Pedro Joel Jiménez Orozco
Expediente 1643/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 26 actuaciones registradas, la última del 6 de junio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1643/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 26
- Última actuación
- 06/06/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Pedro Joel Jiménez Orozco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 26.
- Principal
El seis de junio de dos mil dieciséis, el Secretario licenciado José de Jesús Martínez Torres, CERTIFICO: Que transcurrió el término de tres días que se concedió a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho correspondiera, respecto de los actos realizados por las autoridades responsables en relación con el cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de garantías, lo que se asienta para los efectos legales conducentes. Doy fe. En la misma fecha, el Secretario licenciado José de Jesús Martínez Torres, doy cuenta a la Juez, con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a seis de junio de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que la parte quejosa no hizo manifestación alguna en relación con el cumplimiento dado por las autoridad responsable a la ejecutoria pronunciada en el presente juicio de amparo; y toda vez que según se advierte de la certificación asentada por el Secretario adscrito a este Juzgado, ha transcurrido el término de tres días que se le concedió para tal efecto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, y la Jurisprudencia del rubro: "INCONFORMIDAD, EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, UNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE. (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)", emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y con registro 26/2000; esta resolutora procede a pronunciarse sobre el cumplimiento otorgado por las autoridades responsables a la sentencia protectora de garantías. El quince de marzo de dos mil dieciséis el Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, dictó sentencia en la que por una parte sobreseyó en el presente juicio de amparo y por otra se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados al quejoso Pedro Joel Jiménez Orozco, contra los actos reclamados a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas y otras autoridades, en los términos y para los efectos que se puntualizan a continuación: [.] "Consecuentemente, al resultar fundado el concepto de violación relativo a la inconstitucionalidad del artículo 52, fracción IX, de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, lo procedente en términos de los numerales 77, fracción I, y 78 de la Ley de Amparo es conceder el amparo y la protección solicitados para el efecto de que se desincorpore de la esfera jurídica del quejoso la imposición que se establece a su cargo por motivo del pago de derechos registrales de cédula hipotecaria, embargo judicial o administrativo que deriva del dispositivo impugnado, contenido en el recibo oficial F2015755, quedando a cargo de los entes estatales facultados para su recaudación, la devolución del importe respectivo; esto es, una vez que cause ejecutoria el presente fallo deberá requerirse al Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas o a cualquier otra autoridad dependiente de esa Secretaría que conforme a sus atribuciones quede vinculada, para que ordene la devolución del importe que el quejoso haya erogado, correspondiente a la diferencia en la tasa pagada de más y la prevista como monto mínimo con motivo del servicio correspondiente, ya que la concesión del amparo no impide a la autoridad fiscal cobrar por el citado servicio, siempre y cuando lo haga conforme a la cuota mínima aplicable a aquellos sujetos que se encontraban en la misma situación que el inconforme frente a la ley tributaria." [.] "Además, a fin de restablecer al quejoso en el pleno goce del derecho violado, conforme a los dispositivos legales de la Ley de Amparo invocados en párrafos precedentes, el efecto de la protección federal también implica que la autoridad fiscal estatal competente dependiente de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas devuelva al inconforme la cantidad pagada en exceso debidamente actualizada, lo cual se traduce en que después de calcular el pago del derecho por el registro del embargo en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio deberá devolverse al solicitante del amparo la cantidad pagada en exceso debidamente actualizada en términos del artículo 16 A del Código Fiscal del Estado de Zacatecas, ya que sólo de esa manera se logrará restituir al quejoso en el goce del derecho violado; en la inteligencia de que esa devolución no deberá comprender el pago de intereses por indemnización, al tratarse de un concepto ajeno a la razón por la cual se declaró la inconstitucionalidad de la norma jurídica impugnada." [.] "Finalmente, no pasa inadvertido que si el monto del derecho pagado por el quejoso constituye a su vez la base para determinar otro tipo de contribuciones, como el impuesto para la Universidad Autónoma de Zacatecas previsto por los artículos 21 al 27 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, a fin de restituir al agraviado plenamente en el derecho violado, la autoridad fiscal estatal competente, una vez establecido el monto del derecho por el servicio prestado en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio también deberá recalcular las cantidades que por esas otras contribuciones debe cubrir el quejoso y devolver los importes excedentes debidamente actualizados en los términos expuestos en párrafos precedentes; en el entendido que el alcance de la protección federal no implica liberar al inconforme de la obligación tributaria derivada de esos últimos preceptos legales, en tanto que no fueron materia de estudio en la presente resolución y, por ende, no se declaró su inconstitucionalidad." [f.184 vuelta a la 188 vuelta]. Posteriormente, mediante proveído de veintidós de abril de dos mil dieciséis se declaró ejecutoriada la sentencia protectora de garantías; asimismo, se requirió a las autoridades responsables Congreso, Gobernador y Director del Periódico Oficial, todos del Estado de Zacatecas, para que dentro del término de TRES DÍAS, dieran cabal cumplimiento a la sentencia protectora y remitieran las constancias que así lo acreditaran [f-224]. En veintiséis y veintisiete de abril de la presente anualidad se tuvieron por recibidos los oficios con folios 8355, 8411 y 8490, el primero signado por el Responsable de la Publicación del Periódico Oficial Órgano del Gobierno del Estado de Zacatecas, en el que informó que no aplicaría la publicación pasada y futura de las leyes contra las que la justicia de la unión ampara y protege al quejoso; por su parte, el Coordinador General Jurídico en representación del Gobernador del Estado de Zacatecas comunicó que la concesión del amparo en nada afecta la vigencia de la ley impugnada, ni la priva de su eficacia legal; en tanto que la LXI Legislatura del Estado, por conducto del Director de Procesos Legislativos y Asuntos Jurídicos de dicho órgano, expuso que para esa institución no existe un acto concreto que se deba realizar para dar cumplimiento a dicha ejecutoria, dado que solo participó en el proceso legislativo de los normativos reclamados. En atención a lo anterior, en auto de veintisiete de abril de dos mil dieciséis se determinó requerir al Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas, para que dentro del término de TRES DÍAS acreditara haber devuelto al quejoso la cantidad que haya erogado, correspondiente a la diferencia en la tasa pagada en exceso, en relación con la prevista como monto mínimo con motivo del servicio correspondiente que ampara el recibo oficial F2015755; en el entendido de que dicho monto debería ser debidamente actualizado en términos del artículo 16 A del Código Fiscal del Estado de Zacatecas; lo anterior, conforme a lo ordenado en la sentencia de amparo de que se trata [f. 244-247]. Asimismo, en auto de diez de mayo de dos mil dieciséis se requirió nuevamente al Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado para que diera cumplimiento al fallo protector, en razón de que no lo había hecho; y en proveído de dieciocho del citado mes y año se requirió por última vez a la mencionada autoridad por conducto de su superior jerárquico Gobernador del Estado de Zacatecas [f. 254 y 258]. En atención a lo anterior, en auto de veinte de mayo de dos mil dieciséis se tuvo por recibido comunicado remitido por el Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado, al que anexó copia certificada de la constancia relativa a la devolución que hizo al quejoso Pedro Joel Jiménez Orozco de la cantidad de setenta y seis mil ciento noventa y tres pesos que pagó como excedente por el servicio registral recibido. Conforme a lo expuesto, y toda vez que en la sentencia de mérito se otorgó al quejoso el amparo y protección de la justicia federal solicitados para el efecto de que se desincorporara de la esfera jurídica del quejoso los preceptos impugnados conforme a los cuales realizó el pago de derechos registrales de cédula hipotecaria contenido en el recibo oficial F2015755, quedando a cargo de los entes estatales facultados para su recaudación reintegrarle importe respectivo que pagó como excedente debidamente actualizada en términos del artículo 16 A del Código Fiscal del Estado de Zacatecas, ya que sólo de esa manera se lograría restituir al quejoso en el goce del derecho violado; por lo que una vez que causó ejecutoria el fallo de mérito y previos requerimientos efectuados al Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas, le devolvió la cantidad antes indicada, correspondiente a la diferencia en la tasa pagada de más y la prevista como monto mínimo con motivo del servicio correspondiente, ya que la concesión del amparo no impide a la autoridad fiscal cobrar por el citado servicio, siempre y cuando lo hiciera conforme a la cuota mínima aplicable a aquellos sujetos que se encontraban en la misma situación que el inconforme frente a la ley tributaria; luego, las consideraciones expuestas ponen de relieve que en el presente asunto se acataron los extremos del amparo concedido en los términos precisados en párrafos que anteceden; por lo tanto, esta resolutora DECLARA CUMPLIDA la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia visible en la página 414, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre 1997, que es del tenor literal siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCION, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO.- El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, debe declararlo así en el proveído de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como 'debido', 'exacto', 'cabal', u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución". En atención a lo anterior, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 196, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, y atendiendo a lo dispuesto en el punto vigésimo primero, fracción IV, del mismo, se determina que el juicio de amparo en que se actúa ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, en razón de que se otorgó la protección constitucional solicitada, con excepción del escrito inicial de demanda, de la sentencia emitida en autos, y en su caso, de la ejecutoria correspondiente, en razón de que este Juzgado considera que no contiene valor jurídico ni histórico ni es de relevancia documental por el cual deba conservarse. Por otra parte, agréguese el cuaderno original del incidente de suspensión, toda vez que se negó la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa, a fin de que sea destruido; lo anterior en cumplimiento a lo ordenado en la fracción III, del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; y el duplicado guárdese por separado para que, atendiendo a lo dispuesto en la fracción III, del diverso punto vigésimo del citado acuerdo, una vez que transcurra el término de seis meses; se realicen las gestiones pertinentes para su destrucción. Por último, en cumplimiento a lo dispuesto en el Punto Décimo Tercero del Acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza y da fe. L/J/J/M/T Luis.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DICTADO EN FECHA SEIS DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO b), DE LA LEY DE AMPARO: "El seis de junio de dos mil dieciséis, el Secretario licenciado José de Jesús Martínez Torres, CERTIFICO: Que transcurrió el término de tres días que se concedió a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho correspondiera, respecto de los actos realizados por las autoridades responsables en relación con el cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de garantías, lo que se asienta para los efectos legales conducentes. Doy fe. En la misma fecha, el Secretario licenciado José de Jesús Martínez Torres, doy cuenta a la Juez, con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a seis de junio de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que la parte quejosa no hizo manifestación alguna en relación con el cumplimiento dado por las autoridad responsable a la ejecutoria pronunciada en el presente juicio de amparo; y toda vez que según se advierte de la certificación asentada por el Secretario adscrito a este Juzgado, ha transcurrido el término de tres días que se le concedió para tal efecto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, y la Jurisprudencia del rubro: "INCONFORMIDAD, EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, UNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE. (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)", emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y con registro 26/2000; esta resolutora procede a pronunciarse sobre el cumplimiento otorgado por las autoridades responsables a la sentencia protectora de garantías. El quince de marzo de dos mil dieciséis el Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, dictó sentencia en la que por una parte sobreseyó en el presente juicio de amparo y por otra se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados al quejoso Pedro Joel Jiménez Orozco, contra los actos reclamados a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas y otras autoridades, en los términos y para los efectos que se puntualizan a continuación: [.] "Consecuentemente, al resultar fundado el concepto de violación relativo a la inconstitucionalidad del artículo 52, fracción IX, de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, lo procedente en términos de los numerales 77, fracción I, y 78 de la Ley de Amparo es conceder el amparo y la protección solicitados para el efecto de que se desincorpore de la esfera jurídica del quejoso la imposición que se establece a su cargo por motivo del pago de derechos registrales de cédula hipotecaria, embargo judicial o administrativo que deriva del dispositivo impugnado, contenido en el recibo oficial F2015755, quedando a cargo de los entes estatales facultados para su recaudación, la devolución del importe respectivo; esto es, una vez que cause ejecutoria el presente fallo deberá requerirse al Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas o a cualquier otra autoridad dependiente de esa Secretaría que conforme a sus atribuciones quede vinculada, para que ordene la devolución del importe que el quejoso haya erogado, correspondiente a la diferencia en la tasa pagada de más y la prevista como monto mínimo con motivo del servicio correspondiente, ya que la concesión del amparo no impide a la autoridad fiscal cobrar por el citado servicio, siempre y cuando lo haga conforme a la cuota mínima aplicable a aquellos sujetos que se encontraban en la misma situación que el inconforme frente a la ley tributaria." [.] "Además, a fin de restablecer al quejoso en el pleno goce del derecho violado, conforme a los dispositivos legales de la Ley de Amparo invocados en párrafos precedentes, el efecto de la protección federal también implica que la autoridad fiscal estatal competente dependiente de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas devuelva al inconforme la cantidad pagada en exceso debidamente actualizada, lo cual se traduce en que después de calcular el pago del derecho por el registro del embargo en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio deberá devolverse al solicitante del amparo la cantidad pagada en exceso debidamente actualizada en términos del artículo 16 A del Código Fiscal del Estado de Zacatecas, ya que sólo de esa manera se logrará restituir al quejoso en el goce del derecho violado; en la inteligencia de que esa devolución no deberá comprender el pago de intereses por indemnización, al tratarse de un concepto ajeno a la razón por la cual se declaró la inconstitucionalidad de la norma jurídica impugnada." [.] "Finalmente, no pasa inadvertido que si el monto del derecho pagado por el quejoso constituye a su vez la base para determinar otro tipo de contribuciones, como el impuesto para la Universidad Autónoma de Zacatecas previsto por los artículos 21 al 27 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, a fin de restituir al agraviado plenamente en el derecho violado, la autoridad fiscal estatal competente, una vez establecido el monto del derecho por el servicio prestado en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio también deberá recalcular las cantidades que por esas otras contribuciones debe cubrir el quejoso y devolver los importes excedentes debidamente actualizados en los términos expuestos en párrafos precedentes; en el entendido que el alcance de la protección federal no implica liberar al inconforme de la obligación tributaria derivada de esos últimos preceptos legales, en tanto que no fueron materia de estudio en la presente resolución y, por ende, no se declaró su inconstitucionalidad." [f.184 vuelta a la 188 vuelta]. Posteriormente, mediante proveído de veintidós de abril de dos mil dieciséis se declaró ejecutoriada la sentencia protectora de garantías; asimismo, se requirió a las autoridades responsables Congreso, Gobernador y Director del Periódico Oficial, todos del Estado de Zacatecas, para que dentro del término de TRES DÍAS, dieran cabal cumplimiento a la sentencia protectora y remitieran las constancias que así lo acreditaran [f-224]. En veintiséis y veintisiete de abril de la presente anualidad se tuvieron por recibidos los oficios con folios 8355, 8411 y 8490, el primero signado por el Responsable de la Publicación del Periódico Oficial Órgano del Gobierno del Estado de Zacatecas, en el que informó que no aplicaría la publicación pasada y futura de las leyes contra las que la justicia de la unión ampara y protege al quejoso; por su parte, el Coordinador General Jurídico en representación del Gobernador del Estado de Zacatecas comunicó que la concesión del amparo en nada afecta la vigencia de la ley impugnada, ni la priva de su eficacia legal; en tanto que la LXI Legislatura del Estado, por conducto del Director de Procesos Legislativos y Asuntos Jurídicos de dicho órgano, expuso que para esa institución no existe un acto concreto que se deba realizar para dar cumplimiento a dicha ejecutoria, dado que solo participó en el proceso legislativo de los normativos reclamados. En atención a lo anterior, en auto de veintisiete de abril de dos mil dieciséis se determinó requerir al Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas, para que dentro del término de TRES DÍAS acreditara haber devuelto al quejoso la cantidad que haya erogado, correspondiente a la diferencia en la tasa pagada en exceso, en relación con la prevista como monto mínimo con motivo del servicio correspondiente que ampara el recibo oficial F2015755; en el entendido de que dicho monto debería ser debidamente actualizado en términos del artículo 16 A del Código Fiscal del Estado de Zacatecas; lo anterior, conforme a lo ordenado en la sentencia de amparo de que se trata [f. 244-247]. Asimismo, en auto de diez de mayo de dos mil dieciséis se requirió nuevamente al Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado para que diera cumplimiento al fallo protector, en razón de que no lo había hecho; y en proveído de dieciocho del citado mes y año se requirió por última vez a la mencionada autoridad por conducto de su superior jerárquico Gobernador del Estado de Zacatecas [f. 254 y 258]. En atención a lo anterior, en auto de veinte de mayo de dos mil dieciséis se tuvo por recibido comunicado remitido por el Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado, al que anexó copia certificada de la constancia relativa a la devolución que hizo al quejoso Pedro Joel Jiménez Orozco de la cantidad de setenta y seis mil ciento noventa y tres pesos que pagó como excedente por el servicio registral recibido. Conforme a lo expuesto, y toda vez que en la sentencia de mérito se otorgó al quejoso el amparo y protección de la justicia federal solicitados para el efecto de que se desincorporara de la esfera jurídica del quejoso los preceptos impugnados conforme a los cuales realizó el pago de derechos registrales de cédula hipotecaria contenido en el recibo oficial F2015755, quedando a cargo de los entes estatales facultados para su recaudación reintegrarle importe respectivo que pagó como excedente debidamente actualizada en términos del artículo 16 A del Código Fiscal del Estado de Zacatecas, ya que sólo de esa manera se lograría restituir al quejoso en el goce del derecho violado; por lo que una vez que causó ejecutoria el fallo de mérito y previos requerimientos efectuados al Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas, le devolvió la cantidad antes indicada, correspondiente a la diferencia en la tasa pagada de más y la prevista como monto mínimo con motivo del servicio correspondiente, ya que la concesión del amparo no impide a la autoridad fiscal cobrar por el citado servicio, siempre y cuando lo hiciera conforme a la cuota mínima aplicable a aquellos sujetos que se encontraban en la misma situación que el inconforme frente a la ley tributaria; luego, las consideraciones expuestas ponen de relieve que en el presente asunto se acataron los extremos del amparo concedido en los términos precisados en párrafos que anteceden; por lo tanto, esta resolutora DECLARA CUMPLIDA la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia visible en la página 414, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre 1997, que es del tenor literal siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCION, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO.- El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, debe declararlo así en el proveído de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como 'debido', 'exacto', 'cabal', u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución". En atención a lo anterior, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 196, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, y atendiendo a lo dispuesto en el punto vigésimo primero, fracción IV, del mismo, se determina que el juicio de amparo en que se actúa ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, en razón de que se otorgó la protección constitucional solicitada, con excepción del escrito inicial de demanda, de la sentencia emitida en autos, y en su caso, de la ejecutoria correspondiente, en razón de que este Juzgado considera que no contiene valor jurídico ni histórico ni es de relevancia documental por el cual deba conservarse. Por otra parte, agréguese el cuaderno original del incidente de suspensión, toda vez que se negó la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa, a fin de que sea destruido; lo anterior en cumplimiento a lo ordenado en la fracción III, del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; y el duplicado guárdese por separado para que, atendiendo a lo dispuesto en la fracción III, del diverso punto vigésimo del citado acuerdo, una vez que transcurra el término de seis meses; se realicen las gestiones pertinentes para su destrucción. Por último, en cumplimiento a lo dispuesto en el Punto Décimo Tercero del Acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza y da fe. L/J/J/M/T Luis."
- Principal
En veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis, el Secretario licenciado José de Jesús Martínez Torres, doy cuenta al Secretario en funciones de Juez con un oficio con registro 10015. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis. Téngase por recibido el oficio de cuenta signado por el Coordinador General de Gobierno del Estado de Zacatecas, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento formulado por este Juzgado en dieciocho de mayo de dos mil dieciséis remite el oficio por el que le solicitó al Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado, otorgue cumplimiento a la sentencia dictada dentro del presente asunto; y, toda vez que mediante oficio PF/1012/16 recibido en este Juzgado el veinte del mes y año en curso, la segunda de las mencionadas remitió las constancias con las que acreditó haber dado cumplimiento al fallo protector; por tanto, el comunicado de mérito agréguese a sus autos únicamente para que obre como corresponda. NOTIFIQUESE. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario en funciones de Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, designado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintisiete de abril de dos mil dieciséis, comunicada mediante oficio SEPLE./GEN./004/3450/2016, firmado por el licenciado Gonzalo Moctezuma Barragán, Secretario Ejecutivo del Pleno de dicho consejo, ante el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza y da fe. Luis.
- Principal
En veintitrés de mayo de dos mil dieciséis, el Secretario licenciado José de Jesús Martínez Torres, doy cuenta al Secretario en funciones de Juez con un oficio con registro 9826. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veintitrés de mayo de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio signado por el SECRETARIO DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD, mediante el cual, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en este juicio de amparo, informa que se le hizo entrega al quejoso Pedro Joel Jiménez Orozco de la cantidad de setenta y seis mil ciento noventa y tres pesos que pagó como excedente por el servicio recibido, según lo acredita con las copias certificadas que adjunta del recibo correspondiente; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo DESE VISTA a la parte quejosa, para que dentro del término de TRES DIAS, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés convenga, bajo apercibimiento que de no hacer manifestación alguna al respecto, este Juzgado con base a los documentos que obren en autos, se pronunciará sobre el cumplimiento que en su caso haya otorgado dicha autoridad responsable al fallo constitucional. NOTIFIQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario en funciones de Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, designado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintisiete de abril de dos mil dieciséis, comunicada mediante oficio SEPLE./GEN./004/3450/2016, firmado por el licenciado Gonzalo Moctezuma Barragán, Secretario Ejecutivo del Pleno de dicho consejo, ante el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza y da fe. Luis.
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