Pedro Mendoza Rosales
Expediente 1121/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 20 actuaciones registradas, la última del 28 de marzo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1121/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 28/03/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Pedro Mendoza Rosales
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
Al no ser atendido el citatorio por parte del quejoso, por este conducto se le notifica: Agréguese a sus autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales a que haya lugar, el oficio JOFAC/**/2018, signado por el Juez de Partido Especializado en Materia Familiar con sede en Celaya; por el que, en cumplimiento al requerimiento que le fue formulado en proveído de veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, hace del conocimiento de este Tribunal, el estado procesal del Juicio Familiar F-**/2017, de su índice, precisando que el veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, dictó sentencia en dicho procedimiento, adjuntando copia certificada de la misma, así como disco en formato DVD, con copia de la audiencia preliminar de veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, como de la audiencia de juicio celebrada el trece de noviembre de dos mil diecisiete, continuada el diez de enero del actual; documentales y videograbaciones que se tienen por admitidas y desahogadas atento a su especial naturaleza, en términos de los artículos 129, 133, 197, 202 y 203 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. El anexo que se recibe glósese al sumario y respecto al disco en formato DVD, guárdese por separado. Ahora bien, del estado de autos se advierte que mediante escrito presentado el jueves siete de diciembre de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en esta ciudad y turnada a este Juzgado Federal, ***, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclamó inicialmente de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato; e hizo consistir en esencia, en la resolución de treinta de noviembre de dos mil diecisiete, emitida en el Toca **/2017-F; resolución que a su vez CONFIRMO, la determinación tomada en audiencia preliminar de veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, por el Juez de Oralidad Familiar en Celaya, Guanajuato, en los autos del Juicio Familiar **/2017, de NO ACCEDER a la medida solicitada por el referido ***, de incorporarse al que fuera el domicilio conyugal; lo anterior, atento a que ***, cónyuge del actor, ahora quejoso, permanecería en ese lugar MIENTRAS DURARA EL TRÁMITE DE ESE JUICIO FAMILIAR. Enseguida, al dar cumplimiento al requerimiento formulado por este Tribunal Federal, el quejoso ***, señaló también como materia del reclamo Constitucional, lo que denominó como la inconstitucionalidad del artículo 162 del Código Civil del Estado de Guanajuato. Mediante proveído de dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, se admitió a trámite la demanda de amparo teniéndose como autoridades responsables a la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia, Gobernador Constitucional y Congreso, todos del Estado de Guanajuato; se les requirió su informe con justificación, se dio la vista que legalmente le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia Constitucional. Ahora bien, como se expuso en parágrafos precedentes, en esta fecha se tiene por recibido el informe solicitado al Juez de Partido Especializado en Materia Familiar con sede en Celaya; por el que, en cumplimiento al requerimiento que le fue formulado en proveído de veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, hace del conocimiento de este Tribunal, el estado procesal del Juicio Familiar F-**/2017, de su índice, precisando que el veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, dictó sentencia en dicho procedimiento. Expuesto lo anterior, este Tribunal Federal considera que en el caso que nos ocupa, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXII, del artículo 61, de la Ley de Amparo. La fracción XXII, del artículo 61 citado, señala: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; Como quedó precisado en el Considerando Segundo de esta sentencia, el acto que la parte quejosa reclama en el juicio de amparo en que se actúa, se hizo consistir en la resolución de treinta de noviembre de dos mil diecisiete, emitida en el Toca ***/2017-F; resolución que a su vez CONFIRMO, la determinación tomada en audiencia preliminar de veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, por el Juez de Oralidad Familiar en Celaya, Guanajuato, en los autos del Juicio Familiar **/2017, de NO ACCEDER a la medida solicitada por el referido ***, de incorporarse al que fuera el domicilio conyugal; lo anterior, atento a que ***, cónyuge del actor, ahora quejoso, permanecería en ese lugar MIENTRAS DURARA EL TRÁMITE DE ESE JUICIO FAMILIAR. En este orden, si bien de las constancias que integran las copias certificadas del Toca de Apelación **/2017-F, del índice de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, se cuenta con que efectivamente, en la resolución de treinta de noviembre de dos mil diecisiete, dicha autoridad confirmó la determinación tomada en audiencia preliminar en el juicio familiar de origen; lo cierto es que, como se precisó en párrafos precedentes, el Juez de Oralidad Familiar con sede en Celaya, dictó sentencia en los autos del Juicio Familiar F **/2017. De lo anterior se colige entonces que, subsistiendo la citada resolución de treinta de noviembre de dos mil diecisiete, emitida en el Toca **/2017-F, dictada por la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, dejó de surtir efecto legal o material alguno, por haber dejado de existir el objeto o la materia de la misma; ello, puesto que, como se ha referido, la medida solicitada por Pedro Mendoza Rosales, en la audiencia preliminar de veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, de incorporación al que fuera el domicilio conyugal, le fue negada con la consideración de que, Ma. Martha Martínez Martínez, cónyuge del actor, ahora quejoso, permanecería en ese lugar MIENTRAS DURARA EL TRÁMITE DE ESE JUICIO FAMILIAR; siendo que como se expuso ya, el veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, se dictó sentencia en ese Juicio. Entonces, si la medida provisional negada al actor en el procedimiento de origen, se negó, para que subsistiera la situación de hecho que prevalecía con relación al que fuera el domicilio conyugal, ÚNICAMENTE MIENTRAS DURARA EL TRÁMITE DE ESE JUICIO FAMILIAR, y toda vez que como se ha puesto en evidencia, ese procedimiento concluyó con la sentencia dictada el veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, se actualiza de manera evidente e indudable la causal de improcedencia prevista por la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que, de conformidad con lo establecido por el diverso artículo 63, fracción V, de la ley de la materia, procede el sobreseimiento en el presente asunto. El sobreseimiento que se decreta es extensivo al reclamo de inconstitucionalidad del artículo 162 del código Civil del Estado de Guanajuato; debido a que, esa supuesta inconstitucionalidad, se reclama con motivo de lo que aseveró el quejoso, constituyó su primer acto de aplicación, materializado en la resolución de treinta de noviembre de dos mil diecisiete, emitida en el Toca **/2017-F, dictada por la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato; reiterando las consideraciones anotadas en los párrafos precedentes, en el sentido de que esa resolución de segunda instancia, dejó de surtir efecto legal alguno en el trámite del procedimiento de origen, del orden familiar. Es aplicable la Jurisprudencia número 10/2003, contenida en la Contradicción de Tesis número 26/2002-PL, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, de fecha siete de febrero del dos mil tres, por unanimidad de votos, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cesión privada del catorce de febrero del dos mil tres; cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En consecuencia, hágase la anterior circunstancia del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes, haciéndoles saber de igual forma, que por los motivos expuestos, no tendrá verificativo la Audiencia Constitucional que se encuentra fijada para las nueve horas con seis minutos del veintidós de marzo de dos mil diecisiete. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74, fracción IV, 75, y demás relativos de la Ley de Amparo, se: RESUELVE: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por ***, respecto del acto reclamado en esta instancia Constitucional, por las evidencias, circunstancias y fundamentos expuestos en el contenido de esta resolución.
- Principal
Vista la certificación que antecede y apareciendo de autos que no se interpuso el recurso de revisión previsto por el artículo 81, fracción I, inciso d), en relación con el 86, de la citada Ley de Amparo, contra el auto emitido el veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, en que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación invocada, se declara que la misma HA CAUSADO ESTADO. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes para todos los efectos legales procedentes. En consecuencia, se ordena archivar el presente expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno de este Juzgado Federal. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente NO es de RELEVANCIA DOCUMENTAL. Por otra parte, toda vez que al decretarse el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional en este juicio de amparo, el mismo es susceptible de DESTRUCCIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse archivado, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción II del acuerdo citado en el párrafo que antecede. DESTRUCCIÓN DEL ORIGINAL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Glósese al expediente el cuaderno original del incidente de suspensión, el que será susceptible de DESTRUCCIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, toda vez que del mismo se desprende que fue negada la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el Manual para la organización de Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicados en diciembre 2012; por tanto, mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental para mejor resguardo. DESTRUCCIÓN DEL DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Asimismo, atendiendo al punto vigésimo, fracción III, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo de seis meses. Por último, al resultar innecesaria la retención de la documental que adjuntó el Magistrado responsable a su informe de ley, consistente en el original del toca *** y un legajo de constancias relativas al indicado toca, con las que se formaron dos cuadernos de pruebas por separado. Igual suerte corre el DVD que remitió el Juez de Partido Especializado en Materia Familiar, con sede en esta ciudad, en atención a requerimiento formulado por este Juzgado de la Federación, devuélvanse a su lugar de origen y solicítese el acuse de recibo respectivo. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato, licenciado José Francisco Salazar Trejo, asistido del licenciado Juan Pablo Figueroa Solano, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Agréguese a sus autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales a que haya lugar, el oficio JOFAC/**/2018, signado por el Juez de Partido Especializado en Materia Familiar con sede en Celaya; por el que, en cumplimiento al requerimiento que le fue formulado en proveído de veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, hace del conocimiento de este Tribunal, el estado procesal del Juicio Familiar F-**/2017, de su índice, precisando que el veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, dictó sentencia en dicho procedimiento, adjuntando copia certificada de la misma, así como disco en formato DVD, con copia de la audiencia preliminar de veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, como de la audiencia de juicio celebrada el trece de noviembre de dos mil diecisiete, continuada el diez de enero del actual; documentales y videograbaciones que se tienen por admitidas y desahogadas atento a su especial naturaleza, en términos de los artículos 129, 133, 197, 202 y 203 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. El anexo que se recibe glósese al sumario y respecto al disco en formato DVD, guárdese por separado. Ahora bien, del estado de autos se advierte que mediante escrito presentado el jueves siete de diciembre de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en esta ciudad y turnada a este Juzgado Federal, ***, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclamó inicialmente de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato; e hizo consistir en esencia, en la resolución de treinta de noviembre de dos mil diecisiete, emitida en el Toca **/2017-F; resolución que a su vez CONFIRMO, la determinación tomada en audiencia preliminar de veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, por el Juez de Oralidad Familiar en Celaya, Guanajuato, en los autos del Juicio Familiar **/2017, de NO ACCEDER a la medida solicitada por el referido ***, de incorporarse al que fuera el domicilio conyugal; lo anterior, atento a que ***, cónyuge del actor, ahora quejoso, permanecería en ese lugar MIENTRAS DURARA EL TRÁMITE DE ESE JUICIO FAMILIAR. Enseguida, al dar cumplimiento al requerimiento formulado por este Tribunal Federal, el quejoso ***, señaló también como materia del reclamo Constitucional, lo que denominó como la inconstitucionalidad del artículo 162 del Código Civil del Estado de Guanajuato. Mediante proveído de dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, se admitió a trámite la demanda de amparo teniéndose como autoridades responsables a la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia, Gobernador Constitucional y Congreso, todos del Estado de Guanajuato; se les requirió su informe con justificación, se dio la vista que legalmente le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia Constitucional. Ahora bien, como se expuso en parágrafos precedentes, en esta fecha se tiene por recibido el informe solicitado al Juez de Partido Especializado en Materia Familiar con sede en Celaya; por el que, en cumplimiento al requerimiento que le fue formulado en proveído de veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, hace del conocimiento de este Tribunal, el estado procesal del Juicio Familiar F-**/2017, de su índice, precisando que el veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, dictó sentencia en dicho procedimiento. Expuesto lo anterior, este Tribunal Federal considera que en el caso que nos ocupa, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXII, del artículo 61, de la Ley de Amparo. La fracción XXII, del artículo 61 citado, señala: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; Como quedó precisado en el Considerando Segundo de esta sentencia, el acto que la parte quejosa reclama en el juicio de amparo en que se actúa, se hizo consistir en la resolución de treinta de noviembre de dos mil diecisiete, emitida en el Toca ***/2017-F; resolución que a su vez CONFIRMO, la determinación tomada en audiencia preliminar de veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, por el Juez de Oralidad Familiar en Celaya, Guanajuato, en los autos del Juicio Familiar **/2017, de NO ACCEDER a la medida solicitada por el referido ***, de incorporarse al que fuera el domicilio conyugal; lo anterior, atento a que ***, cónyuge del actor, ahora quejoso, permanecería en ese lugar MIENTRAS DURARA EL TRÁMITE DE ESE JUICIO FAMILIAR. En este orden, si bien de las constancias que integran las copias certificadas del Toca de Apelación **/2017-F, del índice de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, se cuenta con que efectivamente, en la resolución de treinta de noviembre de dos mil diecisiete, dicha autoridad confirmó la determinación tomada en audiencia preliminar en el juicio familiar de origen; lo cierto es que, como se precisó en párrafos precedentes, el Juez de Oralidad Familiar con sede en Celaya, dictó sentencia en los autos del Juicio Familiar F **/2017. De lo anterior se colige entonces que, subsistiendo la citada resolución de treinta de noviembre de dos mil diecisiete, emitida en el Toca **/2017-F, dictada por la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, dejó de surtir efecto legal o material alguno, por haber dejado de existir el objeto o la materia de la misma; ello, puesto que, como se ha referido, la medida solicitada por Pedro Mendoza Rosales, en la audiencia preliminar de veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, de incorporación al que fuera el domicilio conyugal, le fue negada con la consideración de que, Ma. Martha Martínez Martínez, cónyuge del actor, ahora quejoso, permanecería en ese lugar MIENTRAS DURARA EL TRÁMITE DE ESE JUICIO FAMILIAR; siendo que como se expuso ya, el veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, se dictó sentencia en ese Juicio. Entonces, si la medida provisional negada al actor en el procedimiento de origen, se negó, para que subsistiera la situación de hecho que prevalecía con relación al que fuera el domicilio conyugal, ÚNICAMENTE MIENTRAS DURARA EL TRÁMITE DE ESE JUICIO FAMILIAR, y toda vez que como se ha puesto en evidencia, ese procedimiento concluyó con la sentencia dictada el veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, se actualiza de manera evidente e indudable la causal de improcedencia prevista por la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que, de conformidad con lo establecido por el diverso artículo 63, fracción V, de la ley de la materia, procede el sobreseimiento en el presente asunto. El sobreseimiento que se decreta es extensivo al reclamo de inconstitucionalidad del artículo 162 del código Civil del Estado de Guanajuato; debido a que, esa supuesta inconstitucionalidad, se reclama con motivo de lo que aseveró el quejoso, constituyó su primer acto de aplicación, materializado en la resolución de treinta de noviembre de dos mil diecisiete, emitida en el Toca **/2017-F, dictada por la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato; reiterando las consideraciones anotadas en los párrafos precedentes, en el sentido de que esa resolución de segunda instancia, dejó de surtir efecto legal alguno en el trámite del procedimiento de origen, del orden familiar. Es aplicable la Jurisprudencia número 10/2003, contenida en la Contradicción de Tesis número 26/2002-PL, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, de fecha siete de febrero del dos mil tres, por unanimidad de votos, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cesión privada del catorce de febrero del dos mil tres; cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En consecuencia, hágase la anterior circunstancia del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes, haciéndoles saber de igual forma, que por los motivos expuestos, no tendrá verificativo la Audiencia Constitucional que se encuentra fijada para las nueve horas con seis minutos del veintidós de marzo de dos mil diecisiete. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74, fracción IV, 75, y demás relativos de la Ley de Amparo, se: RESUELVE: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por ***, respecto del acto reclamado en esta instancia Constitucional, por las evidencias, circunstancias y fundamentos expuestos en el contenido de esta resolución.
- Principal
Estado de autos. Vistas las constancias que integral el expediente en que se actúa, se obtiene que el quejoso ***, al acudir a estas instancia constitucional, señaló como acto reclamado el que denominó como la resolución de treinta de noviembre de dos mil diecisiete dictada en el toca 701/2017-F, por la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato. Aunado a lo anterior, reclamó también la inco nstitucionalidsd del artículo 162 del Código Civil del Estado de Guanajuato, argumentando que fue preciasamenmte en el dictado de la resolución aludida, que se le aplicó por primera ocasión dicho numeral. Enseguida mediante auto de admisión de dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete se tuvo como autoriadess responsables en el presente asunto a la Séptima Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, al Gobernador Constitucional y al Congreso, todos de esta entidad federativa, procediéndose a requerirlles su informe con justificasci+ón correspondiente. Es el caso que de las constacias agregadas por la referida Sala como justificación a su informe de ley, se obtiene que en audiencia preliminar de veinticinco de octubre de dos mil diecisiete el ahí actor Pedro Mendoza Rosales, solicitó la medidas de incorporación al domicilio que fuera conyugal; medida que se negó y contra dicha determinación interpuso recurso de apelación. Enseguida el trece de noviembre de dos mil diecisiete se inició audiencia de juicio, misma que se suspendió por el trámite de la apelación respectiva. De lo anterior se deriva que el Juez familiar de Celaya, Guanajuato, quien tramita el juicio oral ordinario 2068/2017, si bien no fue señalado como autoridad responssble en el presente asunto; debe informar a este Tribunal Federal, para la completa integración del juicio de amparo en que se actúa, el estatus procesal del referido juicio familiar, aunado a lo anterior, deberá remitir copia autenticada de las audiencias preliminar y de juicio celebradas el veinticinco de octubre y trece de noviembre pasados, así como la wue en su caso ocurrió en cado de haber continuado la referida audiencia de juicio. Requerimiento que se formula se insiste con el fin de integrar de manera correcta y completa el expediente en que se actúa y dictar sentencia con las constancias respectivas; por lo que el Juzgado Familiar de Celaya, Guanajuato, en el término de tres días posteriores a la recepción del comunicado que derive de este auto deberá acatar lo ahora mandado. Con el apercibimiento que de no hacerlo en los términos indicados o no exponer los motivos legales para hacerlo, le será impuesta una multa de diez días de salario mínimo general vigente, de conformidad con el artículo 59 fracción I, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, párrafo segundo del ordenamiento legal citado en último término. Por último, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional fijada para hoy, y en su lugar se señalan las nueve horas con seis minutos del veintidós de marzo próximo, para que tenga verificativo.
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