Pedro Luis Acosta Contrera

Expediente 1926/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California. 21 actuaciones registradas, la última del 16 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1926/2022
Año
2022
Actuaciones
21
Última actuación
16/06/2023

Partes del expediente

  • Bárbaro Yonlismiel Correa Montano
  • Pedro Luis Acosta Contrera
  • Subrepresentante del Instituto Nacional de Migración residente en Mexicali, Baja California

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    Mexicali, Baja California, dieciséis de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda el oficio que remite la Subdirectora de Naturalizaciones y Resoluciones de Readmisión, Encargada de la Subdirección de lo Contencioso, en el Instituto Nacional de Migración, con residencia en la Ciudad de México, sin que sea el caso realizar mayor pronunciamiento al respecto, toda vez que el veinticinco de abril del año en curso, se tuvo por no presentada la demanda de amparo en el presente juicio respecto del directo quejoso ********************.

  2. Principal

    Mexicali, Baja California, veinticinco de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, así como el contenido de la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja en contra del auto en el que se tuvo por no presentada la demanda relativa, sin que se haya hecho uso de ese derecho. De igual forma, se obtiene que transcurrió el término de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión en contra del auto en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, sin que se haya hecho uso de ese derecho. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que dicho acuerdo ha causado estado. Ahora bien, dado que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, ya que no existe promoción ni diligencia pendiente de acordar; por tanto, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo. De conformidad con los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el expediente principal por haberse concedido la suspensión de plano, es susceptible de depuración, al situarse en la hipótesis establecida en el artículo 18, fracción I, inciso a), del referido Acuerdo General. El original del incidente de suspensión, al haberse negado la medida cautelar respecto de todos los actos reclamados, es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso c), del citado Acuerdo General. Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes.

  3. Principal

    Mexicali, Baja California, veintiséis de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda el oficio que remite el Sub Comisionado Jurídico del Instituto Nacional de Migración, con residencia en la Ciudad de México, en representación del Comisionado de dicho Instituto, sin que sea el caso realizar mayor pronunciamiento al respecto, toda vez que el veinticinco de abril del año en curso, se tuvo por no presentada la demanda de amparo en el presente juicio respecto del directo quejoso********************.

  4. Principal

    Mexicali, Baja California, veinticinco de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado y del análisis de las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 197, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que el veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, se emitió "Documento provisional de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas", a nombre del quejoso Barbaro Yonismiel Correa Montano o Barbaro Yonismel Correa Montando; por tanto, ha sobrevenido la causal prevista en el artículo 61 fracción XVII de la Ley de Amparo, al haberse actualizado un cambio de situación jurídica que implica que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento de origen, como a continuación se verá. El precepto invocado dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;." De la interpretación de la disposición antes transcrita, se deduce que el juicio de amparo resulta improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. En ese sentido, conforme a la interpretación efectuada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se estima que el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica y, por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y, d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Las anteriores consideraciones se encuentran plasmadas en la tesis 2a. CXI/96, publicada en la página doscientos diecinueve, tomo IV del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de diciembre de mil novecientos noventa y seis, Novena Época, registro 199808, de rubro: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL." Ahora, en el caso concreto, la parte quejosa reclama, en esencia, su detención y alojamiento en la estación migratoria de esta ciudad y, como consecuencia de ello, su incomunicación y posible y traslado a diversa estación migratoria. Luego, si bien es cierto en autos está acreditado que el quejoso fue detenido por autoridades migratorias y alojado temporalmente en la estación migratoria de esta ciudad; también es cierto que de las documentales remitidas por la autoridad responsable Sub Representante Federal en Baja California del Instituto Nacional de Migración con sede en esta ciudad, consistente en copias certificadas del "Documento provisional de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas", a nombre del quejoso Barbaro Yonismiel Correa Montano o Barbaro Yonismel Correa Montando, previamente valoradas, se desprende que el veintiocho de noviembre de dos mil veintidós se otorgó a la parte quejosa un documento que le permitió salir de la estación migratoria y continuar su procedimiento administrativo sin necesidad de permanecer en esas instalaciones. Asimismo, del pronunciamiento respectivo no se advierte que se haya ordenado el retorno asistido o la deportación de la parte quejosa a su lugar de origen. Por tanto, es claro que, con motivo de la determinación de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, ha quedado irreparablemente consumada la violación aducida por la parte quejosa generada con motivo de la detención y alojamiento en la estación migratoria, así como sus consecuencias, de manera que no se podría resolver sobre la constitucionalidad de los actos reclamados sin afectar la situación jurídica generada por aquella determinación. En efecto, en el caso se reúnen los presupuestos necesarios para estimar actualizado el cambio de situación jurídica, debido a que los actos reclamados emanan de un procedimiento seguido en forma de juicio, a saber, los expedientes correspondientes al procedimiento administrativo migratorio: 1. EA/1S.9/BC/JUR/EM/MXLI/7483/PRESENTADOS/26-11-2022, Además, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, esto es, el veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, se permitió al quejoso continuar su procedimiento administrativo sin necesidad de permanecer alojado en la estación migratoria, de modo que se modificó la situación en que se ubicaba el quejoso respecto de la forma en que llevará el procedimiento administrativo migratorio. Entonces, tomando en consideración que las violaciones que se aducen en este juicio de amparo derivan de la detención y el alojamiento en la estación migratoria, es claro que no podría decidirse sobre dichas cuestiones sin afectar la nueva situación jurídica, precisamente, porque la determinación de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós sustituyó la decisión preliminar en la que -entre otras cuestiones- se ordenó la presentación de la parte quejosa y su alojamiento en la estación migratoria durante el trámite administrativo correspondiente y, por ende, deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones aquí reclamadas. Finalmente, se estima que entre la detención y alojamiento en la estación migratoria, así como sus consecuencias y la determinación de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, existe autonomía. Ello es así, ya que no concurre entre ellos una relación causa-efecto, pues la última determinación se emitió al actualizarse la hipótesis del artículo 102 de la Ley de Migración, en la que se valoraron las circunstancias particulares de la parte quejosa para establecer si era posible o no proseguir su procedimiento administrativo migratorio sin necesidad de permanecer alojada en las instalaciones de la autoridad responsable, de modo que esta última decisión puede subsistir, con independencia de que el acto materia de este juicio de amparo resulte o no inconstitucional. En tales condiciones, al estar demostrado que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XVII de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio fuera de audiencia, con fundamento en el artículo 63 fracción V del propio ordenamiento legal, respecto de la totalidad de los actos reclamados a las autoridades responsables. Por tanto, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada en este juicio, debiéndose hacer la anotación respectiva en la agenda que para tal efecto se lleva en este órgano jurisdiccional. Por otra parte, agréguese el escrito presentado vía electrónica por el promovente Librado Heriberto Trujillo González, mediante el cual informa que tuvo conocimiento que el directo quejoso Pedro Luis Acosta Contrera, fue puesto en libertad en la Ciudad de México y, que desconoce su paradero, ya que perdió comunicación con él, así como manifiesta que desiste del presente juicio de amparo. Ahora, tomando en consideración que el escrito de cuenta contiene evidencia criptográfica de la firma electrónica del promovente, se tiene que produce los mismos efectos que el signado ante la autoridad judicial y, por tanto, ante lo informado por el ocursante y el desistimiento de la demanda que promovió en favor de la persona ante mencionada, con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo en el presente juicio, quedando sin efectos las providencias dictadas. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 31/2021 (11a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2023937, de rubro: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA O DE UN RECURSO EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ESCRITO POR EL QUE SE RATIFICA EL DESISTIMIENTO, FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE CON SU RESPECTIVA EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA, PRODUCE LOS MISMOS EFECTOS QUE EL SIGNADO ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL". Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes.

Quedan 17 actuaciones en este expediente

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