Pedro Manuel López Herrera
Expediente 812/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 8 actuaciones registradas, la última del 26 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 812/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 26/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Pedro Manuel López Herrera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de agosto de dos mil veintidós. Agréguese el escrito señalado en la cuenta para que surtan sus efectos legales correspondientes; en relación a su contenido y como lo solicita el autorizado de la parte quejosa -con las amplias facultades del precepto de la Ley de Amparo- se comisiona a la analista jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para que realice la cancelación del usuario SALVADORRIOSHERNÁNDEZ para que ya no pueda consultar el expediente electrónico relativo a este sumario por medio del portal de servicios del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de agosto de dos mil veintiuno. Del estado procesal de autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo para que las partes tengan conocimiento del informe justificado que se agregó en determinación emitida el pasado veinte de agosto. En consecuencia, la audiencia constitucional señalada para hoy se difiere para las catorce horas con veinticinco minutos del veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno. Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de agosto de dos mil veintiuno. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, agréguense los informes justificados de cuenta y téngase a la presidenta de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Superior de Justicia Administrativa, ofreciendo como medio de convicción la documental que exhibe, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional; dese vista a las partes. Notifíquese.
- Incidental
RESOLUCIÓN Mediante la que se resuelven los autos del incidente de suspensión, relativo al juicio de amparo indirecto 812/2021, promovido por ***************, en contra del acto de las autoridades que se mencionan más adelante. I. ANTECEDENTES Según consta en autos, a juicio de la parte quejosa, las autoridades señaladas como responsables ha omitido realizar y ejecutar las acciones legales correspondientes para asegurar y hacer cumplir íntegramente los términos de la sentencia dictada en el juicio contencioso administrativo 1347/19-15-01-4. Por ello, estima que dicha autoridad viola en su perjuicio los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 17 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. II. TRÁMITE La demanda de amparo fue recibida en la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito, el veintisiete de julio de dos mil veintiuno. La parte quejosa señaló como autoridades responsables y acto reclamado los siguientes: A) DE LOS INTEGRANTES DE LA DE LA SALA REGIONAL DEL SURESTE DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD DE OAXACA DE JUÁREZ. 1.- La omisión de realizar y ejecutar las acciones legales correspondientes para asegurar y hacer cumplir íntegramente los términos de la sentencia dictada en el juicio contencioso administrativo radicado bajo el número: 1347/19-15-01-4, emitida con fecha primero de agosto del año dos mil diecinueve, en términos de lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y de ninguna forma quede incumplida o se ejecuten en plazos prolongados e inciertos como lo sucede en el juicio contencioso administrativo antes citado. 2.- Omisión en ejecutar el apercibimiento consistente en la aplicación de nuevas multas a la autoridad responsable, decretado en el acuerdo dictado con fecha diez de junio del año dos mil veintiuno, en autos del juicio contencioso administrativo radicado bajo el número: 1347/19-15-01-4 ante su incumplimiento que a la fecha persiste. B) DEL DELEGADO Y RESPONSABLE DE LA SUBDELEGACIÓN DE PRESTACIONES DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO EN OAXACA. La omisión de dar cumplimiento íntegro de la resolución y/o sentencia firme y ejecutoriada dictada por los Integrantes de la Sala Regional del Sureste, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el juicio contencioso administrativo, radicado bajo el número 1347/19-15-01-4, emitida el primero de agosto de dos mil diecinueve y de realizar actos por demás dilatorios y prolongados, negligentes e injustificados que le generan de manera continua perjuicios a sus derechos humanos. La demanda fue remitida a este Juzgado de Distrito por razón de turno, donde quedó registrada con el progresivo 812/2021 y fue admitida el veintiocho de julio de dos mil veintiuno. En el mismo acuerdo se ordenó tramitar -por duplicado y por cuerda separada- el incidente de suspensión, donde se negó la medida provisional solicitada. La audiencia incidental se llevó a cabo el día de hoy en los términos del acta que antecede. III. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para resolver sobre la suspensión definitiva solicitada, conforme a los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, 125, 128, 144 y 157 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. IV. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Las autoridades señaladas como responsables, 1) presidenta y secretario de acuerdos, ambos de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administraba en el Estado de Oaxaca y 2) jefe de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Oaxaca, al rendir sus informes previos negaron la existencia de los actos reclamados. No obstante, dichas negativas se desvirtúan a partir de las manifestaciones que vierten en el informe y de las documentales que anexa la presidenta y secretario de acuerdos, ambos de la citada Sala Regional, de las que se advierte que el expediente administrativo de origen se encuentra en etapa de ejecución de sentencia. De igual forma, la presente audiencia se celebra con independencia de que no obre el informe previo del responsable de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Oaxaca a pesar de haber quedado notificado de la solicitud de éste el treinta de julio del actual; en consecuencia, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 142 de la Ley de Amparo, ante la falta de informe previo, se presume cierta la existencia del acto reclamado a la citada responsable. Ante la certeza del acto reclamado, procede efectuar el análisis respecto de la procedencia o no de la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa. V. NIEGA SUSPENSIÓN DEFINITIVA Este juzgador reitera la decisión tomada en el acuerdo de veintiocho de julio de dos mil veintiuno, donde se negó la suspensión provisional, pues aún existen las mismas razones para afirmar la necesidad de negar la medida cautelar, pero ahora de forma definitiva. Ahora bien, para determinar si procede conceder o negar la suspensión definitiva respecto de dichos actos, primero debe considerarse lo siguiente: De acuerdo con la nueva regulación del juicio de amparo desde la reforma a la fracción X del artículo 107 constitucional, publicada el seis de junio de dos mil once, para resolver si se concede la suspensión, debe atenderse al análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y el interés social, junto con el peligro en la demora, sin que resulte determinante el hecho de que el acto ya se hubiere efectuado o consumado, porque tomando en cuenta que la suspensión tiene por objeto mantener viva la materia del juicio de amparo y evitar perjuicios a la parte quejosa derivados del tiempo necesario para la tramitación del juicio, la medida también debe permitir una tutela anticipada a la parte quejosa a fin de mantenerla en el goce de los derechos afectados con los actos reclamados, cuando se adviertan elementos sobre la apariencia de una violación constitucional en su contra, siempre y cuando no se siga perjuicio al interés social y se otorguen las garantías correspondientes si se afectan derechos de terceros, de modo que igualmente debe negarse la medida cuando en ese análisis preliminar o vistazo al fondo del asunto, se advierta que el juicio de amparo es improcedente o bien, que no haya elementos suficientes sobre la apariencia de la violación alegada. En ese sentido, en la determinación de si se concede la medida suspensional deja de tener importancia el mero hecho de que el acto de autoridad se hubiere ejecutado; lo cual, en su caso, sólo puede servir para fijar los efectos de la concesión de la suspensión, en el sentido de si es jurídica y materialmente posible restablecer provisionalmente a la parte quejosa en el goce del derecho violado. Así lo determinó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 255/2015, de la que derivó la siguiente tesis de jurisprudencia: LANZAMIENTO EJECUTADO. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN EN SU CONTRA, SIEMPRE QUE SE DEMUESTREN LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO Y EL PELIGRO EN LA DEMORA, Y NO EXISTA IMPEDIMENTO JURÍDICO O MATERIAL. De la interpretación sistemática y funcional del artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los numerales 126 a 129, 138 a 140, 143 y 147 a 151 de la Ley de Amparo, se colige que puede concederse la suspensión contra una orden de lanzamiento ya ejecutada para efectos de restablecer al quejoso en la posesión del bien inmueble, siempre que se demuestren la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, y no exista impedimento jurídico o material; por lo cual, no basta con haberse ejecutado el lanzamiento para negar la medida suspensional. Lo anterior, sobre la base de que en la regulación referida se admite abiertamente el carácter de medida cautelar de la suspensión, que participa de los efectos prácticos de la resolución definitiva del juicio de amparo y, por tanto, no se limita sólo a las medidas de conservación, sino también a las de restablecer al quejoso en el goce del derecho afectado con el acto reclamado, para mantener viva la materia del amparo e impedir los perjuicios que éste pueda resentir por la duración del proceso, constituyendo así un verdadero amparo provisional con el que se anticipa la tutela constitucional sobre la base del aparente derecho advertido en un estudio minucioso y preliminar del asunto, a reserva de que, en la sentencia definitiva, se consolide esa situación si se constata la existencia del derecho aparente o, de lo contrario, se permita la continuación de los efectos del acto reclamado. Análisis que puede llevar a resultados distintos al resolver sobre la suspensión provisional o la definitiva, debido a la diferencia en los elementos probatorios que tiene a la vista el juez; o de si el quejoso es parte vencida en juicio contra la cual se decretó el lanzamiento o si es persona extraña a juicio, entre otros aspectos; todo lo cual, en su caso, debe valorarse al analizar las particularidades de cada asunto para verificar si se prueba la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora que, a fin de cuentas, es lo que debe determinar si se concede o niega la suspensión del acto reclamado. La tesis habla del lanzamiento ejecutado, pero es aplicable por las razones que la informan, pues es precisamente su contenido lo que permite afirmar que en la determinación de si se concede la medida suspensional deja de tener importancia el mero hecho de que el acto de autoridad se hubiere ejecutado, o que se trate de un hecho negativo u omisivo. Ahora, lo determinante para resolver si se concede es el análisis de la apariencia del buen derecho, en cuanto que consiste en un juicio preliminar sobre la conformidad a derecho de la pretensión del quejoso, o de la inconstitucionalidad del acto reclamado frente al cual se solicita la tutela preventiva de la suspensión. Esto es, en sede cautelar, a diferencia de la principal (la sentencia), basta que del análisis minucioso que lleve a cabo el Juez de amparo, aparezca verosímil la existencia del derecho alegado y que por un cálculo de probabilidades, se pueda prever que la providencia principal (sentencia de amparo), declarará el derecho en sentido favorable a quien solicita la medida cautelar, a manera de una hipótesis que puede verse comprobada, o bien, refutada, con los medios de convicción que se alleguen durante el juicio. Lo anterior, con el objeto de evitar que el retraso en la impartición de justicia, tenga un impacto negativo a quien, desde un inicio, le asiste la razón, según el principio general, relativo a que la necesidad del proceso para obtener la razón, no debe convertirse en un daño para quien la tiene. El análisis de la apariencia del buen derecho, de acuerdo al criterio de la Primera Sala, debe llevarse a cabo con los elementos con que cuente o que se allegue el Juez al resolver sobre la suspensión. En el caso de la suspensión provisional, ordinariamente consistirá en la demanda y los anexos exhibidos por la parte quejosa y, en el caso de la suspensión definitiva, además, se tienen los elementos derivados del informe previo que rinde la autoridad responsable, los que se allegue el Juez de amparo y rindan las partes en el incidente, como el tercero interesado o el Ministerio Público; según se ordena en los artículos 140 y 143 de la Ley de Amparo, conforme a los cuales, en el informe previo, la autoridad responsable, además de señalar si el acto reclamado es cierto, puede expresar las razones que estime pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión, y, a su vez, el Juez de amparo está facultado para solicitar documentos y ordenar las diligencias que considere necesarias para resolver sobre la suspensión definitiva, en tanto que a las partes, sólo se les recibirán documentales e inspección judicial, así como la testimonial en los casos de peligro de privación de la vida y demás actos prohibidos por el artículo 22 constitucional. En la presente resolución debe decirse si se concede o se niega la suspensión definitiva de los precisados actos reclamados. Sin embargo, este Juzgado de Distrito considera que no hay elementos suficientes para afirmar la apariencia de la violación alegada. En términos prácticos no existe la forma de saber en este momento si efectivamente la responsable ha sido omisa en realizar y ejecutar las acciones legales correspondientes para asegurar y hacer cumplir íntegramente los términos de la sentencia dictada en el juicio contencioso administrativo 1347/19-15-01-4, de uno de agosto de dos mil diecinueve, si existe la omisión de acatar en el término legalmente establecido con el cumplimiento íntegro de la resolución y de realizar actos por demás dilatorios y prolongados, negligentes e injustificados que le generen de manera continua perjuicios a sus derechos humanos; aunado a que dichos actos tienen el carácter de omisivos y negativos. En otras palabras, este órgano jurisdiccional no está en aptitud de dudar sobre la legalidad del acto reclamado, pues ello no se advierte de las documentales que exhibió la parte quejosa, ni las exhibidas por las responsables que rindieron informe previo. Por tanto, al reclamarse únicamente la omisión de realizar y ejecutar las acciones legales correspondientes para asegurar y hacer cumplir íntegramente los términos de la sentencia dictada en el juicio contencioso administrativo 1347/19-15-01-4, de uno de agosto de dos mil diecinueve, al no tener en este momento elementos para afirmar la existencia de una ilegalidad en los mismos, no es factible otorgar la suspensión definitiva de los actos reclamados. En consecuencia, con fundamento en el artículo 129, fracción IX de la Ley de Amparo, se niega la suspensión definitiva solicitada. Mientras no existan elementos suficientes sobre la apariencia de la violación alegada, no hay razón para dudar sobre la legalidad del acto reclamado. Como ya lo dijo la Primera Sala y lo reitera este Juzgado de Distrito, debe negarse la medida suspensional cuando no haya elementos suficientes sobre la apariencia de la violación alegada. En el caso, no hay elementos, por lo que no es jurídicamente posible otorgar la suspensión solicitada. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva a *************, por las razones expresadas en el apartado V de esta resolución. Notifíquese.
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