Pedro Hernandez Ramirez
Expediente 518/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 518/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 22/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Pedro Hernandez Ramirez
Actuaciones
- Principal
Vista la primera de las certificaciones secretariales de cuenta, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del proveído de doce de julio de dos mil veintidós, mediante el cual se desechó de plano... se declara que dicho auto queda firme para los efectos legales correspondientes. ..ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido... Notifíquese.
- Principal
RADICACIÓN. Por recibida la demanda de amparo promovida por ****, por propio derecho, contra actos del Director General de Profuturo o Profuturo GNP, Sociedad Anónima de Capital Variable; en consecuencia, fórmese expediente; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado, y regístrese bajo el juicio de amparo indirecto 518/2022. CAUSA DE IMPROCEDENCIA De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito está obligado a examinar la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia debe desecharla de plano. Se impone precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; y, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. .. Al respecto, se advierte que en el presente juicio, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, ya que el acto reclamado no puede considerarse como de autoridad para efectos del juicio de amparo. El artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, ... De la interpretación de estos numerales se deduce que el juicio de amparo tiene como finalidad resolver las controversias que se susciten por leyes o actos emitidos por una autoridad, transgresores de la Constitución, con el propósito de defender a los gobernados por las violaciones a sus derechos fundamentes tutelados constitucionalmente. Asimismo, que el juicio de amparo deviene improcedente cuando en éste no se reclamen actos de autoridad; la cual, para efectos de este juicio es la que teniendo las características de órgano público que le confieren las normas jurídicas, tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados sin requerir de la voluntad del afectado o aun en contra de ella. Al respecto, cabe precisar que tradicionalmente para identificar los actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia 2a./J. 164/2011, de rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.", estableció que los mismos deben cumplir los siguientes requisitos: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que la relación tenga nacimiento en la ley y que el ente tenga facultad administrativa; c) Con motivo de esa relación, el ente emita actos unilaterales por medio de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular, y d) Para emitir esos actos no se requiera acudir a los órganos judiciales ni requiera de la aceptación de la voluntad del afectado. Atento a lo anterior, es de advertir que no todos los actos que el particular estime contrarios a su interés son susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo, sino sólo aquéllos que afectaron directamente y de manera unilateral su esfera jurídica, que se impusieron contra y sobre su voluntad y que por su naturaleza pueda exigirse su cumplimiento. Sobre ese tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de diversos criterios sostuvo que para efectos del amparo, no sólo es autoridad responsable aquélla que se encuentra constituida con ese carácter conforme a la ley, sino también la que dispone de la fuerza pública en virtud de circunstancias legales o de hecho, y que por lo mismo esté en la posibilidad formal o material de obrar como individuo que ejerza actos públicos, dictando resoluciones obligatorias para los gobernados, cuyo cumplimiento pueda ser exigible mediante el uso directo o indirecto de la fuerza pública, o bien, a través de otras autoridades. Ahora, para determinar si el acto que por esta vía constitucional se reclama es de los considerados por el artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, se debe precisar si las autoridades lo realizaron actuando con el imperio de la ley, para lo cual se atiende a la clasificación de las relaciones jurídicas de supraordinación, coordinación y de supra a subordinación que regulen dichos actos. Las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que estos actúan en un plano de igualdad superior o coordinación por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad. Por su parte, las relaciones de coordinación presuponen un plano de igualdad, en el que las partes que son generalmente particulares, se encuentran en un mismo nivel, teniendo que acudir a los procedimientos ordinarios establecidos en las leyes respectivas para dirimir sus controversias, sin embargo, en este supuesto también se pueden encuadrar algunas de las relaciones entre particulares con el estado, en las cuales, éste último no reviste su carácter de autoridad y está sujeto a una igualdad de planos con el particular. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados y se regulan por el derecho público, que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se suscitan por la actuación de los órganos del Estado; en dicha relación las autoridades desempeñan frente al gobernado la actividad soberana, es decir, actos autoritarios propiamente dichos que tienen como atributos esenciales la unilateralidad, la imperatividad y la coercitividad, de lo que se sigue que de faltar alguna de esas características un acto no se puede considerar como de autoridad. Así, para que el acto de un órgano estatal sea conceptuado como tal, debe realizarse con motivo de relaciones de supra a subordinación, entre sujetos colocados en diferentes planos. Por tanto, es autoridad para efectos del juicio de amparo, la que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado, esto es, aquella que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad y aquella que omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Ahora bien, conforme a la Ley de Amparo, en algunos casos excepcionales, la instancia constitucional es procedente contra actos de particulares, de conformidad con los artículos 1º, último párrafo y 5, fracción II, último párrafo, de la ley de la materia; por lo que no es exigible siempre la intervención de algún órgano perteneciente al Estado como autoridad responsable. En otras palabras, así como es factible promover el juicio de amparo contra normas generales, actos u omisiones de las autoridades, concebidas como órganos pertenecientes al Estado, que desde la perspectiva teórica de las relaciones jurídicas se ubican en un plano de supra a subordinación, puesto que imponen su imperio a los gobernados; la ley de la materia en vigor posibilita que a través de esa vía se controviertan también, en casos de excepción, los actos de particulares. Sin embargo, no basta que en la demanda de amparo se designe como autoridad responsable a un particular, para que por ese motivo se estime improcedente la acción constitucional; sino que la procedencia del juicio de amparo contra particulares está condicionada a que se cumpla con lo siguiente: a) Que esos particulares realicen actos equivalentes a los de autoridad, esto es, que sean unilaterales e imperativos y que, desde luego, creen, modifiquen o extingan una situación jurídica que afecte a un particular. b) Dichos actos deben realizarse por un particular en un plano de supra o subordinación en relación con otro, en auxilio o cumplimiento de un acto de autoridad. c) Las funciones del particular señalado como responsable deberán estar determinadas en una norma general. ..Así, de acuerdo con el marco legal antes expuesto, en el caso resulta improcedente el juicio de amparo contra el acto reclamado al Director General de Profuturo o Profuturo GNP, Sociedad Anónima de Capital Variable, consistente en la negativa de emitir resolución a la petición del quejoso, realizada en la solicitud 20130010274, de veinte de junio de dos mil trece, en virtud de que no puede considerarse como equivalente al de autoridad, básicamente porque las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), en su actuar dentro del marco normativo que las crea y establece su naturaleza como entidades financieras especializadas que participan en el ejercicio del Sistema de Ahorro para el Retiro, no son autoridades para efectos del juicio de amparo, ni aun por equivalencia. Lo anterior es así, porque la labor que despliegan no se ubica en alguno de los supuestos previstos para tal efecto en el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, pues los actos que llegaran a dictar, ordenar, ejecutar o tratar de ejecutar en materia de administración de cuentas individuales de los trabajadores o la omisión de éstos, no crean, modifican o extinguen por sí y ante sí, situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria en perjuicio de los cuentahabientes, ya que no actúan jurídicamente de manera coercitiva frente al trabajador, sino en un plano de igualdad y, por tanto, no pueden decidir en forma terminal sobre la devolución, aplicación o manejo de los recursos que administran. En consecuencia, cualquier determinación que adopten sobre dichos tópicos tampoco obliga o vincula coactivamente al afectado, ya que son susceptibles de dilucidarse mediante un juicio que se siga ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Además, la actividad que desarrollan las citadas entidades financieras tampoco es equiparable a las efectuadas por una autoridad formal y, por ende, no son susceptibles de ser reclamadas mediante el juicio de amparo indirecto, a pesar de que sus funciones se encuentren determinadas en una norma de carácter general, ya que en ésta sólo se establecen tanto su creación, atribuciones, funcionamiento y naturaleza en materia de administración de los recursos de retiro, cesantía en edad avanzada, vejez y vivienda, cuya función la realizan subrogando al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, respectivamente, a quienes corresponden originariamente tales facultades y en la cual, no se consideran como autoridades, al no actuar como organismos fiscales autónomos, sino como entidades aseguradoras y administradoras de fondos de particulares. Lo anterior se o... Ahora bien, en el caso aduce el quejoso que el Director General de Profuturo o Profuturo GNP, Sociedad Anónima de Capital Variable, en su carácter de Administradora de Fondos para el Retiro, ha transgredido en su perjuicio el derecho fundamental contenido en el artículo 8 de la Constitución Federal, toda vez que ha omitido emitir resolución a su petición realizada en la solicitud 20130010274, de veinte de junio de dos mil trece, esto es, ha omitido dar respuesta o solución a su petición de pago por concepto de afore. Consecuentemente, si el acto reclamado se atribuye a una administradora de fondos para el retiro, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5º, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que el Director General de Profuturo o Profuturo GNP, Sociedad Anónima de Capital Variable, no es autoridad para efectos del juicio de amparo, en la medida de que la labor que despliega no se ubica en alguno de los supuestos previstos para tal efecto en el artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, pues los actos que llegue a dictar, ordenar, ejecutar o tratar de ejecutar en materia de administración de cuentas individuales de los trabajadores o la omisión de éstos, no crean, modifican o extinguen por sí y ante sí, situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria en perjuicio de los cuentahabientes, ya que no actúa jurídicamente de manera coercitiva frente al trabajador, sino en un plano de igualdad y, por tanto, no puede decidir en forma terminal sobre la devolución, aplicación o manejo de los recursos que administra. DESECHAMIENTO En ese orden de ideas, en términos del artículos 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5, fracción II y 113 de la Ley de Amparo, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA DEMANDA DE AMPARO. ... Asimismo, conviene precisar que esta determinación atiende a lo previsto en el artículo 17 constitucional, toda vez que admitir y dar trámite a la demanda que se plantea a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que la parte quejosa tenga conocimiento del resultado del análisis preliminar de la demanda y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario, pues desde este momento puede acudir a los medios ordinarios para defender sus derechos, no esperando así, el dictado de una resolución en la que se reiteren, sustancialmente, los argumentos contenidos en este acuerdo y, por ende, que se le obligue durante todo el tiempo que dure la tramitación del juicio a tolerar los actos que estima lesivos de sus derechos humanos, sin que exista solución para ellos en esta vía. Razón por la cual, es de mayor beneficio para la parte quejosa que, desde ahora, tenga conocimiento del resultado de la procedencia de su pretensión; y así, evitarle la práctica de un trámite innecesario en atención al derecho fundamental de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional. DOMICILIO Como la parte quejosa señala como domicilio para recibir acuerdos y notificaciones, los estrados de este juzgado, y los artículos 26, fracción III, y 29 de la Ley de Amparo, regulan las notificaciones por lista que se publican en los estrados de este órgano jurisdiccional; por consiguiente, por ser esa la voluntad de la parte quejosa y estar ajustada a derecho, como lo pide, las notificaciones que le correspondan en el presente asunto, aun las de carácter personal, háganseles mediante lista de acuerdos. De igual manera, conforme a lo dispuesto en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, téngase a la parte quejosa señalando el correo electrónico que indica, a fin de poder entablar comunicaciones no procesales, para que se establezca el contacto respectivo en los casos que sea necesario. Lo anterior, hasta en tanto siga vigente la contingencia derivada del virus Covid-19. Sin que se tenga por señalado el mismo para recibir notificaciones, toda vez que la Ley de Amparo no prevé esa forma de practicar notificaciones, pues únicamente se contempla en dicho ordenamiento legal, específicamente en el artículo 26, fracción IV, las realizadas por la vía electrónica a las partes que previamente hayan obtenido la firma electrónica. AUTORIZADO Con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene como autorizado en términos amplios a **** vez que se encuentra debidamente registrado en el Módulo de Cédulas Profesionales de la Red Internet de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación. AUTORIZACIÓN DE CONSULTA DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Por otra parte, respecto a la autorización que solicita para la consulta del expediente electrónico, se aprecia que el autorizado en términos amplios cuenta con nombre de usuario "alvarezalvarez2"; por consiguiente, con fundamento en los artículos 1, 34, 35, 36, 37, 38, 45, 46,47,48,49, 50, 51, 52 y 53, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte, se le autoriza la consulta vía electrónica de las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran el presente juicio de amparo, a través del portal de internet del Consejo de la Judicatura Federal; sin que ello implique permiso para notificarse electrónicamente. En atención a ello, se instruye a la analista jurídica encargada del "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE 2.0)", a fin de que realice los movimientos informáticos necesarios para tales efectos. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y DIGITALES Por economía procesal, se autoriza a las personas que tiene designadas el uso de medios electrónicos y digitales, en la inteligencia que las reproducciones que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Asimismo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones personales que deban realizarse a las partes en este juicio, en términos del artículo 21 de la ley de la materia. PRECISIONES PARA LA CONSULTA DEL EXPEDIENTE FÍSICO En otro aspecto, hágase de su conocimiento que, con fundamento en el artículo 6 del acuerdo antes mencionado, el modelo de atención presencial será basado en citas, que se generarán desde la modalidad del programa "Agenda OJ", con la que se realizará dicha funcionalidad, siguiendo y acatando los supuestos y las reglas señaladas en los incisos a, b, c, d, e y f del citado artículo 6. Con fundamento en el artículo 7 del Acuerdo General 21/2020, respecto a las medidas sanitarias para el acceso a los inmuebles del PJF, los que acudan a este órgano jurisdiccional deberán respetar las medidas de sana distancia conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento. Cuando tengan una cita programada las personas justiciables deberán acudir puntualmente a la misma y mantenerse en los espacios dentro del vestíbulo del órgano jurisdiccional marcados conforme a las reglas de sana distancia. El incumplimiento a estas indicaciones generará, en principio, una llamada de atención, mientras que la reincidencia o subsistencia del incumplimiento acarrearán la orden de expulsión inmediata del recinto. De conformidad con el Acuerdo General 21/2020 relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, SE EXHORTA A LAS PARTES A QUE DE SER POSIBLE Y NO OBSTANTE LAS PROBABLES DIFICULTADES PARA ACCEDER A LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS NECESARIAS PARA ELLO, CONTINÚEN LA TRAMITACIÓN DEL PRESENTE JUICIO MEDIANTE EL ESQUEMA DE JUICIO EN LÍNEA; por tal motivo, se hace del conocimiento que podrán presentar promociones y realizar consulta del expediente electrónico desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación con dirección web https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx. INTEGRACIÓN DE PROMOCIONES QUE NO INCIDAN EN LA PROSECUCIÓN EFECTIVA DEL EXPEDIENTE En diverso aspecto, se hace del conocimiento de las partes que conforme a la tutela judicial pronta y efectiva, así como al debido proceso, contenido en los artículos 112 y 124, primer párrafo, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 62, del Código Federal de Procedimientos Civiles; se determina que las promociones que presenten las partes, autoridades auxiliares y tribunales relativos a los trámites que no incidan en la prosecución efectiva del expediente ni constituyan determinaciones judiciales que deba emitir este juzgado, con excepción de las que por disposición expresa de ley deban darse vista a las partes, se glosarán en el expediente y, en términos del referido artículo 62 del citado ordenamiento, el Secretario hará constar la hora y el día en que se presentó el oficio o escrito, considerando, desde este momento, realizadas las manifestaciones respectivas, quedando las partes en aptitud de imponerse de ellas. Este criterio tiene como objeto evitar dilaciones procesales excesivas e innecesarias en estricto cumplimiento a lo previsto por el artículo 17 constitucional y que el expediente se encuentre en la mesa de trámite el mayor tiempo posible para consulta de las partes, a fin de que puedan imponerse de las constancias exhibidas en autos y los proveídos dictados. Lo anterior, con el fin de garantizar el cumplimiento de las determinaciones de manera pronta y expedita, en acatamiento la obligación de este órgano judicial prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Atendiendo a lo establecido en el artículo 3°, párrafos quinto y séptimo de la Ley de Amparo, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las promociones, documentos, autos y resoluciones, para su debida integración; por lo que se instruye al Secretario de Juzgado, al oficial judicial, al actuario judicial y demás encargados de la digitalización de constancias, que llevan el trámite de este expediente, a supervisar y realizar la captura electrónica de los acuerdos y las resoluciones emitidas en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, documentos, diligencias y notificaciones que obren en el mismo. Lo anterior, a fin de que tanto el expediente impreso como el electrónico coincidan y, una vez concluido el asunto, se realice la certificación correspondiente. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Finalmente, hágase del conocimiento de las partes que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, pero éstas podrán oponerse a la publicación de los datos personales, en términos del artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese por lista a la parte quejosa, como se encuentra ordenado en este proveído.
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