Pedro Martín Suárez Ruvalcaba
Expediente 375/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 375/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 26/09/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Pedro Martín Suárez Ruvalcaba
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta, y dado que el quejoso, no impugnó el proveído de siete de septiembre del año en curso (fojas 12 a 15), por el que se desechó su demanda de amparo promovida contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Santa María Huatulco, Oaxaca, dentro del plazo que para tal efecto establece el artículo 98 de la Ley de Amparo; por consiguiente, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que dicho auto queda firme para los efectos legales consiguientes. En consecuencia, atendiendo a la certificación de cuenta, y toda vez que en el presente expediente no quedan cuestiones pendientes por acordar, háganse las anotaciones en el libro de gobierno, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese como asunto totalmente concluido. Ahora, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo vigésimo primero, párrafo último del Acuerdo General 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve; asimismo, se destaca que en el presente expediente no se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados, ni existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales y el auto que desechó la demanda de amparo, dio por concluido este juicio, sin decidirlo en lo principal; como consecuencia de lo anterior, con fundamento en la fracción 1 del punto vigésimo primero, del referido acuerdo 1/2009, transcurrido más de cinco años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, es susceptible de destrucción. Conforme al punto Décimo, fracción 1, del acuerdo en cita, se comunica a la parte quejosa que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y carátula de este expediente.
- Principal
Vista la demanda de amparo que promueve Pedro Martín Suárez Ruvalcaba, contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Santa María Huatulco, Oaxaca; en consecuencia, regístrese en el libro de gobierno respectivo, y fórmese el expediente de amparo con el número que le corresponda. Del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que el quejoso señala como acto reclamado el auto de siete de agosto de dos mil diecisiete, dictado en el expediente laboral 147/2016, por el que la Junta responsable califica las pruebas ofrecidas por su representada en audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas y determina desechar las mismas. Pues bien, planteada así la demanda de amparo de que se trata, y en cumplimiento a lo ordenado por el artículo 113 de la nueva Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, que dice: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano", y por ser cuestión de orden público y de estudio preferente a la admisión de una demanda, se advierte que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece, cuyo estudio es de orden público, que impone desecharla de plano. En efecto, los citados preceptos legales a la letra disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .. En el caso, resulta conveniente señalar que, el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo abrogada, establecía que cuando se reclamaran actos de tribunales judiciales emitidos dentro de juicio, el amparo indirecto sería procedente cuando tuviesen sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Tal normatividad legal no señalaba qué debía entenderse por ejecución de imposible reparación, de ahí que la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció dos criterios orientadores a partir de los cuales se calificaba la procedencia del juicio de amparo contra actos de esa naturaleza. Así, el Máximo Tribunal del País estableció, que un acto dentro del juicio tenía una ejecución irreparable: a) cuando sus consecuencias afectaran de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y, b) cuando sus consecuencias afectaran a las partes en grado predominante o superior. Sobre esas reglas, se admitía la procedencia del amparo indirecto contra resoluciones que dirimieran cuestiones de personalidad de las partes en el juicio, como una excepción a la regla general de que el amparo procedía cuando la ejecución de los actos reclamados afectara derechos sustantivos, indicando la jurisprudencia relativa que si bien la cuestión de personalidad se vinculaba a una excepción de carácter eminentemente procesal o adjetiva, su resolución contraria a la ley podía confirmar una violación procesal en grado predominante o superior, porque el efecto que tendría la sentencia que la declaraba improcedente, sería la continuación del juicio; y si en el amparo se consideraba que esa resolución era incorrecta, la consecuencia sería que se dictara una resolución en sentido contrario cuyos efectos determinarían la terminación anticipada del juicio, siempre y cuando la resolución definitiva no versara sobre la personalidad de la parte actora y la hubiese declarada fundada, puesto que en esos casos, su efecto habría sido dar por terminado el juicio y lo procedente sería el amparo directo. Así, hasta antes del tres de abril de dos mil trece, en que entró en vigor la actual Ley de Amparo, el criterio prevaleciente sobre el alcance de la procedencia del amparo indirecto en tratándose de actos de ejecución irreparable fue que si bien era acertada la distinción entre actos dentro del juicio que afectaran de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por la Constitución, y aquéllos que solo afectaran derechos adjetivos o procesales, como un criterio útil para discernir que en el primer supuesto se trataba de actos impugnables en amparo indirecto en virtud de que su ejecución era de imposible reparación, mientras que la segunda hipótesis, por no tener esas características, debían reservarse para ser reclamadas en amparo directo; también era cierto que se consideró que tal criterio no era absoluto, pues debía aceptarse de manera excepcional que el amparo indirecto procedía contra algunas violaciones formales, adjetivas o procesales (como las cuestiones de personalidad), cuando afectaran a las partes en grado "predominante" o "superior"; afectación que se consideró debía determinarse objetivamente. Sobre ese criterio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció un número considerable de pautas que introdujeron orden y seguridad en esta materia. Por vía de ejemplo, se incluyeron como violaciones procesales que podían considerarse como de ejecución irreparable en amparo indirecto, diversos temas como la denuncia de juicio a terceros, la competencia y la personalidad, entre otros. El sustento de estos criterios emanaba de la consideración genérica de que al no prever el legislador un concepto determinado sobre la irreparabilidad de los actos, se dejaba al arbitrio de los Tribunales Federales el determinar el alcance de ese concepto. .. No obstante lo anterior, la actual Ley de Amparo, en la fracción V, del artículo 107, proporciona un concepto definido sobre lo que debe entenderse por un acto dentro de juicio de imposible reparación. En efecto, de la literalidad de dicho precepto legal, se obtiene que el legislador estableció como regla general, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, definiéndolos como aquéllos que "afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". En la misma porción normativa, el legislador estableció una sola hipótesis de excepción en que sería procedente el amparo indirecto tratándose de violaciones procesales, esto es, cuestiones de competencia; así lo dispuso en la fracción VIII del citado artículo 107, al consignar que el juicio de amparo indirecto procede: "VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto". Por tanto, el legislador estableció una regla de carácter general y una sola excepción de aplicación estricta, que únicamente puede concretarse al actualizarse el supuesto para el que fue creada, sin que sea válida su aplicación analógica o por mayoría de razón. Por lo anterior, es claro que la jurisprudencia sustentada sobre la interpretación de la Ley de Amparo abrogada, que carecía del concepto de "actos de imposible reparación", dejó de tener vigencia, en tanto que se opone al texto expreso de lo que debe entenderse por un acto de ejecución irreparable, contenido en la legislación vigente; ello, de conformidad con el artículo Sexto Transitorio de la nueva Ley de Amparo . Bajo ese contexto, se considera que para la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de aquellos actos considerados como de "imposible reparación", debe atenderse a los efectos o consecuencias que éstos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En el caso, como se indicó, del análisis de la demanda de garantías se advierte que el acto reclamado por el quejoso en el juicio biinstancial, consiste en el acuerdo de siete de agosto de dos mil diecisiete, dictado en el expediente laboral 147/2016, en el que la Junta responsable, calificó las pruebas que ofreció su representada en audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, mismas que le fueron desechadas, el cual constituye un acto procesal cuyas consecuencias solo tienen efectos dentro del procedimiento laboral; por tanto, dada su naturaleza intraprocesal o intermedia, no genera contra la esfera jurídica de derechos del quejoso una ejecución de imposible reparación. Lo anterior, en virtud que, hasta el dictado de la sentencia definitiva se conocerá si la infracción trascendió o no, afectando las defensas del quejoso, pues casos hay en que aún ante la violación más inicua, si la sentencia definitiva es favorable a aquél en contra de quien se cometió, no tendrá legitimación para acudir al juicio, de ahí que, si la demanda de amparo se promueve contra actos que afectan únicamente derechos adjetivos, antes de que se dicte sentencia definitiva, entonces el juicio de amparo resultará improcedente. . Por consiguiente, en virtud de que el acto reclamado no afecta materialmente derechos sustantivos, ni se combaten cuestiones atinentes a la competencia, resulta incuestionable la actualización de la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo en vigor. Resulta conveniente destacar que en la Sesión Pública Ordinaria del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, celebrada el jueves veinte de marzo de dos mil catorce, se sometió a consideración el proyecto relativo a la contradicción de tesis 377/2013, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito y el Segundo y Cuarto Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, bajo la ponencia del Ministro Franco González Salas, y en la continuación de la discusión de la contradicción de tesis, en la Sesión Pública Ordinaria de veinticuatro de marzo del año en curso, existió una mayoría de seis votos en contra de la propuesta del proyecto de la contradicción de tesis presentado, por lo que se desechó el mismo, en el cual el Señor Ministro proponía que ". debería seguir rigiendo la excepción a la regla prevista en la jurisprudencia a la que se ha hecho mención antes, consistente en que procede el amparo biinstancial, respecto de las resoluciones que en un juicio laboral. deciden sobre una excepción de falta de personalidad". En las relatadas condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo en vigor, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata, con fundamento en el artículo 113 de la Ley invocada. Como el quejoso no señaló domicilio para recibir notificaciones, con fundamento en el artículo 26, fracción III, en relación con el 29 de la Ley de Amparo, en tanto cumpla con la carga impuesta por el numeral 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la invocada Ley de la materia, las notificaciones que deban hacérsele, incluidas aquéllas de carácter personal, efectúensele mediante lista de acuerdos que se fije en los estrados de este juzgado.
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