Pedro Martínez Estrada

Expediente 1820/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 21 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1820/2019
Año
2019
Actuaciones
21
Última actuación
25/10/2022

Partes del expediente

  • Pedro Martínez Estrada

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veinticinco de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, y específicamente la certificación de cuenta, de la que se desprende que la parte quejosa no desahogó la vista concedida en autos, en virtud que no realizó manifestaciones respecto al cumplimiento de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; en tales condiciones, este órgano jurisdiccional procede a resolver sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos existentes en el expediente y los aportados por la autoridad señalada como responsable, a fin de establecer si efectivamente se dio cabal cumplimiento al fallo protector. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XI, Marzo de 2000, visible en la página 243, con el rubro siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." En la resolución emitida por este Juzgado Federal el catorce de diciembre de dos mil veintiuno, se otorgó el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, para que la autoridad responsable cumpliera con lo siguiente: ".para el efecto de que la autoridad responsable, Subdelegado de Prestaciones de la Delegación Estatal Morelos, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, realice lo siguiente: --- a) Deje sin efecto el del descuento al pago de pensión del quejoso, identificado con número 915018, por el concepto "54 COBRO INDEBIDO DE PENSIÓN", que se contiene en la Liquidación de Pago Previa Incorporación a Nómina, de fecha doce de noviembre de dos mil diecinueve, con número de documento 2019LPDT0032720, por la cantidad de $296,957.60 (doscientos noventa y seis mil novecientos cincuenta y siete pesos 60/100 moneda nacional). --- c) En su lugar, deberá emitir otro donde autorice al quejoso el pago íntegro de la pensión por viudez a que tiene derecho, sin la limitante contenida en el artículo 12 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. --- d) Deberá cubrir a la parte quejosa las cantidades que le dejaron de pagar por concepto de pensión por viudez..". En auto de veintitrés de febrero de dos mil veintidós, se declaró que la sentencia causó ejecutoria y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento del fallo protector. Ahora bien, después de diversos requerimientos efectuados a la autoridad responsable la Delegada de la autoridad Subdelegada de Prestaciones de la Delegación Estatal Morelos, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, mediante el cual informa que después de una consulta electrónica en la página de internet, para obtener la Clave Única de Registro de Población (CURP), del quejoso se advierte que la clave del quejoso ha sido dada de baja por defunción. Por acuerdo de dieciocho de mayo de dos mil veintidós, se requirió al Director General del Registro Civil del Estado de Morelos, para que remitiera copia certificada del acta de defunción del quejoso Pedro Martínez Estrada. Por oficio presentado el uno de junio actual, ante este Juzgado el Director General del Registro Civil del Estado de Morelos, mediante el cual remitió copia del acta de defunción del quejoso Pedro Martínez Estrada. Posteriormente, mediante escrito de catorce de junio de dos mil veintidós, el autorizado de la parte quejosa por escrito de quince de junio de dos mil veintidós registrado con folio 14785, manifestó que se tenga como legitima representación del quejoso a su hija *******, para representar los derechos patrimoniales del quejoso. En virtud de lo anteriormente narrado, este Juzgador advierte la imposibilidad jurídica de tener por cumplida la ejecutoria de amparo por las siguientes consideraciones. La ejecutoria de amparo fue concedida para que la responsable dejara sin efecto el descuento al pago de pensión del quejoso, identificado con número 915018, por el concepto "54 COBRO INDEBIDO DE PENSIÓN", y emitiera otro donde pagara íntegramente la pensión por viudez a que tiene derecho, sin la limitante contenida en el artículo 12 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto, traduciéndose esto en realizar incrementos en la pensión del quejoso, cubriendo además las diferencias restantes a su cuota pensionaria. Por lo que, la muerte del quejoso imposibilita al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Morelos, a dar cumplimiento a dicha sentencia, toda vez que los incrementos deben realizarse directamente en la pensión del quejoso y con motivo del fallecimiento de este la pensión que en su momento le fue concedida queda sin efectos es decir concluye la obligación del Instituto responsable a realizar el pago que personalmente de hacia al quejoso, Lo anterior no implica que los beneficiarios del quejoso que tengan el derecho a recibirla, no puedan obtener la pensión que legalmente les corresponda (viudez, orfandad o dependencia económica) según sea el caso; lo cierto es que no es la misma pensión que recibía el quejoso, tan es así que el nombre de la misma cambia así como el porcentaje del monto a pagar por concepto de pensión. De lo anteriormente expuesto, se concluye que la naturaleza de la pensión cambia con la muerte del directo quejoso, por lo cual los efectos del presente amparo no abarcan al nuevo beneficiario que se designe, así como la pensión que en su carácter de beneficiario le corresponda, toda vez que sería ir mas allá de los efectos plasmados en la ejecutoria de amparo, aunado al hecho de que la aplicación del precepto aquí señalado como acto reclamado "54 COBRO INDEBIDO DE PENSIÓN", es un hecho futuro de realización incierta, puesto que el mismo no se ha aplicado o inaplicado a la pensión que en su caso se otorgue a los beneficiarios del quejoso Pedro Martínez Estrada. Ahora bien, en relación con las manifestaciones vertidas por Jair Álvarez Colín, autorizado de la parte quejosa en las que en esencia solicita se tenga como legitima representación del quejoso a su hija Magda María Martínez Ramírez, para representar los derechos patrimoniales del quejoso, dígase al mismo que tal situación no es procedente, ya que la representación legal del quejoso le corresponde a la sucesión del quejoso por conducto de su albacea. Ahora bien, por cuanto hace a la designación de beneficiarios de la pensión que nos ocupa, cabe hacer mención, que no concierne tampoco a este Juzgador, toda vez que corresponde a las personas que consideren tener derechos sobre la misma, acudir ante las instancias correspondientes para acreditar tal carácter y llevar a cabo tal designación. Lo cual en su caso, atañe a la Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, proveer respecto de a quien le asiste el carácter de beneficiario, toda vez que este Juzgador no puede proveer tal situación, ya que el presente amparo no fue promovido para tal efecto, así como la sentencia emitida en el mismo no fue otorgada en ese sentido, por lo que al hacerlo se estaría interviniendo en la Jurisdicción de un diverso tribunal, así como se daría el caso en que las autoridades incurran en exceso en el cumplimiento del fallo protector. Por cuanto hace al señalamiento de que la pensión es un derecho patrimonial, cabe aclarar que los derechos de pensión su finalidad es la de cubrir las necesidades de subsistencia provenientes de la ancianidad (entre otras), como consecuencia del apartamiento de la persona de la fuerza laboral activa y como reconocimiento por la labor que el sujeto desarrollaba en un área de trabajo, que tiene como finalidad la subsistencia del trabajador jubilado o en retiro, por lo cual a su fallecimiento este derecho se extinguen tan es así que no puede ser transmitido o heredado. Las pensiones por retiro o jubilación, por consiguiente, son prestaciones de seguridad social; entendiendo a la seguridad social, internacionalmente, como lo hace la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el documento publicado en 1991 denominado Administración de la seguridad social, como: "La protección que la sociedad proporciona a sus miembros, mediante una serie de medidas públicas, contra las privaciones económicas y sociales que, de no ser así, ocasionarían la desaparición o una fuerte reducción de los ingresos por causa de enfermedad, maternidad, accidente de trabajo o enfermedad laboral, desempleo, invalidez, vejez y muerte, y también la protección en forma de asistencia médica y de ayuda a las familias con hijos" La Real Academia Española define el concepto de pensión de la siguiente manera: "Cantidad periódica temporal o vitalicia, que la seguridad social paga por razón de jubilación, viudedad orfandad o incapacidad." Por lo tanto, los derechos de pensión no cuentan con el mismo carácter de un derecho patrimonial, ya que si bien es cierto la pensión forma parte del patrimonio del pensionario, lo cierto es que es un derecho derivado del trabajo que en su momento se prestó a un patrón, el cual no puede ser transferido a cualquiera o heredarse mediante testamento, sino que debe otorgarse únicamente al que le asista el carácter de beneficiario. La Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, establece en su artículo 131, a quienes les asiste el carácter de beneficiarios de una pensión, por lo que no basta el simple hecho de ser familiar del pensionario, sino cumplir con los requisitos establecidos por la ley para tener tal derecho. "Artículo 131. El orden para gozar de las Pensiones a que se refiere este artículo por los Familiares Derechohabientes será el siguiente: I. El cónyuge supérstite sólo si no hay hijos o en concurrencia con éstos si los hay y son menores de dieciocho años o que no sean menores de dieciocho años pero estén incapacitados o imposibilitados parcial o totalmente para trabajar; o bien hasta veinticinco años previa comprobación de que están realizando estudios de nivel medio o superior de cualquier rama del conocimiento en planteles oficiales o reconocidos y que no tengan trabajo; II. A falta de cónyuge, la concubina o concubinario solo o en concurrencia con los hijos o éstos solos cuando reúnan las condiciones señaladas en la fracción anterior, siempre que la concubina hubiere tenido hijos con el Trabajador o Pensionado o el concubinario con la Trabajadora o Pensionada, o vivido en su compañía durante los cinco años que precedieron a su muerte y ambos hayan permanecido libres de matrimonio durante el concubinato. Si al morir el Trabajador o Pensionado tuviere varias concubinas o la Trabajadora o Pensionada tuviere varios concubinarios, ninguno tendrá derecho a Pensión. Para efectos de esta Ley, para considerarse como tales los concubinos deberán acreditar haber vivido en común con el Trabajador en forma constante y permanente por un periodo mínimo de cinco años que precedan inmediatamente a la generación de la Pensión o haber tenido por lo menos un hijo en común; III. A falta de cónyuge, hijos, concubina o concubinario la Pensión se entregará a la madre o padre conjunta o separadamente y a falta de éstos a los demás ascendientes, en caso de que hubiesen dependido económicamente del Trabajador o Pensionado; IV. La cantidad total a que tengan derecho los deudos señalados en cada una de las fracciones, se dividirá por partes iguales entre ellos. Cuando fuesen varios los beneficiarios de una Pensión y alguno de ellos perdiese el derecho, la parte que le corresponda será repartida proporcionalmente entre los restantes, y V. Los hijos adoptivos sólo tendrán derecho a la Pensión por orfandad, cuando la adopción se haya hecho por el Trabajador o Pensionado antes de haber cumplido cincuenta y cinco años de edad." Asimismo dicha ley en su artículo 51, señala que las pensiones no se pueden enajenar o ceder. "Artículo 51. Es nula toda enajenación, cesión o gravamen de las Pensiones que esta Ley establece. Las Pensiones devengadas o futuras, serán inembargables y sólo podrán ser afectadas para hacer efectiva la obligación de ministrar alimentos por mandamiento judicial y para exigir el pago de adeudos con el Instituto, con motivo de la aplicación de esta Ley." Por los motivos antes expuesto, se advierte que en el presente juicio de origen aconteció un cambio de situación jurídica, ya que con el fallecimiento del quejoso no es posible realizar los incrementos a la pensión que recibía puesto que la misma se ha extinguido; por lo cual es inconcuso que no existe materia para pronunciarse respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, por parte de la autoridad responsable; en virtud de lo anterior se declara que existe imposibilidad jurídica para el cumplimiento al fallo constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 2/2008, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, con registro digital: 170502, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVII, Enero de 2008, página 431, del tenor literal siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE RELATIVO SI AL CAMBIAR LA SITUACIÓN JURÍDICA SE HACE IMPOSIBLE SU CUMPLIMIENTO. Si de las constancias de autos aparece que la sentencia que otorgó el amparo no fue cumplida, pero por la naturaleza del acto reclamado cambió la situación jurídica que imperaba al momento de la concesión del amparo, y por ello existe imposibilidad jurídica y de hecho para cumplirla, el incidente de inejecución de sentencia debe declararse sin materia." En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por el quinto párrafo del artículo 196, de la ley de la materia, en su oportunidad, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el artículo 12, en relación con el 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expediente judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en relación con el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se determina lo siguiente: 1. El presente expediente principal, se considera DEPURABLE, ya que se actualiza la hipótesis del capítulo séptimo, artículo 18, fracción I, inciso b) del citado Acuerdo General, y del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, al ser un juicio de amparo donde se CONCEDIÓ la protección constitucional; al no ubicarse en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia; y una vez que se hayan agregado los acuses correspondientes, hágase constar lo anterior en la carátulas respectiva; debiendo conservar el expediente en que se actúa, por un periodo de tres años a partir de esta fecha; y concluido este plazo, durante los noventa días subsecuentes, deberá realizarse la depuración del mismo, a que se refiere el penúltimo párrafo del artículo 18 ya referido; procediendo a la transferencia respectiva. 2. Transferir el cuaderno principal, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, una vez realizada su depuración, a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, y acta correspondiente tal y como lo dispone el Capítulo Décimo, artículo 27, 28 y 29 del acuerdo normativo citado, y el manual correspondiente. Por otro lado, se hace constar que en presente asunto no existen documentos originales aportados por las partes; ni tampoco anexo alguno, toda vez que la autoridad responsable no exhibió documentales voluminosas que ameritaran la formación de anexos Asimismo, una vez que se remita el presente expediente al archivo, la Secretaria (o) deberá hacer constar que el expediente físico, coincide con el expediente electrónico en su totalidad. Finalmente, la presente determinación se registra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el nombre: "SE DECLARA IMPOSIBILIDAD JURIDICA".

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, diecinueve de octubre de dos mil veintidós. Vista la razón de cuenta, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución General de la República, en relación con los numerales 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos la cédula de notificación elaborada a la parte quejosa, relativa al auto de once de octubre de dos mil veintidós, a fin que surta los efectos legales conducentes. Finalmente, la presente determinación se guarda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el nombre de: "PRINCIPAL. CEDULA DE NOTIFICACION."

  3. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, y específicamente la certificación de cuenta, de la que se desprende que no se ha comunicado a este Juzgado que persona funge como representante la sucesión correspondiente al quejoso P***** En consecuencia, en términos de lo dispuesto por el numeral 16 de la Ley de Amparo, se ordena continuar con el procedimiento de cumplimiento del presente expediente. A su vez y atendiendo al estado de autos, con apoyo en el artículo 196, de la Ley de Amparo, este Juzgador estima pertinente, dar vista a las partes con las constancias que obran en el presente juicio para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga; apercibida que en caso de no hacerlo, este Juzgado Federal se pronunciará respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, con base en los elementos aportados por la responsable y las constancias que obran en autos.

  4. Principal

    EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO COMPARECIÓ A ÉSTE ÓRGANO JURISDICCIONAL DENTRO DEL PLAZO QUE SE LE CONFIRIÓ EN EL AVISO DE FECHA TRECE DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, LE NOTIFICO EL ACUERDO DE ONCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJA EN EL LOCAL DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO.- DOY FE. Cuernavaca, Morelos, once de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, y específicamente la certificación de cuenta, de la que se desprende que no se ha comunicado a este Juzgado que persona funge como representante la sucesión correspondiente al quejoso Pedro Martínez Estrada, En consecuencia, en términos de lo dispuesto por el numeral 161 de la Ley de Amparo, se ordena continuar con el procedimiento de cumplimiento del presente expediente.A su vez y atendiendo al estado de autos, con apoyo en el artículo 196, de la Ley de Amparo, este Juzgador estima pertinente, dar vista a las partes con las constancias que obran en el presente juicio para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga; apercibida que en caso de no hacerlo, este Juzgado Federal se pronunciará respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, con base en los elementos aportados por la responsable y las constancias que obran en autos. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XI, marzo de 2000, página 243, de rubro: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Finalmente, la presente determinación se registra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el nombre: "CERTIFICA TERMINO QUEJOSA-REANUDA PROCEDIMIENTO Y SE DA VISTA". Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el Juez José Leovigildo Martínez Hidalgo, Titular del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de la Secretaria Herminia Hernández Mireles, que autoriza y da fe; quienes firman vía electrónica confundamento en los artículos 3, fracciones I y V y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Doy Fe.

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