Pedro Josimar Armendariz Palacios
Expediente 1468/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 1 actuación registrada, la última del 20 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1468/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 20/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · La Laguna
Partes del expediente
- Pedro Josimar Armendariz Palacios
Actuaciones
- Principal
Se notifica al quejoso. Radicación. Por recibida la demanda de amparo promovida por Pedro Josimar Armendáriz Palacios, contra actos de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y otras autoridades. Registro. Regístrese en el libro de gobierno de juicios de amparo con el número 1468/2019, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Desechamiento. Ahora bien, conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. El dispositivo en consulta señala: .... Este precepto autoriza a este Juzgado Federal a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encuentre motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se actualiza, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que, en su caso, a ésta se anexen; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio; situación que en el presente juicio acontece, como enseguida se precisa. Este Juzgador Federal estima que, en la especie, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5º, ambos de la Ley de Amparo, cuyo texto señala: .... Respecto del tema a dilucidar, resulta necesario desarrollar diversas precisiones terminológicas en torno al interés legítimo, a efecto de estar en posibilidad de dotar de contenido a la fracción I del artículo 107 constitucional, mismo que señala lo siguiente: ... I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;" Las normas en comento reconocen poder jurídico para accionar la instancia constitucional a quienes tienen un interés legítimo individual o colectivo, el cual, a diferencia del jurídico -consistente en la afectación dirigida a un individuo o a algunas personas definidas individualmente-, alude a un fenómeno supraindividual, esto es, se trata de afectaciones que, aun cuando repercuten en personas identificables, corresponden a grupos (interés difuso). Así, los siguientes conceptos constituyen un marco, que si bien es de índole teórica, lo cierto es que resulta de enorme importancia para el criterio sostenido en el presente asunto. En efecto, el interés, en su aceptación jurídica, se refiere a un vínculo entre cierta esfera jurídica y una acción encaminada a su protección, en virtud del cual, se solicita a la autoridad competente que ejerza sus facultades de conocimiento y resolución en torno a dicha acción. Ese interés puede ser clasificado de diversas formas, ello con base a la acción jurídica a la cual se encuentre referido. Algunos de los criterios más empleados por la doctrina, mismos que son de especial relevancia para el presente caso, que son los siguientes: a) Atendiendo al número de personas afectadas por el acto que se reclama. A partir de tal criterio, el interés puede clasificarse de la siguiente manera: I.- Individual. II.- Colectivo o difuso b) Atendiendo al nivel de afectación o intensidad de relación con la esfera jurídica de la persona. En torno a dicho criterio, existen los siguientes tipos de interés: I. Simple. II. Legítimo. III. Jurídico. Una vez señalado lo anterior y a efecto de clarificar el estudio del interés para efectos del juicio de amparo, se procede a desarrollar cada uno de los conceptos previamente señalados, en los siguientes términos: a) Tipos de interés atendiendo al número de personas afectadas por el acto que se reclama. Sobre tal criterio de clasificación, mismo que atiende al número de personas que son titulares de la esfera jurídica afectada, es necesario señalar que el interés individual, como su nombre lo indica, se refiere a la afectación de la esfera jurídica de un individuo -con independencia del nivel de afectación-, mientras que los llamados intereses difusos y colectivos (legitimo), son aquellos derechos subjetivos e intereses legítimos que corresponden a personas indeterminadas, pertenecientes a ciertos grupos sociales; es decir, la afectación es indivisible o difuso. No obstante ello, es posible realizar una sub clasificación de tales conceptos, pues hay un sector de la academia que señala que los intereses colectivos son los intereses comunes a una colectividad de personas entre las que existe un vínculo jurídico, mientras que en los intereses difusos no existe tal vínculo jurídico, sino solamente situaciones contingentes o accidentales. En cualquier caso, tanto el interés colectivo como el difuso, comparten como nota distintiva un fenómeno supraindividual, es decir, son indivisibles. Ello no quiere decir que tales circunstancias escapen de la dimensión individual, toda vez que la repercusión recae directamente en personas identificables, pero la afectación trasciende de la esfera jurídica subjetiva y se proyecta en un grupo, categoría o clase en conjunto. b) Atendiendo al nivel de afectación o intensidad de relación con la esfera jurídica de la persona. En primer término, es necesario precisar los extremos relativos al presente criterio de categorización: el interés simple y el interés jurídico. El interés simple implica el reconocimiento de una legitimación para cualquier individuo, por el solo hecho de ser miembro de la comunidad -situación que comúnmente se ha identificado con las denominadas "acciones populares"-, mientras que el interés jurídico es aquel que se ha identificado con la titularidad de un derecho subjetivo, es decir, con la posibilidad de hacer, o querer determinada circunstancia y la posibilidad de exigir a otros el respeto de la misma. En otras palabras, el interés simple, es el concerniente a todos los integrantes de la sociedad, por lo que el grado de intensidad en la esfera jurídica no resulta cualificado, personal o directo. Es por ello que tal interés constituye el supuesto contrario al interés jurídico, en el cual, la afectación a la esfera jurídica se encuentra referida a una cualidad específica: la titularidad de un derecho subjetivo. Como puede apreciarse, el concepto de interés jurídico se identifica con lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación había entendido por parte agraviada para efectos de la promoción del juicio de amparo, ello, claro está, previo a la reforma constitucional de junio de dos mil once. .... Una vez establecido lo anterior, resulta pertinente desarrollar lo concerniente al interés legítimo. A manera de aproximación inicial al tema, se suele señalar que se trata de una legitimación intermedia entre el interés jurídico y el interés simple, ya que no se exige acreditar la afectación a un derecho subjetivo, pero tampoco implica que cualquier persona pueda promover la acción constitucional. Así, el interés legítimo solamente requiere de una afectación a la esfera jurídica entendida en un sentido amplio, ya sea porque dicha intromisión es directa, o porque el agravio deriva de una situación particular que la persona tiene en el orden jurídico. El interés legítimo -mismo que tuvo su origen en el derecho administrativo, pero su uso se ha extendido a otras ramas jurídicas- implica un vínculo entre una persona y una pretensión, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. No obstante ello, esta titularidad potencial de una ventaja o utilidad jurídica, requiere de un interés actual y real, no hipotético, pues ello se encontraría referido a un interés simple. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad y no sólo como una simple posibilidad, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el cual no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Orienta lo expuesto, la tesis 2a. XVIII/2013 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en página 1736, Libro XVIII, Tomo 2, marzo de 2013, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone lo siguiente: .... Cabe aclararse que tal parámetro de razonabilidad, no se refiere a los estándares argumentativos empleados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para analizar la validez de normas jurídicas, sino al hecho de que la afectación a la esfera jurídica del quejoso en sentido amplio debe ser posible, esto es, debe ser razonable la existencia de tal afectación. Por tanto, dicho término se refiere a la lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata de un interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes, y por ende, protegidos. En efecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo ese criterio en la tesis 1a. CLXXXIV/2015 (10a.), consultable en la página 448, Libro 18, mayo de 2015, Tomo I, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice lo siguiente: .... Así, mediante este interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal y si bien la misma es diferenciada al interés del resto de la sociedad, lo cierto es que no requiere provenir de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, es decir, tal situación goza de una lógica jurídica propia e independiente de alguna conexión o derivación con derechos subjetivos. En cualquier caso, resulta pertinente hacer una aclaración: la apreciación que el órgano competente realice del interés legítimo, a efecto de verificar su actualización en el procedimiento correspondiente, no depende de una manifestación del interesado; es decir, la sola afirmación de éste, en el sentido de que goza del interés suficiente, no basta para que el mismo se tenga por acreditado. En otras palabras, el hecho de que el interés legítimo implique un nivel de afectación menor al exigido en el interés jurídico, no significa que el mismo no deba acreditarse, aunque por otra parte, no existe ningún impedimento para que la autoridad, por medio de inferencias lógicas, arribe a la conclusión de que sí se ha actualizado el mismo. Por otra parte, también requiere precisarse que aunque este tipo de interés sirve de manera especial para la protección de intereses colectivos, y por tanto, ha resultado adecuado para justificar la legitimación a entidades de base asociativa, lo cierto es que tal función no resulta exclusiva, sino que la posición especial en el ordenamiento jurídico, también puede referirse a una persona en particular; esto es, si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible. Por último, debe señalarse que el interés legítimo se refiere al exigido en el juicio de amparo, el cual debe analizarse a la luz de la función primordial del mismo: la protección de los derechos fundamentales de las personas, razón por la cual, el principio pro persona contenido en el artículo 1° constitucional cobra especial relevancia en el presente asunto. Es aplicable al caso, la tesis 2a. LXXX/2013 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1854, del Tomo 3, Libro XXIV, septiembre de 2013, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone lo siguiente: ... Ahora bien, en el caso particular debe señalarse que la parte quejosa reclama esencialmente los actos, omisiones, determinaciones o resoluciones, relacionadas con el uso de agua potable proveniente de los mantos acuíferos de la "Zona Villa Juárez" en la Central Termoeléctrica "Guadalupe Victoria" y de la Central de Ciclo Combinado "Gómez Palacio" ambas pertenecientes a la Comisión Federal de Electricidad, y en consecuencia la omisión de las autoridades responsables de promover, garantizar, proteger y respetar el derecho humano al agua. Lo anterior, en tanto aduce que existe un riesgo inminente de afectación, derivado de la sobreexplotación de los mantos acuíferos. Sin embargo, la parte quejosa sólo representa un simple interés, en donde no se advierte la especial situación frente a un orden jurídico en la que se encuentra. Esto es, la parte quejosa carece de interés legítimo para reclamar tales actos, dado que con los mismos no se produce una afectación real y actual en su esfera jurídica, sino que se traduce en una aseveración que redunda en un interés simple, (la forma en que se llevará a cabo el retiro del material peligroso), cuyo objetivo o intención es insuficiente, por sí mismo, para acudir al juicio de amparo, puesto que el derecho en el que se sustenta dicha demanda se traduce en un interés simple que se reconoce a todo ciudadano, pero no puede asimilarse al interés legítimo previsto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, respecto de los actos que reclama en esta instancia, existe un interés simple, que constituye la ausencia del interés legítimo sobre el cual basa su demanda; pues en el caso de la relatoría de los hechos no se hace patente la lesión que resiente, o en su caso, el beneficio en su esfera de derechos que obtendrían de concedérsele la protección constitucional. Así, al no existir materialmente una afectación o cierto derecho colectivo o difuso, para con ello determinar el interés que le asiste a la parte quejosa, implica que el interés legítimo que se pretende sostener se diluya en el concepto de interés simple, pues no puede considerarse como un estigma la afectación ideológica que produce el acto de la autoridad en ciertos miembros de la población en general, ni permite hacer pasar como interés legítimo la mera percepción dañina subjetiva de la parte quejosa; es decir, no es el sentido de legalidad o la opinión particular sobre este concepto lo que puede llevar a una declaratoria de inconstitucionalidad, ya que de ser así, todos los habitantes estarían legitimados para impugnar cualquier tipo de acto y se llegaría al absurdo de permitir que por cada uno se admitiera el amparo cuando se reclamaran derechos abstractos, lo que traería como consecuencia la existencia de un número indeterminable de procedimientos. En ese sentido, la parte quejosa no acredita que con los actos reclamados se afecte su esfera jurídica de una manera directa, y que la posible concesión se traduzca en un beneficio en su esfera de derechos. De ahí que se estime que la concesión del amparo, no se traduciría en un beneficio personal para la parte quejosa, pues los actos reclamados no suponen una afectación a su esfera jurídica en algún sentido; contrario al caso de que posea interés legítimo, que se traduciría en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en su favor, derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Consecuentemente, si la accionante del amparo únicamente cuenta con interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia en estudio. Ello es así, pues incluso el daño ocasionado con el acto reclamado, debe tratarse de una afectación palpable y discernible objetivamente del análisis del acto reclamado o la norma impugnada, al grado de ser calificable como una verdadera creación de la obra de la autoridad; de ahí la obligación de este juzgador de reconocer el interés legítimo únicamente a la persona que acredite una afectación real en sentido cualitativo, pero también temporal, actual o inminente, mas nunca hipotético o conjetural. Tiene aplicación a lo anterior, el criterio sostenido en la jurisprudencia por reiteración 1ª./J. 38/2016 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 690, tomo II, Agosto de 2016, en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, bajo el siguientes criterio: ... Así como la jurisprudencia P./J. 50/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 60, Libro 12, noviembre de 2014, Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala lo siguiente: ... En efecto, aduce la quejosa, que "en días recientes" tuvo conocimiento de la contaminación que existe en los cuerpos de agua y ríos en el Estado de Durango, y cuenta con información que la Central Termoeléctrica "Guadalupe Victoria" y Central de Ciclo Combinado "Gómez Palacio" de la Comisión Federal de Electricidad ubicada en el municipio de Lerdo, Durango, utilizan entre ciento sesenta y doscientos litros de agua por segundo y de la página del Ayuntamiento de Lerdo, advirtió que la Comisión Federal de Electricidad únicamente ha utilizado sesenta y setenta litros de agua por segundo; que el municipio de Lerdo cuenta con una planta tratadora de agua, operada por una empresa particular y que debido al incumplimiento contractual por parte del gobierno, no es utilizada; también tuvo conocimiento que la Comisión Federal de Electricidad pagó a la Comisión Nacional del Agua la cantidad de un millón trescientos sesenta y nueve mil pesos por explotación de pozos, lo que le hace presumir que se usa agua potable de los mantos acuíferos de la "Zona Villa Juárez" y de los mantos acuíferos de la zona de "La Laguna" y lo que le ocasiona afectación a su esfera jurídica en tanto que ello provoca una sobreexplotación de los recursos hidráulicos y en consecuencia un daño al medio ambiente; sin embargo, las referidas manifestaciones no se encuentran sustentadas, pues lo antes descrito, no implica per se, que exista una afectación en los derechos de los habitantes de dicho lugar. En ese sentido, cuando se aduce un interés legítimo, debe acreditarse una afectación real en sentido cualitativo, pero también temporal, actual o inminente, pero nunca hipotético o conjetural. Ahora bien, las afirmaciones de la quejosa no encuentran respaldo en medio de prueba alguno, y carecen de objetividad, pues desde un punto de vista lógico, las consecuencias que la parte quejosa refiere no derivan de manera intrínseca de los actos reclamados, esto es, que el actuar de las referidas institucional impliquen una afectación al medio ambiente y salud de los habitantes de los alrededores, sino que la mera posibilidad que lo hiciera, constituye una circunstancia eventual que no deriva de un hecho probado. Por consiguiente, hasta este momento no se encuentra probado el daño inminente o la afectación real para acreditar su interés legítimo. Aunado a que, la parte quejosa prescindió proporcionar elementos fácticos del riesgo con relación a la explotación de dicho recurso, y el lugar en el cual probablemente habita, en correlación con las afectaciones que debió identificar, pues a partir de ello, este juzgado federal es como puede normar su arbitrio judicial y definir si a propósito de la vecindad alegada, los actos reclamados le generan una afectación inminente, para hacer procedente el juicio de amparo. Tiene aplicación a lo anterior, el criterio sostenido en la jurisprudencia 1a. CLXXXII/2015 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 445, tomo I, Mayo de 2015, en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, bajo el siguientes criterio: ... Así como, en lo conducente, la jurisprudencia PC.III.A. J/57 A (10a.), sostenida por el Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro 62, enero de 2019, tomo III, página 1780, que señala lo siguiente: ... Así, en el caso concreto, este juzgado estima que la parte quejosa no tiene el interés legítimo, ni jurídico a que se refieren los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5°, fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, y al ser esta una causal de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, la cual quedó plenamente demostrada en los párrafos que anteceden, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo. Es aplicable al caso, la tesis 2a./J. 57/2017 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1078, del Libro 43, Junio de 2017, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dispone lo siguiente: .... Lo anterior es así, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado; además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sustentado por Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa Del Primer Circuito, contenido en la página mil seiscientos treinta y uno, Tomo XX, Septiembre de dos mil cuatro, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: ... Transparencia y acceso a la información. De conformidad con los artículos 3°, 6°, 8°, 68, 98, 110, 112, 113 y 117, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 23, 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes no sólo que deben hacerse públicas las resoluciones que causen estado, sino también que pueden solicitar la supresión de sus nombres en las listas publicadas en medios electrónicos, y que para permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requiere el consentimiento del titular de la información relativa, salvo las hipótesis legales reguladas por la ley de la materia. Finalmente, hágaseles ver que con independencia de que las partes manifiesten o no su oposición a la publicación de sus datos, la versión pública de la sentencia que se emita en el presente asunto, se suprimirán los datos confidenciales que puedan contener de conformidad con el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y con lo dispuesto en el acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de veintisiete de noviembre de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Domicilio. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito inicial de demanda, conforme a lo establecido en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición de su numeral 2°. Autorizados. Se tiene como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado Ismael Hernández Medina y únicamente para oír y recibir notificaciones a la diversa persona que menciona. Habilitación de días y horas. Con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para llevar a cabo las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo. Digitalización. De conformidad con el artículo 3°, párrafo octavo, de la ley de la materia, procédase a la digitalización de las promociones, resoluciones y documentos judiciales, para los efectos legales conducentes. Notifíquese personalmente al promovente.
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