Pedro Ochoa Amezcua
Expediente 91/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 19 actuaciones registradas, la última del 30 de septiembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 91/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 30/09/2016
Partes del expediente
- Pedro Ochoa Amezcua
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Incidental
Hago efectivo el aviso dejado en el domicilio de la parte quejosa el tres de octubre del presente año, con fundamento en el artículo 26, 27 y 29 de la ley de la materia, del acuto que dice: Agréguese a los autos el escrito signado por Carlos Roberto González Castro, en su carácter de autorizado de la parte quejosa, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo (foja 28 vuelta), por medio del cual solicita se le haga entrega del billete de depósito N 752892, expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, valioso por la cantidad de $2,500.00 (dos mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional), con el que la parte quejosa garantizó la suspensión definitiva concedida el cuatro de marzo del presente año (fojas 39 a 42). En atención a lo anterior, dígasele al promovente que no ha lugar a acordar de conformidad su solicitud, toda vez que el once de agosto del año en curso, se realizó la entrega del referido billete de depósito al quejoso Pedro Ochoa Amezcua, según se advierte de la comparecencia obrante a foja setenta y ocho de autos.
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se aprecia que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días establecido en el primer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes manifestaran su inconformidad contra el proveído de veinte de mayo de dos mil dieciséis (fojas 143 a 146), que declaró cumplido el fallo protector; en consecuencia, se tiene por consentido dicho acuerdo, toda vez que ninguna de las partes se inconformó. ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio que concedió el amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Depurar el cuaderno original del incidente de suspensión, derivado del presente juicio de amparo, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción III del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse concedido la suspensión definitiva de los actos reclamados. 3. Destruir el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 4. Transferir el expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. DEVOLUCIÓN DE BILLETE Atento a que la parte quejosa exhibió billete de depósito con el que garantizó la suspensión definitiva dentro de los cuadernos incidentales relativos al presente juicio de amparo, y toda vez que en el presente asunto se concedió el amparo y protección de la justicia federal, lo cual establece innecesario la espera del tiempo que señala el artículo 156 de la Ley de Amparo, ya que con dicha concesión no se causaron daños y perjuicios a la tercero interesada; en consecuencia se ordena poner a su disposición el billete de depósito N 752892 expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, el cual ampara la cantidad de $2,500.00 (dos mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional), y únicamente será entregado y debidamente endosado a nombre del quejoso Pedro Ochoa Amezcua, con el apercibimiento que de no comparecer en el plazo de dos años ante este órgano jurisdiccional a que se le haga entrega del citado billete, se hará efectiva la garantía a favor del Erario Federal en términos de los artículos 36, 37, 45 y 48 de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación. Indicándole que por razones de seguridad y orden el horario establecido para lo acordado es los viernes de nueve a doce horas.
- Principal
Con fundamento en el artículo 27 fracción I inciso b, de la nueva Ley de Amparo hago efectivo el apercibimiento contenido en el aviso de veintidós de junio de dos mil dieciséis, dejado en el domicilio procesal de la parte quejosa, por lo que se ordena la notificación del auto de veintiuno de junio de dos mil dieciséis, por lista y por lista en una página electrónica a la PARTE QUEJOSA PEDRO OCHOA AMEZCUA, publicada el veintisiete de junio de dos mil dieciséis, en el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, que dice: "Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se aprecia que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días establecido en el primer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes manifestaran su inconformidad contra el proveído de veinte de mayo de dos mil dieciséis (fojas 143 a 146), que declaró cumplido el fallo protector; en consecuencia, se tiene por consentido dicho acuerdo, toda vez que ninguna de las partes se inconformó. ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio que concedió el amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Depurar el cuaderno original del incidente de suspensión, derivado del presente juicio de amparo, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción III del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse concedido la suspensión definitiva de los actos reclamados. 3. Destruir el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 4. Transferir el expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. DEVOLUCIÓN DE BILLETE Atento a que la parte quejosa exhibió billete de depósito con el que garantizó la suspensión definitiva dentro de los cuadernos incidentales relativos al presente juicio de amparo, y toda vez que en el presente asunto se concedió el amparo y protección de la justicia federal, lo cual establece innecesario la espera del tiempo que señala el artículo 156 de la Ley de Amparo, ya que con dicha concesión no se causaron daños y perjuicios a la tercero interesada; en consecuencia se ordena poner a su disposición el billete de depósito N 752892 expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, el cual ampara la cantidad de $2,500.00 (dos mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional), y únicamente será entregado y debidamente endosado a nombre del quejoso Pedro Ochoa Amezcua, con el apercibimiento que de no comparecer en el plazo de dos años ante este órgano jurisdiccional a que se le haga entrega del citado billete, se hará efectiva la garantía a favor del Erario Federal en términos de los artículos 36, 37, 45 y 48 de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación. Indicándole que por razones de seguridad y orden el horario establecido para lo acordado es los viernes de nueve a doce horas."
- Principal
A las nueve horas del veintitrés de mayo de dos mil dieciséis, el suscrito licenciado Fernando Priorio Nagel, Actuario Judicial del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, hago constar que procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado, y por lista en una página electrónica del Poder Judicial de la Federación, el auto de veinte de mayo de dos mil dieciséis, dictado dentro del Juicio de amparo 91/2016-ÚNICA; al tercero interesado Maritza Alcalá Garzón; en cumplimiento al auto de DIECISÉIS DE MARZO DE DOS MIL DIECISÉIS, dictado dentro del presente juicio de garantías. Con fundamento en los artículos 26, 27 29 de la Ley de Amparo, en Ensenada, Baja California, que dice: Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante oficios registrados con los folios 7454 (foja 118) y 7455 (fojas 119 a 122), la autoridad responsable 1. Juez Primero Penal de Primera Instancia, con residencia en esta ciudad, manifestó haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Ahora bien, tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias de los procedimientos de amparo es de orden público, este órgano jurisdiccional se encuentra obligado a determinar si tal ejecutoria está cumplimentada o no, aun cuando las partes no hayan desahogado la vista ordenada sobre el particular, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Apoya la anterior determinación, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 243, tomo XI-marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación, novena época, cuya sinopsis es: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Igualmente resulta aplicable, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, la tesis IX.1o.6 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, consultable en la página 883, tomo III-marzo de 1996, del Semanario Judicial de la Federación, novena época, que dice: "AMPARO, EJECUTORIAS DE. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER INMEDIATO. Los artículos 104, 105, 106 y 107 de la Ley de Amparo, que se refieren a la ejecución de las sentencias dictadas en los juicios de garantías, no prevén ningún caso de excepción. Por el contrario, se advierte que el espíritu de estas disposiciones legales, es el de que las ejecutorias de amparo deben ser cumplimentadas sin demora por las autoridades responsables, pues el restablecimiento de la garantía o garantías violadas, mediante la ejecución de la sentencia de amparo, es una cuestión legal de orden público, que no puede ser aplazada o condicionada a procedimientos ordinarios; estimarlo de otra forma es contrario a los fines del juicio de garantías y altera la jerarquía de las normas jurídicas." En la demanda de amparo la parte quejosa señaló como autoridad responsable -en lo que interesa- a la 1. Juez Primero de lo Penal de ese Partido Judicial de Ensenada, Baja California, de quien reclamó lo siguiente: "[.] El auto de veintitrés de febrero de dos mil dieciséis, pronunciado en la causa penal 111/2015, por medio del cual se fijaron al quejoso las cantidades que debía garantizar para gozar del beneficio de la libertad provisional bajo caución y se le concedió el plazo de tres días para exhibirlas, así como para comparecer ante el Centro de Reinserción Social con la finalidad de que se le identificara administrativamente, apercibido que de no hacerlo se ordenaría su reaprehensión [.]" Ahora bien, mediante resolución pronunciada en la audiencia constitucional de dieciocho de abril de dos mil dieciséis, la cual causó ejecutoria el seis de mayo siguiente, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión. EFECTO DE LA SENTENCIA AMPARADORA Los efectos de la concesión de amparo fueron precisados en la resolución en comento, quedando de la siguiente forma: "[.] lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión para el efecto de que la autoridad responsable, Juez Primero Penal del Partido Judicial de Ensenada, Baja California: Deje insubsistente el auto de veintitrés de febrero de dos mil dieciséis, pronunciado en la causa penal 111/2015, por medio del cual requirió al quejoso la exhibición de las cantidades fijadas para gozar del beneficio de la libertad provisional bajo caución; y, En su lugar, siguiendo las directrices trazadas en la parte considerativa de esta sentencia, dicte otro por el cual se limite a informar al quejoso su derecho a solicitar el citado beneficio, para que éste decida si lo ejerce o no, bajo el apercibimiento que de no manifestar nada al respecto dentro del término que le sea concedido, se ordenara su reaprehensión. Concesión de amparo que se hace extensiva a los actos impugnados a la autoridad ejecutora, por no haberse reclamado por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hizo depender de los actos reclamados a la ordenadora, respecto de los cuales se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal. [.]" ACTO DE LA AUTORIDAD EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO Por oficios registrados con los folios 7454 (foja 118) y 7455 (fojas 119 a 122), la autoridad responsable 1. Juez Primero Penal de Primera Instancia, con residencia en esta ciudad, informó que procedió en términos de la ejecutoria de amparo, lo que acreditó con el oficio 1098-I (foja 118) y con la copia certificada del proveído de diez de mayo del presente año (fojas 121 y 122), ambos emitidos dentro de la causa penal 111/2015 de su índice; documentales que tienen pleno valor probatorio en términos de lo preceptuado en los artículos 197 y 202 del Código de Procedimientos Civiles, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. ANÁLISIS EVALUATIVO En efecto, la 1. Juez Primero Penal de Primera Instancia, con residencia en esta ciudad, mediante proveído de nueve de mayo del año en curso, emitido dentro de la causa penal 111/2015 de su índice, dejó insubsistente el auto de veintitrés de febrero de dos mil quince, y en su lugar -el diez siguiente- emitió un nuevo proveído con base en los lineamientos establecidos en el fallo protector, esto es, se limitó a informar al quejoso su derecho a solicitar el beneficio de libertad provisional bajo caución, para que éste decidiera si lo ejerce o no, con el apercibimiento que de no manifestar nada al respecto dentro del término tres días, se ordenaría su reaprehensión. De ahí que al haber dejado insubsistente la autoridad responsable 1. Juez Primero Penal de Primera Instancia, con residencia en esta ciudad, el acuerdo materia del acto reclamado, y al haber emitido uno nuevo subsanando las deficiencias destacadas en la sentencia concesoria de amparo, se afirma que la violación cometida en perjuicio del accionante de amparo quedó subsanada. Por lo que, en las relatadas circunstancias y una vez analizada la ejecutoria de mérito, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, SE TIENE POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DICTADA EN EL PRESENTE ASUNTO, sin exceso ni defecto, pues es inconcuso que la autoridad responsable, acató el núcleo de la ejecutoria. VISTA A LAS PARTES Se da vista a las partes para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo. Finalmente, hágase del conocimiento de las partes que mediante sesión celebrada el veintisiete de abril de dos mil dieciséis, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del artículo 118 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ordenó la readscripción y designó como titular de este órgano jurisdiccional a la licenciada Marisela Reyes Calderón, con efecto a partir del dieciséis de mayo de dos mil dieciséis.
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