Pedro Mondragón Arroyo

Expediente 933/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 4 actuaciones registradas, la última del 2 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
933/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
02/08/2023

Partes del expediente

  • Pedro Mondragón Arroyo

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo, y en específico, el contenido de la certificación que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, hubiese recurrido el proveído de diez de julio de dos mil veintitrés, mediante el cual, se desechó la demanda de amparo que dio origen a esta instancia constitucional. En consecuencia, con fundamento en los artículos 2, 22 y 31, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto de mérito, ha quedado firme para todos los efectos legales correspondientes. En vista de lo anterior y al no existir acuerdo pendiente que proveer ni diligencia alguna por desahogar, con fundamento en lo dispuesto por el dispositivo 214 de la Ley de Amparo, se ordena archivar el presente asunto como totalmente concluido. Por lo tanto, en acatamiento a lo ordenado en Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se instruye lo siguiente: Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del artículo 20 del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo donde se desechó la demanda, mismo que carece de relevancia documental, al no ubicarse en ninguna de las hipótesis a que se refiere el artículo 15 del mismo cuerpo normativo; hecho que deberá realizarse una vez transcurrido el plazo de conservación (tres años a partir de esta fecha), con anterioridad a la visita de inspección correspondiente, previa acta y listado digital para la plena identificación del expediente como susceptible de destrucción, tal como lo disponen los artículos 21, 22 y 23 del acuerdo referido. Asimismo, de conformidad con el artículo 34 del referido Acuerdo General, una vez que se remita al archivo, se deberá asentar en la carátula del expediente la valoración correspondiente y el Secretario hará constar que el expediente físico coincide con el electrónico en su totalidad.

  2. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, mediante el cual, remite copia certificada de la constancia con la que acredita el envío del exhorto ******************** girado a su homóloga de la Ciudad de México, remitiendo el acuse de recibo del mismo. Por tanto, a fin de no paralizar el procedimiento con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a ********************, Presidenta de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, para que dentro del término de diez días, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, informe si la homologa de la Ciudad de México, informo respecto de la diligencia del exhorto ********************, apercibida que de no cumplir con lo anterior en el término concedido, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, en términos de artículo 4 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicada en el Diario Oficial de la Federación de treinta de diciembre de dos mil dieciséis, en relación con los artículos 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo. Por otra parte, con copia del oficio de cuenta y con fundamento en el numeral 197 de la Ley de Amparo, requiérase a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, para que dentro del término de cinco días, contados a partir de que reciba el oficio que contenga inserto el presente auto, informe respecto de la diligenciación del exhorto * Apercibida que de no cumplir con lo anterior en el término concedido, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, en términos de artículo 4 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicada en el Diario Oficial de la Federación de treinta de diciembre de dos mil dieciséis, en relación con los artículos 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo Notifíquese

  3. Principal

    agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio del Jefe de Departamento de Registro y Asuntos Jurídicos del Registro Agrario Nacional del Estado de Morelos, mediante el cual informa que a la data no ha obtenido respuesta respecto del acuse de recibo del oficio girado al Director General de Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal, a lo que solicito el mismo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a Mario Daniel Guzmán Hurtado, Jefe de Departamento de Registro y Asuntos Jurídicos del Registro Agrario Nacional del Estado de Morelos para que dentro del término de cinco días, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, remita copia certificada del acuse de recibo correspondiente; apercibida que de no cumplir con lo anterior en el término concedido, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, en términos de artículo 4 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicada en el Diario Oficial de la Federación de treinta de diciembre de dos mil dieciséis, en relación con los artículos 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo. oy fe.

  4. Principal

    PERSONAL POR LISTA. EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA, NO COMPARECIÓ A ÉSTE ÓRGANO JURISDICCIONAL DENTRO DEL PLAZO QUE SE LES CONFIRIÓ EN EL AVISO DE DOCE DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, LE NOTIFICO EL ACUERDO DE DIEZ DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJA EN EL LOCAL DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO.- DOY FE. Cuernavaca, Morelos, diez de julio de dos mil veintitrés. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por *************, contra actos del Secretario Técnico de la Comisión de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, y otras autoridades. Registro de demanda y creación de expedientes. Regístrese en el libro de control y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este juzgado de Distrito, con el número consecutivo correspondiente. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con el 3, 9, 10, 21 y 22 del AG 12/2020, créense los expedientes impreso y electrónico. Asimismo, de acuerdo con los artículos 181 y 182 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se instruye a la Oficial Judicial A que cumpla puntualmente con sus funciones establecidas en el artículo 180 del Acuerdo General referido, ello con la debida eficiencia y calidad en el desempeño de su encargo, conforme lo establece el punto II.4 "Responsabilidades" del Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal. Desechamiento. De acuerdo al artículo 112 y 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano. Esta hipótesis normativa guarda armonía con el principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Resulta aplicable la jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". Este lineamiento normativo tiene como base constitucional lo preceptuado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, ya que no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Ahora bien, la parte quejosa reclama en esencia la omisión de dar respuesta a su petición de solicitud de pensión por cesantía en edad avanzada, de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, trámite que quedó registrado bajo el número de expediente *********. En ese sentido, al constituir el otorgamiento de las pensiones un derecho que se incorpora a la esfera jurídica de los trabajadores burocráticos como consecuencia de la relación laboral, el conflicto suscitado debe ser resuelto por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1o., fracción I, y 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, que en lo que interesa, prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (...)" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (...) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. (...)" De la interpretación conjunta de la parte relativa de los artículos transcritos, se colige que el juicio de amparo es improcedente contra actos que provengan de entes que no tengan el carácter de autoridad. Lo anterior, debe relacionarse con la jurisprudencia PC.XVIII.L. J/3 L (10a.), del Pleno en Materia del Trabajo del Décimo Octavo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo II, página 1426, de rubro y texto: "PENSIONES POR JUBILACIÓN, CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VIUDEZ. EL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS ES COMPETENTE PARA CONOCER Y RESOLVER LOS CONFLICTOS INDIVIDUALES RELACIONADOS CON AQUÉLLAS, SUSCITADOS ENTRE UN MUNICIPIO DE LA ENTIDAD Y SUS TRABAJADORES O SUS BENEFICIARIOS. Acorde con los artículos 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 54, fracción VII, 57 a 59, 64 y 66 de la Ley del Servicio Civil, y 38, fracciones VII, LXIV, LXV y LXVI, de la Ley Orgánica Municipal, ambas del Estado de Morelos, los trabajadores al servicio de dicha entidad federativa y de sus Municipios, así como sus beneficiarios, tienen derecho a gozar de una pensión por jubilación, cesantía en edad avanzada y viudez, entre otras, como parte de la seguridad social que los Ayuntamientos deben proporcionar a sus empleados. En torno a dicha prerrogativa, la citada legislación establece requisitos y formalidades que deben cumplir tanto el trabajador o sus beneficiarios como el Municipio, y que es éste el facultado para resolver sobre el otorgamiento o la negativa de la pensión solicitada. En esas circunstancias, al constituir el otorgamiento de las pensiones un derecho que se incorpora a la esfera jurídica de los trabajadores burocráticos como consecuencia de la relación laboral, el conflicto suscitado, ya sea por la negativa del Ayuntamiento patrón de otorgar la pensión solicitada, de recibir la solicitud respectiva, o bien, de emitir el acuerdo correspondiente dentro del plazo previsto en el artículo 38, fracción LXVI, indicado, debe conocerlo y resolverlo el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de dicha entidad federativa, en términos de los artículos 123, apartado B, fracción XII, constitucional y 114 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, el cual está facultado para prevenir a la parte actora para que exhiba constancia de la solicitud que presentó ante el Ayuntamiento demandado o, incluso, desechar la demanda laboral si es que de los hechos manifestados en ésta se advierte que la solicitud no se presentó conforme al artículo 57 invocado." En ese tenor, el Pleno en Materia de Trabajo del Decimoctavo Circuito, con residencia en esta ciudad, en las consideraciones vertidas al resolver la contradicción de tesis 2/2016, señaló que el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Federal, garantiza, como una de las bases fundamentales que deben regir las relaciones laborales entre el Estado y sus trabajadores, la seguridad social, otorgándole a ésta el carácter de derecho sustantivo derivado del vínculo entre patrón y empleado, dentro de la cual, se encuentran las prerrogativas a obtener una pensión por jubilación, por vejez y por muerte del trabajador; supuestos en los que el patrón debe cubrir las prestaciones que permitan la subsistencia y desarrollo personal del trabajador o de sus beneficiarios. En ese sentido, estableció, que en el Estado de Morelos, esa prerrogativa se encuentra reglamentada en la Ley del Servicio Civil, cuyos artículos 54, fracción VII, 57, 58, 59, 64, 66, disponen que los empleados públicos, en materia de seguridad social, tendrán derecho a gozar de una pensión por jubilación, por cesantía en edad avanzada y por viudez, entre otras; que tal ordenamiento establece los requisitos, formalidades y el trámite de las pensiones respectivas, así como la manera en que éstas deben ser calculadas, su integración y el incremento del monto correspondiente, entre otras particularidades. Razonó, que acorde con el artículo 123, apartado B, fracción XII, de la Constitución Federal, en relación con el 114 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, los conflictos individuales que se susciten entre un municipio y sus trabajadores deben ser resueltos por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje; de ahí que si se pretende el reconocimiento de un derecho incorporado en la esfera jurídica del accionante como consecuencia directa o indirecta de la relación de trabajo -cualidad que revisten las pensiones por jubilación, cesantía en edad avanzada y viudez- se colige la competencia de dicho tribunal para su conocimiento. Asimismo, expuso, que si las pensiones por jubilación, cesantía en edad avanzada y viudez constituyen un derecho de los trabajadores burocráticos, que se incorpora a su esfera jurídica como consecuencia de la relación laboral que existe entre éstos y el Ayuntamiento para el que prestan o prestaron sus servicios de manera personal y subordinada; entonces, el conflicto que se genera con motivo de esa pensión, corresponde al ámbito de competencia del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de Morelos, ante quien el trabajador o sus beneficiarios han de hacer valer la pretensión, en contra del patrón, consistente en el otorgamiento de una de las pensiones citadas. Consideró, que en el ejercicio del derecho a obtener una pensión, los trabajadores o sus beneficiarios pueden enfrentarse a las siguientes circunstancias: I. Que el Ayuntamiento de que se trate, se niegue a recibir la solicitud respectiva; II. Que dicho Ayuntamiento no emita el acuerdo correspondiente en el plazo de treinta días, contado a partir de la fecha en que se tenga por recibida; III. Que el citado Ayuntamiento emita en sentido negativo el acuerdo de pensión. Estableció, que cualquiera de las referidas hipótesis, configurará un conflicto entre el trabajador o sus beneficiarios, solicitantes de la pensión, y el Ayuntamiento patrón, a quien se haya presentado o intentado presentar la solicitud respectiva, dado que surgirá una postura antagónica entre las partes involucradas, actualizándose, por ende, el supuesto que otorga competencia al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de Morelos para dirimir dicha contienda. Determinó, que los requisitos y obligaciones que la ley impone a las partes (patrón y empleado), tratándose de pensiones, constituyen el presupuesto de la eventual generación de un conflicto, el cual debe ser dilucidado en atención al derecho fundamental de acceso a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Federal, en respeto al derecho fundamental de los gobernados de contar con un recurso eficaz y sencillo. Asimismo, que no deben de confundirse las facultades y obligación de los Ayuntamientos para otorgar o negar las pensiones por jubilación, cesantía en edad avanzada y viudez, con la competencia del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje para conocer y resolver los conflictos que se susciten entre los Ayuntamientos y sus trabajadores o beneficiarios de éstos, relacionados con las pensiones a que se ha hecho referencia, pues, la determinación que deben emitir los Ayuntamientos cuando reciban la solicitud de pensión se ubica en un plano de coordinación entre el patrón y el empleado se encuentra sujeta al cumplimiento de ciertos requisitos establecidos en la ley para ambas partes, en cambio, la competencia del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de Morelos para dirimir los conflictos relacionados con dichas pensiones, obedece al mandato constitucional y legal de resolver las controversias laborales entre los patrones y sus trabajadores y tiene por objeto el análisis de los mencionados requisitos a fin de establecer si las determinaciones de los Ayuntamientos se ajustan o no a las normas legales aplicables o, incluso si una omisión o retardo se encuentran debidamente justificados. De ahí, que, determinó, al constituir el otorgamiento de las pensiones por jubilación, cesantía en edad avanzada y viudez, un derecho que se incorpora a la esfera jurídica de los trabajadores burocráticos como consecuencia de la relación laboral; el conflicto suscitado entre un municipio del Estado de Morelos y sus trabajadores o sus beneficiarios, ya sea por la negativa del Ayuntamiento patrón de otorgar la pensión solicitada, de recibir la solicitud respectiva, o bien, de emitir el acuerdo correspondiente dentro del plazo legal, debe conocerlo y resolverlo el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de dicha entidad federativa, en términos de los artículos 123, apartado B, fracción XII, constitucional y 114 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. Por lo expuesto, y con apoyo en el artículo 113, en relación con los diversos 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1o., fracción I, y 5o., fracción II, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo. Domicilio de la parte quejosa y autorizados. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que indica en su escrito de cuenta, y por autorizados para los mismos efectos a******. Esto último es así, pues con independencia de no haberse dado cumplimiento a los requisitos que establece el artículo 12 de la ley de la materia, que dispone que en materias civil, mercantil, laboral, tratándose del patrón, administrativa y penal, las personas autorizadas por la parte quejosa o tercera interesada, deberán acreditar encontrarse legalmente autorizadas para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, por lo que se deberán proporcionar los datos correspondientes en el escrito en que se realice su designación; después de una búsqueda en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, no se encontró registro alguno a su favor. En cambio, comolo anterior si aconteció por cuanto a ************, se les tiene por autorizados en términos amplios del artículo 12 del ordenamiento legal antes invocado. También, con fundamento en el artículo 257, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se tiene como medio de atención, para comunicaciones no procesales, el número telefónico y correo electrónico que indica, los cuales, excepcionalmente, podrán emplearse también para comunicaciones procesales siempre que la parte respectiva no tenga acceso a actuar desde el Portal de Servicios en Línea, en cuyo caso deberá certificarse la confirmación de recepción de la comunicación respectiva. Notificaciones en horas y días inhábiles. Con el objeto de evitar dilaciones en el trámite de esta instancia constitucional y con apoyo en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilita al actuario adscrito para que las notificaciones que surjan sean practicadas incluso en horas y días inhábiles, previa constancia que asiente para que quede justificado el motivo de esa actuación. En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la ley de la materia, desde este momento se faculta a los actuarios de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa: no conozcan a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectúe (previa razón asentada como soporte), por medio de la lista que se fija en los estrados de este juzgado de Distrito; en la inteligencia de que dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo inmueble para tal efecto. Exhortación a tramitar asuntos en línea. Con fundamento en el artículo 263, fracción II, segundo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal. También, se informa a las partes que a fin de transitar verdaderamente hacia un esquema de e-Justicia, deberán solicitar su FIREL en la página www.firel.pjf.gob.mx, y podrán concluir dicho trámite a través de la App FIREL desde su dispositivo móvil; o bien, de manera presencial previo registro de una cita. Asimismo, se informa a las partes que para obtener el usuario bajo el cual podrán actuar desde el Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, deberán registrarse en la página www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx, opción "Ingresa al Portal" y "Registrar usuario". Atención a través de medios electrónicos y soluciones digitales. De conformidad con el artículo 261 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, las personas que acudan a los órganos jurisdiccionales podrán hacer uso de los equipos de cómputo que se dispongan para tal efecto, los cuales podrán destinarse a la consulta de expedientes electrónicos, a la actuación en el Portal de Servicios en Línea, o a la participación en videoconferencias con el personal del órgano cuyo equipo se esté utilizando. Asimismo, se colocará en el área de atención al público de cada órgano jurisdiccional un teléfono con la señalización de las extensiones del personal que acuda, a efecto de que cualquier persona pueda contactar al personal del órgano jurisdiccional para la atención correspondiente. Consulta e integración de expedientes. Se comunica a las partes que en cumplimiento al artículo 41 Bis del AG 12/2020, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, todas las personas autorizadas para acceder a los expedientes judiciales, incluidas quienes actúen bajo el esquema físico, deberán consultarlo en su versión electrónica. Quienes carezcan de acceso al Portal o quienes no hayan solicitado esta modalidad de acceso, podrán hacerlo al acudir presencialmente a este órgano jurisdiccional, donde se pondrá un equipo de cómputo a su disposición y asesoría para que puedan llevar a cabo la consulta respectiva. En relación a la integración de los expedientes impreso y electrónico, se informa a las partes que la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente [como es el caso de todas las actuaciones de este juzgado de Distrito, salvo las relativas a notificaciones], constará únicamente en el expediente electrónico, es decir, no se imprimirá ni agregará al expediente impreso. Los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, en el entendido de que serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes como para efectos de todos los procesos de estadística, visitas, vigilancia y demás trámites y procesos ante el CJF. Las constancias que integran el expediente electrónico, cuando incluyen la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente, ya que el proceso de firmado electrónico les da la característica de inalterables; por tanto, las personas autorizadas para consultar el expediente electrónico podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél, las cuales, al incluir la evidencia criptográfica se considerarán como copias certificadas electrónicamente. Finalmente, con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, la presente determinación se registra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el nombre: "PRINCIPAL. (EGRESO) DESECHA ADMINISTRATIVA".

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