Pedro Luis Solís Zuñiga
Expediente 279/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 279/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 14/06/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León · Nuevo León
Partes del expediente
- Pedro Luis Solís Zuñiga
Actuaciones
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos del juicio de amparo número 279/2018-VI, promovido por *******************, y la certificación de cuenta de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja en contra del auto dictado por este tribunal el treinta de mayo de dos mil dieciocho, en el que se desechó de plano la demanda de garantías, sin que la parte quejosa haya interpuesto el recurso de mérito; en tales circunstancias, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el referido auto ha causado estado, para todos los efectos legales a que haya lugar, por lo que, se ordena el archivo de este expediente como asunto concluido.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA a la parte quejosa +++++++, el proveído de treinta de mayo del año en curso, por medio de lista que fijo en los estrados de este Juzgado de Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, por no haber acudido a éste recinto, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.... Vista la demanda de garantías promovida por Pedro +++++++, contra actos del Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Número Tres, Especializada en Daños Culposos y General Juárez, Nuevo León; por lo que fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el número 279/2018-VI que le corresponde. Ahora bien, tomando en consideración que el artículo 112, primer párrafo y 113 de la Ley de Amparo impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de garantías para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro y texto es: ...... Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de garantías es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. ... De lo antes expuesto, debe decirse que, éste órgano de control constitucional advierte que, en la especie respecto del citado acto reclamado existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, pues se actualiza la causal prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley Reglamentaria del artículo 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismos que establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. . C. De los derechos de la víctima o del ofendido: . VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. Del primero de los numerales transcritos deriva que el juicio de amparo es improcedente cuando así lo establezca la Constitución Federal o la propia Ley de Amparo. Por su parte, en el apartado que interesa del numeral 20 de la Ley Fundamental, se establece claramente que la víctima u ofendido tiene derecho de impugnar ante la autoridad judicial, es decir, ante el Juez de Control, las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. Como puede observarse, este último dispositivo concede a la autoridad jurisdiccional la facultad para subsanar la violación al derecho humano de impartición de justicia pronta y expedita establecida en el artículo 17 de la Ley Suprema, al prever el derecho de la víctima u ofendido de acudir ante la autoridad judicial para impugnar, entre otras cosas, las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, pues éstas se dan en la etapa de investigación. En congruencia con lo anotado, es pertinente señalar que la implementación del nuevo sistema de Justicia Penal tiene por objeto abandonar las tendencias inquisitivas para adoptar un procedimiento con características acusatorias, resaltando la separación de las tareas de investigación, acusación y juzgamiento en distintos órganos, con base en los principios de publicidad, oralidad, inmediación, concentración, contradicción y continuidad, en donde las partes tienen una situación de igualdad. En este orden de ideas, tanto el Código Nacional de Procedimientos Penales y el Código Procesal Penal para el Estado de Nuevo León, detalla la estructura general del proceso penal de acuerdo al sistema acusatorio, destacándose la etapa de investigación, que asume el Ministerio Público con los cuerpos de policía, con control judicial garantizado por el Juez de Control. Sobre este aspecto, los ordinales 258, 133, fracción I, en relación con el 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." "Artículo 133. Competencia jurisdiccional. Para los efectos de este Código, la competencia jurisdiccional comprende a los siguientes órganos: Juez de control, con competencia para ejercer las atribuciones que este Código le reconoce desde el inicio de la etapa de investigación hasta el dictado del auto de apertura a juicio; (.)" "Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido En los procedimientos previstos en este Código, la víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos:(.) XXI. A impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en este Código y en las demás disposiciones legales aplicables;" Los preceptos transcritos, revelan que el Juez de Control tiene competencia para ejercer las atribuciones desde el inicio de la etapa de investigación hasta el dictado del auto de inicio a juicio. Asimismo, se aprecia que toda víctima u ofendido tiene derecho a impugnar por sí, o por medio de su representante, ante la autoridad judicial, las omisiones o negligencias que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación de delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. De igual forma, los artículos 244, 245, 247 y 252 del Código Procesal Penal para el Estado de Nuevo León disponen: "Artículo 244. Finalidad. La etapa de investigación tiene por objeto el esclarecimiento de los hechos materia de la denuncia o querella y determinar si hay fundamento para abrir un juicio penal contra una o varias personas, mediante la obtención de la información y la recolección de los elementos que permitan fundar, en su caso, la acusación y garantizar el derecho a la defensa del imputado. Estará a cargo del Ministerio Público, quien actuará con el apoyo de sus auxiliares, de la policía y de los servicios periciales. En todas las investigaciones la policía actuará bajo la conducción y mando del Ministerio Público, salvo en los casos de delitos de acción privada, que lo hará con orden expresa de los jueces y tribunales. "Artículo 245. Deber de investigar. Cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de la existencia de un hecho que revista caracteres de delito, lo investigará, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar la investigación, salvo en los casos previstos en la Ley. El denunciante, querellante, o el imputado, podrán acudir en queja contra el agente del Ministerio Público, en los términos que indique su Ley Orgánica, por su inactividad injustificada durante la investigación o cuando omita tomar una determinación respecto de la misma, a pesar de que cuente con los antecedentes necesarios para ello. Tratándose de delitos perseguibles por querella, no podrá procederse sin que, por lo menos, se haya denunciado el hecho por quien esté legitimado, salvo para realizar los actos urgentes de investigación o los necesarios para impedir o interrumpir la comisión del delito." "Artículo 247. Actuación judicial. Corresponderá al Juez competente en esta etapa: I. Autorizar la anticipación de la prueba; II. Decidir sobre la aplicación de medidas cautelares y providencias precautorias; III. Otorgar órdenes de aprehensión y de cateo; y IV. Controlar el cumplimiento de los principios y derechos fundamentales que le asisten al imputado y la víctima en esta etapa. "Artículo 252. Control judicial. Las decisiones del Ministerio Público sobre la queja interpuesta en contra de la negativa de reabrir la investigación una vez decretado el archivo temporal, abstenerse de investigar y no ejercicio de la Acción Penal, así como la inactividad injustificada de la investigación, podrán ser impugnadas en queja por la víctima u ofendido ante el Juez de Control siempre que este insatisfecha la reparación del daño ocasionado, dentro de los diez días siguientes de que el interesado tenga conocimiento de ellas. Al momento de impugnar la resolución del Ministerio Público, la víctima deberá anexar a su promoción copia de la misma y deberá expresar los motivos de inconformidad." De los anteriores dispositivos, se obtiene que en el Código Adjetivo Penal del Estado se prevé la obligación del Juez de Control de resolver en la etapa de investigación, sobre los derechos de la víctima u ofendido, y controlar las facultades del fiscal investigador, exigiéndole el cumplimiento de los principios y garantías procesales y constitucionales. En este orden de ideas, del análisis en su conjunto de las disposiciones tanto constitucional como federales y locales antes citadas, las cuales prevén la legitimación de la víctima del delito para impugnar el actuar del ministerio público en la fase de investigación, por los efectos negativos que produce, sobre todo si se tiene presente que se establece como un derecho fundamental a su favor dentro de la Carta Magna, máxime que dicho sujeto es el que se ve afectado en sus intereses con la negación o paralización de sus pretensiones. En atención a lo anterior, la parte quejosa tiene la obligación de impugnar ante el Juez de control competente, la abstención del Fiscal responsable de investigar sobre los hechos posiblemente delictuosos, las omisiones o negligencias que cometa en el desempeño de sus funciones de investigación de delitos, de acuerdo a lo establecido tanto en el Código Nacional de Procedimientos Penales (artículo 133, fracción I, en relación con el 109, fracción XXI), como en el Código Procesal Penal para el Estado de Nuevo León (numeral 252) según sea el caso, ya que dicha impugnación es el medio legal idóneo y específico para lograr la pretensión de la aquí parte quejosa; en consecuencia, el acto reclamado se traduce en un acto jurídico-administrativo de una autoridad, toda vez que este tipo de actuación tiene prevista reglamentación al respecto y por ello la parte quejosa queda constreñida u obligada a agotar el medio ordinario de defensa en acatamiento al principio de definitividad que rige el juicio constitucional. Por tanto, en contra del acto del que se duele la parte quejosa consistente en la omisión de judicializar o no la carpeta de investigación NUC:PGJNL-056461/2016, es improcedente el juicio de amparo, dado que en contra de la misma tendrá que acudir ante el Juez de Control competente para agotar el procedimiento correspondiente, según sea el caso, es decir lo dispuesto por el Código Nacional de Procedimientos Penales (artículo 133, fracción I, en relación con el 109, fracción XXI), o lo previsto en el Código Procesal Penal para el Estado de Nuevo León (numeral 252), en estricta observancia al artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. .... Por tanto, con apoyo en lo dispuesto por el precepto 61, fracción XX y 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de garantías promovida por Pedro Luis Solís Zúñiga, por notoriamente improcedente. De igual modo, se tiene como autorizados para el solo efecto de oír y recibir notificaciones, a las personas que señala la parte quejosa en su demanda de amparo, acorde al actual contenido del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo. ...........
- Principal
Monterrey, Nuevo León, a treinta de mayo de dos mil dieciocho. Vista la demanda de garantías promovida por Pedro +++++++, contra actos del Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Número Tres, Especializada en Daños Culposos y General Juárez, Nuevo León; por lo que fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el número 279/2018-VI que le corresponde. Ahora bien, tomando en consideración que el artículo 112, primer párrafo y 113 de la Ley de Amparo impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de garantías para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro y texto es: ...... Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de garantías es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. ... De lo antes expuesto, debe decirse que, éste órgano de control constitucional advierte que, en la especie respecto del citado acto reclamado existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, pues se actualiza la causal prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley Reglamentaria del artículo 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismos que establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. . C. De los derechos de la víctima o del ofendido: . VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. Del primero de los numerales transcritos deriva que el juicio de amparo es improcedente cuando así lo establezca la Constitución Federal o la propia Ley de Amparo. Por su parte, en el apartado que interesa del numeral 20 de la Ley Fundamental, se establece claramente que la víctima u ofendido tiene derecho de impugnar ante la autoridad judicial, es decir, ante el Juez de Control, las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. Como puede observarse, este último dispositivo concede a la autoridad jurisdiccional la facultad para subsanar la violación al derecho humano de impartición de justicia pronta y expedita establecida en el artículo 17 de la Ley Suprema, al prever el derecho de la víctima u ofendido de acudir ante la autoridad judicial para impugnar, entre otras cosas, las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, pues éstas se dan en la etapa de investigación. En congruencia con lo anotado, es pertinente señalar que la implementación del nuevo sistema de Justicia Penal tiene por objeto abandonar las tendencias inquisitivas para adoptar un procedimiento con características acusatorias, resaltando la separación de las tareas de investigación, acusación y juzgamiento en distintos órganos, con base en los principios de publicidad, oralidad, inmediación, concentración, contradicción y continuidad, en donde las partes tienen una situación de igualdad. En este orden de ideas, tanto el Código Nacional de Procedimientos Penales y el Código Procesal Penal para el Estado de Nuevo León, detalla la estructura general del proceso penal de acuerdo al sistema acusatorio, destacándose la etapa de investigación, que asume el Ministerio Público con los cuerpos de policía, con control judicial garantizado por el Juez de Control. Sobre este aspecto, los ordinales 258, 133, fracción I, en relación con el 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." "Artículo 133. Competencia jurisdiccional. Para los efectos de este Código, la competencia jurisdiccional comprende a los siguientes órganos: Juez de control, con competencia para ejercer las atribuciones que este Código le reconoce desde el inicio de la etapa de investigación hasta el dictado del auto de apertura a juicio; (.)" "Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido En los procedimientos previstos en este Código, la víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos:(.) XXI. A impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en este Código y en las demás disposiciones legales aplicables;" Los preceptos transcritos, revelan que el Juez de Control tiene competencia para ejercer las atribuciones desde el inicio de la etapa de investigación hasta el dictado del auto de inicio a juicio. Asimismo, se aprecia que toda víctima u ofendido tiene derecho a impugnar por sí, o por medio de su representante, ante la autoridad judicial, las omisiones o negligencias que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación de delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. De igual forma, los artículos 244, 245, 247 y 252 del Código Procesal Penal para el Estado de Nuevo León disponen: "Artículo 244. Finalidad. La etapa de investigación tiene por objeto el esclarecimiento de los hechos materia de la denuncia o querella y determinar si hay fundamento para abrir un juicio penal contra una o varias personas, mediante la obtención de la información y la recolección de los elementos que permitan fundar, en su caso, la acusación y garantizar el derecho a la defensa del imputado. Estará a cargo del Ministerio Público, quien actuará con el apoyo de sus auxiliares, de la policía y de los servicios periciales. En todas las investigaciones la policía actuará bajo la conducción y mando del Ministerio Público, salvo en los casos de delitos de acción privada, que lo hará con orden expresa de los jueces y tribunales. "Artículo 245. Deber de investigar. Cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de la existencia de un hecho que revista caracteres de delito, lo investigará, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar la investigación, salvo en los casos previstos en la Ley. El denunciante, querellante, o el imputado, podrán acudir en queja contra el agente del Ministerio Público, en los términos que indique su Ley Orgánica, por su inactividad injustificada durante la investigación o cuando omita tomar una determinación respecto de la misma, a pesar de que cuente con los antecedentes necesarios para ello. Tratándose de delitos perseguibles por querella, no podrá procederse sin que, por lo menos, se haya denunciado el hecho por quien esté legitimado, salvo para realizar los actos urgentes de investigación o los necesarios para impedir o interrumpir la comisión del delito." "Artículo 247. Actuación judicial. Corresponderá al Juez competente en esta etapa: I. Autorizar la anticipación de la prueba; II. Decidir sobre la aplicación de medidas cautelares y providencias precautorias; III. Otorgar órdenes de aprehensión y de cateo; y IV. Controlar el cumplimiento de los principios y derechos fundamentales que le asisten al imputado y la víctima en esta etapa. "Artículo 252. Control judicial. Las decisiones del Ministerio Público sobre la queja interpuesta en contra de la negativa de reabrir la investigación una vez decretado el archivo temporal, abstenerse de investigar y no ejercicio de la Acción Penal, así como la inactividad injustificada de la investigación, podrán ser impugnadas en queja por la víctima u ofendido ante el Juez de Control siempre que este insatisfecha la reparación del daño ocasionado, dentro de los diez días siguientes de que el interesado tenga conocimiento de ellas. Al momento de impugnar la resolución del Ministerio Público, la víctima deberá anexar a su promoción copia de la misma y deberá expresar los motivos de inconformidad." De los anteriores dispositivos, se obtiene que en el Código Adjetivo Penal del Estado se prevé la obligación del Juez de Control de resolver en la etapa de investigación, sobre los derechos de la víctima u ofendido, y controlar las facultades del fiscal investigador, exigiéndole el cumplimiento de los principios y garantías procesales y constitucionales. En este orden de ideas, del análisis en su conjunto de las disposiciones tanto constitucional como federales y locales antes citadas, las cuales prevén la legitimación de la víctima del delito para impugnar el actuar del ministerio público en la fase de investigación, por los efectos negativos que produce, sobre todo si se tiene presente que se establece como un derecho fundamental a su favor dentro de la Carta Magna, máxime que dicho sujeto es el que se ve afectado en sus intereses con la negación o paralización de sus pretensiones. En atención a lo anterior, la parte quejosa tiene la obligación de impugnar ante el Juez de control competente, la abstención del Fiscal responsable de investigar sobre los hechos posiblemente delictuosos, las omisiones o negligencias que cometa en el desempeño de sus funciones de investigación de delitos, de acuerdo a lo establecido tanto en el Código Nacional de Procedimientos Penales (artículo 133, fracción I, en relación con el 109, fracción XXI), como en el Código Procesal Penal para el Estado de Nuevo León (numeral 252) según sea el caso, ya que dicha impugnación es el medio legal idóneo y específico para lograr la pretensión de la aquí parte quejosa; en consecuencia, el acto reclamado se traduce en un acto jurídico-administrativo de una autoridad, toda vez que este tipo de actuación tiene prevista reglamentación al respecto y por ello la parte quejosa queda constreñida u obligada a agotar el medio ordinario de defensa en acatamiento al principio de definitividad que rige el juicio constitucional. Por tanto, en contra del acto del que se duele la parte quejosa consistente en la omisión de judicializar o no la carpeta de investigación NUC:PGJNL-056461/2016, es improcedente el juicio de amparo, dado que en contra de la misma tendrá que acudir ante el Juez de Control competente para agotar el procedimiento correspondiente, según sea el caso, es decir lo dispuesto por el Código Nacional de Procedimientos Penales (artículo 133, fracción I, en relación con el 109, fracción XXI), o lo previsto en el Código Procesal Penal para el Estado de Nuevo León (numeral 252), en estricta observancia al artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. .... Por tanto, con apoyo en lo dispuesto por el precepto 61, fracción XX y 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de garantías promovida por Pedro Luis Solís Zúñiga, por notoriamente improcedente. De igual modo, se tiene como autorizados para el solo efecto de oír y recibir notificaciones, a las personas que señala la parte quejosa en su demanda de amparo, acorde al actual contenido del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo. ...........
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