Juicio de amparo: 521/2023. Parte quejosa y recurrente: * Tercero interesado: *. Autoridad responsable: Juez Quinto de lo Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco Juicio de origen: 2305/2018. Determinación recurrida: resolución de ocho de septiembre de dos mil veintitrés. En el entendido de que, una vez que exista constancia de lo anterior, se pondrá a disposición el expediente en que se actúa para su consulta por parte del Tribunal Colegiado que resulte competente para conocer del recurso de queja, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese por lista física y electrónica.
- Principal
Zapopan, Jalisco, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Informa gestiones. Visto el comunicado y anexo remitidos por el Secretario General del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, se le tiene informando las gestiones realizadas a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en el presente juicio, de lo cual se advierte que requirió a la parte actora para que dentro del término de siete días, presentara ante el citado tribunal diversos documentos con la finalidad de que el ayuntamiento demandado se encuentre en posibilidad de cumplir al laudo dictado en el juicio de origen. Sin embargo, fue omiso en informar lo acontecido con la totalidad de los procedimientos de suspensión de cargo al Síndico e Integrantes del Ayuntamiento Constitucional del Estado de Jalisco, ordenados en el juicio de origen a través del oficio MDE/627/2023, derivado del proveído de veintiuno de julio de dos mil veintitrés. Requerimiento. Por tanto, con fundamento en el párrafo segundo, del artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, para que en el plazo de cinco días, contados a partir del siguiente al en que reciba la comunicación respectiva, remita copias certificadas completas y legibles de las constancias que acrediten la notificación a las partes del acuerdo dictado el diecisiete de septiembre del año en curso, dictado en el procedimiento natural; y en su caso, de la respuesta dada por la parte actora al requerimiento que le fue formulado y lo proveído en consecuencia. Además, dentro del mismo lapso, deberá informar lo acontecido con la totalidad de los procedimientos de suspensión de cargo al Síndico e Integrantes del Ayuntamiento Constitucional del Estado de Jalisco, ordenados en el juicio de origen a través del oficio MDE/627/2023, derivado del proveído de veintiuno de julio de dos mil veintitrés; remitiendo copia certificada de las constancias que acrediten su dicho. Se le apercibe que, de no cumplir con lo anterior sin causa legal justificada, se impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, esto es, $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), con fundamento en lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 258 de la Ley de Amparo. En el entendido de que una Unidad de Medida y Actualización, equivale a $103.74 (ciento y tres pesos 74/100 moneda nacional). Además, se llevará a cabo el procedimiento previsto en el artículo 193 de la Ley de Amparo. Estado procesal de autos. Por otra parte, vista la certificación de cuenta y el estado procesal de autos, se advierte que en diversas ocasiones desde el cinco de julio de dos mil veintitrés, se ha requerido al Síndico del Ayuntamiento Constitucional de El Salto, Jalisco, para que, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, acredite las gestiones realizadas con la finalidad de atender los oficios DAAPB/2636/2022 y GAV/649/2022, a través de los cuales el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco le precisó los documentos que se requieren con la finalidad de estar en aptitud legal para entrar al estudio de la procedencia de la afiliación de la quejosa, documentación que le fue allegada por parte de este juzgado mediante comunicado 29322/2023 que derivó del auto de cinco de julio de dos mil veintitrés; sin que a la fecha se haya manifestado al respecto. Además, de las constancias remitidas al oficio de cuenta presentado por el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, se advierte que dicho síndico volvió a solicitar que se requiera a la parte actora por documentos que ya tiene en su poder. Se impone multa. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de veintidós de septiembre pasado, y se impone al Síndico del Ayuntamiento Constitucional de El Salto, Jalisco, una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, esto es, $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), con fundamento en lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 258 de la Ley de Amparo. Así pues, una vez que el presente acuerdo cause estado, gírese atento oficio a la autoridad administrativa correspondiente a fin de que proceda a hacer efectiva la multa en comento. Se requiere de nuevo cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la ley de la materia, requiérase nuevamente al Síndico del Ayuntamiento Constitucional de El Salto, Jalisco, para que en el plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que se le notifique el presente acuerdo, acredite las gestiones realizadas con la finalidad de atender los oficios DAAPB/2636/2022 y GAV/649/2022, a través de los cuales el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco le precisó los documentos que se requieren con la finalidad de estar en aptitud legal para entrar al estudio de la procedencia de la inscripción de la quejosa ante el citado instituto, documentación que le fue allegada por parte de este juzgado mediante comunicado 29322/2023 que derivó del auto de cinco de julio de dos mil veintitrés. En el entendido de que deberá remitir copias certificadas completas y legibles de las constancias que acrediten las acciones que realizó. Se apercibe a la citada autoridad que de continuar con la actitud contumaz en incumplir con la sentencia de amparo, se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, esto es, $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), con fundamento en lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 258 de la Ley de Amparo; asimismo, se llevará a cabo el procedimiento previsto en el artículo 193 de la Ley de Amparo. Notifíquese por lista física y electrónica.
- Principal
Visto el escrito presentado electrónicamente por el autorizado en amplios términos de la parte quejosa, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se le tiene interponiendo recurso de revisión contra la sentencia dictada el veintisiete de septiembre del año en curso. II. Distribución del escrito de agravios a las partes. Con fundamento en el artículo 110 de la ley de la materia, procédase a obtener copia del escrito de agravios a fin de que se corra traslado mediante oficio a las autoridades responsables y personalmente al representante social de la adscripción. III. Sustanciación del recurso. Dentro de los tres días siguientes al en que obre la totalidad de constancias de notificación a las partes, a efecto de que se sustancie el recurso interpuesto, mediante oficio que se envíe al correo electrónico guadalupe.solorzano.aguayo@correo.cjf.gob.mx, solicítese a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Tercer Circuito, petición de turno, a fin de que en su momento pueda vincularse este expediente para la consulta del órgano jurisdiccional que corresponda conocer del citado medio de impugnación. Una vez que exista constancia de lo anterior, hágase disponible el expediente en que se actúa para su consulta por parte del Tribunal Colegiado que resulte competente para conocer del recurso de trato, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). IV. Sobre formación del cuaderno de antecedentes. Finalmente, cabe precisar que resulta innecesaria la formación del cuaderno de antecedentes respectivo, en razón de que para la tramitación de este recurso, no se envían las actuaciones originales de la presente instancia.
- Principal
Visto lo de cuenta, y como está ordenado en el juicio de amparo, con fundamento en los artículos 125 y 128, fracción I, y última parte de dicho numeral, ambos Ley de Amparo, fórmese por cuerda separada el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 817/2023, promovido por ****, por conducto de su administrador general único ****, a quien se le reconoce el carácter con el que comparece en términos de los artículos 10 y 11 de la Ley de Amparo, por así acreditarlo con la copia certificada del acta constitutiva de la segunda de las personas morales referidas contenida en la escritura pública 4,891 -cuatro mil ochocientos noventa y uno- pasada ante la fe del notario público cuatro de Zapopan, Jalisco, de veintiuno de agosto de dos mil diecinueve, así como la diversa que contiene la asamblea extraordinaria en la que se realizó el cambio de denominación o razón social para quedar como la primera de las personas jurídicas referidas, contenida en la copia certificada de la escritura pública 55,083 -cincuenta y cinco mil ochenta y tres-, pasada ante la fe del notario público 15 de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, de dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, contra el acto que reclama de la autoridad que denomina: 1.- La Comisionada de Operación Sanitaria de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Señalamiento de fecha y hora para celebrar la audiencia incidental. De igual forma, en términos de lo dispuesto por la fracción II del referido artículo 138 de la ley de la materia, se señalan las once horas con treinta y cuatro minutos del once de octubre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la audiencia incidental. Intervención a las partes en el incidente de suspensión. Parte quejosa. Autorizados. Téngasele designando como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Miguel Ángel Vargas Ramírez, debido a que, de la certificación de cuenta se advierte que están inscritos en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales. b) Notificaciones electrónicas. Debido a su solicitud expresa, con fundamento en los artículos 26, fracción IV, 30, fracción II y 31, fracción III, de la Ley de Amparo, así como en los en los diversos numerales 55 y 57 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autorizan las notificaciones vía electrónica, inclusive las que de carácter personal le resulten, a través del usuario "********************". Por tal motivo, no ha lugar a tenerle señalando el domicilio que indica para oír y recibir notificaciones, pues la autorización de éstas por la vía electrónica, sustituye a dicho domicilio procesal. c) Consulta de expediente electrónico. De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, así como con los numerales 35, 36, 37 y 38 del citado Acuerdo General, se ordena autorizar en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes al usuario "********************", a fin de que cuente con acceso al expediente electrónico del presente juicio. Prueba. Con fundamento en el artículo 143 de la Ley de Amparo, se tiene por presentadas las pruebas documentales exhibidas con la demanda de amparo, que en el juicio principal del que deriva este incidente de suspensión, se ordenó agregar, previo cotejo y certificación del secretario de juzgado, de aquellas exhibidas en copia certificada, sin perjuicio de relacionarlas al momento de celebrarse la audiencia incidental. Autoridad Responsable. Informe Previo. Con fundamento en la fracción III del artículo 138 y 140 de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad señalada como responsable su informe previo, el cual podrá remitir vía electrónica al correo oficial de este Juzgado: 6jdo3ctoal@correo.cjf.gob.mx, dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, remitiéndole para ello copia de la demanda de amparo, bajo apercibimiento que de no cumplir lo anterior, se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, esto es, $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), con fundamento en lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo, así como en los transitorios segundo y tercero del decreto publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, que, entre otros, reformó la fracción VI, apartado A, del artículo 123 constitucional. Hágase saber a la responsable que si es su deseo ofrecer alguna prueba documental, lo haga por la misma vía electrónica. En el entendido de que se considere que constituye información confidencial y reservada, se realice en el mismo comunicado pero en diverso archivo adjunto, además se deberá adoptar todas las medidas de seguridad a efecto de evitar que se use de manera incorrecta, esto es, bajo su más estricta responsabilidad realice la supresión de datos que estime necesaria, para el mejor resguardo de la información. Consideraciones respecto a las notificaciones a las autoridades responsables. De conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 29 y 31 del mismo ordenamiento legal, las notificaciones a las autoridades que tengan el carácter de responsables o terceras interesadas en el presente juicio de amparo indirecto, incidente de suspensión o recursos que llegaren a interponerse, el auto que tenga por recibido el informe justificado, un acuerdo de vista a las partes o los diferimientos de las audiencias que llegaren a ocurrir les serán notificados por lista, salvo aquellas que, se estime, deban efectuarse en forma personal, las cuales se notificarán por medio de oficio. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, consultable en la página mil doscientos cincuenta y tres, del Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, Décima Época, que por rubro señala: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." En otro sentido, se hace saber a la autoridad señalada como responsable que de conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, está obligada a recibir los oficios que en relación con este juicio se le dirijan, ya sea en forma física o de manera electrónica, en el entendido que de negarse a recibirlos, bajo la excusa de alguna imprecisión en su denominación, que no sea substancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, el actuario hará del conocimiento del encargado de la oficina correspondiente que no obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación y si a pesar de esto subsiste la negativa, asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; y, en su caso, será responsable de la falta de cumplimiento de la resolución que los propios oficios contengan; y se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, esto es, $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), en términos de lo establecido en el artículo 245 de la Ley de Amparo. En el entendido de que una Unidad de Medida y Actualización, equivale a $103.74 (ciento y tres pesos 74/100 moneda nacional). Tercero interesado. Por el momento no se advierte que le revista el carácter de tercera interesada a persona alguna, de conformidad con el artículo 5, fracción III, de la ley de la materia. Representación social. Con fundamento en lo dispuesto en los numerales 5, fracción IV, y 26, fracción II, inciso c), de la Ley de Amparo, notifíquese por oficio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Fijación del acto reclamado y efectos de la suspensión. Previamente a estudiar si en el caso procede el otorgamiento de la medida cautelar solicitada por la parte quejosa, es menester determinar cuáles son los actos reclamados cuya suspensión solicita; por lo que del análisis acucioso de la demanda de amparo y para efectos de la presente suspensión, se aprecia que señala como tal, esencialmente: El oficio ********************, de siete de febrero de dos mil veintitrés, con el que se dictó resolución en el expediente de sanción ********************, así como su ejecución. Asimismo, se aprecia que la parte quejosa solicita la suspensión del acto reclamado para que ".interrumpir la prohibición de ventas y destrucción del producto; así como evitar una sanción mayor derivado de actos que se tildan de inconstitucionales." asi como para que ". se suspenda de forma provisional y definitiva el aseguramiento del producto, ratificación del aseguramiento, la orden de destrucción del mismo, la prohibición de su venta ty el inicio del procedimiento sancionatorio." Sin embargo, el estudio de la suspensión provisional versará en relación al propio acto reclamado consistente en el oficio ********************, de siete de febrero de dos mil veintitrés, con el que se dictó resolución en el expediente de sanción ********************, así como su ejecución, pues de analizar la suspensión como la solicita el quejoso se deja de analizar la naturaleza del acto reclamado, asi como los efectos jurídicos que el mismo produce con su emisión y ejecución, dado que los efectos para los que solicita la suspensión, no derivan de la propia emisión y ejecución del acto reclamado. En el entendido de que se puede conceder para efectos y consecuencia distintas a las propuestas por la parte quejosa, pero no por actos no reclamados en la demanda de amparo. Sirve de fundamento para ello, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual es del rubro siguiente: "Décima Época Registro: 2019200 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 01 de febrero de 2019 10:03 h Materia(s): (Constitucional) Tesis: P./J. 4/2019 (10a.) SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA. De los artículos 124, último párrafo, de la Ley de Amparo abrogada y 147, primer párrafo, de la vigente, se advierte que en los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, lo cual significa que el juzgador está legalmente facultado para precisar, conforme a su prudente arbitrio, las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar las cosas a partir de que conceda la medida cautelar, sin importar que para ello se aparte de los efectos propuestos por el quejoso en su escrito inicial, ya sea para maximizarlos o ajustarlos a las necesidades del caso concreto, pues se trata de conservar la materia del juicio de amparo y no de limitarse mecánicamente a proveer la suspensión en los términos estrictos planteados por el quejoso, sobre todo en los casos en que sea evidente que si se atendiera en forma puntual a su solicitud, no se lograría el objetivo integral de la suspensión. Ahora bien, la atribución depositada en el órgano de amparo para modular fundada y motivadamente las implicaciones futuras del otorgamiento de la suspensión no llega al extremo de poder ordenar la paralización de actos no reclamados en la demanda, porque si no se cuestionó su constitucionalidad, es obvio que no constituyen la materia del juicio, la cual debe mantenerse intacta, a fin de preservar los bienes o derechos cuya tutela se demande en el juicio de amparo.". Determinación sobre la suspensión. Cabe puntualizar que para proveer acerca de la suspensión provisional solicitada, se tomará en cuenta el contenido de la fracción X del artículo 107 constitucional, así como los artículos 128, 138, 139, 146, 147, 150 y 157 de la Ley de Amparo, para lo cual se deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, cuando la naturaleza del acto lo permita, y la no afectación del interés social, para que sea dable pronunciarse sobre la concesión o negativa de la suspensión del acto reclamado, para establecer los requisitos y efectos de la medida cautelar, o bien, la ejecución del acto por parte de la autoridad responsable. El artículo 128 de la Ley de Amparo, dispone que para conceder la suspensión deben cumplirse los siguientes requisitos: a) Que exista la solicitud del quejoso (interés suspensional y afectación); b) Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. De conformidad con el artículo 77 de la Ley de Amparo, la sentencia que lo concede tiene por objeto restituir al quejoso el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, o bien, obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el mismo exija. Así, el juicio de amparo es el medio de control constitucional por excelencia con el que cuentan los ciudadanos para hacer posible la restitución de un derecho que hubiera sido desconocido o afectado. Sin embargo, muchas veces esta restitución puede no ser oportuna, por haberse consumado determinados actos de las autoridades responsables antes de que la autoridad de amparo se pronuncie con respecto a si realmente tuvo lugar o no la violación del derecho fundamental y sus garantías de protección. Precisamente para evitar lo anterior, es que el juicio de amparo contempla una figura jurídica como la suspensión del acto reclamado, cuya racionalidad es la conservación de la materia del juicio, atendiendo a las finalidades restitutorias del mismo, bajo los parámetros antes mencionados, establecidos en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el numeral 138 de la Ley de Amparo. De este modo, tomando en cuenta el contenido de esas disposiciones, que contemplan la obligación de los Jueces de ponderar en cada caso concreto entre la apariencia del buen derecho y el interés social, es claro que la suspensión debe entenderse como aquel medio eficaz que está al alcance de los juzgadores para evitar que se pierda la materia litigiosa. Al hilo de lo anterior, se enfatiza en que la apariencia del buen derecho apunta a una credibilidad objetiva y seria que descarte una pretensión manifiestamente infundada, temeraria o cuestionable, lo que se logra a través de un conocimiento superficial, dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad acerca de la existencia del derecho discutido en el proceso; mientras que el peligro en la demora consiste en la posible frustración de los derechos del pretendiente de la medida que puede darse como consecuencia de la tardanza en el dictado de la resolución de fondo. Bajo esas condiciones, se concede a la parte quejosa la suspensión provisional del acto reclamado, toda vez que se cumplen con los requisitos previstos por el artículo 128 de la ley de Amparo, pues la parte quejosa solicita la medida suspensional; no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, pues el acto cuestionado no se ubica en ninguno de los supuestos establecidos en el ordinal 129 de la ley de la materia, además, por ser necesario para conservar la materia del cuaderno principal. Al efecto, se precisa que el interés suspensional se encuentra indiciariamente acreditado con las documentales exhibidas en las que se advierte que el oficio ********************, de siete de febrero de dos mil veintitrés, con el que se dictó resolución en el expediente de sanción ********************, se encuentra dirigido a la parte quejosa. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia por contradicción de tesis siguiente: "Octava Época Registro: 206395 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 68, Agosto de 1993 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 5/93 Página: 12 SUSPENSION PROVISIONAL. PARA DECIDIR SOBRE SU PROCEDENCIA, DEBE ATENDERSE A LAS MANIFESTACIONES DEL QUEJOSO RESPECTO DE LA CERTIDUMBRE DEL ACTO RECLAMADO. Para decidir sobre la procedencia o no de la suspensión provisional, los Jueces de Distrito deben atender a las manifestaciones del quejoso hechas en su demanda bajo protesta de decir verdad, cuando se duele de que existe peligro inminente de que se ejecute, en su perjuicio, el acto reclamado, ya que, por regla general, son los únicos elementos con que cuenta para resolver sobre la solicitud de concesión de la medida cautelar, sin que proceda hacer conjeturas sobre la improbable realización de los actos que el quejoso da por hecho se pretenden ejecutar en su contra, pues para resolver sobre la suspensión provisional, el juez debe partir del supuesto, comprobado o no, de que la totalidad de los actos reclamados son ciertos. Ello sin perjuicio de analizar si en el caso concreto se cumplen o no los requisitos previstos en el artículo 124 de la Ley de Amparo.". Efectos de la medida. Así pues, se concede la medida cautelar de mérito, para el efecto de que las responsables se abstengan de ejecutar el oficio ********************, de siete de febrero de dos mil veintitrés, con el que se dictó resolución en el expediente de sanción ********************, en contra de la parte quejosa, hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva. Condiciones de efectividad. La suspensión surte efectos desde luego, siempre y cuando no se hubiera ejecutado el acto reclamado, o bien, si deriva de hechos distintos a los narrados en la demanda de amparo. Como requisito de efectividad con fundamento en el artículo 135 de la Ley de Amparo, la suspensión provisional surtirá sus efectos de inmediato, pero dejará de hacerlo si dentro de los cinco días siguientes a la notificación de este proveído, la parte quejosa no acredita haber garantizado, o garantiza ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos en las leyes fiscales el importe total correspondiente al equivalente del monto contenido en el crédito fiscal precisado en la resolución que constituye el acto reclamado, a fin de asegurar el interés fiscal conforme al numeral invocado, lo anterior es así, ya que el pago requerido por las autoridades exactoras estatales constituyen un crédito fiscal, los cuales son exigibles mediante el procedimiento administrativo de ejecución, de manera tal que al solicitarse la suspensión promoviéndose el juicio de amparo contra su cobro, el interés fiscal debe garantizarse como lo señala el precitado artículo 135 de la Ley de la materia. Copias y reproducción de constancias. a) Información relativa a la expedición de copias. En atención a las medidas de prevención antes expuestas, se hace del conocimiento que conforme a los términos previstos por el Acuerdo General 12/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, acorde al artículo 36 del citado acuerdo, que las personas autorizadas para consultar un Expediente electrónico en los asuntos de la competencia del PJF podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél. Asimismo, cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente, por lo que se exhorta a las partes a la utilización de dicha herramienta, para evitar su presencia física en las instalaciones de ciudad judicial y la consecuente concentración innecesaria de personas, lo anterior como medida de contención a la pandemia. b) Reproducción electrónica de constancias. Se informa que desde este momento se autoriza la reproducción electrónica del presente asunto a través de los medios electrónicos, es decir, cámaras fotográficas, scanner portátiles, celulares o similares, previa petición verbal de la parte interesada al Secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, debiendo asentar la razón respectiva en el expediente. Cabe destacar que no está autorizada la reproducción de aquellas constancias que por disposición legal contengan información reservada o confidencial. En el entendido de que es responsabilidad de las partes el uso que den a la información obtenida a través de los dispositivos referidos. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, para no retardar el procedimiento y atendido a las cargas laborales con que cuenta este Juzgado, en caso necesario, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones de carácter personal que se ordenen en este expediente, lo anterior, en estricto acatamiento a lo dispuesto por el artículo 17 constitucional, dada la naturaleza del juicio de amparo, el cual requiere una atención inmediata, dado que en el mismo se dilucida sobre la posible transgresión de derechos fundamentales. Transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos; con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan se publiquen con sus datos personales en la inteligencia de que la falta de oposición expresa conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos; asimismo, se hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De conformidad con el artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada.
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