Pedro Lozano Vargas
Expediente 1000/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 5 actuaciones registradas, la última del 9 de enero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1000/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 09/01/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Pedro Lozano Vargas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
En nueve de enero de dos mil dieciocho, el suscrito Juan García Trejo, secretario de juzgado CERTIFICO: Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió del veintidós de diciembre de dos mil diecisiete al ocho de enero de dos mil dieciocho, sin contar los días veintitrés, veinticuatro, treinta y treinta y uno, del primero de dichos meses por corresponder a sábados y domingos, así como veinticinco por ser inhábil; uno del segundo mes también por ser inhábil, seis y siete por ser sábado y domingo, respectivamente; sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra el auto dictado el catorce de diciembre del año próximo anterior, dentro del juicio de amparo número 1000/2017-1. Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. No existen documentos por devolver a la autoridad responsable. Dentro del presente juicio de derechos, no se tramitó incidente de suspensión, por no haberse solicitado. Lo que se asienta para debida constancia legal. Doy fe. En la misma fecha el Secretario da cuenta con el estado de autos y con la certificación que antecede. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a nueve de enero de dos mil dieciocho. Visto el estado de autos así como la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido para la parte quejosa el término de diez días señalado por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que haya interpuesto el recurso de revisión a que se refiere el diverso numeral 81, fracción I, inciso b), de esa propia legislación, contra el auto de catorce de diciembre de dos mil diecisiete, por el que se sobreseyó en el presente juicio de derechos fuera de audiencia; en tal virtud, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que el mismo ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Ahora bien, en razón de que dicho auto no requiere ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el punto décimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto segundo, fracción XVI, y vigésimo primero, fracción II, del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; depuración que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de cinco años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Olivia
- Principal
El catorce de diciembre de dos mil diecisiete, se da cuenta con el estado de autos del presente asunto y con las promociones con folios 16594 y 16608, con anexo que se adjunta. Conste. Zacatecas, Zacatecas, catorce de diciembre de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por la magistrada Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del estado, con sede en esta ciudad, al que acompaña copia certificada al carbón del primer auto de requerimiento de pago de treinta de noviembre del año en curso, que constituye la respuesta dada al quejoso Pedro Lozano Vargas, cuya omisión en su dictado constituye el acto reclamado dentro del presente asunto, mismo que contiene la notificación que le fue realizada en trece de diciembre del actual, cuya copia certificada de dicho auto se tuvo por remitida a este Órgano Jurisdiccional en once de los corrientes. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos del presente asunto de los que se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". La fracción transcrita establece que el juicio de amparo es improcedente cuando los efectos del acto reclamado hubieran cesado. Para considerar lo anterior, es necesario que, ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos los efectos hayan desaparecido en forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera concedido el amparo. En otras palabras, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no haya quedado huella alguna. Lo anterior, encuentra su razón en la circunstancia de que sería ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos en la esfera jurídica del solicitante del amparo, ni los surtirá. De lo anterior, se sigue que el aspecto relevante para la causa de improcedencia en comento, lo constituye los efectos del acto reclamado y no así la subsistencia formal de éste. En ese sentido, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional. Ahora bien, para verificar si se actualiza el motivo de improcedencia en comento, no se requiere analizar la legalidad del diverso acto que revoca o sustituye al acto reclamado, sino únicamente determinar los efectos que aquél genera, ya que efectuar tal estudio implicaría examinar la legalidad de un acto diverso al reclamado. Sustenta el anterior criterio, dada la identidad jurídica entre los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo que se interpreta, y los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, tomo IX, junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido literal es, el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por tanto, la cesación de los efectos del acto reclamado de forma incondicional y total impide el estudio del fondo del asunto, ya que a nada práctico conduciría tal actividad, al ser ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no causa perjuicio en la esfera del quejoso, ni los causará. En esta instancia constitucional, el quejoso reclama toralmente la omisión por parte de la autoridad responsable magistrada Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del estado, con sede en esta ciudad, de dictar el auto de requerimiento de pago y de hacer respecto de las cantidades condenadas a la demandada y la actualización del salario del suscrito dentro del procedimiento laboral 129/2012. Ahora bien, la autoridad responsable magistrada Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del estado, con sede en esta ciudad, al rendir su respectivo informe justificado informó que era cierto el acto reclamado, al que acompañó copia certificada al carbón del primer auto de requerimiento de pago de treinta de noviembre del año en curso, que constituye la respuesta dada al quejoso Pedro Lozano Vargas; al respecto este Juzgado mediante proveído de once de diciembre del actual, la requirió para que remitiera la constancia de notificación al quejoso de dicho auto de requerimiento. Ahora, en esta fecha, al oficio de cuenta, la citada autoridad adjuntó copia al carbón del auto de treinta de noviembre último, conteniendo la notificación realizada al quejoso en trece de diciembre del año en curso. De lo cual se advierte que con lo anterior, dio contestación a lo solicitado por el quejoso; documentales que cuentan con valor probatorio, al tratarse de documentos públicos certificados y por contar con los signos que hacen presumir su autenticidad, relativos al sello de la autoridad responsable, sin que se hubiera demostrado su falsedad; lo anterior, en términos de los artículos 197, 202 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia. De manera que es patente que, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo (diecisiete de noviembre del año en curso), la autoridad responsable dio contestación a lo solicitado por el quejoso y que corresponde el acto reclamado en el presente juicio de amparo. Por tanto, es evidente que han cesado los efectos del acto reclamado, pues éste se concretaba en la omisión por parte de la autoridad responsable magistrada Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del estado, con sede en esta ciudad, de dictar el auto relativo al requerimiento de pago que lo es de treinta de noviembre del año en curso, que constituye la respuesta dada al quejoso Pedro Vargas Lozano, cuya omisión en su dictado constituye el acto reclamado dentro del presente asunto, solicitado en seis de noviembre del año en curso por el quejoso Pedro Vargas Lozano, por lo que al dar contestación a lo solicitado debe estimarse que se subsanó la omisión reclamada. En suma, con el dictado del auto de treinta de noviembre del año en curso han cesado los efectos de aquélla, como si se hubiera concedido el amparo; esto, porque la posible concesión de la protección de la Justicia de la Unión solicitada envolvía ordenar que se realizara aquél, lo que ya aconteció en la especie; por lo que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo que impone sobreseer en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la ley invocada. En las relatadas condiciones, es evidente que en la especie, durante la tramitación de este juicio constitucional, cobró vigencia de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXI, lo que impone sobreseer en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo; por tanto, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, en observancia a los principios de prontitud y expeditez en la impartición de justicia que consagra en el ordinal 17 de la Constitución General de la República. Es aplicable a este proceder la Jurisprudencia número 10/2003, formada con motivo de la contradicción de tesis 26/2002, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del catorce de febrero del año dos mil tres, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Consecuentemente, se deja sin efecto legal alguno la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional (nueve horas con cuarenta minutos del quince de diciembre del año en curso; por tanto, hágase la presente determinación del conocimiento de las partes. Asimismo, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, glósese al presente juicio de derechos sin mayor trámite el pedimento de cuenta signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; en atención a lo acordado con anterioridad. Por cuanto hace a su solicitud en el sentido de que se le expida copia simple del presente auto expídasele la misma. Notifíquese, y personalmente a las partes. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Olivia
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA DETERMINACIÓN DE CATORCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE 2017, LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c) DE LA LEY DE AMPARO: "Ahora bien, visto el estado que guardan los autos del presente asunto de los que se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". La fracción transcrita establece que el juicio de amparo es improcedente cuando los efectos del acto reclamado hubieran cesado. Para considerar lo anterior, es necesario que, ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos los efectos hayan desaparecido en forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera concedido el amparo. En otras palabras, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no haya quedado huella alguna. Lo anterior, encuentra su razón en la circunstancia de que sería ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos en la esfera jurídica del solicitante del amparo, ni los surtirá. De lo anterior, se sigue que el aspecto relevante para la causa de improcedencia en comento, lo constituye los efectos del acto reclamado y no así la subsistencia formal de éste. En ese sentido, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional. Ahora bien, para verificar si se actualiza el motivo de improcedencia en comento, no se requiere analizar la legalidad del diverso acto que revoca o sustituye al acto reclamado, sino únicamente determinar los efectos que aquél genera, ya que efectuar tal estudio implicaría examinar la legalidad de un acto diverso al reclamado. Sustenta el anterior criterio, dada la identidad jurídica entre los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo que se interpreta, y los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, tomo IX, junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido literal es, el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por tanto, la cesación de los efectos del acto reclamado de forma incondicional y total impide el estudio del fondo del asunto, ya que a nada práctico conduciría tal actividad, al ser ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no causa perjuicio en la esfera del quejoso, ni los causará. En esta instancia constitucional, el quejoso reclama toralmente la omisión por parte de la autoridad responsable magistrada Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del estado, con sede en esta ciudad, de dictar el auto de requerimiento de pago y de hacer respecto de las cantidades condenadas a la demandada y la actualización del salario del suscrito dentro del procedimiento laboral 129/2012. Ahora bien, la autoridad responsable magistrada Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del estado, con sede en esta ciudad, al rendir su respectivo informe justificado informó que era cierto el acto reclamado, al que acompañó copia certificada al carbón del primer auto de requerimiento de pago de treinta de noviembre del año en curso, que constituye la respuesta dada al quejoso Pedro Lozano Vargas; al respecto este Juzgado mediante proveído de once de diciembre del actual, la requirió para que remitiera la constancia de notificación al quejoso de dicho auto de requerimiento. Ahora, en esta fecha, al oficio de cuenta, la citada autoridad adjuntó copia al carbón del auto de treinta de noviembre último, conteniendo la notificación realizada al quejoso en trece de diciembre del año en curso. De lo cual se advierte que con lo anterior, dio contestación a lo solicitado por el quejoso; documentales que cuentan con valor probatorio, al tratarse de documentos públicos certificados y por contar con los signos que hacen presumir su autenticidad, relativos al sello de la autoridad responsable, sin que se hubiera demostrado su falsedad; lo anterior, en términos de los artículos 197, 202 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia. De manera que es patente que, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo (diecisiete de noviembre del año en curso), la autoridad responsable dio contestación a lo solicitado por el quejoso y que corresponde el acto reclamado en el presente juicio de amparo. Por tanto, es evidente que han cesado los efectos del acto reclamado, pues éste se concretaba en la omisión por parte de la autoridad responsable magistrada Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del estado, con sede en esta ciudad, de dictar el auto relativo al requerimiento de pago que lo es de treinta de noviembre del año en curso, que constituye la respuesta dada al quejoso Pedro Vargas Lozano, cuya omisión en su dictado constituye el acto reclamado dentro del presente asunto, solicitado en seis de noviembre del año en curso por el quejoso Pedro Vargas Lozano, por lo que al dar contestación a lo solicitado debe estimarse que se subsanó la omisión reclamada. En suma, con el dictado del auto de treinta de noviembre del año en curso han cesado los efectos de aquélla, como si se hubiera concedido el amparo; esto, porque la posible concesión de la protección de la Justicia de la Unión solicitada envolvía ordenar que se realizara aquél, lo que ya aconteció en la especie; por lo que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo que impone sobreseer en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la ley invocada. En las relatadas condiciones, es evidente que en la especie, durante la tramitación de este juicio constitucional, cobró vigencia de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXI, lo que impone sobreseer en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo; por tanto, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, en observancia a los principios de prontitud y expeditez en la impartición de justicia que consagra en el ordinal 17 de la Constitución General de la República. Es aplicable a este proceder la Jurisprudencia número 10/2003, formada con motivo de la contradicción de tesis 26/2002, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del catorce de febrero del año dos mil tres, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Consecuentemente, se deja sin efecto legal alguno la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional (nueve horas con cuarenta minutos del quince de diciembre del año en curso; por tanto, hágase la presente determinación del conocimiento de las partes."
- Principal
En once de diciembre de dos mil diecisiete, se da cuenta con una promoción registrada con el folio 16369 y anexo que se adjunta. Conste. Zacatecas, Zacatecas, once de diciembre de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio de cuenta para que obre como corresponda y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el INFORME JUSTIFICADO de la autoridad responsable presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del estado, con sede en esta ciudad; con dicho comunicado dese vista a las partes para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés legal convenga, hasta antes de la audiencia constitucional. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia en consulta, téngase como prueba de la referida autoridad la documental que acompaña consistente en el auto de treinta de noviembre del año en curso, dictado en el expediente laboral ordinario 129/2013, misma que se tiene admitida y desahogada, dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarla nuevamente y valorarla en la etapa procesal que corresponda. Ahora, respecto a la copia certificada del auto de treinta de noviembre del año en curso, dictado en el expediente laboral ordinario 129/2012, que la mencionada responsable remite en copia certificada con firma autógrafa, por el que dio respuesta a la petición formulada por el quejoso mediante escrito recibido ante su instancia; por tanto, mediante oficio que derive de este proveído, requiérase a la autoridad de que se trata, para que dentro del término de tres días siguientes a la legal notificación de este auto, remita a este órgano jurisdiccional, copia debidamente certificada de la notificación practicada al quejoso Pedro Lozano Vargas, respecto del indicado proveído. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Olivia
Quedan 1 actuación en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · 11,540 expedientes
- Pedro Josué Caamal Torres1199/2023
- Pedro Lara Rojas804/2023
- Pedro Leyva Almeida447/2016
- Pedro López Leos1230/2022
- Pedro Lozano Vargas1220/2018
- Pedro Lozano Vargas1505/2018
- Pedro Lozano Vargas1073/2016
- Pedro Lozano Vargas70/2015
- Pedro Lozano Vargas1675/2018
- Pedro Lozano Vargas765/2017
- Pedro Luis Alba Cardona1636/2018
- Pedro Luis González Pérez1156/2016