Pedro Lozano Vargas
Expediente 1220/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1220/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 21/06/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Pedro Lozano Vargas
Actuaciones
- Principal
El veintiuno de junio de dos mil dieciocho la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado CERTIFICA: Que el término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa interpusiera recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, transcurrió del catorce al veinte de junio del año en curso; con exclusión de los días dieciséis y diecisiete del mes y año en curso por ser inhábiles; contra el auto que desechó la demanda de derechos. Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos para devolver a la parte quejosa con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Conste. En la misma fecha se da cuenta con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veintiuno de junio de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto el recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, contra el auto que desechó la demanda de derechos; luego, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Por otra parte, al no haber diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo definitivo del expediente en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno. Ahora bien, en su oportunidad y con fundamento en el punto segundo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, al no ser de relevancia documental, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase el citado expediente por conducto de la Administración Regional a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal para los efectos legales correspondientes. En la inteligencia de que con fundamento en lo dispuesto por la fracción I, del punto vigésimo primero, del Acuerdo de referencia, este expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se considera que no contiene valor jurídico o histórico por el cual se deba conservar. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria que autoriza y da fe. Karla
- Principal
El seis de junio dos mil dieciocho, se da cuenta con la promoción registrada con el folio 11988. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a seis de junio de dos mil dieciocho. Téngase por recibido el oficio signado por la secretaria de acuerdos del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada de la interlocutoria pronunciada dentro del incidente en revisión penal 423/2017, de la que se advierte en su resolutivo único que declaró sin materia el aludido medio de impugnación; circunstancia de la cual este juzgado toma conocimiento; glósese el cuaderno de antecedentes que se encontraba formado al presente expediente previa extracción de las copias fotostáticas con las que se formó el mismo, las que deberán destruirse; hágase las anotaciones en el libro de gobierno de este juzgado. Acúsese el recibo. Consecuentemente, toda vez que en el juicio principal del que deriva este incidente, el veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete se ordenó el archivo definitivo, quedando pendiente pronunciarse respecto de la valoración del mismo virtud de que se encontraba en el tribunal Colegiado; en tales condiciones, como se desprende de líneas precedentes se tuvo por recibido éste a lo que se acuerda: Por otra parte, en su oportunidad y con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción II, del mencionado acuerdo, se determina que el expediente original del incidente de suspensión relativo al expediente principal en que se actúa SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en razón de que se negó la suspensión definitiva; además de que este Juzgado considera que no reviste valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; en atención a ello, glósese al principal el original del incidente. Asimismo, el CUADERNO DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN correspondiente al presente juicio de amparo ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; por tanto, guárdese por separado dicho cuaderno, para que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el citado punto vigésimo, se lleve a cabo su destrucción. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial, para los efectos legales correspondientes. Finalmente, se hace constar que no se exhibió billete o alguna otra garantía sobre la cual deba proveerse y que no existe recurso pendiente por resolver. Notifíquese. Así lo acordó y firma José de Jesús Martínez Torres, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, encargado del despacho por licencia del titular, conforme a lo establecido en el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante Jorge Martín Zamora González, secretario que autoriza y da fe. Brenda.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA PEDRO LOZANO VARGAS, LA DETERMINACIÓN DE SEIS DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO (2018), LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO b) DE LA LEY DE AMPARO: "... Zacatecas, Zacatecas, seis de junio de dos mil dieciocho. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Pedro Lozano Vargas, contra actos de la Presidenta del Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad y otra autoridad, por considerar que transgrede en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14, 16 y 17 constitucional. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 1220/2018, que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En principio, el quejoso señala como acto reclamado lo siguiente: a) El auto de veinticinco de abril de dos mil dieciocho, a través del cual el Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del estado de Zacatecas, con residencia en esta ciudad ordena girar oficio a la Secretaría de Finanzas del estado, para que descuente de las participaciones de la parte demandada (Secretaría de Educación del estado de Zacatecas) y cubra la cantidad que le corresponda al trabajador aquí quejoso y a que fue condenada la entidad pública, dentro del procedimiento laboral 129/2013. b) La omisión o abstención por parte de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del estado de dar cumplimiento al oficio 812/2018 derivado del auto de veinticinco de abril de dos mil dieciocho, emitido por el Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del estado. Ahora bien, del estudio integral del escrito de demanda que constituye un todo, se obtiene que si bien, el quejoso reclama el auto de veinticinco de abril de dos mil dieciocho, emitido por el Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del estado; sin embargo, del apartado de "antecedentes" como el de "conceptos de violación" del libelo que se proveé se advierte, de lo que se queja únicamente es de la omisión referida, pues incluso, no hay ningún argumento tendente a controvertir el oficio indicado, por el contrario, lo que pretende es que se dé cumplimiento al mismo. Por lo tanto, este órgano jurisdiccional procede a pronunciarse respecto a la omisión o abstención de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del estado, con sede en esta ciudad, en dar cumplimiento al oficio derivado del auto de veinticinco de abril de dos mil dieciocho, emitido por el Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del estado en los siguientes términos. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala, visible en la página 227, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, Agosto de 1998, Materia(s): Común, Registro 195745 que se lee: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo. DESECHAMIENTO. Ahora bien, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 113. El juez de distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano." Del precepto anterior se desprende que, para desechar de plano la demanda de amparo, es necesario que la causal de improcedencia sea manifiesta e indudable; debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es; de modo tal, que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que se hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurarla ni tampoco puedan desvirtuar su contenido; en el entendido que, de no actualizarse esos requisitos, existir indecisión o se requieran datos, constancias y/o del acreditamiento de hechos o circunstancias en torno a los cuales -al momento de la admisión de la demanda- no se tiene la suficiente certeza, no puede ser desechada. Ilustra lo anterior, la tesis de jurisprudencia I.6o.C. J/19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a foja 730, tomo X, Septiembre de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad". Ahora bien, en el presente asunto, resulta procedente desechar de plano la demanda de garantías, al actualizarse la causal prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1, fracción I y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, que en lo conducente dicen: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.]. II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. [.]." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]; y XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Entonces, de conformidad con los preceptos transcritos, el juicio de amparo procede contra actos de autoridad que afecten los derechos humanos y también contra particulares, que actúen con la potestad de una autoridad. Luego, para los efectos del juicio de amparo, una autoridad responsable será aquella con la potestad de emitir o realizar actos unilaterales, a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones que afectan la esfera jurídica del gobernado, sin requerir la voluntad del afectado o aún en contra de ella. Asimismo, es relevante verificar la existencia de una relación de supra a subordinación entre la potestad y el gobernado; entendida esta como la entablada entre gobernantes y gobernados, regulada por el derecho público, que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten entre ellos. Cabe señalar que el Alto Tribunal de la República ha establecido en jurisprudencia que el acto de autoridad, para efectos del juicio de amparo, surge de relaciones de supra a subordinación (entabladas entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos en beneficio del orden púbico y del interés social, caracterizadas por la imperatividad, coercitividad y unilateralidad), en contraposición a las relaciones de coordinación (entabladas entre sujetos que actúan en un plano de igualdad y bilateralidad, requiriendo de la intervención de los tribunales ordinarios para, en su caso, resolver las controversias suscitadas entre las partes), último de los casos que en la especie se actualiza. Encuentra aplicación la jurisprudencia 2a./J.164/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 161133, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXIV, septiembre de 2011, página 1089, materia común, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." La jurisprudencia resulta aplicable, no obstante de referirse a la Ley de Amparo anterior, porque no se contraponen al sentido de la Ley de Amparo actual, en términos del artículo Sexto transitorio, del decreto por el que se expidió. Con base en los anteriores argumentos, no tienen la naturaleza de actos de autoridad los reclamados de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas, consistente en la omisión o abstención de dar cumplimiento al auto de veinticinco de abril de dos mil dieciocho, emitido por el Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del estado; toda vez que dicha dependencia no puede considerarse como autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo; al ser solo un auxiliar del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas. Por consiguiente, al no tener una relación de supra a subordinación con la parte actora -aquí quejosa-, sino por el contrario, su participación está limitada en los términos de lo que determine el Tribunal de Conciliación para lograr el cumplimiento del laudo. Así, la actuación de la Secretaría de Finanzas del Estado de Zacatecas, no crea, modifica o extingue una situación jurídica concreta que beneficie o perjudique al particular en su esfera de derechos, como gobernado. Por analogía y por las razones que la sustentan, sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J.38/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXV, marzo de 2007, materia laboral, página 275, registro 173100, de rubro y texto: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO LO ES EL SECRETARIO DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS TRATÁNDOSE DE LA OBLIGACIÓN QUE LE IMPONE EL ARTÍCULO 118 DE LA LEY DEL TRABAJO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ENTIDAD. El Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas no tiene el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, tratándose de la obligación que le impone el artículo 118 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos de la entidad, en razón de que su actividad no depende de sus relaciones de supra a subordinación con el particular que obtiene un laudo favorable, pues la obligación de pago de la plantilla de ejecución prevista en ese precepto deviene de la obligación de auxiliar al Gobernador del Estado, quien debe cubrir ese derecho al particular por conducto del Secretario mencionado, con cargo al dinero administrado por éste, sin que pueda modificar o extinguir el derecho del beneficiado con el fallo laboral." También, tiene aplicación la tesis 2a./J. 31/2014 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, tomo II, mayo de 2014, página 966, registro 2006389, de rubro y texto siguiente: "ÓRGANOS DE GOBIERNO O DEPENDENCIAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE VERACRUZ. EL INCUMPLIMIENTO A UN LAUDO PRONUNCIADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). Conforme a la interpretación de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo, en especial lo resuelto en la contradicción de tesis 422/2010, de la que derivó la tesis de jurisprudencia 2a./J. 85/2011 (*), el incumplimiento a un laudo por parte de los órganos o dependencias públicas del Estado de Veracruz en el que figuraron como parte demandada no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, en tanto que el marco normativo de esa entidad prevé un procedimiento específico para darle ejecución, donde incluso puede llegarse a su forzoso acatamiento a través del embargo de bienes privados o propios de las autoridades demandadas; lo que basta para preservar el plano de coordinación que caracteriza las relaciones laborales y la igualdad que de éstas se pregona. En las narradas circunstancias, al actualizarse la causa de improcedencia antes analizada, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 113, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 61, fracción XXIII, 1, 5, fracción II, de la citada ley invocada, SE DESECHA DE PLANO la demanda de derechos. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se hace del conocimiento de las partes que se les permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. AUTORIZADOS Y DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como autorizado para recibir notificaciones con las amplias facultades que confiere el artículo 12, de la ley de la materia al licenciado José Carlos Adabache López, quien tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y como domicilio para tal fin el ubicado en calle Uno número doscientos veintitrés (223), altos, fraccionamiento Boulevares, en esta ciudad. Por otra parte, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. LEY DE TRANSPARENCIA. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese personalmente. ...
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · 11,540 expedientes
- Pedro Joel Jiménez Orozco1074/2017
- Pedro Joel Jiménez Orozco926/2017
- Pedro Josué Caamal Torres1199/2023
- Pedro Lara Rojas804/2023
- Pedro Leyva Almeida447/2016
- Pedro López Leos1230/2022
- Pedro Lozano Vargas1505/2018
- Pedro Lozano Vargas1000/2017
- Pedro Lozano Vargas1073/2016
- Pedro Lozano Vargas70/2015
- Pedro Lozano Vargas1675/2018
- Pedro Lozano Vargas765/2017