Pedro Ochoa de Anda y Otros.
Expediente 680/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 22 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 680/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 11/10/2018
Partes del expediente
- Pedro Ochoa de Anda
- Pedro Ochoa de Anda y Otros.
- María Soledad Ochoa González y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de quince días, para interponer el recurso de inconformidad que establece la Ley de Amparo, sin que las partes hayan presentado promoción encaminada a impugnar la resolución de diez de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 164 y 166); en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha quedado firme la referida resolución, en la cual se determinó que la sentencia de amparo quedó cumplida. Anotaciones y archivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto por estar totalmente concluido. Acuerdo general. En cumplimiento a lo ordenado por el ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO, se determina lo siguiente: a) El presente expediente, a consideración de este órgano jurisdiccional, no es de relevancia documental, habida cuenta que la litis no versó respecto a: delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; de igual forma, no se está en el supuesto de que la resolución dictada en este controvertido haya sido impugnada ante organismos públicos internacionales o de que el problema jurídico dilucidado fuese un conflicto laboral de naturaleza colectiva trascendental, aunado a que el fallo judicial no trasciende en forma especial el ámbito jurídico, político, social o económico. Esta decisión encuentra sustento en los párrafos segundo y tercero del punto décimo primero, en relación al último párrafo del diverso dispositivo vigésimo primero, ambos del acuerdo general conjunto en cita. b) En el expediente en que se actúa se emitió sentencia en la que, por una parte se sobreseyó en el juico, y por otra, se concedió el amparo y protección de la justicia federal; consecuentemente, es susceptible de depuración, de suerte que una vez transcurridos tres años contados a partir de este acuerdo donde también se ordenará el archivo del asunto, deberá realizarse su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, para el trámite respectivo, conservando la demanda y la sentencia respectiva, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Lo anterior, según lo disponen los puntos décimo, fracción I y vigésimo primero, fracción IV, del acuerdo general invocado. c) En mérito de lo determinado en los incisos precedentes, en la carátula realícese la anotación de que el expediente, no es de relevancia documental y es sujeto de depuración, con fundamento en el párrafo segundo del artículo décimo primero, del multicitado acuerdo general. Devolución de documentos. En acatamiento al punto Décimo Primero del citado acuerdo Plenario, se previene a la parte quejosa para que acuda a este Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, dentro del plazo de noventa días a solicitar la devolución de los documentos originales que hubiera exhibido en este expediente, apercibida que de no cumplir con lo anterior, dicha documentación podrá ser destruida.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, del cual se advierte que mediante proveído de veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho (folio 149), se dio vista a la parte quejosa, para que en el plazo de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obraran en autos y los datos aportados por la autoridad; acuerdo que le fue notificado tres de septiembre de dos mil dieciocho.Este Juzgado de Distrito con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede, de oficio, a resolver si conforme a las constancias que obran en autos se encuentra cumplida o no la ejecutoria de autos. Cabe reiterar que en la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa, el veintitrés de mayo de dos mil dieciocho (folios 73 a 94), en la que, por una parte, se sobreseyó en el juicio, y por otra, se concedió el amparo y la protección constitucional, para el efecto de que:".para el efecto de que se le restituya en el goce de sus derechos fundamentales violados.En lo relativo a los efectos del amparo debe precisarse que, acorde a lo establecido en el artículo 77 de la Ley de Amparo y dado que la concesión deriva de la inequidad del precepto combatidos de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan de dos mil dieciocho, la protección otorgada deberá limitarse a ordenar que se desincorpore de la esfera jurídica del inconforme Pedro Ochoa De Anda, la obligación de calcular el impuesto predial conforme a la disposición reclamada que prevea una tasa bimestral al millar mayor que la mínima, es decir, para que al momento de que se cuantifique el monto respectivo, se le haga extensivo el beneficio de la tasa bimestral al millar más benéfica, misma que sirvió de base para el comparativo de las situaciones de desigualdad, que en este caso resulta ser la de 0.23 (cero punto veintitrés), para Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan de dos mil dieciocho, por concepto del impuesto predial para dicho ejercicio fiscal, pues no podría desincorporarse totalmente la obligación de pagar la contribución de referencia, en virtud de que ello implicaría poner al promovente en un estado privilegiado y; además, se desatendería el mandato constitucional previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Carta Magna, respecto a la obligación de contribuir al gasto público en forma proporcional y equitativa. Así es, los efectos del amparo contra leyes, cuando la protección constitucional se otorga únicamente por el trato fiscal injustificadamente diferenciado, la sentencia no tiene por objeto liberar al quejoso del pago de la totalidad del tributo, sino únicamente de hacer extensivo el beneficio otorgado por la ley a determinados contribuyentes que se encontraban en su misma situación. Esto es así, puesto que la concesión del amparo no recayó sobre los elementos esenciales del impuesto y, por tanto, no existe obstáculo alguno que impida su posterior aplicación, a condición de que se le brinde el mismo trato que a aquellos sujetos a los que la ley situó en una posición más favorable que a otros[.] La protección constitucional debe hacerse extensiva a los actos concretos de aplicación consistentes en la recepción del pago de las cantidades impresas en los recibos oficiales 3943750 AA; 3943754 AA; y 3943757 AA, que realizó el impetrante del amparo Pedro Ochoa De Anda, por concepto del impuesto predial sobre los bienes inmuebles de su propiedad bajo las cuentas prediales ahí mencionadas, relativo al ejercicio fiscal dos mil dieciocho. Por lo que deberán ser devueltas las cantidades que se enteraron, en el entendido de que dicha devolución versará sólo en lo que exceda a la tasa prevista en la ley para terrenos edificados y por lo que ve al impuesto predial para el ejercicio fiscal de dos mil dieciocho.Asociado a lo precedente, debe señalarse que una vez realizado el cálculo con la tasa bimestral al millar menor (0.23), también con base en lo preceptuado el numeral 77 de la ley que rige en estas actuaciones, la devolución por el ejercicio fiscal enterado deberá entregarse al contribuyente por conducto de la autoridad hacendaria que corresponda, en el entendido de que dicha devolución deberá actualizarse, de acuerdo con los artículos 68, 75 y 76 del Código Fiscal del Estado de Jalisco; y, tendrá que versar exclusivamente en lo que exceda a la tasa prevista en la ley para terrenos urbanos edificados; para que, de esa manera, se restituya a la parte impetrante del amparo en el pleno goce de los derechos fundamentales que se consideraron transgredidos en su perjuicio. Es decir, se deberán realizar las operaciones aritméticas conducentes, a fin de calcular el impuesto predial, conforme a la tasa establecida en el artículo 32, fracción II, inciso a), de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, para los predios urbanos edificados. Lo anterior se enfatiza, porque el amparo concedido no releva a la parte quejosa de la obligación de pagar en su totalidad el impuesto correspondiente, porque la declaratoria de inequidad no tiene por efecto exentarle del pago en su totalidad, dado que ello atentaría contra la obligación constitucional de contribuir al gasto público que consagra el artículo 31, fracción IV, constitucional, sino en desincorporar de su esfera jurídica, la obligación tributaria exclusivamente en la parte inconstitucional.Y, una vez obtenido el monto de tal impuesto, deberá realizar la sustracción de la cantidad respectiva a la suma cubierta por concepto del aludido impuesto predial de predios urbanos no edificados para el ejercicio fiscal de dos mil dieciocho, para así fijar la diferencia de numerario que debe entregarse a la parte quejosa. Luego, esas diferencias pagadas indebidamente deberán devolverse actualizadas, conforme a lo previsto en el citado artículo 68 del Código Fiscal del Estado de Jalisco[.] En concordancia con lo antes expuesto, cabe indicar que la devolución de la cantidad que se ordena reintegrar a la parte quejosa Pedro Ochoa De Anda en esta sentencia, no comprende el pago de intereses que se hayan generado. Ello es así, porque la sentencia de amparo que declara la inconstitucionalidad de las normas que prevén un tributo, tiene como efecto desincorporar de la esfera jurídica del contribuyente la obligación tributaria respectiva, lo cual se colma con la devolución de la cantidad pagada por concepto del tributo declarado inconstitucional y su actualización, pero no comprende el pago de intereses, pues éstos participan de una naturaleza indemnizatoria, que no constituye un efecto del fallo protector..." En ese contexto, a las constancias remitidas por la responsable (folios 140, 147 y 157), se les concede valor probatorio pleno de conformidad a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos expedidos por una autoridad en ejercicio de sus funciones; tras de lo cual, se pone de manifiesto que la autoridad responsable el dos de agosto del año en curso, emitió un cheque por la cantidad a devolver a la parte quejosa, mismo que le fue notificado el veintidós de agosto de dos mil dieciocho, y devuelto al treinta del mismo mes y año, como se desprende del recibo interno que exhibió la responsable. En esas condiciones, resulta claro que la sentencia de amparo ha quedado cumplida, en su totalidad sin excesos ni defectos.De conformidad con el artículo 202 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes, por el término de quince días.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA...., EL PROVEÍDO DE DIEZ DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE EN LO QUE INTERESA DICE: "Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, del cual se advierte que mediante proveído de veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho (folio 149), se dio vista a la parte quejosa, para que en el plazo de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obraran en autos y los datos aportados por la autoridad; acuerdo que le fue notificado tres de septiembre de dos mil dieciocho.Este Juzgado de Distrito con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede, de oficio, a resolver si conforme a las constancias que obran en autos se encuentra cumplida o no la ejecutoria de autos. Cabe reiterar que en la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa, el veintitrés de mayo de dos mil dieciocho (folios 73 a 94), en la que, por una parte, se sobreseyó en el juicio, y por otra, se concedió el amparo y la protección constitucional, para el efecto de que:".para el efecto de que se le restituya en el goce de sus derechos fundamentales violados.En lo relativo a los efectos del amparo debe precisarse que, acorde a lo establecido en el artículo 77 de la Ley de Amparo y dado que la concesión deriva de la inequidad del precepto combatidos de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan de dos mil dieciocho, la protección otorgada deberá limitarse a ordenar que se desincorpore de la esfera jurídica del inconforme Pedro Ochoa De Anda, la obligación de calcular el impuesto predial conforme a la disposición reclamada que prevea una tasa bimestral al millar mayor que la mínima, es decir, para que al momento de que se cuantifique el monto respectivo, se le haga extensivo el beneficio de la tasa bimestral al millar más benéfica, misma que sirvió de base para el comparativo de las situaciones de desigualdad, que en este caso resulta ser la de 0.23 (cero punto veintitrés), para Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan de dos mil dieciocho, por concepto del impuesto predial para dicho ejercicio fiscal, pues no podría desincorporarse totalmente la obligación de pagar la contribución de referencia, en virtud de que ello implicaría poner al promovente en un estado privilegiado y; además, se desatendería el mandato constitucional previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Carta Magna, respecto a la obligación de contribuir al gasto público en forma proporcional y equitativa. Así es, los efectos del amparo contra leyes, cuando la protección constitucional se otorga únicamente por el trato fiscal injustificadamente diferenciado, la sentencia no tiene por objeto liberar al quejoso del pago de la totalidad del tributo, sino únicamente de hacer extensivo el beneficio otorgado por la ley a determinados contribuyentes que se encontraban en su misma situación. Esto es así, puesto que la concesión del amparo no recayó sobre los elementos esenciales del impuesto y, por tanto, no existe obstáculo alguno que impida su posterior aplicación, a condición de que se le brinde el mismo trato que a aquellos sujetos a los que la ley situó en una posición más favorable que a otros[.] La protección constitucional debe hacerse extensiva a los actos concretos de aplicación consistentes en la recepción del pago de las cantidades impresas en los recibos oficiales 3943750 AA; 3943754 AA; y 3943757 AA, que realizó el impetrante del amparo Pedro Ochoa De Anda, por concepto del impuesto predial sobre los bienes inmuebles de su propiedad bajo las cuentas prediales ahí mencionadas, relativo al ejercicio fiscal dos mil dieciocho. Por lo que deberán ser devueltas las cantidades que se enteraron, en el entendido de que dicha devolución versará sólo en lo que exceda a la tasa prevista en la ley para terrenos edificados y por lo que ve al impuesto predial para el ejercicio fiscal de dos mil dieciocho.Asociado a lo precedente, debe señalarse que una vez realizado el cálculo con la tasa bimestral al millar menor (0.23), también con base en lo preceptuado el numeral 77 de la ley que rige en estas actuaciones, la devolución por el ejercicio fiscal enterado deberá entregarse al contribuyente por conducto de la autoridad hacendaria que corresponda, en el entendido de que dicha devolución deberá actualizarse, de acuerdo con los artículos 68, 75 y 76 del Código Fiscal del Estado de Jalisco; y, tendrá que versar exclusivamente en lo que exceda a la tasa prevista en la ley para terrenos urbanos edificados; para que, de esa manera, se restituya a la parte impetrante del amparo en el pleno goce de los derechos fundamentales que se consideraron transgredidos en su perjuicio. Es decir, se deberán realizar las operaciones aritméticas conducentes, a fin de calcular el impuesto predial, conforme a la tasa establecida en el artículo 32, fracción II, inciso a), de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, para los predios urbanos edificados. Lo anterior se enfatiza, porque el amparo concedido no releva a la parte quejosa de la obligación de pagar en su totalidad el impuesto correspondiente, porque la declaratoria de inequidad no tiene por efecto exentarle del pago en su totalidad, dado que ello atentaría contra la obligación constitucional de contribuir al gasto público que consagra el artículo 31, fracción IV, constitucional, sino en desincorporar de su esfera jurídica, la obligación tributaria exclusivamente en la parte inconstitucional.Y, una vez obtenido el monto de tal impuesto, deberá realizar la sustracción de la cantidad respectiva a la suma cubierta por concepto del aludido impuesto predial de predios urbanos no edificados para el ejercicio fiscal de dos mil dieciocho, para así fijar la diferencia de numerario que debe entregarse a la parte quejosa. Luego, esas diferencias pagadas indebidamente deberán devolverse actualizadas, conforme a lo previsto en el citado artículo 68 del Código Fiscal del Estado de Jalisco[.] En concordancia con lo antes expuesto, cabe indicar que la devolución de la cantidad que se ordena reintegrar a la parte quejosa Pedro Ochoa De Anda en esta sentencia, no comprende el pago de intereses que se hayan generado. Ello es así, porque la sentencia de amparo que declara la inconstitucionalidad de las normas que prevén un tributo, tiene como efecto desincorporar de la esfera jurídica del contribuyente la obligación tributaria respectiva, lo cual se colma con la devolución de la cantidad pagada por concepto del tributo declarado inconstitucional y su actualización, pero no comprende el pago de intereses, pues éstos participan de una naturaleza indemnizatoria, que no constituye un efecto del fallo protector..." En ese contexto, a las constancias remitidas por la responsable (folios 140, 147 y 157), se les concede valor probatorio pleno de conformidad a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos expedidos por una autoridad en ejercicio de sus funciones; tras de lo cual, se pone de manifiesto que la autoridad responsable el dos de agosto del año en curso, emitió un cheque por la cantidad a devolver a la parte quejosa, mismo que le fue notificado el veintidós de agosto de dos mil dieciocho, y devuelto al treinta del mismo mes y año, como se desprende del recibo interno que exhibió la responsable. En esas condiciones, resulta claro que la sentencia de amparo ha quedado cumplida, en su totalidad sin excesos ni defectos.De conformidad con el artículo 202 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes, por el término de quince días."
- Principal
Zapopan, Jalisco; cuatro de septiembre de dos mil dieciocho. Vías de cumplimiento. Visto el oficio signado por el Tesorero Municipal de Zapopan, Jalisco, mediante el cual, remite el recibo interno del que se advierte que la parte quejosa recibió las cantidades generadas con motivo de la sentencia de amparo. Acuerdo que recae. Con fundamento en los artículos 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos, para los efectos legales conducentes a que haya lugar y estese a lo acordado en auto de veinticuatro de agosto del presente año, donde se le dio vista a la parte quejosa con el cumplimiento que dice dar la responsable a la sentencia de amparo; empero, dichas constancias serán tomadas en consideración al momento de calificar la sentencia de amparo. Notifíquese.
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