Pedro Ignacio Aguilera Encerrado
Expediente 712/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 5 actuaciones registradas, la última del 3 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 712/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 03/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · La Laguna
Partes del expediente
- Pedro Ignacio Aguilera Encerrado
- Presidente de la Junta Especial Número 42 de la Federal de Conciliación Y Arbitraje, Ciudad.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; tres de agosto de dos mil veintidós. Ejecutoria. Vista la certificación de cuenta, se desprende que transcurrió el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión en contra del sobreseimiento fuera de audiencia dictado en los presentes autos; por tanto, con fundamento en los numerales 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en los términos del precepto 2º de la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes; comuníquese lo anterior a las partes. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Depuración o destrucción. Este expediente es susceptible de destruible, conforme al artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Incidente. No solicitó. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Expediente electrónico. En el entendido que en términos del artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el secretario de la adscripción certificó que el expediente electrónico coincide en su integridad con el expediente físico. Archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; seis de julio de dos mil veintidós. Escrito. Visto el escrito de cuenta, signado por el autorizado de la parte quejosa, a través de la cual pretende ampliar la inicial demanda de amparo, contra las autoridades responsables y los actos reclamados que ahí menciona. Acuerdo. Al respecto, se estima que el escrito con el que pretende ampliar la demanda de amparo, no reúne los requisitos establecidos en el artículo 111 de la Ley de Amparo, ya que el quejoso pretende ampliar su demanda de amparo señalando como acto reclamado el auto de fecha quince de junio del año en curso, dentro de los autos del juicio laboral 539/2018; y en la demanda de amparo inicial, el quejoso reclamó, medularmente, la omisión de señalar fecha para audiencia de liquidación del laudo en el mencionado expediente laboral. En ese sentido, es claro que los actos reclamados no guardan estrecha vinculación con los inicialmente reclamados; por lo que, la solicitud de ampliación de demanda debe ser analizado de manera autónoma e independiente. Por consiguiente, en aras de garantizar el acceso a la justicia previsto en el artículo 17 de la Constitución Federal, se ordena remitir a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en La Laguna, con residencia en esta ciudad, la promoción de trato y todos sus anexos, por la cual se pretende ampliar la demanda de amparo, a fin que le dé el trámite como nueva demanda y la turne al juzgado que corresponda; déjese copia certificada del escrito de cuenta en este asunto, para debida constancia legal. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia P./J. 7/2020 (10a.), sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro 79, octubre de 2020, tomo I, página 5, que señala lo siguiente: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA FALTA DE VINCULACIÓN ESTRECHA CON LOS ACTOS RECLAMADOS INICIALMENTE, NO OCASIONA SU DESECHAMIENTO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes analizaron cómo debe actuar el Juez de Distrito frente a la ampliación de demanda que no cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 111 de la Ley de Amparo, por no guardar estrecha vinculación con los actos reclamados inicialmente y llegaron a determinaciones divergentes, ya que uno sostuvo que el juzgador debe remitir el asunto a la Oficina de Correspondencia Común, a fin de que se registre como una nueva demanda y se turne al órgano jurisdiccional correspondiente, a efecto de que provea lo conducente, mientras que el otro resolvió que en ese caso se debe desechar la ampliación de demanda. Criterio jurídico: Si la materia de ampliación de la demanda no cumple con la exigencia de guardar estrecha vinculación con los actos reclamados inicialmente, o en ampliaciones previas, el Juez de Distrito deberá remitir el escrito a la Oficina de Correspondencia Común a fin de que se le dé el trámite como nueva demanda y el juzgador en turno, al examinarla, sólo en la hipótesis de que advierta una causa manifiesta e indudable de improcedencia, podrá desecharla. Justificación: Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido, aun antes de que fuera prevista en la Ley de Amparo, que la ampliación de demanda es una figura que atiende a la exigencia del artículo 17 de la Constitución General, el cual reconoce el derecho de acceso a la justicia, que debe ser completa, pronta e imparcial. Bajo ese orden de ideas, cuando ante un Juez de Distrito se promueva una ampliación de demanda que no cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 111 de la Ley de Amparo, por no guardar estrecha vinculación con los actos reclamados inicialmente, o en ampliaciones previas, en aras de garantizar el acceso a la justicia, debe enviarla a la Oficina de Correspondencia Común para que se le dé el trámite correspondiente a una demanda independiente, ya que sólo puede desecharse una demanda ante la actualización de una causa de improcedencia manifiesta e indudable, lo que podrá hacer, en todo caso, el Juez que por razón de turno conozca de aquélla". Sobreseimiento fuera de audiencia. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que la parte quejosa, en su escrito inicial de demanda, reclama de las autoridades que señaló como responsables Junta Especial Número 42 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad y Actuarios de su adscripción, la omisión de señalar día y hora para la celebración de la audiencia incidental de liquidación dentro del juicio laboral 539/2018. En el caso, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia de este juicio de amparo, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXII, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo"; Para fijar el alcance de la citada causal de improcedencia conviene tener presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez de los actos relativos, por estimarlos violatorios de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Luego, si la finalidad del juicio de amparo es restituir a la parte quejosa en el goce de los derechos humanos transgredidos por la autoridad responsable, de ahí que en todo momento se hace énfasis en el principio de procedencia consistente en que el fallo protector llegare a emitirse por el juzgador de amparo, pueda concretarse y transcender a la esfera jurídica del gobernado que solicitó la protección constitucional y, a contrario sensu, cuando por alguna circunstancia no pueda cumplirse con dicha finalidad, el juicio de derechos fundamentales será improcedente. Entre las causales de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio se encuentra la prevista por el numeral 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, en la cual, el legislador tomó en cuenta que, en ocasiones, aun cuando subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno en el cual éste se emitió, en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales que se estimen transgredidos. O bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque las prerrogativas que se vieron afectadas por el acto de autoridad se encontraban incorporadas temporalmente a la esfera jurídica del quejoso, porque la situación jurídica de la que emanaban las referidas prerrogativas se hubieren modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica de los peticionarios del amparo. Sobre el tema, cobra aplicación la tesis 2a. XLVIII/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, abril de 1998 página 241, registro digital 196442, cuyo rubro y texto son los siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad." En este orden de ideas, la parte quejosa reclamó en el juicio de amparo la omisión de señalar fecha de audiencia para resolver el incidente de liquidación de laudo y de notificarla, en el juicio laboral 539/2018 del índice de la Junta Especial Número 42 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad. Por lo anterior, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión acudiendo a esta instancia constitucional; sin embargo, del informe con justificación y de las documentales exhibidas en apoyo a éste, se desprende que los integrantes de la Junta Especial número 42 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, de esta ciudad, emitieron acuerdo el quince de junio de dos mil veintidós, en el que determinaron que una vez que se tenga certeza jurídica de las investigaciones que practicará la Fiscalía General de la República en diversas carpetas de investigación, dicho Tribunal laboral acordará lo procedente sobre la petición de señalar audiencia y dictar resolución al incidente de liquidación de laudo; por lo que, negó acordar favorable la solicitud de la parte aquí quejosa. En consecuencia, es evidente que aun cuando la autoridad responsable no emitió acuerdo favorable a la pretensión de la parte aquí quejosa, es, decir, aun cuando subsiste la omisión reclamada, ya fue modificado el entorno dentro del cual se suscitó porque la autoridad laboral dictó acuerdo en el que determinó no resolver lo relativo al incidente de liquidación de laudo en el juicio de origen, hasta en tanto tenga noticia de las investigaciones que realice la Fiscalía General de la Republica sobre posible desvío de recursos oficiales del Instituto demandado aquí tercero interesado, por lo que en caso de concluirse que es inconstitucional -la omisión de resolver el incidente de liquidación y su notificación-, no sería posible resolver sobre esto, sin afectar la nueva situación jurídica creada por la suspensión del procedimiento de ejecución en el juicio natural. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 181/2006, de la Segunda Sala del máximo tribunal del país, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, diciembre de 2006, página 189, con registro digital 173858, que establece lo siguiente: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." Cancelación de la audiencia constitucional. En función de lo anterior, se deja sin efecto la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional esto es las doce horas con cuarenta minutos del trece de julio de dos mil veintidós, y se ordena la cancelación de la anotación de la audiencia programada en el presente juicio, en la agenda que para tal efecto se lleva en este juzgado federal, por las razones expuestas con antelación. Notifíquese personalmente.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza, a dieciséis de junio de dos mil veintidós. Informe. Visto lo de cuenta, se recibe el informe justificado remitido por la autoridad responsable, y agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda. Vista. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe que se trata, con el cual, se da vista a las partes para los efectos legales a que haya lugar, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional relativa. Pruebas. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 119, de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad responsable ofreciendo la prueba documental que anexa a su informe justificado; la cual se admite, sin perjuicio de hacer relación de ella en la audiencia constitucional. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos del juicio en que se actúa, se advierte que no ha transcurrido el término de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del informe justificado de la autoridad responsable. Diferimiento. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional que habría de celebrarse el día de hoy y se señalan las doce horas con cuarenta minutos del trece de julio de dos mil veintidós, para su celebración. Al respecto, cabe citar la tesis de jurisprudencia setecientos cincuenta y siete, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochocientos treinta y ocho del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto, que es del tenor siguiente: "INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE TRANSCURRIR, EN SU INTEGRIDAD, ENTRE LA FECHA EN QUE SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y LA NUEVA SEÑALADA POR ESE MOTIVO." Notifíquese.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; treinta de mayo de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado actual de los autos, se advierte que la autoridad responsable no ha dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Requerimiento. En tales condiciones, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, y tomando en consideración los efectos del fallo protector, requiérase a la autoridad responsable Recaudador de Rentas de Gómez Palacio, Durango, para que dentro del término de tres días contado a partir de la notificación del presente proveído, dé cumplimiento al fallo protector, y en su caso, remita copia certificada de las constancias que así lo acrediten. Apercibimiento. En el entendido que de no hacerlo así sin causa justificada, con fundamento en el artículo 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a la Unidad de Medida y Actualización (en sustitución del salario mínimo) multiplicada por cien, de conformidad con el decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese.
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