Pedro Miguel Ledezma García

Expediente 719/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León. 33 actuaciones registradas, la última del 17 de agosto de 2018.

Datos del expediente

Expediente
719/2017
Año
2017
Actuaciones
33
Última actuación
17/08/2018

Partes del expediente

  • Pedro Miguel Ledezma García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 33.

  1. Principal

    Monterrey, Nuevo León, a diecisiete de agosto de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha trascurrido el término de tres días que se concedió a las partes mediante proveído de dos de agosto del año en curso (foja 327), para que manifestaran lo que a su interés conviniera, respecto al cumplimiento de la sentencia de amparo dado por el Magistrado de la Décima Tercera Sala Unitaria Penal y de Justicia para Adolescentes Infractores del Tribunal Superior de Justicia, Juez de Ejecución de Sanciones Penales en el Estado, Alcaide del Centro Preventivo de Reinserción Social "Topo Chico" y Comisario General de la Agencia de Administración Penitenciaria del Estado; en ese sentido, este juzgado procede a su calificación de oficio, para lo cual se tiene en consideración que el cumplimiento de la sentencia de amparo es de orden público. ANTECEDENTES DEL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO A fin de determinar si se encuentra o no cumplida la ejecutoria de amparo resulta necesario hacer la relación de los antecedentes siguientes: Por sentencia terminada de engrosar el doce de junio de dos mil dieciocho (fojas 125 a 135), este órgano de control constitucional, por una parte decretó el sobreseimiento del juicio, y por otra, concedió la protección de la Justicia de la Unión a Pedro Miguel Ledezma García; para el efecto siguiente: "[.] En las relatadas condiciones, lo procedente es conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal, para el efecto de que el Magistrado responsable realice lo siguiente: a) Deje insubsistente la resolución reclamada de diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, emitida en el toca de apelación en artículo 24/2017, deducido de la causa de ejecución 5357/2014. b) Emita una nueva, en la que con libertad de jurisdicción resuelva de manera integral lo atinente a la reparación del daño material, moral, así como de los perjuicios ocasionados a la parte lesa. [.]" Concesión que se hizo extensiva respecto a las diversas autoridades Juez de Ejecución de Sanciones Penales del Estado; Comisaría General de la Agencia de Administración Penitenciaria del Estado; y Alcaide del Centro Preventivo de Reinserción Social "Topo Chico". En mérito de lo anterior, mediante oficios 1139/2018, J/2720/2018 y AAP/NADH/942/2018, signados por el Magistrado de la Décima Tercera Sala Unitaria Penal y de Justicia para Adolescentes Infractores del Tribunal Superior de Justicia, Alcaide del Centro Preventivo de Reinserción Social "Topo Chico" y Comisario General de la Agencia de Administración Penitenciaria del Estado, respectivamente informaron las acciones tomadas para dar cumplimiento con la ejecutoria de amparo. En razón a lo anterior, por auto de dos de agosto de dos mil dieciocho (foja 327), se dio vista a las partes para que en el término de tres días manifestaran lo que a su derecho conviniera en relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por la autoridad responsable. VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE AMPARO Con los antecedentes detallados se procede a la valoración de si la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida o no bajo los términos siguientes: Cabe reiterar que la concesión del amparo fue para que la autoridad responsable el Magistrado de la Décima Tercera Sala Unitaria Penal y de Justicia para Adolescentes Infractores del Tribunal Superior de Justicia, dejará insubsistente la resolución reclamada; y emitiera otra en la que con libertad de jurisdicción resolviera de manera integral lo atinente a la reparación del daño material, moral, así como de los perjuicios ocasionados a la parte agraviada. Asimismo, es de es precisarse que las consideraciones que sustentan la ejecutoria de mérito, son las siguientes: "[.] De lo anterior se advierte que el Magistrado responsable, en lo referente al pago de indemnización de los perjuicios, por una parte estableció que cuando el Ministerio Público solicita la condena a la reparación del daño a favor del ofendido, la cual comprende, la restitución de la cosa obtenida por el delito, la indemnización del daño material y moral causado, así como el resarcimiento de los perjuicios ocasionados, es suficiente para entrar a su estudio, que lo solicite en sus conclusiones sin necesidad de precisar los rubros de ésta e inclusive su monto, pues ello sería sujetar a rigorismos formalistas el derecho fundamental a una reparación integral o justa. Adujo que resultaba infundada la determinación del Juez de Ejecución al precisar que no contaba con los elementos requeridos para establecer una cantidad a pagar por el concepto de perjuicios, pues no era relevante que el ofendido probara, los días en que laboraba, el horario en el que desempeñaba sus funciones, ni tampoco el tipo de percepción generada por el trabajo informal de "franelero", razón por la que resultaba aplicable el artículo 1812 Bis, fracción I, del Código Civil del Estado. No obstante, nada resolvió al respecto, pues sobre dicho tópico (indemnización de los perjuicios), dejó a salvo los derechos de la víctima para hacerlos valer con posterioridad. Actuar que transgrede los derechos fundamentales de seguridad jurídica y debido proceso del quejoso, por las siguientes consideraciones: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 97/2004-PS, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 145/2005, estableció que la reparación del daño tiene el carácter de pena pública, pues consiste en la obligación impuesta al delincuente de restablecer el status quo y resarcir los perjuicios derivados de su delito; y, por ende, es parte de la condena establecida en el procedimiento penal y debe acreditarse en éste y no en otro diverso, la existencia del daño o del perjuicio. Sin embargo, esa condena está sujeta a variaciones en su quántum, según el aspecto subjetivo del acto punible y su culpabilidad, es decir, el monto de la reparación del daño o del perjuicio no es parte de la sentencia condenatoria, sino que es una consecuencia lógica y jurídica de la misma, porque lo que se tuvo por acreditado en el procedimiento penal es el derecho de la víctima o del ofendido para obtener la reparación del daño con motivo del ilícito perpetrado en su contra; de ahí que para el caso de que el Juez no cuente con los elementos necesarios para establecer en el fallo el monto correspondiente, podrá hacerlo en ejecución del mismo. ..... En ese contexto, de la referida ejecutoria, no se advierte que para obtener la cuantificación de la reparación de los daños y perjuicios deba ordenarse la tramitación del incidente relativo tantas veces como se considere necesario, hasta conseguir su cuantificación; pues de estimarlo así, se provocaría en el sentenciado un estado de incertidumbre y de inseguridad jurídica, ya que implica posponer indefinidamente el resultado, con lo que se estaría actuando arbitrariamente en su perjuicio. Aunado a ello el hecho de que se deje la oportunidad al ofendido de tramitar el incidente de condena a la reparación de daños y perjuicios cuantas veces lo estime necesario, contravendría el principio de prohibición de doble juzgamiento o non bis in idem, que se encuentra consagrado en el artículo 23 constitucional, en su vertiente "adjetiva-procesal". Al respecto, debe precisarse que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de dos de diciembre de dos mil quince, en la resolución emitida en el amparo directo en revisión 3731/2015 de su índice, indicó, entre otras situaciones, lo siguiente: -Que la doctrina constitucional sostiene que el principio en estudio tiene dos modalidades: 1) Una vertiente sustantiva o material, consistente en que nadie debe ser castigado dos veces por la misma conducta. Con lo que se veda la plural imposición de consecuencias jurídicas sobre una misma infracción; es decir, estamos frente a la previsión de que a ninguna persona se le pueden imponer dos consecuencias jurídicas respecto de un mismo proceder; y, 2) La vertiente adjetiva-procesal, que consiste en que nadie debe ser juzgado o procesado dos veces por el mismo hecho, siempre que sobre el mismo haya recaído una sentencia firme, auto de sobreseimiento, o confirmación del no ejercicio de la acción penal definitivo; es decir, el principio en estudio prohíbe un segundo procesamiento con relación a un mismo delito, una vez que un gobernado ha sido definitivamente juzgado por un hecho, ya sea que haya sido absuelto o condenado, el principio fundamental en estudio es susceptible de ser vulnerado con la tramitación de un nuevo procedimiento. -Concluyó que el derecho fundamental en examen es un principio de derecho que respeta la dignidad humana, al prohibir expresamente la doble persecución, procesamiento o juzgamiento de una misma persona con relación a un mismo hecho. Es de carácter personal y absoluto, y se proyecta en todos los sistemas punitivos, exigiendo que el ejercicio el derecho sancionador estatal se realice de manera armónica, sistemática y articulada cuya eventual vulneración es de estudio oficioso y preferente para todos los órganos del Estado. Ahora, por tales consideraciones, se estima que en el caso particular al dar oportunidad nuevamente al ofendido de que se tramite el incidente de condena a la reparación de daños y perjuicios, tantas veces como se estime necesario, implicaría un doble procesamiento para el sentenciado por los mismos hechos; lo cual se encuentra prohibido por el artículo 23 Constitucional. En ese contexto, se estima que el tribunal responsable al emitir su determinación en el aspecto de que continúan a salvo los derechos del ofendido con respecto a la condena del pago de los perjuicios, para hacerlos valer nuevamente viola los derechos fundamentales de seguridad jurídica y de debido proceso del quejoso. Máxime si dicho tribunal sostuvo que sobre ese aspecto resulta aplicable el artículo 1812 Bis, fracción I, del Código Civil del Estado, el cual establece esencialmente que ".en el caso de que la víctima no disfrute de ninguna percepción o no desarrolle ninguna actividad productiva, la indemnización de los perjuicios se calculará sobre la base del salario mínimo más alto que esté en vigor en la región, en la época en la que el lesionado deje de trabajar." Sin que ello implique hacer nugatorios los derechos del ofendido de ser resarcido de los perjuicios sufridos por la comisión del delito, pues el Tribunal responsable tiene a su alcance, a través del proceso penal seguido al aquí quejoso, así como en el incidente que planteó, los medios probatorios necesarios para establecer el total de los daños y perjuicios en cantidad líquida que se le causaron con motivo de las lesiones que le confirió el sentenciado. De las consideraciones anteriores, se advierte que en la ejecutoria de amparo, se determinó que el Magistrado responsable, resolviera de manera integral lo atinente a la reparación del daño material, moral, así como de los perjuicios ocasionados a la parte lesa, toda vez que al dar oportunidad al ofendido de tramitar el incidente de condena a la reparación de daños y perjuicios cuantas veces lo estime necesario, contravendría el principio de prohibición de doble juzgamiento o non bis in idem, que se encuentra consagrado en el artículo 23 constitucional, en su vertiente "adjetiva-procesal. Al efecto, la autoridad responsable Magistrado de la Décima Tercera Sala Unitaria Penal y de Justicia para Adolescentes Infractores del Tribunal Superior de Justicia, mediante oficio 1159/2018, remitió copia certificada de la resolución de cinco de julio del año dos mil dieciocho, en cumplimiento a la ejecutoria de mérito, en la cual, en relación a los efectos de la ejecutoria de amparo determinó por una parte dejar insubsistente la resolución de diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, emitida dentro del Toca de apelación en artículo número 24/2017, de su índice, y en relación a la reparación del daño material, moral, así como de los perjuicios ocasionados a la parte lesa, resolvió lo siguiente: [.] Asimismo, y en cumplimiento a la ejecutoria de amparo en cita, esta H. Sala, procede a efectuar las operaciones matemáticas a fin de establecer las condenas por concepto de daño material, moral, así como de los perjuicios ocasionados a la parte lesa, que habrá de pagar el sentenciado PEDRO MIGUEL LEDEZMA GARCÍA, en perjuicio del quejoso HUGO ROLANDO ORTÍZ FLORES, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 141, 142, 143 fracciones II y IV y 144 del Código Penal en el Estado y, 20 apartado C fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, en Sentencia definitiva dictada por esta H. Sala, en fecha 15-quince de Agosto del 2014-dos mil catorce, dentro del Toca en apelación 145/2014, derivado de la Causa 8/2014, instruída en contra de PEDRO MIGUEL LEDEZMA GARCÍA, por el delito de LESIONES CULPOSAS, se determinó que quedó demostrado en autos que las lesiones sufridas por el afectado HUGO ROLANDO ORTÍZ FLORES, dejaron una incapacidad permanente en su persona del 60%, conforme a lo dispuesto por el artículo 514 fracción 263 de la ley federal de trabajo, en relación al artículo 492 de la citada ley, que al efecto se transcribe: Artículo 492. Si el riesgo produce al trabajador una incapacidad permanente parcial, la indemnización consistirá en el pago del tanto por ciento que fija la tabla de valuación de incapacidades, calculado sobre el importe que debería pagarse si la incapacidad hubiese sido permanente total. Se tomará el tanto por ciento que corresponda entre el máximo y el mínimo establecidos, tomando en consideración la edad del trabajador, la importancia de la incapacidad y la mayor o menor aptitud para ejercer actividades remuneradas, semejantes a su profesión u oficio. Se tomará asimismo en consideración si el patrón se ha preocupado por la reeducación profesional del trabajador. Es decir, una cantidad equivalente al importe de 1,095 días de salario, que multiplicado por el factor 60%, que es el porcentaje total fijado por la referida tabla de evaluación de incapacidades permanentes, prevista por el artículo 514 en su inciso 263 de la ley federal del trabajo, en relación a la incapacidad resultante a HUGO ROLANDO ORTÍZ FLORES, tenemos, que en el caso específico, se atiende al salario mínimo general del área geográfica "B", que comprende a la ciudad de Monterrey, Nuevo León, al instante de ocurrido el atropello, que lo era por la suma de $58.13 (cincuenta y ocho pesos 13/100 m.n.), entonces, multiplicando ésta cantidad por el total de 1,095 días de salario, resulta la cuantía de $63,652.35 (sesenta y tres mil seiscientos cincuenta y dos pesos 35/100 m.n.) y, aplicándole el factor del 60% correspondiente, se obtiene como monto la cantidad de $38,191.41 (treinta y ocho mil ciento noventa y un pesos 41/100 m.n.), siendo éste en la especie, el monto de la indemnización correspondiente a la incapacidad permanente causada al referido ORTÍZ FLORES, conforme a lo establecido por los artículos 143 fracción II y 144 del Código Penal en el Estado, en relación con el precepto 492 de la ley federal del trabajo; a su vez, tal monto se incrementará por los tres tantos que regula el artículo 1812 Bis segundo párrafo del Código civil vigente al instante de los hechos (8-ocho de Mayo del año 2011-dos mil once), el cual regulaba: ARTICULO 1812 Bis.- "En cuanto al monto de la indemnización, será de hasta tres tantos de lo establecido en la Ley Federal del Trabajo para el cálculo de la misma. En consecuencia, multiplicando el importe de $38,191.41 (treinta y ocho mil ciento noventa y un pesos 41/100 m.n.), correspondiente a la indemnización por la incapacidad permanente del referido ORTÍZ FLORES, aumentado por los tres tantos se obtiene la cantidad de $114,574.23 (ciento catorce mil quinientos setenta y cuatro pesos 23/100 m.n.), monto éste que deberá pagar el sentenciado PEDRO MIGUEL LEDEZMA GARCÍA, por concepto de DAÑO MATERIAL. En el mismo sentido, y en razón de que en el fallo definitivo de fecha 15-quince de Agosto del año 2014-dos mil catorce, a la que líneas antes se ha hecho referencia, en precisión a la condena a LEDEZMA GARCÍA, a la reparación del daño y demás daños, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo en comento, se procede a cuantificar la indemnización del daño moral, estimando para ello, la tercera parte del importe de $114,574.23 (ciento catorce mil quinientos setenta y cuatro pesos 23/100 m.n.), es decir, la de $38,191.41 (treinta y ocho mil ciento noventa y un pesos 41/100 m.n.), correspondiente a la incapacidad parcial permanente que le devino a HUGO ROLANDO ORTÍZ FLORES, con motivo de las lesiones que le fueron causadas por parte de PEDRO MIGUEL LEDEZMA GARCÍA, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1813 del Código civil en el Estado, dado que dicho aspecto se materializa atendiendo esencialmente a la mayor o menor gravedad de las lesiones inferidas a la víctima en sus derechos de la personalidad; y en el presente asunto, no hay duda que el afectado resultó con una lesión grave: Hemiparesia del 60%. Se subraya, la cantidad de $38,191.41 (treinta y ocho mil ciento noventa y un pesos 41/100 m.n.), es el monto que deberá pagar el sentenciado PEDRO MIGUEL LEDEZMA GARCÍA, por concepto de DAÑO MORAL. Con respecto a la condena del pago de los perjuicios, y en cumplimiento a la Ejecutoria de amparo emitida en fecha 12-doce de junio del año en curso, cuyo cumplimiento se ordenó mediante el oficio número 17094/2018, notificada el día de hoy, es por lo que con libertad de jurisdicción se resuelve también lo atinente a los perjuicios ocasionados a la parte lesa, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 141, 142, 143 fracciones II y IV y 144 del Código Penal en el Estado y, 20 apartado C fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los términos siguientes: Ahora bien, en Sentencia definitiva dictada por esta H. Sala, en fecha 15-quince de Agosto del 2014-dos mil catorce, dentro del Toca en apelación 145/2014, derivado de la Causa 8/2014, instruída en contra de PEDRO MIGUEL LEDEZMA GARCÍA, por el delito de LESIONES CULPOSAS, se determinó que quedó demostrado en autos que las lesiones sufridas por el afectado HUGO ROLANDO ORTÍZ FLORES, dejaron una incapacidad permanente en su persona del 60%, conforme a lo dispuesto por el artículo 514 fracción 263 de la ley federal de trabajo, en relación al artículo 492 de la citada ley, que al efecto se transcribe: Artículo 492. Si el riesgo produce al trabajador una incapacidad permanente parcial, la indemnización consistirá en el pago del tanto por ciento que fija la tabla de valuación de incapacidades, calculado sobre el importe que debería pagarse si la incapacidad hubiese sido permanente total. Se tomará el tanto por ciento que corresponda entre el máximo y el mínimo establecidos, tomando en consideración la edad del trabajador, la importancia de la incapacidad y la mayor o menor aptitud para ejercer actividades remuneradas, semejantes a su profesión u oficio. Se tomará asimismo en consideración si el patrón se ha preocupado por la reeducación profesional del trabajador. Es decir, una cantidad equivalente al importe de 1,095 días de salario, que multiplicado por el factor 60%, que es el porcentaje total fijado por la referida tabla de evaluación de incapacidades permanentes, prevista por el artículo 514 en su inciso 263 de la ley federal del trabajo, en relación a la incapacidad resultante a HUGO ROLANDO ORTÍZ FLORES, tenemos, que en el caso específico, se atiende al salario mínimo general del área geográfica "B", que comprende a la ciudad de Monterrey, Nuevo León, al instante de ocurrido el atropello, que lo era por la suma de $58.13 (cincuenta y ocho pesos 13/100 m.n.), entonces, multiplicando ésta cantidad por el total de 1,095 días de salario, resulta la cuantía de $63,652.35 (sesenta y tres mil seiscientos cincuenta y dos pesos 35/100 m.n.) y, aplicándole el factor del 60% correspondiente, se obtiene como monto la cantidad de $38,191.41 (treinta y ocho mil ciento noventa y un pesos 41/100 m.n.), siendo éste en la especie, el monto de la indemnización correspondiente a la incapacidad permanente causada al referido ORTÍZ FLORES, conforme a lo establecido por los artículos 143 fracción II y 144 del Código Penal en el Estado, en relación con el precepto 492 de la ley federal del trabajo, y el artículo 1812 Bis I del Código civil vigente al instante de los hechos (8-ocho de Mayo del año 2011-dos mil once), el cual regulaba: "Art. 1812 Bis I.- Si no existiese una percepción fija, la indemnización se calculara por peritos, quienes tomaran en cuenta las capacidades y aptitudes de la víctima en relación con su profesión, arte, oficio, trabajo u actividad a la que normalmente se dedique; pero si los elementos que en el caso dispongan los peritos, resultaren insuficientes para emitir un dictamen debidamente fundado, lo mismo en el caso de que la víctima no disfrute de ninguna percepción o no desarrolle ninguna actividad productiva, la indemnización de los perjuicios se calculara sobre la base del salario mínimo más alto que esté en vigor en la región, en la época en la que el lesionado deje de trabajar." En consecuencia, el importe de $38,191.41 (treinta y ocho mil ciento noventa y un pesos 41/100 m.n.), correspondiente a la indemnización por la incapacidad permanente del referido ORTÍZ FLORES, monto éste que deberá pagar el sentenciado PEDRO MIGUEL LEDEZMA GARCÍA, por concepto de perjuicios ocasionados a la parte lesa. En efecto, al efectuar la suma de los 03-tres montos citados en líneas anteriores, arroja un monto total de $190,957.05 (ciento noventa mil novecientos cincuenta y siete pesos 05/100 m.n.), la cual deberá pagar el sentenciado PEDRO MIGUEL LEDEZMA GARCÍA, a favor de HUGO ROLANDO ORTÍZ FLORES, a efecto de garantizarle la reparación del daño." De todo lo anterior, se advierte, que el primer efecto de la ejecutoria de amparo se encuentra cumplido, toda vez que el Magistrado responsable, dejó insubsistente la resolución de diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, emitida en el toca de apelación en artículo 24/2017, deducido de la causa de ejecución 5357/2014. Y, en relación al segundo de los efectos, resolvió de manera integral lo atinente a la reparación del daño material, moral, así como de los perjuicios ocasionados a la parte lesa. En ese contexto, se advierte que la autoridad responsable, siguió los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo, y con ello, dio cumplimiento a la misma restituyendo a la parte quejosa de los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica, consagrados en los artículos 14 y 16 constitucional, que le habían sido vulnerados. Por tanto, este órgano jurisdiccional estima que la autoridad responsable siguió los lineamientos establecidos en el fallo protector y por ello se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, segundo párrafo, de la ley de la materia, sin que se advierta queja o exceso en tal cumplimiento. Ahora, en relación a las manifestaciones vertidas por el abogado particular de la parte tercero interesada, en el sentido de que la resolución de cinco de julio de dos mil dieciocho, emitida por el Magistrado responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, es defectuosa, dígasele que la concesión del amparo, únicamente se limitó a que debía resolver lo atinente a la reparación del daño material, moral, así como de los perjuicios, de manera integral, toda vez que al haber dado oportunidad nuevamente al ofendido de que se tramitara el incidente de condena a la reparación de daños y perjuicios, tantas veces como se estime necesario, implicaría un doble procesamiento para el sentenciado por los mismos hechos; lo cual se encuentra prohibido por el artículo 23 Constitucional; sin que la cuantía de lo ahí condenado haya sido tópico de estudio en la ejecutoria de mérito. En cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; y tomando en consideración que en el presente juicio de garantías, por una parte, se sobreseyó y en otra, se decidió conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, que carece de relevancia documental y que en el mismo no fueron exhibidos documentos originales, se concluye que es susceptible de depuración. Por otra parte, háganse las anotaciones de la circunstancia indicada con anterioridad en la carátula del cuaderno, así como la fecha de su archivo; y, una vez transcurrido el plazo de tres años establecido en el punto décimo primero del acuerdo en comento, remítase este expediente al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte. Asimismo, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno y con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, y 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido. Dese vista con el presente proveído dentro del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo en que se actúa. .....

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO... Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha trascurrido el término de tres días que se concedió a las partes mediante proveído de dos de agosto del año en curso (foja 327), para que manifestaran lo que a su interés conviniera, respecto al cumplimiento de la sentencia de amparo dado por el Magistrado de la Décima Tercera Sala Unitaria Penal y de Justicia para Adolescentes Infractores del Tribunal Superior de Justicia, Juez de Ejecución de Sanciones Penales en el Estado, Alcaide del Centro Preventivo de Reinserción Social "Topo Chico" y Comisario General de la Agencia de Administración Penitenciaria del Estado; en ese sentido, este juzgado procede a su calificación de oficio, para lo cual se tiene en consideración que el cumplimiento de la sentencia de amparo es de orden público. ANTECEDENTES DEL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO A fin de determinar si se encuentra o no cumplida la ejecutoria de amparo resulta necesario hacer la relación de los antecedentes siguientes: Por sentencia terminada de engrosar el doce de junio de dos mil dieciocho (fojas 125 a 135), este órgano de control constitucional, por una parte decretó el sobreseimiento del juicio, y por otra, concedió la protección de la Justicia de la Unión a Pedro Miguel Ledezma García; para el efecto siguiente: "[.] En las relatadas condiciones, lo procedente es conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal, para el efecto de que el Magistrado responsable realice lo siguiente: a) Deje insubsistente la resolución reclamada de diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, emitida en el toca de apelación en artículo 24/2017, deducido de la causa de ejecución 5357/2014. b) Emita una nueva, en la que con libertad de jurisdicción resuelva de manera integral lo atinente a la reparación del daño material, moral, así como de los perjuicios ocasionados a la parte lesa. [.]" Concesión que se hizo extensiva respecto a las diversas autoridades Juez de Ejecución de Sanciones Penales del Estado; Comisaría General de la Agencia de Administración Penitenciaria del Estado; y Alcaide del Centro Preventivo de Reinserción Social "Topo Chico". En mérito de lo anterior, mediante oficios 1139/2018, J/2720/2018 y AAP/NADH/942/2018, signados por el Magistrado de la Décima Tercera Sala Unitaria Penal y de Justicia para Adolescentes Infractores del Tribunal Superior de Justicia, Alcaide del Centro Preventivo de Reinserción Social "Topo Chico" y Comisario General de la Agencia de Administración Penitenciaria del Estado, respectivamente informaron las acciones tomadas para dar cumplimiento con la ejecutoria de amparo. En razón a lo anterior, por auto de dos de agosto de dos mil dieciocho (foja 327), se dio vista a las partes para que en el término de tres días manifestaran lo que a su derecho conviniera en relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por la autoridad responsable. VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE AMPARO Con los antecedentes detallados se procede a la valoración de si la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida o no bajo los términos siguientes: Cabe reiterar que la concesión del amparo fue para que la autoridad responsable el Magistrado de la Décima Tercera Sala Unitaria Penal y de Justicia para Adolescentes Infractores del Tribunal Superior de Justicia, dejará insubsistente la resolución reclamada; y emitiera otra en la que con libertad de jurisdicción resolviera de manera integral lo atinente a la reparación del daño material, moral, así como de los perjuicios ocasionados a la parte agraviada. Asimismo, es de es precisarse que las consideraciones que sustentan la ejecutoria de mérito, son las siguientes: "[.] De lo anterior se advierte que el Magistrado responsable, en lo referente al pago de indemnización de los perjuicios, por una parte estableció que cuando el Ministerio Público solicita la condena a la reparación del daño a favor del ofendido, la cual comprende, la restitución de la cosa obtenida por el delito, la indemnización del daño material y moral causado, así como el resarcimiento de los perjuicios ocasionados, es suficiente para entrar a su estudio, que lo solicite en sus conclusiones sin necesidad de precisar los rubros de ésta e inclusive su monto, pues ello sería sujetar a rigorismos formalistas el derecho fundamental a una reparación integral o justa. Adujo que resultaba infundada la determinación del Juez de Ejecución al precisar que no contaba con los elementos requeridos para establecer una cantidad a pagar por el concepto de perjuicios, pues no era relevante que el ofendido probara, los días en que laboraba, el horario en el que desempeñaba sus funciones, ni tampoco el tipo de percepción generada por el trabajo informal de "franelero", razón por la que resultaba aplicable el artículo 1812 Bis, fracción I, del Código Civil del Estado. No obstante, nada resolvió al respecto, pues sobre dicho tópico (indemnización de los perjuicios), dejó a salvo los derechos de la víctima para hacerlos valer con posterioridad. Actuar que transgrede los derechos fundamentales de seguridad jurídica y debido proceso del quejoso, por las siguientes consideraciones: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 97/2004-PS, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 145/2005, estableció que la reparación del daño tiene el carácter de pena pública, pues consiste en la obligación impuesta al delincuente de restablecer el status quo y resarcir los perjuicios derivados de su delito; y, por ende, es parte de la condena establecida en el procedimiento penal y debe acreditarse en éste y no en otro diverso, la existencia del daño o del perjuicio. Sin embargo, esa condena está sujeta a variaciones en su quántum, según el aspecto subjetivo del acto punible y su culpabilidad, es decir, el monto de la reparación del daño o del perjuicio no es parte de la sentencia condenatoria, sino que es una consecuencia lógica y jurídica de la misma, porque lo que se tuvo por acreditado en el procedimiento penal es el derecho de la víctima o del ofendido para obtener la reparación del daño con motivo del ilícito perpetrado en su contra; de ahí que para el caso de que el Juez no cuente con los elementos necesarios para establecer en el fallo el monto correspondiente, podrá hacerlo en ejecución del mismo. ..... En ese contexto, de la referida ejecutoria, no se advierte que para obtener la cuantificación de la reparación de los daños y perjuicios deba ordenarse la tramitación del incidente relativo tantas veces como se considere necesario, hasta conseguir su cuantificación; pues de estimarlo así, se provocaría en el sentenciado un estado de incertidumbre y de inseguridad jurídica, ya que implica posponer indefinidamente el resultado, con lo que se estaría actuando arbitrariamente en su perjuicio. Aunado a ello el hecho de que se deje la oportunidad al ofendido de tramitar el incidente de condena a la reparación de daños y perjuicios cuantas veces lo estime necesario, contravendría el principio de prohibición de doble juzgamiento o non bis in idem, que se encuentra consagrado en el artículo 23 constitucional, en su vertiente "adjetiva-procesal". Al respecto, debe precisarse que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de dos de diciembre de dos mil quince, en la resolución emitida en el amparo directo en revisión 3731/2015 de su índice, indicó, entre otras situaciones, lo siguiente: -Que la doctrina constitucional sostiene que el principio en estudio tiene dos modalidades: 1) Una vertiente sustantiva o material, consistente en que nadie debe ser castigado dos veces por la misma conducta. Con lo que se veda la plural imposición de consecuencias jurídicas sobre una misma infracción; es decir, estamos frente a la previsión de que a ninguna persona se le pueden imponer dos consecuencias jurídicas respecto de un mismo proceder; y, 2) La vertiente adjetiva-procesal, que consiste en que nadie debe ser juzgado o procesado dos veces por el mismo hecho, siempre que sobre el mismo haya recaído una sentencia firme, auto de sobreseimiento, o confirmación del no ejercicio de la acción penal definitivo; es decir, el principio en estudio prohíbe un segundo procesamiento con relación a un mismo delito, una vez que un gobernado ha sido definitivamente juzgado por un hecho, ya sea que haya sido absuelto o condenado, el principio fundamental en estudio es susceptible de ser vulnerado con la tramitación de un nuevo procedimiento. -Concluyó que el derecho fundamental en examen es un principio de derecho que respeta la dignidad humana, al prohibir expresamente la doble persecución, procesamiento o juzgamiento de una misma persona con relación a un mismo hecho. Es de carácter personal y absoluto, y se proyecta en todos los sistemas punitivos, exigiendo que el ejercicio el derecho sancionador estatal se realice de manera armónica, sistemática y articulada cuya eventual vulneración es de estudio oficioso y preferente para todos los órganos del Estado. Ahora, por tales consideraciones, se estima que en el caso particular al dar oportunidad nuevamente al ofendido de que se tramite el incidente de condena a la reparación de daños y perjuicios, tantas veces como se estime necesario, implicaría un doble procesamiento para el sentenciado por los mismos hechos; lo cual se encuentra prohibido por el artículo 23 Constitucional. En ese contexto, se estima que el tribunal responsable al emitir su determinación en el aspecto de que continúan a salvo los derechos del ofendido con respecto a la condena del pago de los perjuicios, para hacerlos valer nuevamente viola los derechos fundamentales de seguridad jurídica y de debido proceso del quejoso. Máxime si dicho tribunal sostuvo que sobre ese aspecto resulta aplicable el artículo 1812 Bis, fracción I, del Código Civil del Estado, el cual establece esencialmente que ".en el caso de que la víctima no disfrute de ninguna percepción o no desarrolle ninguna actividad productiva, la indemnización de los perjuicios se calculará sobre la base del salario mínimo más alto que esté en vigor en la región, en la época en la que el lesionado deje de trabajar." Sin que ello implique hacer nugatorios los derechos del ofendido de ser resarcido de los perjuicios sufridos por la comisión del delito, pues el Tribunal responsable tiene a su alcance, a través del proceso penal seguido al aquí quejoso, así como en el incidente que planteó, los medios probatorios necesarios para establecer el total de los daños y perjuicios en cantidad líquida que se le causaron con motivo de las lesiones que le confirió el sentenciado. De las consideraciones anteriores, se advierte que en la ejecutoria de amparo, se determinó que el Magistrado responsable, resolviera de manera integral lo atinente a la reparación del daño material, moral, así como de los perjuicios ocasionados a la parte lesa, toda vez que al dar oportunidad al ofendido de tramitar el incidente de condena a la reparación de daños y perjuicios cuantas veces lo estime necesario, contravendría el principio de prohibición de doble juzgamiento o non bis in idem, que se encuentra consagrado en el artículo 23 constitucional, en su vertiente "adjetiva-procesal. Al efecto, la autoridad responsable Magistrado de la Décima Tercera Sala Unitaria Penal y de Justicia para Adolescentes Infractores del Tribunal Superior de Justicia, mediante oficio 1159/2018, remitió copia certificada de la resolución de cinco de julio del año dos mil dieciocho, en cumplimiento a la ejecutoria de mérito, en la cual, en relación a los efectos de la ejecutoria de amparo determinó por una parte dejar insubsistente la resolución de diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, emitida dentro del Toca de apelación en artículo número 24/2017, de su índice, y en relación a la reparación del daño material, moral, así como de los perjuicios ocasionados a la parte lesa, resolvió lo siguiente: [.] Asimismo, y en cumplimiento a la ejecutoria de amparo en cita, esta H. Sala, procede a efectuar las operaciones matemáticas a fin de establecer las condenas por concepto de daño material, moral, así como de los perjuicios ocasionados a la parte lesa, que habrá de pagar el sentenciado PEDRO MIGUEL LEDEZMA GARCÍA, en perjuicio del quejoso HUGO ROLANDO ORTÍZ FLORES, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 141, 142, 143 fracciones II y IV y 144 del Código Penal en el Estado y, 20 apartado C fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, en Sentencia definitiva dictada por esta H. Sala, en fecha 15-quince de Agosto del 2014-dos mil catorce, dentro del Toca en apelación 145/2014, derivado de la Causa 8/2014, instruída en contra de PEDRO MIGUEL LEDEZMA GARCÍA, por el delito de LESIONES CULPOSAS, se determinó que quedó demostrado en autos que las lesiones sufridas por el afectado HUGO ROLANDO ORTÍZ FLORES, dejaron una incapacidad permanente en su persona del 60%, conforme a lo dispuesto por el artículo 514 fracción 263 de la ley federal de trabajo, en relación al artículo 492 de la citada ley, que al efecto se transcribe: Artículo 492. Si el riesgo produce al trabajador una incapacidad permanente parcial, la indemnización consistirá en el pago del tanto por ciento que fija la tabla de valuación de incapacidades, calculado sobre el importe que debería pagarse si la incapacidad hubiese sido permanente total. Se tomará el tanto por ciento que corresponda entre el máximo y el mínimo establecidos, tomando en consideración la edad del trabajador, la importancia de la incapacidad y la mayor o menor aptitud para ejercer actividades remuneradas, semejantes a su profesión u oficio. Se tomará asimismo en consideración si el patrón se ha preocupado por la reeducación profesional del trabajador. Es decir, una cantidad equivalente al importe de 1,095 días de salario, que multiplicado por el factor 60%, que es el porcentaje total fijado por la referida tabla de evaluación de incapacidades permanentes, prevista por el artículo 514 en su inciso 263 de la ley federal del trabajo, en relación a la incapacidad resultante a HUGO ROLANDO ORTÍZ FLORES, tenemos, que en el caso específico, se atiende al salario mínimo general del área geográfica "B", que comprende a la ciudad de Monterrey, Nuevo León, al instante de ocurrido el atropello, que lo era por la suma de $58.13 (cincuenta y ocho pesos 13/100 m.n.), entonces, multiplicando ésta cantidad por el total de 1,095 días de salario, resulta la cuantía de $63,652.35 (sesenta y tres mil seiscientos cincuenta y dos pesos 35/100 m.n.) y, aplicándole el factor del 60% correspondiente, se obtiene como monto la cantidad de $38,191.41 (treinta y ocho mil ciento noventa y un pesos 41/100 m.n.), siendo éste en la especie, el monto de la indemnización correspondiente a la incapacidad permanente causada al referido ORTÍZ FLORES, conforme a lo establecido por los artículos 143 fracción II y 144 del Código Penal en el Estado, en relación con el precepto 492 de la ley federal del trabajo; a su vez, tal monto se incrementará por los tres tantos que regula el artículo 1812 Bis segundo párrafo del Código civil vigente al instante de los hechos (8-ocho de Mayo del año 2011-dos mil once), el cual regulaba: ARTICULO 1812 Bis.- "En cuanto al monto de la indemnización, será de hasta tres tantos de lo establecido en la Ley Federal del Trabajo para el cálculo de la misma. En consecuencia, multiplicando el importe de $38,191.41 (treinta y ocho mil ciento noventa y un pesos 41/100 m.n.), correspondiente a la indemnización por la incapacidad permanente del referido ORTÍZ FLORES, aumentado por los tres tantos se obtiene la cantidad de $114,574.23 (ciento catorce mil quinientos setenta y cuatro pesos 23/100 m.n.), monto éste que deberá pagar el sentenciado PEDRO MIGUEL LEDEZMA GARCÍA, por concepto de DAÑO MATERIAL. En el mismo sentido, y en razón de que en el fallo definitivo de fecha 15-quince de Agosto del año 2014-dos mil catorce, a la que líneas antes se ha hecho referencia, en precisión a la condena a LEDEZMA GARCÍA, a la reparación del daño y demás daños, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo en comento, se procede a cuantificar la indemnización del daño moral, estimando para ello, la tercera parte del importe de $114,574.23 (ciento catorce mil quinientos setenta y cuatro pesos 23/100 m.n.), es decir, la de $38,191.41 (treinta y ocho mil ciento noventa y un pesos 41/100 m.n.), correspondiente a la incapacidad parcial permanente que le devino a HUGO ROLANDO ORTÍZ FLORES, con motivo de las lesiones que le fueron causadas por parte de PEDRO MIGUEL LEDEZMA GARCÍA, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1813 del Código civil en el Estado, dado que dicho aspecto se materializa atendiendo esencialmente a la mayor o menor gravedad de las lesiones inferidas a la víctima en sus derechos de la personalidad; y en el presente asunto, no hay duda que el afectado resultó con una lesión grave: Hemiparesia del 60%. Se subraya, la cantidad de $38,191.41 (treinta y ocho mil ciento noventa y un pesos 41/100 m.n.), es el monto que deberá pagar el sentenciado PEDRO MIGUEL LEDEZMA GARCÍA, por concepto de DAÑO MORAL. Con respecto a la condena del pago de los perjuicios, y en cumplimiento a la Ejecutoria de amparo emitida en fecha 12-doce de junio del año en curso, cuyo cumplimiento se ordenó mediante el oficio número 17094/2018, notificada el día de hoy, es por lo que con libertad de jurisdicción se resuelve también lo atinente a los perjuicios ocasionados a la parte lesa, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 141, 142, 143 fracciones II y IV y 144 del Código Penal en el Estado y, 20 apartado C fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los términos siguientes: Ahora bien, en Sentencia definitiva dictada por esta H. Sala, en fecha 15-quince de Agosto del 2014-dos mil catorce, dentro del Toca en apelación 145/2014, derivado de la Causa 8/2014, instruída en contra de PEDRO MIGUEL LEDEZMA GARCÍA, por el delito de LESIONES CULPOSAS, se determinó que quedó demostrado en autos que las lesiones sufridas por el afectado HUGO ROLANDO ORTÍZ FLORES, dejaron una incapacidad permanente en su persona del 60%, conforme a lo dispuesto por el artículo 514 fracción 263 de la ley federal de trabajo, en relación al artículo 492 de la citada ley, que al efecto se transcribe: Artículo 492. Si el riesgo produce al trabajador una incapacidad permanente parcial, la indemnización consistirá en el pago del tanto por ciento que fija la tabla de valuación de incapacidades, calculado sobre el importe que debería pagarse si la incapacidad hubiese sido permanente total. Se tomará el tanto por ciento que corresponda entre el máximo y el mínimo establecidos, tomando en consideración la edad del trabajador, la importancia de la incapacidad y la mayor o menor aptitud para ejercer actividades remuneradas, semejantes a su profesión u oficio. Se tomará asimismo en consideración si el patrón se ha preocupado por la reeducación profesional del trabajador. Es decir, una cantidad equivalente al importe de 1,095 días de salario, que multiplicado por el factor 60%, que es el porcentaje total fijado por la referida tabla de evaluación de incapacidades permanentes, prevista por el artículo 514 en su inciso 263 de la ley federal del trabajo, en relación a la incapacidad resultante a HUGO ROLANDO ORTÍZ FLORES, tenemos, que en el caso específico, se atiende al salario mínimo general del área geográfica "B", que comprende a la ciudad de Monterrey, Nuevo León, al instante de ocurrido el atropello, que lo era por la suma de $58.13 (cincuenta y ocho pesos 13/100 m.n.), entonces, multiplicando ésta cantidad por el total de 1,095 días de salario, resulta la cuantía de $63,652.35 (sesenta y tres mil seiscientos cincuenta y dos pesos 35/100 m.n.) y, aplicándole el factor del 60% correspondiente, se obtiene como monto la cantidad de $38,191.41 (treinta y ocho mil ciento noventa y un pesos 41/100 m.n.), siendo éste en la especie, el monto de la indemnización correspondiente a la incapacidad permanente causada al referido ORTÍZ FLORES, conforme a lo establecido por los artículos 143 fracción II y 144 del Código Penal en el Estado, en relación con el precepto 492 de la ley federal del trabajo, y el artículo 1812 Bis I del Código civil vigente al instante de los hechos (8-ocho de Mayo del año 2011-dos mil once), el cual regulaba: "Art. 1812 Bis I.- Si no existiese una percepción fija, la indemnización se calculara por peritos, quienes tomaran en cuenta las capacidades y aptitudes de la víctima en relación con su profesión, arte, oficio, trabajo u actividad a la que normalmente se dedique; pero si los elementos que en el caso dispongan los peritos, resultaren insuficientes para emitir un dictamen debidamente fundado, lo mismo en el caso de que la víctima no disfrute de ninguna percepción o no desarrolle ninguna actividad productiva, la indemnización de los perjuicios se calculara sobre la base del salario mínimo más alto que esté en vigor en la región, en la época en la que el lesionado deje de trabajar." En consecuencia, el importe de $38,191.41 (treinta y ocho mil ciento noventa y un pesos 41/100 m.n.), correspondiente a la indemnización por la incapacidad permanente del referido ORTÍZ FLORES, monto éste que deberá pagar el sentenciado PEDRO MIGUEL LEDEZMA GARCÍA, por concepto de perjuicios ocasionados a la parte lesa. En efecto, al efectuar la suma de los 03-tres montos citados en líneas anteriores, arroja un monto total de $190,957.05 (ciento noventa mil novecientos cincuenta y siete pesos 05/100 m.n.), la cual deberá pagar el sentenciado PEDRO MIGUEL LEDEZMA GARCÍA, a favor de HUGO ROLANDO ORTÍZ FLORES, a efecto de garantizarle la reparación del daño." De todo lo anterior, se advierte, que el primer efecto de la ejecutoria de amparo se encuentra cumplido, toda vez que el Magistrado responsable, dejó insubsistente la resolución de diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, emitida en el toca de apelación en artículo 24/2017, deducido de la causa de ejecución 5357/2014. Y, en relación al segundo de los efectos, resolvió de manera integral lo atinente a la reparación del daño material, moral, así como de los perjuicios ocasionados a la parte lesa. En ese contexto, se advierte que la autoridad responsable, siguió los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo, y con ello, dio cumplimiento a la misma restituyendo a la parte quejosa de los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica, consagrados en los artículos 14 y 16 constitucional, que le habían sido vulnerados. Por tanto, este órgano jurisdiccional estima que la autoridad responsable siguió los lineamientos establecidos en el fallo protector y por ello se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, segundo párrafo, de la ley de la materia, sin que se advierta queja o exceso en tal cumplimiento. Ahora, en relación a las manifestaciones vertidas por el abogado particular de la parte tercero interesada, en el sentido de que la resolución de cinco de julio de dos mil dieciocho, emitida por el Magistrado responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, es defectuosa, dígasele que la concesión del amparo, únicamente se limitó a que debía resolver lo atinente a la reparación del daño material, moral, así como de los perjuicios, de manera integral, toda vez que al haber dado oportunidad nuevamente al ofendido de que se tramitara el incidente de condena a la reparación de daños y perjuicios, tantas veces como se estime necesario, implicaría un doble procesamiento para el sentenciado por los mismos hechos; lo cual se encuentra prohibido por el artículo 23 Constitucional; sin que la cuantía de lo ahí condenado haya sido tópico de estudio en la ejecutoria de mérito. En cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; y tomando en consideración que en el presente juicio de garantías, por una parte, se sobreseyó y en otra, se decidió conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, que carece de relevancia documental y que en el mismo no fueron exhibidos documentos originales, se concluye que es susceptible de depuración. Por otra parte, háganse las anotaciones de la circunstancia indicada con anterioridad en la carátula del cuaderno, así como la fecha de su archivo; y, una vez transcurrido el plazo de tres años establecido en el punto décimo primero del acuerdo en comento, remítase este expediente al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte. Asimismo, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno y con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, y 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido. Dese vista con el presente proveído dentro del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo en que se actúa. .....

  3. Principal

    Monterrey, Nuevo León, a trece de agosto de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos del juicio de amparo 719/2017-VII, el escrito presentado por +++++++, autorizado del tercero interesado ++++, y en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por desahogando la vista relativa al cumplimiento realizado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo dictada dentro del juicio de garantías en que se actúa, manifestando su inconformidad con la misma. ......

  4. Principal

    Monterrey, Nuevo León, a nueve de agosto de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos para los efectos legales conducentes, el escrito signado por el quejoso +++++++; y, en atención a su contenido, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídasele a su costa simple, previa razón de recibo que se deje en autos, copia fotostática simple de las constancias que refiere en el ocurso que se provee, autorizando para recibirlas a la persona que menciona. ......

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