Pedro Ochoa Amezcua
Expediente 220/2015 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 18 actuaciones registradas, la última del 23 de julio de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 220/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 23/07/2015
Partes del expediente
- Pedro Ochoa Amezcua
- Pedro Ochoa Amezcua y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado ejecutoria la resolución de doce de junio de dos mil quince, considerando que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión contra de dicha resolución que sobreseyó fuera de audiencia constitucional en el presente juicio. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo sobreseído fuera de audiencia constitucional en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Depurar el cuaderno original del incidente de suspensión, derivado del presente juicio de amparo, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción III del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse por una parte negado y por la otra concedido la suspensión definitiva de los actos reclamados. 3. Destruir el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 4. Transferir el expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS Por otra parte, en términos de lo establecido en el numeral 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de Aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se ordena devolver al 2. Juez Primero de Primera Instancia Penal, con residencia en esta ciudad, la copia certificada de la causa penal 111/2015 de su índice.
- Principal
Visto el estado de autos, se advierte la constancia signada por el Actuario Judicial adscrito a este juzgado, en la que informa que no fue posible notificar el proveído de doce de junio de dos mil quince, a la tercero interesada Maritza Alcalá Garzón, por las razones que ahí expresa; igualmente, se desprende que el término de tres días concedido a la referida tercero interesada, para que señalara domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones transcurrió sin que esto ocurriera. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído de cuatro de mayo de dos mil quince (fojas 38 a 40); por lo que se ordena que la notificación del auto de doce de junio de dos mil quince, así como las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal se le hagan por lista que se fije en los estrados de este Juzgado a la tercero interesada Maritza Alcalá Garzón; lo anterior, en términos del artículo 26 fracción III de la Ley de Amparo, hasta en tanto señale domicilio para tal efecto.
- Principal
En cumplimiento al auto de seis de julio de dos mil quince, dictado dentro del presente juicio de garantías y, con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo En Ensenada, Baja California, siendo las nueve horas del siete de julio de dos mil quince, el suscrito licenciado Fernando Priorio Nagel, Actuario Judicial del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, hago constar que, procedo a notificar personalmente por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado, y por lista en una página electrónica del Poder Judicial de la Federación, al TERCERO INTERESADO MARITZA ALCALÁ GARZÓN, el auto de seis de julio de dos mil quince, dictado dentro del Juicio de amparo 220/2015-II-A. Lo anterior, que dice: Visto el estado de autos, se advierte la constancia signada por el Actuario Judicial adscrito a este juzgado, en la que informa que no fue posible notificar el proveído de doce de junio de dos mil quince, a la tercero interesada Maritza Alcalá Garzón, por las razones que ahí expresa; igualmente, se desprende que el término de tres días concedido a la referida tercero interesada, para que señalara domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones transcurrió sin que esto ocurriera. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído de cuatro de mayo de dos mil quince (fojas 38 a 40); por lo que se ordena que la notificación del auto de doce de junio de dos mil quince, así como las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal se le hagan por lista que se fije en los estrados de este Juzgado a la tercero interesada Maritza Alcalá Garzón; lo anterior, en términos del artículo 26 fracción III de la Ley de Amparo, hasta en tanto señale domicilio para tal efecto.
- Principal
Se notifica por lista a la parte quejosa el auto de doce de junio de dos mil quince, que dice: "Se tiene por recibido y se agrega a los autos el oficio 1341-I, signado por la 2. Juez Primero Penal de Primera Instancia, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada del auto de término constitucional dictado dentro de la causa penal 111/2015, el diez de junio de dos mil quince, en contra del aquí quejoso Pedro Ochoa Amezcua, como probable responsable del delito de violencia familiar. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 y 123 del ordenamiento legal antes invocado, ténganse como pruebas de la citada autoridad, los mencionados medios de convicción. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA Ahora bien, de las constancias que remitió la 2. Juez Primero Penal de Primera Instancia, con residencia en esta ciudad, se advierte que se actualiza de forma notoria, manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que permite decretar el sobreseimiento en el presente juicio de garantías sin necesidad de celebrar la audiencia constitucional que se encuentra señalada en autos, ya que con ningún elemento de prueba que se llegase a exhibir puede desvirtuar la causal anunciada. Así es, de la interpretación al contenido de los artículos 63, fracción V y 81, fracción I, inciso d), ambos de la Ley de Amparo, se desprende la posibilidad de decretar el sobreseimiento en el juicio fuera de audiencia, cuando la improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, pues en el segundo de los preceptos invocados se estableció la procedencia del recurso de revisión contra las resoluciones "que declaren el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional", que por supuesto, no son las sentencias dictadas en la audiencia constitucional. Dicha determinación, abona a la impartición de justicia pronta prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que están expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. El referido criterio, se contiene en la tesis de jurisprudencia identificada con la clave 2a./J. 10/2003, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, marzo de 2003, página 386, que dice: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. SOBRESEIMIENTO A efecto de evidenciar que se actualiza la causa de improcedencia en comento es necesario traer al contexto el contenido de la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente. (.) De la trascripción anterior se desprende que para la actualización de esta causa de improcedencia comúnmente denominada "cambio de situación jurídica", se requieren los requisitos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial o de uno administrativo seguido en forma de juicio; b) Que el promovente del amparo se encuentre en un estado jurídico determinado, es decir, que aquel acto procedimental haya definido su posición frente al orden jurídico; c) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; d) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo, y e) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Ahora bien, de las constancias que integran el presente juicio se advierte que el quejoso acudió a éste señalando como actos reclamados la orden de aprehensión, presentación, detención o arresto, dictada en su contra. En tanto que de la documental remitida por la 2. Juez Primero Penal de Primera Instancia, con residencia en esta ciudad, con valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde a su numeral 2°, se aprecia que el diez de junio del año en curso, dentro de la causa penal 111/2015, se emitió un auto de formal prisión en contra de la parte quejosa, por la probable comisión del hecho delictuoso tipificado como violencia familiar, previsto por el artículo 242-Bis del Código Penal del Estado. En este orden de ideas, si el peticionario de amparo promovió juicio de garantías contra la orden de aprehensión, presentación, detención o arresto dictada en su contra el veinte de abril de a presente anualidad y el diez de junio del año en curso, se dictó auto de formal prisión en los autos de la causa penal 111/2015, por la posible comisión del hecho delictuoso tipificado como violencia familiar, previsto por el artículo 242-Bis del Código Penal del Estado; es claro que ha operado un cambio de situación jurídica, pues se han actualizado los requisitos en los incisos señalados en párrafos precedentes. En efecto, los actos reclamados en el juicio de amparo emana de un procedimiento seguido en forma de juicio, en el caso, la causa penal 111/2015. Al promoverse el amparo, el quejoso se encontraba en un estado jurídico determinado, derivado de la orden de aprehensión, presentación, detención o arresto reclamada. Con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronunció una resolución que cambió la situación jurídica en que se encontraban con motivo del acto que reclamó en el amparo, ya que dicha orden fue sustituida jurídica y procesalmente por la determinación de auto de formal prisión. Si se decidiere sobre la constitucionalidad del acto reclamado, afectaría la nueva situación jurídica, pues podría modificarse el sentido de la determinación de formal prisión; por tanto, las violaciones reclamadas en el juicio de amparo deben considerarse consumadas irreparablemente. Existe autonomía e independencia entre los actos que reclamó en el juicio de garantías - aprehensión- y la nueva resolución dictada en el procedimiento - determinación de auto de formal prisión -, pues esta última sustituye jurídica y procesalmente al acto materia del amparo, resulte o no inconstitucional, lo cual ocasiona que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones atribuidas a las órdenes de presentación y aprehensión y, por ende, que no pueda analizarse su constitucionalidad sin afectar el auto de formal prisión, pues en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad de aquéllas para dejarla sin efectos, se soslayaría la nueva situación jurídica de la parte quejosa. Es aplicable a esta determinación la jurisprudencia 1a./J. 17/2008, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, junio de 2008, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, página 270, que dice: SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE, que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto. Por tanto, al haberse actualizado en forma notoria, manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, con fundamento en la fracción V del numeral 63 de la ley de la materia, se decreta el sobreseimiento en el juicio de garantías fuera de audiencia. El sobreseimiento decretado se hace extensivo respecto de las autoridades señaladas como ejecutoras 6. Director de Seguridad Pública Municipal y 7. Comandante de Zona de la Policía Ministerial, conforme a la jurisprudencia registro 238280 sustentada por la anterior Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Séptima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, página 41, que dice: EJECUCIÓN, ACTOS DE. SOBRESEIMIENTO. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a las autoridades que sean o que tengan el carácter de ejecutoras de los mismos actos, porque debiendo sobreseerse con respecto a aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución. Consecuentemente, es dable dejar sin efecto la audiencia constitucional fijada para las nueve horas con nueve minutos del veintinueve de junio de dos mil quince. Notifíquese personalmente y, por oficio a las autoridades"
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