PEDRO MARTÍNEZ ARAIZA y Otros.

Expediente 466/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 16 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
466/2022
Año
2022
Actuaciones
16
Última actuación
04/10/2022

Partes del expediente

  • PEDRO MARTÍNEZ ARAIZA y Otros.
  • Pedro Martínez Araiza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de octubre de dos mil veintidós. Agréguese el oficio señalado en la cuenta al expediente en que se actúa, para los efectos legales consiguientes; en relación a su contenido, se provee: Se tiene al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo, acusando recibo de la remisión del recurso de revisión interpuesto contra la sentencia dictada en este asunto, el cual admitió a trámite y quedó registrado con el progresivo ******************** de su estadística. Notifíquese.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese el escrito señalado en la cuenta; en relación a su contenido, se provee: Se tiene al defensor particular de la parte quejosa interponiendo recurso de revisión contra la sentencia dictada en este asunto. Por tanto, con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, distribúyase entre las partes copia del escrito por el cual se interpone recurso de revisión contra el fallo emitido en este juicio de amparo y expresa agravios; y dentro del plazo de tres días, contados a partir del día siguiente al que se integre debidamente el expediente, remítase el original y copia del escrito de agravios y el cuaderno principal al Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, en turno. Fórmese cuaderno de antecedentes con las constancias más relevantes del trámite de este asunto, sin que sea necesario deducir más constancias, puesto que este juicio se encuentra integrado para su consulta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), como lo dispone el artículo 3º de la Ley de Amparo; por lo que de ser necesario, su consulta se hará por ese medio. Notifíquese; personalmente a la parte tercera interesada y a la agente del Ministerio Público adscrita.

  3. Principal

    "S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 466/2022, promovido por Pedro Martínez Araiza y Domitila Guzmán Olivera, por conducto de su defensor particular Amado Manuel Hernández Barcelos, en contra de un acto del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, en funciones de Juez de Control, con sede en San Bartolo Coyotepec. El problema jurídico en el presente asunto consiste en analizar, en caso de que se reúnan los requisitos procesales correspondientes, si el quejoso logra desvirtuar las consideraciones del Juez responsable, para emitir la resolución de dieciocho de abril de dos mil veintidós, dictada en la carpeta judicial OAX/000436/2020, en la se vinculó a proceso a Pedro Martínez Araiza y Domitila Guzmán Olivera, por su probable participación en la comisión del hecho que la ley señala como falsedad en declaración judicial previsto y sancionado en el artículo 261, fracción I de la Ley de Amparo. ANTECEDENTES De las documentales que obran en autos, se tiene acreditado que ante el Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, se radicó la carpeta judicial OAX/000436/2020, instruida en contra de Pedro Martínez Araiza y Domitila Guzmán Olivera, por su probable participación en la comisión del hecho que la ley señala como falsedad en declaración judicial previsto y sancionado en el artículo 261, fracción I de la Ley de Amparo. En audiencia de dieciocho de abril de dos mil veintidós, la Fiscalía solicitó la vinculación a proceso. En atención a dicha solicitud y a petición de la defensa para que se resolviera en esa misma audiencia la situación jurídica de los referidos imputados, el juez de origen determinó vincularlo a proceso por su probable participación en dicho ilícito. (Determinación que constituye el acto reclamado) TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO Pedro Martínez Araiza y Domitila Guzmán Olivera, por conducto de su defensor particular Amado Manuel Hernández Barcelos, presentaron un escrito el veinticinco de abril de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, mediante el cual solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la autoridad y por el acto que precisará en el apartado correspondiente. La parte quejosa señaló como derechos fundamentales violados los contenidos en los artículos 1°, 14 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes del acto reclamado; y, expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. La demanda de amparo se turnó el día de su presentación a este Juzgado de Distrito, la que se registró bajo el consecutivo 466/2022. Así, por auto de dos de mayo de dos mil veintidós, se admitió a trámite; se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; se otorgó intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado; se ordenó emplazar a la parte tercero interesada; y, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que previos diferimientos tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se discute la legalidad de actos emitidos por una autoridad de la jurisdicción del propio juzgado. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En el caso, el contenido integral de la demanda de amparo permite sostener que la parte quejosa reclama del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec: La determinación adoptada en audiencia de dieciocho de abril de dos mil veintidós, dictada en la carpeta judicial OAX/000436/2020, en la que se vinculó a proceso a Pedro Martínez Araiza y Domitila Guzmán Olivera, por su probable participación en la comisión del hecho que la ley señala como falsedad en declaración judicial previsto y sancionado en el artículo 261, fracción I de la Ley de Amparo. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS La existencia del acto reclamado al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, en funciones de Juez de Control, quedó legalmente acreditada a partir del informe justificado, en el que reconoció la existencia del acto que se le atribuye. Esa confesión se estiman suficiente para tener por acreditada la certeza o existencia del acto de disenso. Por tanto, se le tiene como plenamente probado en términos de la Tesis Jurisprudencial número 305, que sustentó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, visible en la foja 206 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, de rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse ésta como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo que se corroboró con el disco versátil digital relativo a la carpeta judicial OAX/000436/2020, que remitió en apoyo a su informe de ley, medio de prueba que adquiere valor probatorio pleno, al tenor de los normativos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2. Apoya lo antes dicho la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), visible en la página 703, Libro XXIII, Agosto de 2013, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." LEGITIMACIÓN Pedro Martínez Araiza y Domitila Guzmán Olivera, por conducto de su defensor particular en la carpeta judicial de origen, se encuentra legitimado para promover el presente juicio de amparo, en términos del numeral 6 de la Ley de Amparo, ya que la determinación en estudio los obliga a seguir su proceso bajo las medidas cautelares impuestas, lo que a su decir vulnera sus derechos fundamentales. OPORTUNIDAD El acto reclamado se notificó a la parte quejosa en la audiencia de dieciocho de abril de dos mil veintidós, y esa notificación surtió efectos al día siguiente, conforme al artículo 82 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El plazo de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo comenzó a correr el veinte de abril y concluyó el doce de mayo de dos mil veintidós, descontándose del cómputo los días veintitrés, veinticuatro y treinta de abril, uno, cinco, seis, siete y ocho de mayo de dos mil veintidós, por ser sábados, domingos e inhábiles por disposición del artículo 19 de la misma ley reglamentaria y normatividad del Consejo de la Judicatura Federal. En ese orden, al presentarse la demanda de manera electrónica el veinticinco de abril de dos mil veintidós-como se aprecia de la evidencia criptográfica anexa, se considera que es oportuna. PROCEDENCIA En el presente asunto no se advierte la actualización de ninguna causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61 de la Ley de Amparo. Tampoco se aprecia la concurrencia de alguna de las causales de sobreseimiento previstas en el diverso artículo 63 de la misma ley reglamentaria que obliguen a dar por concluido el juicio sin hacer una declaratoria sobre el acto reclamado, por lo que, a consideración de este juzgador, el amparo es procedente en términos del artículo 107, fracción V, del citado ordenamiento legal. ESTUDIO DEL ASUNTO Resulta innecesaria la transcripción de los conceptos de violación, al no existir dispositivo legal alguno que imponga esa obligación, máxime que a fin de cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad los mismos habrán de ser analizados al momento de estudiar la constitucionalidad de los actos reclamados. No obstante, sus argumentos torales de disenso, son los siguientes: No existen datos de prueba suficientes para acreditar el hecho que la ley señala como delito. No se aportó dato de prueba para demostrar la ventaja procesal en que incurrieron los ahora procesados con la promoción del juicio de amparo 460/2018 del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca. En la audiencia inicial la defensa hizo alusión a diversos datos de prueba; empero, el juez de origen fue omiso en tomarlos en cuenta, no se refirió a cada uno de ellos y menos mencionó el frado de convicción le generaba o el valor probatorio que les podría otorgar. Para poder atribuir una conducta criminal al sujeto, debe de saber la ilicitud de la conducta para poder atribuir al autor la realización de dicha conducta; situación que no se acreditó, por el contrario se desvirtuó y se vertieron datos de orden cronológico que acreditan que nunca se tuvo como presupuesto, el conocimiento de esgrimir un hecho delictivo; por ende, el juez de control, debió efectuar el análisis de error de prohibición y la actualización del mismo determina casos de ausencia de culpabilidad De la transcripción del numeral 261, fracción I de la Ley de Amparo, refiere que se impondrá pena de prisión al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado; empero, al ser la demanda promovida por el apoderado legal de los procesados, se debe aplicar rigurosamente el principio de legalidad en materia penal, previsto en el numeral 14 Constitucional, mismo que hace referencia a la taxatividad o exacta aplicación de la ley. Es decir, los ahora procesados no ostentaron la calidad especifica que requiere el tipo penal (quejoso o abogado autorizado del mismo juicio de amparo), por ello, se está en presencia de una causa de exclusión del delito denominado atipicidad. Para determinar si existe vulneración de derechos humanos en contra de los aquí quejosos, debemos puntualizar que el acto controvertido en estudio es el auto de vinculación a proceso emitido en la carpeta judicial de origen. Ahora, conviene destacar que los ordinales 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales disponen lo siguiente: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión." "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso. El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente." De la lectura de los dispositivos transcritos conduce a establecer que el auto de vinculación a proceso debe satisfacer ciertos requisitos formales y otros más de índole material, a saber: Requisitos de forma. Constitucionalmente se establece que en dicho fallo deben precisarse la conducta típica que se reprocha al imputado y el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución. Requisitos de fondo. Esa determinación debe apoyarse en datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su perpetración. Cabe aclarar que para dictar vinculación a proceso basta que los datos de prueba permitan establecer de manera idónea, pertinente y, en su conjunto, la probable intervención del inculpado en el hecho delictuoso imputado. Además, el auto de vinculación debe cumplir con los principios de legalidad y de seguridad jurídica previstos por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que de manera imperativa dispone que todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado, lo cual se traduce en la obligación del órgano judicial que emita una resolución de citar los preceptos legales en que se funde para ello y señalar las circunstancias especiales, las razones particulares o las causas inmediatas que haya tenido en consideración para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su perpetración. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 204, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, materia Común, Séptima Época, 1917-2000, página ciento setenta y seis, del contenido siguiente: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." Asimismo, la tesis XIII.P.A.30 P, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, abril de dos mil once, Novena Época, página mil doscientos veintiocho, que dice: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO PUEDEN VIOLARSE DERECHOS PÚBLICOS SUBJETIVOS DISTINTOS A LOS CONSAGRADOS EN EL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008 (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE OAXACA). El hecho de que el citado precepto constitucional establezca los requisitos de fondo y forma que todo auto de vinculación a proceso puede contener, no significa que para su dictado sólo deba cumplirse con dicho artículo. Ello es así, pues para que la afectación que sufre el gobernado en sus intereses, con motivo de ese acto de autoridad, pueda considerarse como válida, debe reunir, además de los mencionados requisitos, todas aquellas exigencias y condiciones contenidas en las garantías de seguridad jurídica consagradas en la Carta Magna, entre otras, que dicho auto conste por escrito, proceda de una autoridad judicial y se encuentre fundado y motivado; garantías que ante la imposibilidad material de encontrarse contenidas en un solo artículo, deben ser aplicadas armónicamente, a fin de dar certidumbre y protección al particular. En tal virtud se concluye que en el dictado del auto de vinculación a que se refiere el título octavo, Etapas del proceso, capítulo I, Etapa preliminar, sección 8, Vinculación del imputado a proceso, del Código Procesal Penal para el Estado de Oaxaca, pueden violarse derechos públicos subjetivos diversos a los que consagra el aludido precepto constitucional, lo que dependerá de que las autoridades cumplan o no con todas y cada una de las referidas garantías." El citado derecho constitucional de fundamentación y de motivación si bien resulta ser técnicamente un requisito formal que la determinación combatida debe cumplir, de igual forma tiene que ver directamente con los aspectos sustanciales de ésta, ya que los fundamentos y los motivos que el Juez de control plasme en su resolución constituyen la base en que descansa la acreditación de los elementos de fondo que exige el dispositivo 19 Constitucional, atinentes al establecimiento de que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su consumación. En ese sentido, atendiendo a la importancia que reviste el derecho fundamental de libertad que se ve afectado de manera indirecta con la resolución reclamada, la técnica del juicio de amparo impone al órgano de control constitucional el deber de circunscribirse a la valoración del juicio de prueba llevado a cabo por el Juez de control y resolver respecto de la constitucionalidad o no de dicho acto, sin que ello implique que este órgano de control constitucional sustituya a la responsable en la apreciación de los elementos de convicción, ya que únicamente se limita a analizar la legalidad de la valoración efectuada por la autoridad para determinar si se ajustó o no a los principios que rigen el debido proceso legal. Ahora bien, de la reproducción del disco versátil digital certificado que remitió la autoridad responsables, relativo a la carpeta judicial OAX000436/2020, se advierte lo siguiente: Audiencia de dieciocho de abril de dos mil veintidós (minutos de grabación en el disco versátil digital) PRIMERA PARTE 00:40 - El Juez de Control declara abierta la audiencia y se presentan las partes. 03:01 - El Juez de Control hace del conocimiento a los imputados el motivo de la audiencia inicial. 04:35 - En atención a las manifestaciones del asesor jurídico, el Juez de Control ordena un receso para que la parte ofendida del delito ingrese a la sala de audiencia. SEGUNDA PARTE 00:15 - Se reinicia la audiencia y se presenta la parte ofendida del delito, junto a sus asesores jurídicos. 05:25 - El Fiscal formula la imputación en contra de los imputados, por posible hechos que la ley señala como delito (Finaliza 08:35). 08:59 - El Juez de Control hace saber a los imputados su derecho a declarar o abstener, acto seguido los cuestionado si es su deseo hacerlo. Los imputados manifiestan que no es su deseo rendir declaración. 10:23 - En uso de la palabra el fiscal solicita se vincule a proceso a Pedro Martínez Araiza y Domitila Guzmán Olivera, por su probable participación en la comisión del hecho que la ley señala como falsedad en declaración judicial previsto y sancionado en el artículo 261, fracción I de la Ley de Amparo. De lo acontecido en la audiencia antes referida que este juzgador analiza, se llega a la conclusión que los conceptos de violación que hace valer la ahora parte quejosa devienen infundados e inoperantes. Se afirma lo anterior, ya que se respetó a los aquí quejosos el principio constitucional de presunción de inocencia, debido a que se les trató como tal, se le otorgó oportunidad de defensa al estar asistido por un defensor privado con cédula profesional registrada; se les hizo saber su derecho a guardar silencio o no declarar y la trascendencia de éste; su derecho a ofrecer pruebas, a la información, el conocimiento del motivo por el que estuvo en la sala de audiencias; y, su derecho a una impartición de justicia pronta. También, se cumplió con lo previsto por el ordinal 4 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que la audiencia se desahogó con apego a los principios rectores del proceso penal acusatorio y oral. Publicidad. Dicha audiencia fue pública, ya que así se aprecia y se hizo constar de las videograbaciones que remitió el juez del proceso en apoyo a su informe justificado. Inmediatez. Se advierte que la participación de las partes fue ininterrumpida, sin intermediarios. Contradicción. Se aprecia que las partes ejercieron libremente su derecho a controvertir los datos de convicción comunicados e incorporados verbalmente. Continuidad y concentración. En razón de que los actos desarrollados en la audiencia se realizaron en una sola, se llevaron a cabo con los recesos indispensables propios por la naturaleza de este tipo de procedimiento y todo, en forma oral. Es aplicable, en lo conducente la jurisprudencia 11/2014 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro tres, febrero de dos mil catorce, Tomo I, página 396, de la literalidad siguiente: "DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO. Dentro de las garantías del debido proceso existe un "núcleo duro", que debe observarse inexcusablemente en todo procedimiento jurisdiccional, y otro de garantías que son aplicables en los procesos que impliquen un ejercicio de la potestad punitiva del Estado. Así, en cuanto al "núcleo duro", las garantías del debido proceso que aplican a cualquier procedimiento de naturaleza jurisdiccional son las que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha identificado como formalidades esenciales del procedimiento, cuyo conjunto integra la "garantía de audiencia", las cuales permiten que los gobernados ejerzan sus defensas antes de que las autoridades modifiquen su esfera jurídica definitivamente. Al respecto, el Tribunal en Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 47/95, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, diciembre de 1995, página 133, de rubro: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.", sostuvo que las formalidades esenciales del procedimiento son: (i) la notificación del inicio del procedimiento; (ii) la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; (iii) la oportunidad de alegar; y, (iv) una resolución que dirima las cuestiones debatidas y cuya impugnación ha sido considerada por esta Primera Sala como parte de esta formalidad. Ahora bien, el otro núcleo es identificado comúnmente con el elenco de garantías mínimo que debe tener toda persona cuya esfera jurídica pretenda modificarse mediante la actividad punitiva del Estado, como ocurre, por ejemplo, con el derecho penal, migratorio, fiscal o administrativo, en donde se exigirá que se hagan compatibles las garantías con la materia específica del asunto. Por tanto, dentro de esta categoría de garantías del debido proceso, se identifican dos especies: la primera, que corresponde a todas las personas independientemente de su condición, nacionalidad, género, edad, etcétera, dentro de las que están, por ejemplo, el derecho a contar con un abogado, a no declarar contra sí mismo o a conocer la causa del procedimiento sancionatorio; y la segunda, que es la combinación del elenco mínimo de garantías con el derecho de igualdad ante la ley, y que protege a aquellas personas que pueden encontrarse en una situación de desventaja frente al ordenamiento jurídico, por pertenecer a algún grupo vulnerable, por ejemplo, el derecho a la notificación y asistencia consular, el derecho a contar con un traductor o intérprete, el derecho de las niñas y los niños a que su detención sea notificada a quienes ejerzan su patria potestad y tutela, entre otras de igual naturaleza." Por otra parte, en cuanto a los requisitos de fondo, cabe precisar que en el auto de vinculación a proceso el derecho fundamental de legalidad previsto en el artículo 16 constitucional, se satisface con una correcta y sana crítica de los datos de prueba relacionados. Para lo cual deben observarse las reglas de la lógica, conjugado con los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia en la valoración de aquellos elementos (individual y global), que han servido de base, y que llevan a establecer si los datos de prueba son suficientes para establecer la existencia de un hecho calificado por la ley como delito y, después, la probabilidad de que los imputados lo cometieron. En ese contexto, del análisis de las audiencia en la cual se emitió la determinación reclamada, se advierte que con acierto el juez responsable, estimó que los hechos materia de imputación se describen como el delito de falsedad en declaraciones judiciales previsto y sancionado en el artículo 261, fracción I de la Ley de Amparo. Ilícito previsto en la Ley de Amparo, el cual es del tenor siguiente: "CAPÍTULO III Delitos Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos." Énfasis propio. Ahora, en cuanto a la valoración de los datos de prueba para establecer la existencia de un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que en el auto de vinculación a proceso, para satisfacer el requisito relativo a que la ley señale el hecho imputado como delito, basta con que el juez encuadre la conducta prohibida por la norma penal, de manera que permita identificar las razones que lo llevan a determinar el tipo penal aplicable. Sostuvo que el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal. Lo anterior es así, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio. Esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que, con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito -sostuvo-, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Dicho nivel de exigencia -dijo-, es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada; es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Bien, los datos de prueba que aportó la Fiscalía, los cuales son los siguientes: La denuncia de once de diciembre de dos mil diecinueve interpuesta por el presidente de Comisariado de Bienes Comunales de San Francisco Cozoaltepec, Santa María Tonameca, San Pedro Pochutla, Oaxaca (12:30). Copia certificada de la demanda de amparo promovida por el Ramito Ruiz Bravo apoderado legal de los ahora imputados, registrada bajo el consecutivo 460/2018 del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca. En la cual en el apartado de antecedentes de los actos reclamados manifiesta ser propietarios de una fracción de terreno rustico en San Francisco Cozoaltepec, Santa María Tonameca, San Pedro Pochutla, Oaxaca. Señalan como acto reclamado la privación de la propiedad del citado inmueble (13:18). Instrumento notarial dos mil setecientos dieciséis (2716), del protocolo de la Notario Público número 87 del Estado de Oaxaca, en el cual hace constar el poder para pleitos y cobranzas, administración y actos de dominio otorgado por Pedro Martínez Araiza y Domitila Guzmán Olivera a favor de Ramiro Ruiz Bravo (14:15). Copia certificada de la admisión de la demanda de amparo deducida del expediente 460/2018 del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca (15:03). Oficio 129/2018 suscrito por el Registrador de la Función Registral de Pochutla, dirigido a Pedro Martínez Araiza, en el que le hace del conocimiento que no es posible emitir un certificado de libertad de gravámenes del ya multicitado inmueble, debido a la cancelación total por una compraventa especificada en el instrumento notarial siete mil ciento ocho (7,108) del protocolo de la Notario Público Número Sesenta y Ocho del Estado de Oaxaca de veintiséis de septiembre de dos mil dos, inscrita el cinco de julio de dos mil dieciocho (15:36). Informe de la Notario Público Número Sesenta y Ocho del Estado de Oaxaca de dos de marzo de dos mil veinte, dirigido al Agente Ministerial Federal, en el que le hizo del conocimiento que el veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, la señora Silvia Ruth Holm Audelo, solicitó sus servicios para formalizar una compraventa respecto de un terreno rustico en San Francisco Cozoaltepec, Santa María Tonameca, San Pedro Pochutla, Oaxaca, a favor de sus hijos, formalizada el veintiséis de septiembre de dos mil dos (19:11). Copia certificada del instrumento notarial siete mil ciento ocho (7,108) del protocolo de la Notario Público Número Sesenta y Ocho del Estado de Oaxaca de veintiséis de septiembre de dos mil dos, relativo a un contrato de compraventa del aludido inmueble entre Pedro Martínez Araiza y Domitila Guzmán Olivera quienes fungieron como vendedores y Silvia Ruth Holm Audelo como compradora, a favor de sus hijos (21:43). Dictamen en materia de documentos cuestionados de grafoscopía forense emitido el veintinueve de mayo de dos mil veintiuno por el perito Jaciel Rendón Bravo, en el que hace constar y concluye que las firmas que obran en el contrato de compraventa del instrumento notarial siete mil ciento ocho (7,108) del protocolo de la Notario Público Número Sesenta y Ocho del Estado de Oaxaca de veintiséis de septiembre de dos mil dos, son auténticas y pertenecientes a los imputados Pedro Martínez Araiza y Domitila Guzmán Olivera, en comparación con las firmas aportadas para su cotejo (22:23). Constancia de registro de ingreso de dos de julio de dos mil dieciocho, expedida por el Registrador Público de la Propiedad, en el que hace constar con carácter de definitivo la compraventa respecto del aludido inmueble entre Pedro Martínez Araiza y Domitila Guzmán Olivera quienes fungieron como vendedores y Silvia Ruth Holm Audelo como compradora, a favor de sus hijos (25:22). La defensa de los imputados refiere que existen diversos datos de prueba en la carpeta de investigación y que el fiscal omitió precisar, los cuales son los siguientes: Expuso una remembranza del historial de litigios sobre el bien inmueble que otorga el reconocimiento de la propiedad a Pedro Martínez Araiza y Domitila Guzmán Olivera, los cuales obran en la carpeta de investigación. Acuse de recibo de la demanda de nulidad de tres de diciembre de dos mil dieciocho, radicada ante el Juez Terceo Civil del Fuero Común, respecto a la existencia del contrato de compraventa descrito en el instrumento notarial siete mil ciento ocho (7,108) del protocolo de la Notario Público Número Sesenta y Ocho del Estado de Oaxaca de veintiséis de septiembre de dos mil dos, entre Pedro Martínez Araiza y Domitila Guzmán Olivera quienes fungieron como vendedores y Silvia Ruth Holm Audelo como compradora, a favor de sus hijos y autorizado veinte de junio de dos mil dieciocho (48:45). Acuse de recibo de una denuncia de extorción presentada ante la Fiscalía General del Estado de Oaxaca por parte Pedro Martínez Araiza, en la cual exponen que diversos sujetos lo amedrentaron para firmar documentos tendentes a ceder el inmueble en controversia (51:10). Informe solicitado al Director del Hospital General Aurelio Valdivieso, en el cual se expone en lo que aquí interesa que el día de la compraventa del inmueble en cuestión el imputado Pedro Martínez Araiza se encontraba hospitalizado. Lo anterior al contar con un ingreso el veinticinco de septiembre de dos mil dos y egreso veintisiete siguiente, así como un diverso ingreso el diez de noviembre de dos mil doce sin requerir hospitalización (01:00:38). Dictamen pericial de quince de julio de dos mil veintiuno, rendido por un perito licenciado en criminología (allegado por la parte imputada), en el cual concluye que las firmas cuestionadas del contrato de compraventa multicitado, no provienen de un mismo origen grafico; es decir, fueron signadas por personas distintas a Pedro Martínez Araiza y Domitila Guzmán Olivera. Por consiguiente, el juez de origen indicó que con los datos de prueba se acreditan de manera probable los hechos siguientes: El instrumento notarial siete mil ciento ocho (7,108) del protocolo de la Notario Público Número Sesenta y Ocho del Estado de Oaxaca de veintiséis de septiembre de dos mil dos, relativo a un contrato de compraventa de un terreno rustico en San Francisco Cozoaltepec, Santa María Tonameca, San Pedro Pochutla, Oaxaca, con las medidas al norte 1900 metros colinda con propiedad de José Alfredo, Ada y Maribel de apellidos Martínez García; al sur 1458 metros, colinda con la barra de Tilzapote; al oriente 2363.12 metros, colinda con propiedad de Lorenzo Galguera y Julia Galguera viuda de Alonso; y, al poniente 2029.66 metros colinda con terrenos de la testamentaría de J.M. Pacheco, arroyo arena de por medio, entre Pedro Martínez Araiza y Domitila Guzmán Olivera quienes fungieron como vendedores y Silvia Ruth Holm Audelo como compradora, a favor de sus hijos. A solicitud del imputado Pedro Martínez Araiza, el Registrador de la Función Registral de Pochutla emitió el oficio 129/2018 de catorce de agosto de dos mil dieciocho, en el que le hace del conocimiento que no es posible emitir un certificado de libertad de gravámenes del citado inmueble, debido a la cancelación total por una compraventa especificada en el instrumento notarial siete mil ciento ocho (7,108) del protocolo de la Notario Público Número Sesenta y Ocho del Estado de Oaxaca de veintiséis de septiembre de dos mil dos, inscrita el cinco de julio de dos mil dieciocho. La demanda de amparo promovida el doce de noviembre de dos mil dieciocho, por los imputados Pedro Martínez Araiza y Domitila Guzmán Olivera, por conducto de su apoderado legal Ramiro Ruiz Bravo, en la cual reclaman la desposesión de un terreno rustico en San Francisco Cozoaltepec, Santa María Tonameca, San Pedro Pochutla, Oaxaca, con las medidas al norte 1900 metros colinda con propiedad de José Alfredo, Ada y Maribel de apellidos Martínez García; al sur 1458 metros, colinda con la barra de Tilzapote; al oriente 2363.12 metros, colinda con propiedad de Lorenzo Galguera y Julia Galguera viuda de Alonso; y, al poniente 2029.66 metros colinda con terrenos de la testamentaría de J.M. Pacheco, arroyo arena de por medio. En dicha demanda refieren ante el juez de amparo que el predio es de su propiedad. La referida demanda se registró bajo el consecutivo 460/2018 del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, en la cual Pedro Martínez Araiza y Domitila Guzmán Olivera, son parte quejosa. La presentación de la demanda de amparo no fue un hecho controvertido por la defensa. Precisado lo anterior, en el caso, este juzgado federal considera que correctamente la autoridad responsable estimó que la existencia de los hechos que la ley señala como delito de falsedad en declaraciones judiciales previsto y sancionado en el artículo 261, fracción I de la Ley de Amparo, a título de probabilidad. Cabe precisar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver al amparo en revisión 163/2014, tocó el tema del ilícito que nos ocupa, en la cual en lo que aquí interesa señala lo siguiente: Determinación del sujeto activo. En la norma penal se exige que el sujeto activo tenga la calidad específica de "quejoso", es quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la Ley de Amparo y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; acorde a lo establecido en la fracción I del artículo 5 de la referida legislación a partir del 3 de abril de 2013. La delimitación de la conducta típica. Se precisa que la conducta tiene dos formas de realización, por acción u omisión. La primera, a través de afirmar hechos falsos; mientras que la segunda, mediante la omisión de los hechos que le consten al propio sujeto activo. Conductas que debe recaer sobre un objetivo específico, es decir, que la afirmación falsa o la omisión sobre hechos que le consten al sujeto activo sean en relación con el acto reclamado, en términos de lo prescrito en el artículo 261, fracción I, de la vigente Ley de Amparo. La referencia a hechos relacionados con el acto reclamado está claramente dirigida a evidenciar que se trata de circunstancias relevantes del mismo, cuyo conocimiento es necesario por parte del órgano de control constitucional para determinar el resultado del juicio. Entre estos datos pueden incluirse los antecedentes del acto reclamado, el acto concreto que se reclama, la fecha en que se tuvo conocimiento del mismo, la autoridad que lo emitió o que lo está ejecutando, etcétera. La importancia de informar estos hechos al órgano judicial que conoce del amparo tiene una clara relación con la trascendencia del juicio de amparo, como medio de control constitucional, y que comprende al mismo tiempo la protección del bien jurídico tutelado por la norma penal especial que es la correcta y eficaz la impartición de justicia, que pudiera alterarse con la afirmación de hechos falsos o la omisión de los que le consten al sujeto activo de manera que conduzcan al error al órgano de control constitucional, como causa generadora al mismo tiempo de un fraude procesal. Se introduce como parte del tipo penal del delito de violación a la ley de amparo el elemento subjetivo específico relativo al "propósito de obtener una ventaja procesal indebida". Afirmación que tiene sustento también en la racionalidad de la creación de la norma penal por parte del legislador, porque las conductas descritas en el tipo penal y que se quieren evitar, relativas a la producción de un fraude procesal en el juicio de amparo o la afectación a la impartición eficaz de la justicia, indefectiblemente son perpetradas por el sujeto activo con la finalidad de obtener una ventaja procesal indebida. Intencionalidad o propósito que se refleja cuando en la demanda de amparo el sujeto activo afirma hechos falsos u omite aquellos que le constan, que pudieran resultarles perjudiciales, con la clara intención de obtener una sentencia favorable que se traduzca en un beneficio directo; pero también es palpable cuando se incurre en la conducta de promoción excesiva de juicios de amparo respecto del mismo acto reclamado, con el objetivo de obtener un fallo a su favor en virtud de que previamente ya se le había negado el amparo; así como, cuando la intensión es impedir la ejecución del acto reclamado o retrasar la tramitación del juicio del que deriva el acto que se reclama en el juicio de amparo. Sobre esa base, el juez responsable actuó legalmente al establecer que los hechos fácticos que calificó como delito de falsedad en declaración judicial, y la probabilidad de que los quejosos participaron en su comisión, derivó de la concatenación de los datos de prueba reseñados con anterioridad, en específico el instrumento notarial siete mil ciento ocho (7,108) del protocolo de la Notario Público Número Sesenta y Ocho del Estado de Oaxaca de veintiséis de septiembre de dos mil dos, relativo a un contrato de compraventa del terreno rustico que nos ocupa, entre Pedro Martínez Araiza y Domitila Guzmán Olivera quienes fungieron como vendedores y Silvia Ruth Holm Audelo como compradora, a favor de sus hijos; el oficio 129/2018 suscrito por el Registrador de la Función Registral de Pochutla emitido el catorce de agosto de dos mil dieciocho; y, la demanda de amparo 460/2018 del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca. Los cuales, contrario a la pretensión de la parte quejosa, fueron apreciados correctamente por el juez de control responsable de acuerdo con las reglas de la valoración de la prueba (sana crítica), en términos del numeral 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y atendiendo a las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia. Ello, pues analizado en su conjunto los datos de prueba referidos, se advierte que son idóneos y pertinentes para establecer a manera de probabilidad los aquí quejosos Pedro Martínez Araiza y Domitila Guzmán Olivera, participaron en los hechos que la ley describe como el delito de que se le imputa, hasta ese momento como autores de dicha conducta. En efecto, de la información obtenida precisa que Pedro Martínez Araiza y Domitila Guzmán Olivera, el doce de noviembre de dos mil dieciocho, promovieron la demanda de amparo 460/2018 del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, en la que manifestaron bajo protesta de decir verdad, hechos falsos a través de su apoderado legal, consistente en ser propietarios de un terreno rustico en San Francisco Cozoaltepec, Santa María Tonameca, San Pedro Pochutla, Oaxaca, con las medidas al norte 1900 metros colinda con propiedad de José Alfredo, Ada y Maribel de apellidos Martínez García; al sur 1458 metros, colinda con la barra de Tilzapote; al oriente 2363.12 metros, colinda con propiedad de Lorenzo Galguera y Julia Galguera viuda de Alonso; y, al poniente 2029.66 metros colinda con terrenos de la testamentaría de J.M. Pacheco, arroyo arena de por medio. Lo anterior, pese a que ya sabían la existencia del contrato de compraventa del referido inmueble protocolizado en el instrumento notarial siete mil ciento ocho (7,108) pasado ante la fe del Notario Público Número Sesenta y Ocho del Estado de Oaxaca de veintiséis de septiembre de dos mil dos. Es decir, los imputados sabían de la existencia del contrato de compraventa donde se vendió el aludido predio y pese a ello promovieron la acción Constitucional señalando que el referido inmueble es de su propiedad. Máxime que así lo reconoció la defensa de los imputados en el minuto 49:57 de la audiencia en estudio, relativo a que el catorce de agosto de dos mil dieciocho, se enteró de la existencia de la compraventa de mérito, al solicitar el imputado al Registrador de la Función Registral de Pochutla, un certificado de libertad de gravámenes del terreno rustico; empero, le fue negado debido a la existencia del contrato de compraventa ya inscrito. No obstante ello, el doce de noviembre de ese mismo año, los ahora imputados promovieron la demanda de amparo 460/2018 del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, en el que manifestaron bajo protesta de decir verdad que eran propietarios del citado terreno rustico. Por lo anterior, se coincide con el juzgador de control de origen, a manera de probabilidad se advierte su participación en los hechos que la ley señala como delito. De ahí que los datos de prueba relatados por la Fiscalía sean aptos para acreditar, a título de probabilidad, la conducta desplegada por los imputados; la cual, desde luego, incursiona en el campo de lo ilícito, y por ende, hasta esta etapa procesal, son suficientes para vincularlos a proceso. En efecto, con el instrumento notarial siete mil ciento ocho (7,108) del protocolo de la Notario Público Número Sesenta y Ocho del Estado de Oaxaca de veintiséis de septiembre de dos mil dos, se acredita de manera probable la compraventa del terreno rustico que nos ocupa, entre Pedro Martínez Araiza y Domitila Guzmán Olivera quienes fungieron como vendedores y Silvia Ruth Holm Audelo como compradora, a favor de sus hijos. El oficio 129/2018 suscrito por el Registrador de la Función Registral de Pochutla emitido el catorce de agosto de dos mil dieciocho, acredita que probablemente el imputado Pedro Martínez Araiza, tuvo conocimiento que el inmueble en cuestión salió de su acervo de propiedades. Mientras que la promoción de la demanda de amparo 460/2018 del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, en el que aducen que son propietarios del bien inmueble, cuando ya no lo eran, acreditan de manera probable la falsedad de declaración judicial. Se explica. El estándar probatorio exigido para la emisión de un acto de autoridad, como el ahora analizado, es mínimo, puesto que no se necesita comprobar plenamente el hecho delictivo, con cada uno de sus elementos típicos, sino que únicamente se requiere que existan indicios razonables, que representan un estado de convencimiento de probabilidad, a través de un hecho indicador (dato probatorio) de cada uno de sus elementos y no convencimiento fuera de toda duda razonable. Lo anterior, es contrario a lo que acontece al emitir una sentencia definitiva dictada en juicio oral, pues esta determinación sí debe basarse en pruebas plenas desahogadas ante el juez de juicio, distinto de quien emitió la vinculación a proceso, y en esa etapa, la convicción de su culpabilidad debe ser más allá de toda duda razonable, como lo disponen los artículos 359 y 402 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por ende, en el estado de investigación inicial (en el que actualmente se encuentra el procedimiento de origen), no se habla de prueba, sino de dato de prueba (fuente de prueba), que constituye la información que proporciona el Ministerio Publico o Fiscalía y que el juez de control no puede valorar, al no desahogarse ante su potestad. Sirve de sustento la jurisprudencia 1a./J. 35/2017 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 45, agosto de 2017, tomo I, página 360, que señala: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley." Bien, como se adelantó los conceptos de violación expuestos por el defensor particular de los quejosos, devienen inoperantes e infundados. Tocante al marcado en el inciso i), en el que aduce no existen datos de prueba suficientes para acreditar el hecho que la ley señala como delito. Dicho concepto de violación deviene infundado. Como bien se indicó en párrafos precedentes, la fiscalía presentó diversos datos de prueba, a los cuales el juez de control otorgó mayor valor indiciario a diversas documentales donde se acredita de manera probable la participación del hecho delictivo. Se reitera, el instrumento notarial siete mil ciento ocho (7,108) del protocolo de la Notario Público Número Sesenta y Ocho del Estado de Oaxaca de veintiséis de septiembre de dos mil dos, relativo a un contrato de compraventa del terreno rustico que nos ocupa, entre Pedro Martínez Araiza y Domitila Guzmán Olivera quienes fungieron como vendedores y Silvia Ruth Holm Audelo como compradora, a favor de sus hijos; el oficio 129/2018 suscrito por el Registrador de la Función Registral de Pochutla emitido el catorce de agosto de dos mil dieciocho; y, la demanda de amparo 460/2018 del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca. La cual hasta ese momento procesal no fueron desvirtuadas con prueba idónea por la defensa y por ende con dichos datos de prueba, se acredita de manera probable que los ahora imputados vertieron hechos falsos al promover la demanda de amparo, pese a que tenían conocimiento de que legalmente (sin prejuzgar que con posterioridad se demuestre la falsedad de la escritura pública controvertida) ese inmueble ya había salido de su acervo patrimonial. Por ende, contrario a lo señalado por la parte quejosa, si existen datos de prueba que sustentan el auto de vinculación a proceso sometido a estudio Constitucional. En el concepto de violación marcado en el inciso ii), refiere que no se demostró la ventaja procesal en que incurrieron los ahora procesados con la promoción del juicio de amparo 460/2018 del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca. De igual forma dicho concepto de violación es infundado. Como bien se precisó en párrafos precedentes, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, indicó que se introdujo en el tipo penal del delito de violación a la ley de amparo el elemento subjetivo específico relativo al "propósito de obtener una ventaja procesal indebida". Esta intencionalidad o propósito, se refleja cuando en la demanda de amparo el sujeto activo afirma hechos falsos u omite aquellos que le constan, que pudieran resultarles perjudiciales, con la clara intención de obtener una sentencia favorable que se traduzca en un beneficio directo. Por consiguiente, contrario a lo que sostiene la parte quejosa el juez de control correctamente indicó que se acreditaba de manera probable la ventaja procesal, con el simple hecho de presentar la demanda de amparo afirmando hechos falsos como se actualiza en el caso en estudio. Es decir, es la intención de promover en instancia Constitucional vertiendo hechos falsos ante un Juez de Distrito de Amparo, lo cual se corroboró con el dato de prueba consistente en copia certificada de la demanda de amparo y auto de radicación relativo. En el concepto de violación marcado con el inciso iii), la parte quejosa expone que en la audiencia inicial hizo alusión a diversos datos de prueba; empero, el juez de origen fue omiso en tomarlos en cuenta, no se refirió a cada uno de ellos y menos mencionó el grado de convicción le generaba o el valor probatorio que les podría otorgar. De igual forma dicho argumento es infundado. Basta con imponernos del audio y video que remitió el juez responsable, en el que efectivamente la defensa expuso una remembranza del historial de litigios sobre el bien inmueble que otorga el reconocimiento de la propiedad a Pedro Martínez Araiza y Domitila Guzmán Olivera, los cuales obran en la carpeta de investigación; hizo saber que en la carpeta de investigación existe el acuse de recibo de la demanda de nulidad de tres de diciembre de dos mil dieciocho, radicada ante el Juez Terceo Civil del Fuero Común, respecto a la existencia del contrato de compraventa descrito en el instrumento notarial siete mil ciento ocho (7,108) del protocolo de la Notario Público Número Sesenta y Ocho del Estado de Oaxaca de veintiséis de septiembre de dos mil dos; acuse de recibo de una denuncia de extorción presentada ante la Fiscalía General del Estado de Oaxaca por parte Pedro Martínez Araiza, en la cual exponen que diversos sujetos lo amedrentaron para firmar documentos tendentes a ceder el inmueble en controversia; informe solicitado al Director del Hospital General Aurelio Valdivieso, en el cual se expone en lo que aquí interesa que el día de la compraventa del inmueble en cuestión el imputado Pedro Martínez Araiza se encontraba hospitalizado y, dictamen pericial de quince de julio de dos mil veintiuno, rendido por un perito licenciado en criminología (allegado por la parte imputada), en el cual concluye que las firmas cuestionadas del contrato de compraventa multicitado, no provienen de un mismo origen grafico; es decir, fueron signadas por personas distintas a Pedro Martínez Araiza y Domitila Guzmán Olivera. Empero, a criterio del juez de control y este Juzgador de Amparo comparte, si los tomó en consideración; sin embargo, ninguno de ellos logra desvirtuar los hechos falsos que se citaron en la demanda de amparo, en la que los imputados tienen el carácter de quejosos. En específico la manifestación que actualmente son propietarios del multicitado terreno rustico en San Francisco Cozoaltepec, Santa María Tonameca, San Pedro Pochutla, Oaxaca, cuando existe un instrumento pasado ante la fe de un Notario Público, en la cual se deduce lo contrario. La mayoría de los datos de prueba tratan de evidenciar que el contrato de compraventa descrito en el instrumento notarial siete mil ciento ocho (7,108) del protocolo de la Notario Público Número Sesenta y Ocho del Estado de Oaxaca de veintiséis de septiembre de dos mil dos, es apócrifo; empero, como bien lo señaló el juez de control, eso será materia de una diversa instancia. Finalmente, respecto a los conceptos de violación marcados en los incisos iv) y v), devienen inoperantes. Dichos argumentos refieren que el juez de control, debió efectuar el análisis de error de prohibición y que de la transcripción del numeral 261, fracción I de la Ley de Amparo, refiere que se impondrá pena de prisión al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado; empero, al ser la demanda promovida por el apoderado legal de los procesados, se debe aplicar rigurosamente el principio de legalidad en materia penal, previsto en el numeral 14 Constitucional, mismo que hace referencia a la taxatividad o exacta aplicación de la ley. Es decir, los ahora procesados no ostentaron la calidad especifica que requiere el tipo penal (quejoso o abogado autorizado del mismo juicio de amparo), por ello, se está en presencia de una causa de exclusión del delito denominado atipicidad. Se califican de inoperantes dichos conceptos, debido a la etapa procesal en estudio y el estándar probatorio para el dictado del auto de vinculación, ya que no es imperativo para el juez de control realice el análisis subjetivo de error de prohibición que refiere y que se compruebe la calidad específica del sujeto activo, al ser este un elemento normativo de la descripción típica de la hipótesis delictiva contenida en el artículo 261, fracción I de la Ley de Amparo, aspectos que, en todo caso, será materia del juicio oral y consecuentemente en la sentencia que corresponda. Máxime que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 335, penúltimo párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales, la clasificación legal incluso puede variar al momento de la acusación cuando se inicia la etapa intermedia, de ahí que para la emisión del auto de vinculación a proceso no se exija acreditar los extremos que señala la parte quejosa. DECISIÓN De acuerdo con las consideraciones expuestas, al resultar infundados e inoperantes los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa y al no advertir deficiencia de la queja que deba ser suplida en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, lo procedente es negar el amparo y la protección de la Justicia Federal. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Pedro Martínez Araiza y Domitila Guzmán Olivera, en contra del acto reclamado al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, por los motivos expuestos en el apartado IX del presente fallo. Notifíquese personalmente."

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, uno de julio de dos mil veintidós. Agréguense el oficio y anexo señalados en la cuenta para que surtan sus efectos legales correspondientes; en relación a su contenido, se tiene al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca proporcionando la denominación correcta de a quien le compete el carácter de tercero interesado conforme a la hipótesis establecida en el precepto 5, fracción III, inciso c) de la Ley de Amparo. En ese sentido, conforme al artículo 5, fracción III, inciso c) de la Ley de Amparo, le corresponde el carácter de tercero interesado a ********************en su carácter de presidente del ********************por ser la víctima del delito en la causa penal del que deriva este juicio de amparo. Por tanto, con apoyo en los numerales 26, fracción I, inciso b), y 27, fracción I, de la citada ley reglamentaria, se comisiona al actuario adscrito para que se haga presente en el domicilio proporcionado por la autoridad responsable. Una vez cerciorado que es el correcto en donde se puede localizar a la parte tercera interesada, por conducto de su asesora jurídica ******************** [como lo indica la autoridad responsable] con copia simple de la demanda le corra traslado, la emplace a juicio para que comparezca al procedimiento constitucional si a sus intereses conviene y le notifique este proveído y el diverso emitido el pasado dos de mayo, asimismo, la requiera para que dentro del plazo de tres días contados a partir de su notificación, señale domicilio para recibir notificaciones en la zona metropolitana de Oaxaca de Juárez. Apercibida que de no hacerlo, la subsecuente de carácter personal, sin ulterior acuerdo, se le hará mediante lista de acuerdos, en términos del precepto 26, fracción III, de la Ley de Amparo. Hágase del conocimiento que se encuentra señalada las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del veintidós de julio de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese; personalmente a la parte tercera interesada.

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