Pedro Jimenez Hernandez
Expediente 1044/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 15 de diciembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1044/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 15/12/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Pedro Jimenez Hernandez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Vista la certificación que antecede y apareciendo de autos que no se interpuso recurso de revisión en contra del acuerdo dictado en este Juicio de Amparo el veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, en el cual se decretó el sobreseimiento; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo en relación con lo establecido con el artículo 81 fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, se declara que dicho acuerdo HA CAUSADO ESTADO. En consecuencia, se ordena archivar el presente expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno de este Juzgado Federal. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente NO es de RELEVANCIA DOCUMENTAL. Por otra parte, toda vez que en el presente juicio se sobreseyó, el mismo es susceptible de DESTRUCCIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse archivado, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción II del acuerdo citado en el párrafo que antecede.
- Principal
Al no ser atendido el aviso por parte del quejoso, por este conducto se le notifica: Agréguese a sus autos para que obre como corresponda y surtan los efectos legales a que haya lugar, escrito signado por ***; a través del cual bajo protesta de decir verdad, informa a este Tribunal Federal que el día catorce de noviembre de dos mil diecisiete, le fue devuelto al referido peticionario del amparo, el vehículo de motor ***, que se había sido asegurado en la Carpeta de Investigación ***, del índice de la Agencia del Ministerio Público Investigadora número I, de Apaseo el Grande, Guanajuato. Ahora bien, del estado de autos se advierte que mediante escrito presentado el siete de noviembre de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en esta ciudad, Pedro Jiménez Hernández, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto que inicialmente reclamó del Agente del Ministerio Público Titular de la Agencia Investigadora número II y Jefe de Grupo de la Policía Ministerial del Estado, ambos con sede en Apaseo el Grande, Guanajuato; que hizo consistir en esencia, como sigue: IV.- Acto reclamado.- La orden de aseguramiento de mi vehículo de motor Marca ***, dictada en mi contra dentro de la Carpeta de Investigación ***, que por el delito de daños, se lleva ante la responsable ordenadora; y de la ejecutora, su inminente ejecución. Acto que consideró violatorio de los derechos establecidos por los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda a este Juzgado Quinto de distrito en el Estado, siendo que, por auto pronunciado el ocho de noviembre de dos mil diecisiete, se registró con el número 1044/2017, que consecutivamente le correspondió, se admitió trámite, se solicitó de las autoridades señaladas como responsables su informe con justificación, se dio la vista que legalmente le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia Constitucional. Mediante proveído de dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, se tuvieron por rendidos los informes de ley de las autoridades señaladas como responsables y, atento al contenido de los mismos, se reconoció tal carácter a la Agencia del Ministerio Público Investigadora número I, de Apaseo el Grande, Guanajuato. Ahora bien, en el escrito que se da cuenta, el quejoso Pedro Jiménez Hernández, a través de su autorizado Ernesto Tierra Blanca Méndez, informa a este Tribunal Federal que le fue devuelto al referido peticionario del amparo, el vehículo de motor Marca Ford, Modelo 2000, con número de Serie 1FMZU62XOYZA90603, color azul, que se había sido asegurado en la Carpeta de Investigación 1000639/2017, del índice de la Agencia del Ministerio Público Investigadora número I, de Apaseo el Grande, Guanajuato. Ahora bien, precisado que fue el acto materia del reclamo Constitucional en el presente asunto, se destaca que, de las constancias que integran el Juicio de Amparo en que se actúa, específicamente de la manifestación formulada por el autorizado del quejoso bajo protesta de decir verdad, se advierte que le fue devuelto el vehículo de motor cuyo aseguramiento demandó ante esta instancia constitucional; por lo que, a consideración de este Tribunal Federal sobreviene un motivo manifiesto e indudable para sobreseerlo, incluso antes de que se celebre la Audiencia Constitucional programada para las nueve horas con veinte minutos de esta propia fecha. Así, se precisa entonces que debe sobreseerse en el Juicio de Amparo en que se actúa, virtud de que sobre el acto que reclama el quejoso ***, destacado en párrafos precedentes, se actualiza la causal de improcedencia establecida en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, acorde con las razones jurídicas siguientes: Debe asentarse en principio que el precepto legal y fracción invocados con antelación, literalmente disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; Pues bien, la causal de improcedencia prevista en el artículo y fracción mencionados, se actualiza cuando la autoridad responsable deroga, revoca o desaparece para la vida jurídica el acto reclamado en la vía de Amparo, pero además, con su actuación destruye todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación Constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado la protección Constitucional solicitada, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la Constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Lo anterior es así, toda vez que le fue devuelto al quejoso ***, el vehículo de motor que fue asegurado por la Agencia del Ministerio Público Investigadora número I, de Apaseo el Grande, Guanajuato, en la Carpeta de Investigación ***. En consecuencia, resulta incuestionable que con tal actuar, cesó en sus efectos el acto reclamado, en el caso, el aseguramiento del vehículo de motor ***, color azul, que había sido dictado en la Carpeta de Investigación ***, del índice de la Agencia del Ministerio Público Investigadora número I, de Apaseo el Grande, Guanajuato; pues le fue devuelto al peticionario del amparo; destruyéndose con ello los efectos de la violación reclamada en el presente Juicio de Amparo, lo que trae como consecuencia que se actualice la hipótesis de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 Constitucionales, y por ende debe decretarse el sobreseimiento del Juicio, acorde con lo dispuesto por el diverso ordinal 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal antes citado. Por su puntual aplicación, es de invocarse la tesis XLIX/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VIII, abril de 1988, materia Común, visible a página 242, correspondiente a la Novena Época, del siguiente tenor: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. También resulta aplicable la Jurisprudencia 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VIII, febrero de 1998, consultable en la página 210, también de la Novena Época, del siguiente contenido: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. De la misma forma, es aplicable la Jurisprudencia número 10/2003, contenida en la Contradicción de Tesis número 26/2002-PL, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, de fecha siete de febrero del dos mil tres, por unanimidad de votos, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cesión privada del catorce de febrero del dos mil tres; cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Sobreseimiento que debe hacerse extensivo respecto de los actos reclamados al Agente del Ministerio Público Titular de la Agencia Investigadora número II y Jefe de Grupo de la Policía Ministerial del Estado, ambos con sede en Apaseo el Grande, Guanajuato; sin mayor precisión con relación a la certeza o no de los actos que les fueron atribuidos, se insiste, al haber cesado los efectos del reclamo Constitucional por haberse devuelto al quejoso el vehículo de motor de su propiedad que le fue asegurado. En consecuencia, hágase la anterior circunstancia del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes, haciéndoles saber de igual forma, que por los motivos expuestos, no tendrá verificativo la Audiencia Constitucional que se encuentra fijada para las nueve horas con veinte minutos del día de la fecha. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 61, 63, 73, 74, 124, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve: RESUELVE ÚNICO. Se SOBRESEE el Juicio de Amparo promovido por ***, contra el acto que reclamo de los Agentes del Ministerio Público Titulares de las Agencias Investigadoras números I y II y Jefe de Grupo de la Policía Ministerial del Estado, todos con sede en Apaseo el Grande, Guanajuato; de conformidad con las consideraciones expuestas en los párrafos precedentes.
- Principal
Agréguese a sus autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales a que haya lugar, el oficio de cuenta signado por la autoridad JEFE DE GRUPO DE LA POLICÍA MINISTERIAL DEL ESTADO, CON SEDE EN APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO, en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el INFORME JUSTIFICADO que a su parte corresponde; con su contenido, dése vista a las partes para los efectos legales procedentes, sin perjuicio de hacer relación nuevamente al momento del desahogo de la audiencia constitucional. Téngase como prueba documental de la autoridad en cita, la que se adjunta al oficio que se acuerda, misma que se tiene por ofrecida, exhibida, admitida y desahogada, dada su propia y especial naturaleza, de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo. Por otra parte, visto el contenido del informe rendido por la citada autoridad, se advierte que dicha autoridad acepta la existencia de los actos que se le atribuyen y, precisa que la orden de aseguramiento del vehículo de motor marca ***, fue girada mediante oficio UTC001/2621/2017, por el Agente del Ministerio Público I, de Apaseo el Grande, Guanajuato, por tanto, se advierte la participación del Agente del Ministerio Público I, de Apaseo el Grande, Guanajuato; en los actos aquí reclamados. Ahora bien, tomando en consideración que no se ha cerrado o integrado la litis constitucional en este juicio de amparo y que el acto reclamado tiene directa relación con los originalmente planteados; de oficio y con fundamento en el artículo 111, en vinculación con el diverso numeral 108 fracción III, de la Ley de Amparo, se amplía la demanda promovida por el quejoso ***, en contra de la autoridad Agente del Ministerio Público I, de Apaseo el Grande, Guanajuato; y por los actos que se reclaman. Lo anterior con fundamento en el artículo 116 fracciones III y IV de la Ley de Amparo y la Tesis de Jurisprudencia VI.2o.C. J/240, localizable en la página 1339, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Enero de 2004, Novena Época, Materia Común, Instancia de los Tribunales Colegiados de Circuito; de epígrafe y texto siguiente: AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. SÓLO ES POSIBLE TRATÁNDOSE DE AUTORIDADES RESPONSABLES, ACTOS RECLAMADOS O CONCEPTOS DE VIOLACIÓN DISTINTOS A LOS ORIGINALMENTE PLANTEADOS, PERO QUE GUARDEN VINCULACIÓN CON ELLOS. La ampliación de la demanda de amparo es una figura jurídica creada por la jurisprudencia, que confiere al peticionario de garantías un derecho para incorporar a la litis constitucional ya iniciada, autoridades responsables, actos reclamados o conceptos de violación distintos a los originalmente planteados; sin embargo, el ejercicio de esta prerrogativa debe sujetarse a determinados requisitos de procedencia tales como el que no se haya cerrado o integrado la litis, que los nuevos actos tengan relación con los originalmente planteados, o bien, que al rendirse el o los informes justificados, de ellos se desprenda que fueron otras las autoridades que los llevaron a cabo, pero debe existir siempre una relación o vinculación con los actos primigenios, ya que de no existir ese elemento sine qua non, todos aquellos actos que pudieran causar perjuicio a la amparista podrán tener remedio, sí a través del juicio de garantías, pero a consecuencia de tantas demandas de amparo, como juicios o procedimientos de los que deriven los actos que le irroguen perjuicio existan, ya que en este supuesto no pueden incorporarse a una litis constitucional elementos que le son ajenos. Establecido lo anterior, requiérase a la nueva autoridad responsable Agente del Ministerio Público I, de Apaseo el Grande, Guanajuato, su informe justificado que deberá rendir dentro del término de quince días siguientes al en que reciba el oficio que contiene este proveído; sin embargo, deberá tomar en consideración el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que a la letra dice: Artículo 25. Protección Judicial 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. Por lo que si el asunto que nos ocupa no tiene mayor complejidad, se sugiere rendir su respetivo informe justificado con inmediatez, para privilegiar el juicio de amparo como el recurso sencillo y rápido, a que tiene derecho toda persona. En la inteligencia de que la autoridad responsable expondrá las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado; debiendo, en su caso, acompañar el expediente respectivo o bien copia certificada, legible, íntegra y ordenada de las constancias necesarias para apoyar el informe que emita. También, deberá informar a este Juzgado de las resoluciones que se dicten en el juicio de origen, así como de los recursos, o en su caso de distintos juicios de amparo que al efecto se interpongan. Asimismo, se requiere a las partes para que si tienen conocimiento de alguna causa de sobreseimiento lo comuniquen de inmediato a este Juzgado de la Federación y de ser posible, acompañen las constancias que la acrediten de conformidad con el artículo 64 de la Ley de Amparo; lo anterior sin perjuicio de lo establecido en el segundo párrafo del citado precepto legal, para el caso de que este órgano jurisdiccional advierta de oficio alguna causal de improcedencia no alegada por alguna de las partes. Se informa a dicha autoridad que la celebración de la AUDIENCIA CONSTITUCIONAL en el presente juicio de amparo; se encuentra programada para las nueve horas con veinte minutos del veintidós de noviembre de dos mil diecisiete. Por otra parte, se requiere a la autoridad responsable en cita, para que en términos de lo dispuesto por la fracción V, del artículo 63, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, informe de inmediato a este Órgano de Control Constitucional, si durante el trámite del Juicio de origen se llegare a presentar alguna causa notoria que diera lugar a decretar el sobreseimiento en el presente Juicio de Amparo, en especial si por cualquier circunstancia se da un cambio de situación jurídica, acorde con lo establecido por la fracción XVII, del numeral 61, de la Ley de Amparo; bajo el apercibimiento que de no cumplir con la anterior obligación, se le impondrá una multa de conformidad con el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo. Dése a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde.
- Principal
Agréguese a sus autos, para que obre como legalmente corresponda el oficio de cuenta, signado por la autoridad AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA AGENCIA INVESTIGADORA II, CON SEDE EN APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO, en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el INFORME JUSTIFICADO que a su parte corresponde; con su contenido, dése vista a las partes para los efectos legales procedentes, sin perjuicio de hacer relación nuevamente al momento del desahogo de la audiencia constitucional.
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