Pedro Jesus Triviño Resabala
Expediente 207/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California. 6 actuaciones registradas, la última del 10 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 207/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 10/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Subrepresentante Federal del Instituto Nacional de Migracion en Mexicali, Baja California
- Pedro Jesus Triviño Resabala
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Mexicali, Baja California, diez de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, así como el contenido de la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja en contra del auto en el que se desechó la demanda relativa, sin que se haya hecho uso de ese derecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que dicho acuerdo ha causado estado. Ahora bien, dado que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, ya que no existe promoción ni diligencia pendiente de acordar; por tanto, en términos del artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo. De conformidad con los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el expediente principal por haberse concedido la suspensión de plano, es susceptible de depuración, al situarse en la hipótesis establecida en el artículo 18, fracción I, inciso a), del referido Acuerdo General. Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes.
- Principal
Mexicali, Baja California, ocho de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término de cinco días concedido a la parte quejosa en auto de diecisiete de febrero del presente año, sin que hubiera dado cumplimiento a la prevención realizada en dicho proveído. Sin embargo, del estado de autos se desprende que el veinticuatro de febrero del año en curso, se recibió oficio del Sub representante Federal en Baja California del Instituto Federal en Baja California del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, mediante el cual remitió copia certificada del documento provisional de visitante con permiso para realizar actividades económicas remuneradas entregado al quejoso ******************** de veinte de febrero del año que transcurre, por lo cual ya no se encuentra en las instalaciones de dicha estación migratoria. De la copia certificada que anexó dicha autoridad se desprende el "Documento provisional de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas", a nombre del quejoso ******************** por tanto, ha sobrevenido la causal prevista en el artículo 61 fracción XVII de la Ley de Amparo, al haberse actualizado un cambio de situación jurídica que implica que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento de origen, como a continuación se verá, por lo que deberá desecharse la demanda de amparo. El precepto invocado dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;" De la interpretación de la disposición antes transcrita, se deduce que el juicio de amparo resulta improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. En ese sentido, conforme a la interpretación efectuada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se estima que el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica y, por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y, d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Las anteriores consideraciones se encuentran plasmadas en la tesis 2a. CXI/96, publicada en la página doscientos diecinueve, tomo IV del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de diciembre de mil novecientos noventa y seis, Novena Época, registro 199808, de rubro: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL." Ahora bien, en el caso concreto, la parte quejosa reclama, en esencia, su detención y alojamiento en la estación migratoria de esta ciudad y, como consecuencia de ello, su incomunicación y posible traslado a diversa estación migratoria. Luego, si bien es cierto en autos está acreditado que el quejoso fue detenido por autoridades migratorias y alojado temporalmente en una estación migratoria; también es cierto que de la documental remitida por la autoridad responsable Sub representante Federal en Baja California del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, consistente en copia certificada del "Documento provisional de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas", a nombre del quejoso ******************** a la que se le otorga valor probatorio pleno en términos de los artículo 197, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desprende que el veinte de febrero de dos mil veintitrés se otorgó a la parte quejosa un documento que le permitió salir de la estación migratoria y continuar su procedimiento administrativo sin necesidad de permanecer en esas instalaciones. Asimismo, del pronunciamiento respectivo no se advierte que se haya ordenado el retorno asistido o la deportación de la parte quejosa a su lugar de origen. Por tanto, es claro que, con motivo de las determinación de veinte de febrero de dos mil veintitrés, ha quedado irreparablemente consumada la violación aducida por la parte quejosa generada con motivo de la detención y alojamiento en la estación migratoria, así como sus consecuencias, de manera que no se podría resolver sobre la constitucionalidad de los actos reclamados sin afectar la situación jurídica generada por aquella determinación. En efecto, en el caso se reúnen los presupuestos necesarios para estimar actualizado el cambio de situación jurídica, debido a que los actos reclamados emanan de un procedimiento seguido en forma de juicio, a saber, el expediente correspondiente al procedimiento administrativo migratorio: ******************** Además, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, esto es, el dieciséis de febrero de dos mil veintidós, se permitió a la parte quejosa continuar su procedimiento administrativo sin necesidad de permanecer alojada en la estación migratoria, de modo que se modificó la situación en que se ubicaba la parte quejosa respecto de la forma en que llevará el procedimiento administrativo migratorio. Entonces, tomando en consideración que las violaciones que se aducen en este juicio de amparo derivan de la detención y el alojamiento en la estación migratoria, es claro que no podría decidirse sobre dichas cuestiones sin afectar la nueva situación jurídica, precisamente, porque la determinación de veinte de febrero de dos mil veintitrés sustituyó la decisión preliminar en la que -entre otras cuestiones- se ordenó la presentación del quejoso y su alojamiento en la estación migratoria durante el trámite administrativo correspondiente y, por ende, deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones aquí reclamadas. Finalmente, se estima que entre la detención y alojamiento en la estación migratoria, así como sus consecuencias y la determinación de veinte de febrero de dos mil veintitrés, existe autonomía. Ello es así, ya que no concurre entre ellos una relación causa-efecto, pues la última determinación se emitió al actualizarse la hipótesis del artículo 102 de la Ley de Migración, en la que se valoraron las circunstancias particulares de la parte quejosa para establecer si era posible o no proseguir su procedimiento administrativo migratorio sin necesidad de permanecer alojada en las instalaciones de la autoridad responsable, de modo que esta última decisión puede subsistir, con independencia de que el acto materia de este juicio de amparo resulte o no inconstitucional. En tales condiciones, al estar demostrado que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XVII de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 113 del propio ordenamiento legal, respecto de la totalidad de los actos reclamados a las autoridades responsables. Háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.
- Principal
Mexicali, Baja California, veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese con vista a las partes el oficio de cuenta firmado por el Sub Representante Federal en Baja California del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, a través del cual remite copia certificada del oficio relativo al "documento provisional de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas" entregado al quejoso ********************, en veinte de febrero del año en curso. Por otra parte, se le tiene a dicha autoridad reiterando domicilio procesal y autorizados para oír y recibir notificaciones a las personas que cita en su oficio.
- Principal
Mexicali, Baja California, veintidós de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta remitido vía correo electrónico por el Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Baja California, con sede en Tijuana, mediante el cual pretende rendir informe sobre la suspensión de plano decretada en el presente asunto; sin que resulte procedente tener por presentado dicho informe, toda vez que la firma que consta en el mismo carece de elementos de autenticidad. En consecuencia, al no cumplirse con los requisitos establecidos en la Ley de Amparo y en los Acuerdos Generales 1/2013 y 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que, por regla general, los escritos deben presentarse por escrito, ya sea de manera física o signado electrónicamente conforme a las reglas expedidas por el propio consejo, se requiere de nueva cuenta al Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Baja California, con sede en Tijuana, para que en un término de veinticuatro horas, computado a partir del siguiente día de la notificación del presente proveído, remita el informe solicitado y las constancias relativas, ya sea de manera física o electrónica que cuente con los elementos de autenticidad señalados. Bajo apercibimiento que en caso de no dar cumplimiento a lo ordenado, se le impondrá multa de cincuenta a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente, de conformidad con los artículos 237 fracción I y 259 de la Ley de Amparo.
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